Sentencia 40205 de febrero 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2136-2014

Radicación 40205

Acta 5

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

En la demanda con la que lo sustenta, que no fue replicada, la recurrente pide a la Corte que case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, «niegue las pretensiones (…) en razón a que la jurisdicción laboral no es competente para conocer el presente asunto» o, simplemente, en subsidio, «niegue las pretensiones formuladas». En defecto de lo anterior, case parcialmente la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, «modifique la de primer grado en cuanto ordenó que la pensión reconocida al señor Foción Galván ascendía a la suma de $ 1’299.016.68, para en su lugar ordene que el valor real de la pensión a que tenía derecho el señor Foción Lugo (q.e.p.d.) —sic— a partir del 1º de enero de 1990 asciende a la suma de $ 522.479.2, y a partir del 1º de enero de 2008, a la cuantía de $ 5.672.993, o en la cuantía que la Sala determine».

Para tal efecto le formula tres cargos que la Corte resolverá en su orden.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia de aplicar indebidamente, por vía directa y como violación medio, el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, infracción legal que condujo a la aplicación indebida del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945; 3º y 4º de a la Ley 5ª de 1969; 79 del Decreto 1848 de 1969; 1º, inciso segundo, de la Ley 33 de 1985; 1º, inciso segundo, de la Ley 19 de 1987; 2º de la Ley 4ª de 1992; 1º a 9º del Decreto 1359 de 1993; 128 a 132 del Código Contencioso Administrativo; y 29, 238 y 299 de la Constitución Política.

La discusión planteada en el ataque se contrae a establecer si es o no la jurisdicción ordinaria la competente para conocer del asunto en cuestión, pues, conforme a los artículos 128 a 132 del Código Contencioso Administrativo, el juez competente es el de esa jurisdicción.

Alude la recurrente al debido proceso como garantía y derecho constitucional y a su violación por parte del tribunal al resolver la litis, como si fuera de su resorte, con lo cual aplicó indebidamente el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues la pensión que aquí se trata no es de las reguladas por la Ley 100 de 1993, «de una parte porque es anterior a su vigencia, y de otra porque la misma pertenece a los regímenes especiales de los diputados, a quienes equivocada o no, la Asamblea Departamental de Córdoba mediante la Ordenanza 3 de 1980, los asimiló a los honorables Senadores de la República, y esa la razón por la cual se le pensionó al causante en tal calidad».

Señala la recurrente que el asumir el tribunal la competencia para dirimir el conflicto, incurrió en lo que se ha denominado «grave defecto orgánico», por cuanto las reglas del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, que modificaron el artículo 2º del citado Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social excluye del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y los regímenes pensionales de magistrados y congresistas, como es el caso de quien sustituyó en la prestación pensional, sobre lo cual se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-1027 de 2002, de la cual copia algunos fragmentos, así como de la proferida por esta corporación con número de radicación 26.690.

VII. Consideraciones de la Corte

El cuestionamiento de la recurrente en el cargo sobre el procedimiento cumplido en las instancias que precedieron al recurso extraordinario, fuera de ser absolutamente extemporáneo, no tiene cobijo en las causales de violación de la ley en la casación del trabajo.

Ello es así, sencillamente, por una parte, por cuanto lo atinente a la competencia jurisdiccional sobre el presente asunto quedó definido por el juzgado de conocimiento mediante providencia de 24 de julio de 2007, en la cual explícitamente desestimó la excepción previa de falta de competencia de la jurisdicción ordinaria propuesta por la hoy recurrente al contestar la demanda inicial, «atendiendo la posición actual del Consejo Superior de la Judicatura quien ha resuelto sobre los conflictos de competencia en estos asuntos» (fl. 40 bis), decisión contra la cual la interesada, pudiendo hacerlo (CPTSS, arts. 63 y 65), pues estaba asistida de su apoderada en esa oportunidad, inclusive, no interpuso recurso alguno.

Por otra, porque la causal 3ª de casación del trabajo, prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y referida a los aspectos in procedendo del proceso laboral, fue derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, de suerte que, en el entendimiento de la Corte, estos deben quedar superados en su momento, etapa, estanco, oportunidad o trámite procesal respectivo.

