Sentencia 40150 de octubre 26 de 2010

 

Sentencia 40150 de octubre 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40150

Acta 38

Magistrado ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Caja Agraria en Liquidación, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de enero de 2009, en el juicio que le promovió Gildardo Escobar Castañeda.

Antecedentes

Gildardo Escobar Castañeda demandó a la Caja Agraria en Liquidación, con el fin de que fuera condenada a reconocerle y pagarle la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación convencional, entre el 15 de noviembre de 1991, fecha del retiro del servicio y el 28 de julio de 2008, momento de causación de aquella; las diferencias causadas; los reajustes anuales del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; los intereses moratorios de la misma ley; y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones en que prestó sus servicios personales a la entidad demandada como trabajador oficial, entre el 16 de marzo de 1970 y el 15 de noviembre de 1991, fecha en la que se dio por terminado el contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes; que cumplió los 47 años de edad el 28 de julio de 2002, momento en el que se causó la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo, vigente para el periodo 1990-1992; que, por ende, cumplió con los requisitos pensionales en vigencia de la Ley 100 de 1993; que, previa solicitud, la caja reconoció a su favor la prestación de jubilación, mediante la Resolución 02066 de 23 de septiembre de 2002, en cuantía de $ 309.000, inferior al 75% de su último salario real devengado; que, por esta razón, la demandada no indexó o actualizó la base salarial de liquidación; que, ante lo anterior, presentó derecho de petición para reclamar la corrección monetaria, pero la entidad negó la misma, a través del Oficio DP 02163 de 27 de junio de 2007.

Agregó que su ingreso base de liquidación debió ser indexado, de conformidad con la constante jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación; que el monto de la pensión que debió reconocer la entidad, para el 28 de julio de 2002, ascendía a $ 1.035.870; que, al momento del retiro, devengaba 4.39 veces el salario mínimo legal de la época; que, con la negativa de actualizar su prestación, la caja vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y a la pensión mínima y vital.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 30-46 del cdno. ppal.), la entidad accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció como ciertos la vinculación laboral y sus extremos, la forma de terminación de la misma, la calidad de trabajador oficial, el cumplimiento de los requisitos convencionales para adquirir la pensión de jubilación convencional, el otorgamiento de esta, su cuantía y su forma de liquidación, la presentación del derecho de petición y la negativa a este; consideró algunos como apreciaciones del demandante; y negó los demás. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, compensación, buena fe, cosa juzgada, presunción de legalidad, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas y la genérica.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 30 de mayo de 2008, corregido el 17 de junio del mismo año (fls. 226-232 y 247 del cdno. ppal.), condenó a la entidad demandada a indexar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación convencional del actor, entre el 15 de noviembre de 1991 y el 28 de julio de 2002 , junto con los incrementos anuales; a pagarle las diferencias causadas, desde el 30 de agosto de 2004 hasta que se efectuara el pago; y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la demandada.

La sentencia del tribunal

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por la entidad, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de 30 de enero de 2009 (fls. 264-269 del cdno. ppal.), confirmó en su integridad el del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, que la pensión de jubilación reconocida al actor tuvo como base la convención colectiva de trabajo, de acuerdo con la Resolución 02066 de 26 de septiembre de 2002; que el criterio sostenido anteriormente por el mismo tribunal se acompasaba al planteado por esta corporación antes de la sentencia del 31 de julio de 2007 (Rad. 29022); que, como a partir de esta decisión, de la que transcribió extenso aparte, se reconoció la indexación para el ingreso base de liquidación de las pensiones extralegales causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991, debía otorgarse tal derecho al demandante.

El recurso de casación

Interpuesto por la entidad, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, absuelva de todas las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y enseguida se estudian conjuntamente.

Primer cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de infracción directa, el artículo 29 de la Constitución Política, en relación con los artículos 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “respecto al alcance de la cosa juzgada dentro del proceso referido. Infracción directa en la medida en que el juzgador de segunda instancia no tuvo en cuenta y negó dar aplicación a las normas que regulan la situación de cosa juzgada existente entre las partes al haberse firmado un acta de conciliación el 15 de noviembre de 1991 entre las partes (fls. 201 a 204, cdno. 1) firmada ante el juez único laboral de Popayán”.

