Sentencia 40117 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como ya se anotó, en la referida decisión del 7 de noviembre de 2012, la Corte encontró necesario verificar si hubo menoscabo a las formas propias del juicio y las garantías que le asisten a los acusados, porque al dosificar las sanciones se desconoció el principio de legalidad.

Efectivamente, en el fallo de primer grado el juzgador impuso como pena accesoria a los procesados, la “prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas, por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad”, esto es, 410 meses de prisión, algo más de treinta y cuatro años.

Y ello, debe agregarse, lo fundamentó el sentenciador en el contenido del artículo 49 de la Ley 599 de 2000, que a la letra reza: “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia”.

El tiempo fijado en la sentencia, como postula la norma transcrita, no es, cual parece entenderlo el a quo, el mismo dispuesto para la pena de prisión, pues, precisamente en el cometido de fijar los topes de la sanción accesoria examinada, el artículo 51 de la Ley 599 de 2000, bajo el rótulo “Duración de las penas privativas de otros derechos” señala en su inciso sexto: “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de uno (1) a quince (15) años”.

Está claro, así, que el máximo legal a imponer como prohibición para tenencia y porte de armas, es el de 15 años.

De igual manera, que la decisión del juez de primer grado, confirmada sin ambages por el tribunal, desbordó ese límite al hacerlo coincidir con la pena principal de prisión, que ascendió a 410 meses.

En consecuencia, evidente que fue vulnerado el debido proceso y, en concreto, el principio de legalidad de la pena, a la Sala apenas le compete, por vía oficiosa, restablecer la garantía afectada, a cuya consecuencia se modificará la sentencia para fijar en los límites legales, vale decir, 15 años de prisión, el término de prohibición para la tenencia y porte de armas de fuego dispuesto a título de sanción accesoria en contra de los acusados objeto de condena.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de julio de 2012, confirmatoria de la emitida el 11 de noviembre de 2011 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, en el sentido de REBAJAR a quince (15) años, la sanción accesoria de prohibición para la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a los procesados Esteban Barrios García, Luis Mauricio Gómez Obando y Nikolay Agudelo Atehortúa.

En lo demás se mantiene el fallo incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».