Sentencia 40148 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40.148

Acta 31

SL708-2013

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «XII. Consideraciones de la Corte

Conforme ya se dijo, se estudian conjuntamente los tres cargos de la demanda de casación por ser reductibles sus argumentos al mismo planteamiento: el no entenderse el artículo 1º del título III de la convención colectiva de trabajo vigente para el 1º de julio de 2004 (fl. 31) como lo asumió el tribunal, esto es, como si se tratara de una cláusula rígida y absoluta que impidiera la terminación de los contratos de trabajo salvo que se acreditara por el empleador una justa causa de despido, no obstante tomarse camino por parte de éste, ante la pérdida de las causas que dieron origen al contrato de trabajo, por el pago de la indemnización respectiva, lo cual, a manera de ver de la recurrente es lo adecuado, dado que la comisión de estabilidad que allí dice crearse para calificar la justa causa del despido ni siquiera se ha reglamentado.

Pues bien, para resolver tal cuestionamiento, y sin que amerite resaltar los crasos defectos de cada uno de los cargos de la demanda de casación que por sí solos podrían al traste con su robustez, entre ellos los anunciados por la opositora, o como el que el primero reposa sobre razonamiento jurídicos relativos a la terminación del contrato de trabajo, el segundo desatiende el hecho de que el tribunal fundó su fallo, exclusivamente, en los medios de prueba del proceso que indicó y no en juicios de otro tenor, y el tercero únicamente desarrolla lo atinente a un medio de prueba no calificado en la casación del trabajo dejando libres de examen los demás que relaciona, amén de su desacierto en la modalidad de su infracción, procede previamente al estudio de la aludida preceptiva convencional, recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (rad. 11.111).

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Así las cosas, es del caso también recordar que, como está claramente enunciado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y lo ha explicado reiteradamente la jurisprudencia del trabajo, el fin de la casación no tiene por objeto volver a juzgar el litigio que enfrentó a las partes, sino establecer, si el recurrente sabe plantear el recurso, si la sentencia se dictó conforme a la ley.

Corresponde es a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Cabe igualmente mencionar que, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (rad. 6.043), el error evidente, ostensible o manifiesto de hecho es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”.

Además, que la Corte siempre ha asentado que el objeto del recurso de casación no es fijar el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, a pesar de su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance, por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil, y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el ya citado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el tribunal fallador.

A ese respecto, cabe memorar que la mentada preceptiva convencional de que aquí se trata fue objeto de análisis por la Corte en sentencia de 11 de mayo de 2012 (rad. 34.835) al resolver un asunto similar al propuesto por la ahora recurrente y que fuera promovido en su contra por otro de sus servidores, en los siguientes términos:

“(…) a juicio de esta corporación, la exégesis que hizo el tribunal del referido texto convencional, no aparece descabellada y es admisible.

“Para mayor ilustración, la cláusula en comento textualmente reza:

““ART. 1º—Estabilidad laboral. La FUAC con el objeto de garantizar la estabilidad para todos y cada uno de sus trabajadores no dará por terminado el contrato de trabajo a ningún trabajador sino por justa causa debidamente comprobada la cual será calificada y resuelta por una comisión de estabilidad integrada de la siguiente manera: dos (2) representantes de la FUAC y dos (2) representantes de los trabajadores, uno designado por el sindicato de profesores Sintraprofuac y otro designado por el sindicato de trabajadores Sintrafuac, todos con sus respectivos suplentes. “(…).

“PAR. 2º—Si se pretermitieran los procedimientos anteriores, o el despido fuere injustificado, no surtirá efecto ningún despido, ni sanción y el trabajador será reintegrado en forma inmediata y automática pagándole todos los salarios y prestaciones sociales causadas durante el tiempo cesante.

“ART. TRANS.—En el término de 90 días contados a partir de la firma de la presente convención la comisión de estabilidad elaborará un reglamento para su funcionamiento, elaborará de acuerdo con la calificación de las faltas y de la graduación de las sanciones una codificación de las posibles faltas o infracciones al igual que el régimen sancionatorio y el respectivo procedimiento y términos de aplicación y elaborará un manual de procedimientos para los funcionarios de la FUAC que tengan que ver con el manejo de aspectos disciplinarios”. “(…)”.

“Al examinar el contenido de la referida cláusula convencional, aparece que, en efecto, las partes previeron la obligación de que la justa causa fuera calificada y resuelta por una comisión de estabilidad en la forma descrita, previo procedimiento que sería reglamentado por dicha comisión, en un término de 90 días, contados a partir de la firma de la convención. Pese a ello, si bien no se reguló el trámite correspondiente o, al menos, no hay prueba en el expediente de su cumplimiento, la inferencia del tribunal de haberse violado la susodicha norma, por cuanto no podía darse por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa, “que solamente pueden ser despedidos con justa causa comprobada y previo el cumplimiento del trámite convencional allí previsto” (fl. 352), no se torna desproporcionada e irracional, en la medida en que su alcance se soportó para preservar el derecho de defensa y garantizar su estabilidad.

La sola admisibilidad de la apreciación efectuada por el tribunal, así existan otras posibles, como las que plantea el censor, de por sí excluyen la evidencia del error, necesario para proceder al quiebre de la decisión”.

Y en la misma sentencia, a propósito del argumento de la recurrente de que la Corte había expresado la inaplicabilidad de la citada cláusula en ocasión anterior, expresó:

“De otro lado, no resulta válida la afirmación que hace el recurrente, al asegurar que la Corte en sentencia del 9 de mayo de 2007, radicación 30760, concluyó sobre “la inaplicabilidad de la cláusula convencional”, pues si bien es cierto en la citada providencia, se analizó el alcance que le dio el tribunal a la norma convencional que es objeto de estudio, ante la falta de reglamentación del trámite previo al despido, en ningún momento la Sala fijó su criterio en uno u otro sentido, pues lo que allí se indicó, fue que “la conclusión del tribunal es razonable, pues aunque la omisión de la reglamentación ordenada, puede entenderse da lugar a que se le asignen diferentes consecuencias, la advertida en la decisión recurrida resulta comprensible, circunstancia que descarta la existencia del error manifiesto de hecho”.

Alcance hermenéutico convencional que ya había sido advertido por la Corte en sentencia de 18 de noviembre de 2009 (rad. 35.923), en similares términos a los antedichos.

En el anterior orden de ideas, y dado que la recurrente en modo alguno desconoce en algunos de sus tres ataques a la sentencia del tribunal que ella despidió sin justa causa a la demandante, tal cual lo concluyó el tribunal y lo acepta al inicio de cada cargo al aludir a que la terminación unilateral se produjo ‘ante la ausencia de causas justificativas’ (fl. 11), o porque ‘no existió justa causa’ (fl. 13), o por cuanto lo ocurrido conllevó ‘al rompimiento del contrato con el pago de la indemnización’ (fl. 15), se cae de su peso que el juez de la alzada hubiera apreciado equivocadamente el contenido preceptivo de la susodicha cláusula convencional ni mucho menos la comisión de un yerro fáctico evidente y ostensivo.

Por lo brevemente anotado, se desestiman los cargos.

Costas a cargo de la recurrente, porque hubo réplica. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 6’000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso promovido por Myriam Cruz Ballesteros contra la Fundación Universidad Autónoma —FUAC—.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»