En la demostración del cargo sostiene que con este cargo no se cuestionan las conclusiones fácticas del tribunal, sino la inaplicación de las normas que gobiernan la institución de la cosa juzgada, por parte de aquel; que según el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, situación que, dice, se presenta en el presente caso, pues el actor firmó un acta de conciliación el 15 de noviembre de 1991, según consta en los folios 201 a 204 del cuaderno principal, “ en la cual las partes acordaron reconocer la terminación de la mencionada relación se da por mutuo acuerdo, y que las obligaciones existentes se declaran terminadas y a paz y salvo entre las partes, operando la figura de la cosa juzgada como se señala en el auto proferido por el juez único laboral de Popayán, por las obligaciones legales y convencionales originadas en la relación laboral”.

Agrega que en dicha acta de conciliación, las partes determinaron no solo la terminación del contrato de trabajo, sino, además, la forma de conceder la pensión de jubilación al momento en que el actor cumpliera con las condiciones exigidas en el artículo 42 de la convención colectiva de trabajo, pues dijeron que la mesada pensional sería objeto de los ajustes anuales determinados por la ley; que las pensiones de origen convencional permiten la regulación de las partes y “por tanto la sentencia que se solicita casar no tuvo en cuenta la voluntad de las partes, que adquiere la calidad de cosa juzgada al firmarse y establecerse en acta de conciliación ante un juez de la República, esta condición y con la decisión del honorable Tribunal Superior de Bogotá se está condenando a mi representada a obligaciones contrarias a las establecidas en los pactado (sic) por las partes que hace tránsito a cosa juzgada”.

Arguye que la infracción directa del tribunal consistió en la no consideración de que el acta de conciliación que dio por terminado el contrato de trabajo determinó la forma y condiciones de otorgamiento de la pensión de jubilación convencional del actor, además que fue aquella la que declaró el paz y salvo entre las partes por cualquier obligación legal o convencional; que no puede interpretarse la liquidación de la pensión de jubilación diferente a lo acordado por las partes; que “No existió para el juzgador de segunda instancia, decisión que se solicita casar, un análisis en profundidad de la excepción de cosa juzgada sobreviviente de la forma del acta de conciliación por las partes en el año 1991 ante el juzgado de Popayán en la cual ambas partes se declararon a paz y salvo por las obligaciones legales y convencionales originadas de la relación laboral y con ello declararon la excepción de cosa juzgada”.

La réplica

Afirma que el juez de primera instancia declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, entre las que estaba la de cosa juzgada; que en el recurso de apelación, esta no manifestó nada al respecto, pues su inconformidad se centraba en otros aspectos, por lo que, dice, no puede plantear el tema en sede de casación; que la decisión del tribunal está conforme los postulados de esta Sala en materia de indexación de las pensiones; que si bien resulta cierta la conciliación celebrada entre las partes el 15 de noviembre de 1991 ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Popayán no lo es menos que la misma había versado sobre la terminación del contrato de trabajo y el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero no se acordó nada sobre la indexación o actualización de la misma; que la negativa de la entidad de realizar la corrección monetaria implica una vulneración a sus derechos fundamentales; que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ordena la actualización de las pensiones causadas en su vigencia; que la Constitución Política posee una gran cantidad de normas protectoras del derecho de la seguridad social; que deben tenerse en cuenta todos los fallos proferidos por esta corporación en la materia como los de 5 de febrero de 2008 (Rad. 29980) y 5 de mayo de 2009 (Rad. 32461) las cuales transcribe completamente y la Sentencia C- 862 de 2006 de la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Corte

Tiene dicho la jurisprudencia reiteradamente que todo ataque dirigido por la vía directa supone la conformidad del recurrente con los hechos deducidos por el tribunal como fundamento de su decisión, pues cualquier reparo sobre éstos debe plantearse por la vía indirecta con la clara indicación de los errores de hecho cometidos por aquel sobre cualquiera de los medios probatorios calificados. A diferencia de esta, la vía directa, supone exclusivamente el cuestionamiento de la interpretación o aplicación de las normas jurídicas, por lo que los asuntos fácticos son ajenos a la misma.

En el presente asunto, observa la Sala que si bien el recurrente encausa el cargo por la vía directa o de puro derecho, su inconformidad radica en la errada apreciación del tribunal sobre el acta de conciliación de 15 de noviembre de 2001, en la que, afirma, las partes acordaron no solo la terminación del contrato de trabajo, sino la forma de liquidación de la pensión de jubilación convencional del actor, para decir que esta sería susceptible de los reajustes anuales decretados por ley, con lo que pone de presente la censura su inconformidad frente a la cuestión fáctica establecida por el tribunal, imposible de plantear por la vía directa seleccionada y, por ende, incurre en un defecto de técnica insalvable para el estudio de fondo del cargo, al mezclar ambas vías.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 29 de la Constitución Política, en relación con los artículos 251, 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia del siguiente error de hecho:

“1. Uno de los yerros protuberantes y gravísimos en que incurre la sentencia impugnada al no darle pleno valor al acta de conciliación firmada por las partes ante el juzgado único laboral del circuito de Popayán (fls. 201- 204 del cdno. ppal.)”.

