Sentencia 40112 de enero 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40112

Acta 001

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Para confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, el tribunal adujo, básicamente, que el actor no demostró haber laborado durante más de 10 años al servicio de la demandada, pues el contrato estuvo suspendido durante varios períodos y al hacer la suma del tiempo efectivamente trabajado determinó que este fue de 6 años, 1 mes y 20 días, inferior al requerido por la ley para el nacimiento de la llamada pensión sanción.

El recurrente se aparta del anterior análisis, pues considera que de los lapsos de suspensión tenidos en cuenta por el juzgador solamente era dable descontar el tiempo correspondiente al último de ellos, es decir el comprendido entre el 1º de febrero de 1970 y el 12 de diciembre de 1973, ya que en los otros dos períodos no se demostró que el contrato se hubiera suspendido.

Planteada así la controversia, debe decirse que si bien el tribunal no especificó cuáles pruebas forjaron su convencimiento acerca de los interregnos en que el contrato de trabajo estuvo suspendido, ha de entenderse que tomó en consideración todas las obrantes en el expediente; en ese orden de ideas, corresponde manifestar que revisado el documento de folio 64, consistente en una certificación expedida por el director de personal de la demandada el 17 de enero de 2002, no aflora que el juzgador haya incurrido en el error denunciado, por cuanto en este documento aparece que el actor laboró desde el 14 de febrero de 1958 hasta el 4 de marzo de 1974 y seguidamente se agrega el siguiente párrafo:

“Durante este lapso se interrumpió el contrato de trabajo debido a que se celebró contrato como becario entre las siguientes fechas: del 1º de febrero de 1963 al 30 de noviembre de 1966; del 1º de febrero de 1967 al 14 de octubre de 1968 y del 1º de febrero de 1970 al 12 de diciembre de 1973”.

De igual modo, se encuentra la carta de folios 65 a 66 dirigida por el mismo funcionario antes citado al actor, en uno de cuyos apartes se lee:

“Durante estos períodos el señor Ballesteros, firmó contratos como becario en las siguientes épocas: del 1º de febrero de 1963 al 30 de noviembre de 1966, del 1º de febrero de 1967 al 14 de octubre de 1968 y del 1º de febrero de 1970 al 12 de diciembre de 1973, contratos en los cuales se estipuló la suspensión del contrato de trabajo por la vigencia del contrato de becario”.

El documento de folios 67 y 68, que es una comunicación que dirige la abogada asesora al director de personal de la empresa, reitera en líneas generales la aludida información.

El recurrente no se refiere ni rebate ninguna de las referidas probanzas, lo que quiere decir entonces que las mismas sirven de sostén a la decisión cuestionada en tanto corroboran de manera evidente e inconcusa que efectivamente el contrato estuvo suspendido durante los períodos a que se refirió el tribunal, consideración que tampoco es desvirtuada por el contenido de los documentos de folios 15 y 72 y 70 y 71, que el recurrente denuncia como apreciados equivocadamente, por cuanto estos reafirman que durante tales lapsos el demandante estuvo como becario; es más, los últimos certificados mentados consignan en la parte final;

“En su hoja de vida tiene registradas 3.573 días de suspensión de su contrato de trabajo.

“Por lo anterior, se resume el tiempo real de servicios prestados a la empresa es de 6 años, 1 mes, 20 días”.

Igualmente, el comprobante de pago de cesantía de folio 17 antes que acreditar la prestación efectiva de servicios durante el período a que el mismo se refiere, es decir del 14 de febrero de 1958 a 31 de diciembre de 1968, revela que en ese lapso el contrato estuvo suspendido durante 2.022 días entre el 1º de enero de 1963 y el 31 de diciembre de 1968, como se observa en el anverso de dicho documento, lo que acredita también que en el tiempo reportado como becario, el contrato estuvo suspendido.

Tampoco puede tenerse como desmentida la conclusión del tribunal en cuanto al período de suspensión del contrato de trabajo, por el hecho de que en el contrato suscrito el 15 de octubre de 1968 (fls. 19 y 20) se haya consignado que las partes aceptaran que el trabajador ha estado prestando sus servicios de manera continua desde el 14 de febrero de 1958, por cuanto como es sabido la figura de la suspensión no pone fin al contrato de trabajo, sino que por el contrario tiene como finalidad garantizar la subsistencia del mismo, de manera que la declaración de que la relación fue continua desde febrero de 1958 hasta el momento en que se expidió el certificado, de ninguna manera significa que hay una aceptación tácita del empleador de que no hubo suspensión, pues en el contexto del proceso y del conjunto de las pruebas aquí estudiadas es dable entender que no hay incompatibilidad entre las dos situaciones, y bien puede suceder, y de hecho es lo que usualmente acontece, que a pesar de la suspensión, el contrato continúa, solo que aquel tiempo puede ser deducido para efectos de las pensiones, entre otros, que es lo que ahora alega la empresa y concluyó el tribunal.

Es cierto, por último, que el tribunal también invocó el contrato de folios 73 y 74 para concluir que en los tres períodos en que el trabajador estuvo como becario se suspendió el contrato de trabajo, apreciación en la que sin lugar a dudas se equivocó, como sostiene el recurrente, pues dicho contrato solamente puede entenderse referido al último período de estudios o de licencia, esto es, el trascurrido entre el 1º de febrero de 1970 y el 12 de diciembre de 1973, sin que sea de recibo que pueda extenderse a las licencias anteriores. Tal ventura, sin embargo, no es suficiente para dar al traste con la sentencia, porque como antes se vio, la conclusión sobre suspensión del contrato en esos dos períodos, cuenta con sólida y abundante prueba documental diferente al reseñado contrato.

En las condiciones anotadas, es evidente que el tribunal no pudo incurrir en los errores evidentes de hecho que le achaca la censura, al concluir que el demandante no laboró el tiempo de servicios establecido en la ley para acceder a la pensión sanción.

Por consiguiente, el cargo se desestima.

Costas en el recurso extraordinario, a cargo del demandante, por perder el recurso. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3’000.000).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que Aristóbulo Ballesteros Durán promovió contra la empresa Acerías Paz del Río S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».