Sostiene que ello se debió a la errónea apreciación de las siguientes pruebas:

“1. Demanda presentada por el señor Escobar Castañeda ante el Juzgado 15 laboral del Circuito de Bogotá el 3 de septiembre de 2007 (fls. 1 a 26 del cdno. ppal.)”.

“2. Contestación de la demanda con sus anexos del 26 de agosto de 2007 (fls. 30 a 213) en especial lo referente al acta de conciliación firmada entre las partes el 16 de noviembre de 1991 ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Popayán (fls. 201 a 204 del cdno. ppal.)”.

“3. Copia de la Resolución 2066 del 13 de septiembre de 2002 en donde se le reconoció la pensión de jubilación al demandante (fls. 15 a 18, 171 a 174, 183 a 186 del cdno. ppal.)”.

En la demostración del cargo afirma lo siguiente:

“Incurrió el fallador de segunda instancia en errores de apreciación respecto a las pruebas que reposan en el expediente y que anteriormente se enuncian lo que lleva a que por vía indirecta se de una indebida aplicación de las normas mencionadas en el cargo”.

“Incurre en una defectuosa apreciación de las pruebas en la medida que:

“1. No hizo una debida apreciación de la contestación de la demanda y en especial del acta de conciliación en la que las partes de común acuerdo decidieron la forma de terminación del contrato de trabajo que los unía y la forma como se concedería la pensión de jubilación convencional cuando el demandante cumpliese las condiciones para ello (cumpliera 47 años de edad), en dicha conciliación se estableció que:

“Por consiguiente la Caja Agraria le reconocerá la pensión de jubilación cuando cumpla la edad allí estipulada como indica la misma disposición; la mesada pensional, una vez se este devengando, será objeto de los ajustes anuales que establezca la ley (negrillas fuera del texto)”.

“2. No hizo una debida apreciación de la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación número 2066 del 23 de septiembre de 2002 en cuanto en la misma se reconocieron todos los valores convencionalmente establecidos para la liquidación de la misma, de conformidad a la norma y no se ha incumplido norma alguna de la convención base del acta de conciliación antes mencionada”.

La réplica

Afirma que deben reiterarse los argumentos al primer cargo de que el juzgador de primer grado resolvió el tema de la excepción de cosa juzgada y que, además, la entidad no planteó la misma como aspecto de inconformidad en el recurso de apelación; que el tribunal confirma la decisión de aquel, bajo la consideración del cambio jurisprudencial de esta corporación plasmado en la sentencia de 31 de julio de 2007 (Rad. 29022); que “la entidad demandada no puede hacerse valer del recurso extraordinario de casación, para subsanar sus falencias u omisiones cometidas en el trámite del proceso, y hacer de la casación un nuevo escenario para el debate probatorio que no dio en la primera y segunda instancia, discutiendo o planteando en este recurso extraordinario, la falta o indebida apreciación de las pruebas, cuando en la apelación no hizo consideración alguna a este aspecto”; que si bien resultaba cierta la conciliación celebrada entre las partes el 15 de noviembre de 1991 ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Popayán no lo era menos que la misma había versado sobre la terminación del contrato de trabajo y el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero no se acordó nada sobre la indexación o actualización de la misma; que sobre la procedencia de la indexación existe reiterada jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional.

Consideraciones de la Corte

Le endilga la entidad recurrente error de hecho a la sentencia del tribunal, en cuanto no valoró de manera adecuada el acta de conciliación entre las partes del 15 de noviembre de 1991, la contestación a la demanda y la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional del actor, pues, dice, en estas pruebas se verifica que la empresa pactó con el trabajador, en la conciliación efectuada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, no solo lo relativo a la terminación del contrato de trabajo, sino a la forma del otorgamiento de la prestación de jubilación, esto era, con sujeción a los reajustes ordenados anualmente por la ley.

Lo primero a señalar es que el tribunal no apreció estas pruebas, para poder derivar de ello una posible equivocada apreciación de las mismas, tal como lo pretende hacer ver la censura, pues el fundamento para confirmar el fallo del a quo fue netamente jurídico, esto fue, la jurisprudencia de esta Corporación que ordenaba la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones convencionales, vertida en la sentencia de 31 de julio de 2007 (Rad. 29022), razón por la cual no podía endilgársele al ad quem equivocada valoración en el acta de conciliación de 15 de noviembre de 1991 cuando esta no fue tenida en cuenta por el mismo.

De todas formas, al analizar dicha acta de conciliación (fls. 201-204 del cdno. ppal.), se observa que la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación no fue objeto de conciliación entre las partes, pues allí solamente quedó consignado el compromiso de la entidad de pagar al actor la pensión de jubilación cuando este cumpliera 47 años de edad y que la mesada pensional sería objeto de los ajustes anuales legales, por lo que la corrección monetaria del IBL quedó por fuera del acuerdo.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fijará la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de enero de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Gildardo Escobar Castañeda a la Caja Agraria en Liquidación.

Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte GómezElsy del Pilar Cuello CalderónGustavo José Gnecco Mendoza (Impedido)Eduardo López VillegasCamilo Tarquino Gallego.

ACLARACIÓN DE VOTO

La diferencia del criterio que me lleva a aclarar mi voto, es: a) en cuanto a la naturaleza de la pensión para efectos de la indexación pensional; b) y en cuanto a si el instituto de la pensión convencional o voluntaria, queda cobijada por las normas constitucionales o legales que disponen la actualización monetaria de la primera mesada pensional; y más específicamente, si está comprendido en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

A. La indexación que en el sub lite se reclama procede en cuanto la pensión de jubilación es legal y partir del momento que se configure como tal; ciertamente, su otorgamiento anticipado y por el tiempo que se adelanta, es convencional; pero cuando se cumple la edad de ley, bajo el supuesto de que cumplió los años de servicio, es pensión legal, y justamente a partir de entonces, es que ha de tener el tratamiento que se le concede a las de ese género.

La fuente normativa de la que proviene un derecho es un elemento valioso pero no suficiente para determinar su naturaleza, ya fuere constitucional, legal, convencional o reglamentaria, por cuanto, como acontece con frecuencia, el mismo derecho puede ser materia de regulación en varias de ellas; en estos casos, se impone por el principio de la jerarquía normativa, la de mayor rango; así entonces, el derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos en la ley no pierde su naturaleza legal, por ser objeto de regulación convencional; y cuando esto sucede y modifica uno de los elementos esenciales de la pensión, al lado de la naturaleza legal, surge la convencional y respecto a lo que esta se mejora de aquella.

La pensión de jubilación es una prestación ante la contingencia social de la vejez, constituida por dos elementos esenciales: el de la edad, aquella que ley asume como la del promedio de la población con vigor vital; y el haber trabajado el número suficiente de años, también señalados por la ley.

La modificación de algunos de los elementos constitutivos de la pensión, y solo de ellos, bien sea anticipando la pensión a edad más temprana, u otorgándola por menor tiempo de servicios, tienen capacidad de modificar la naturaleza legal de la pensión de jubilación y convertirla en convencional, pero solo en cuanto a lo que vaya más allá de lo estipulado en la ley.

La pensión de jubilación así modificada no puede ser íntegra o únicamente convencional; de serlo aflorarían consecuencias inadmisibles, como la de poder ser materia de negociación colectiva, la existencia del derecho, o la desmejora de los factores que la integran por debajo del mínimo legal; o la de que el pensionado convencional tendría derecho a reclamar la pensión que se entendió modificado, y gozar de ambas, por cuanto, siendo distintos, no se puede oponer que con el pago de aquella se cumple con esta.

La obligación del pago de la pensión de jubilación se origina en el mandato del legislador de encomendarle transitoriamente a los patronos la protección de vejez de sus trabajadores, mientras el Estado organizaba los instrumentos institucionales para asumir la prestación directa de ese servicio público de seguridad social, como lo define la Constitución Política de 1991. La subrogación pensional, mediante la cual el Estado releva a los patronos de las obligaciones pensionales, obra, justamente porque entre las pensiones de empresa, legales, voluntarias o convencionales, y las de seguridad social se da una identidad de naturaleza, sin la cual no tendría justificación el que el sistema de seguridad social asumiera obligaciones las que, de otra manera, tendrían meramente el carácter de privado.

A la naturaleza de prestación de seguridad social común para todas las pensiones, se le adiciona la dimensión convencional, por los beneficios que mejoran el mínimo legal, los que no pueden tener una magnitud con tal que tengan la virtualidad de desfigurar la institución pensional, y por los que, como pueden responder a motivos del empleador diferentes a la de la obligación ex lege, los beneficios tienen un tratamiento diferente en materia de subrogación, de manera que el Instituto de Seguros Sociales no asuma la mayor prestación, por el lapso entre la menor edad y la de ley, o el valor que excede el de la de vejez.

Así, entonces, las pensiones convencionales que se otorgan con anticipo a la edad de ley, pierden la condición de pensiones de naturaleza mixta, por desaparecer el beneficio convencional y obrar en ellas solo la legal, ciertamente es axiomático que las pensiones legales de jubilación son las que se reconocen a partir de que el trabajador haya satisfecho los requisitos de ley.

Y la adopción de este criterio responde a la proporcionalidad que debe guardar la ley en la imposición de cargas a los ciudadanos, en nuestro caso, no haciendo más onerosa la obligaciones de seguridad social a algunos patronos y por razón de haber cumplido con su deber de la mejor manera no limitándose a lo legal, sino ofreciendo una protección más amplia; y guarda coherencia con el principio de unidad y universalidad de las prestaciones que esta Sala viene aplicando reiteradamente, para resolver las controversias que se suscitan en torno al proceso del tránsito del sistema prestacional directo del patrono, al de la seguridad social.

B. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 le ordena al legislador definir los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, este mandato es respecto a las pensiones que caen bajo la órbita de este, esto es, las de carácter legal.

Ciertamente, el artículo 260 de del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 33 de 1985, la Ley 100 de 1993, de las que la Sala ha inferido el derecho del pensionado a la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con la interpretación que de ellas ha de hacerse según la sentencia de exequibilidad C 862 de 2006, o del texto expreso de la última, es respecto a las pensiones de origen legal.

El único régimen a que está sujeta la determinación del monto de las pensiones voluntarias o convencionales es aquel que haya ofrecido el empleador o hubieran acordado las partes; las reglas de liquidación contenidas en la fuente normativa o extra legal respectiva, debe respetarse por el juzgador tal como quedaron consagradas por quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación del beneficio, porque la ley avala en ese escenario el valor de la manifestación libre de su voluntad.

Si el ofrecimiento del empleador o el acuerdo conciliatorio o el convencional no previeron la indexación de la primera mesada para la fecha en que esta se iba a recibir, no es posible llegar a ella por criterios interpretativos y de integración con las normas que regulan las pensiones legales, únicas respecto de las cuales gravita el deber constitucional de mantener el poder adquisitivo de las mesadas; y ello es así por cuanto es sobre las pensiones de jubilación y de vejez, —y no las extralegales—, que la ley erige la cobertura del riesgo de la vejez; las voluntarias y extralegales, son una protección que supera ese mínimo legal, cuya configuración corresponde al empleador o a las partes, pudiendo incluso, como suele acontecer, que se brinden para antes de que acaezca el riesgo de la senectud.

Efectivamente, las pensiones extralegales no están cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puesto que este es el mecanismo previsto para hacer compatibles con el sistema general del pensiones los regímenes legales anteriores. Carece de sentido pretender su aplicación respecto de aquellas pensiones voluntarias o convencionales de las cuales no pueden ser trasladados ni sus fondos, ni sus cargas, a las entidades que administran el sistema general de pensiones.

De esta manera, sigue vigente lo que respecto a pretensiones como las del sub examine ha reiterado la Sala en numerosas sentencias, en los siguientes términos:

“Es un principio angular del orden económico y jurídico, el que las obligaciones valen en todo respecto de conformidad con su tenor, y el cual puede ser modificado solo por la ley en casos especiales, como reza el artículo 1627 del Código Civil; por ello, excepcionalmente y por mandato expreso del legislador puede ser impuesta la corrección monetaria de las obligaciones, ya fueren de origen legal o convencional” [Sent. del primero (1º) de agosto de dos mil seis (2006), Rad. 28504].

La coherencia de esta postura, o de la contraria, se pone a prueba cuando se ha de definir la naturaleza de la pensión para definir, por ejemplo, su compatibilidad con la de vejez; y se rompe cuando se acomoda a conveniencia, según las circunstancias; de convencional para recibir dos pensiones; y de equipararlas a las legales para resolver sobre la indexación.

C. La Sala finalmente acudió, para reforzar su posición, al argumento de que no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con a arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a ser más onerosa una obligación pensional sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. ¡Haberlo dicho primero!. De ser esta razón válida sería suficiente, y estaría de demás el que el legislador hubiera ordenado o no la indexación, y el afán de la jurisprudencia de la Sala de hallar la ley que la dispone para las de carácter legal.

No guarda coherencia una jurisprudencia que en casos acude a principios que hacen superflua cualquier disposición, y en otros, a inquirir sobre la norma que señala el derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

Fecha ut supra 

Con todo respeto,

Eduardo López Villegas