En consecuencia, no prospera el cargo.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia de infringir directamente el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 , en relación con los artículos 136 del Código Contencioso Administrativo; 17 de la Ley 6ª de 1945; 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969; 79 del Decreto 1848 de 1969; 1º, inciso segundo, de la Ley 33 de 1985; 1º, inciso segundo, de la Ley 19 de 1987; 2º de la Ley 4ª de 1992; 1º a 9º y 17 del Decreto 1359 de 1993; y 29, 238 y 299 de la Constitución Política.

Dice estar de acuerdo con los razonamientos probatorios del fallo y la competencia del tribunal para resolver la controversia, pero discrepa de la posibilidad de que la jurisdicción ordinaria laboral pueda modificar una situación jurídica concreta e individual definida con fundamento en una ordenanza departamental, pues, como lo sostuvo el Consejo de Estado en concepto de 22 de mayo de 1996 (rad. 827), estas están excluidas de control judicial alguno por fuerza del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del causante, y como debió decirlo el tribunal, pues si bien es cierto que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo permite revisar pensiones en cualquier época, eso no aplica «para las pensiones o situaciones consolidadas y protegidas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y que emergen de una disposición departamental, como lo es la Ordenanza 3 de 1990». De esa suerte, el tribunal «se reveló (sic) contra las previsiones contenidas en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993».

IX. Consideraciones de la Corte

El planteamiento del cargo se orienta a derruir la posibilidad de revisarse mediante acción judicial una prestación periódica, como lo es la pensión de jubilación de la actora, por cuanto, en el entendimiento de la recurrente, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 prevé que las situaciones jurídicas individuales «definidas» con anterioridad a dicha ley, con base en disposiciones municipales o departamentales, como lo es la Ordenanza 3 de la Asamblea Departamental de Córdoba, se tornan «inmodificables», esto es, intangibles y definitivas al punto de que ni siquiera judicialmente pueden ser revisadas.

Pues bien, tal entendimiento de la preceptiva anunciada no se acompasa con su real y genuino sentido, habida cuenta de que cuando ésta se refiere a que las situaciones jurídicas individuales de servidores públicos o personas vinculadas a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados «continuarán vigentes», cuando quiera que sus pensiones de jubilación extralegales hayan sido «definidas» con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 100 de 1993 por disposiciones municipales o departamentales precedentes, lo hace para señalar que el marco normativo sustancial de dichas prestaciones no se alterará, modificará o perderá ante la vigencia de las nuevas disposiciones que regulan las pensiones concebidas por el sistema general de pensiones de la nueva normativa, no para darles el alcance de «cosa juzgada» que en el fondo es lo que predica el ataque, esto es, como si hubiesen sido sometidas a controversia judicial y, en tal virtud, adquirieren la connotación de la mentada cosa juzgada.

De manera que, la alocución «definidas» que establece el citado artículo 146 de la Ley 100 de 1993, remite a la base normativa que define, describe o establece el derecho pensional, que lo puede ser una disposición de orden municipal o departamental según la preceptiva, no a que las dichas disposiciones produzcan los efectos que son propios a las sentencias judiciales, por ser totalmente contrario a derecho que un acto de carácter general, impersonal y abstracto, como lo es una disposición del citado tenor, defina de modo particular, personal y concreto la existencia y titularidad del derecho pensional en cabeza de una persona individualmente considerada, cuestión que atañe, por regla general, a los pronunciamientos judiciales de carácter definitivo y, por excepción, a aquellos actos jurídicos a los cuales la ley les da expresamente ese alcance, verbi gracia: conciliaciones, transacciones, etc., y entre los cuales, por supuesto, no es dable ubicar meros actos unilaterales de voluntad de la administración.

En cuanto al objeto de la disposición comentada se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-410 de 1997, al hacer el pertinente juicio de constitucionalidad que dio lugar a que lo declarara exequible en ese aparte, en el siguiente sentido:

Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la Ley 100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley.

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segunda social (L. 100/93).

Así las cosas, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le achaca la censura, pues, el hecho de que la pensión objeto de su estudio tuviera como uno de sus referente normativos una disposición del orden territorial, en modo alguno la excluía de la posibilidad de ser revisada en sede judicial.

A ese respecto, importa a la Corte recordar que en situaciones similares a la presente, en las cuales se ha producido la radicación de la competencia en la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de controversias suscitadas respecto de prestaciones pensionales de empleados públicos cobijados por regímenes anteriores a los previstos expresamente en el sistema general de pensiones del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 —como aquí ocurrió—, ha asentado que no por ello se aplican las normas que conciben la prescriptibilidad de las acciones y derechos laborales en los juicios ordinarios del trabajo sino, conforme a su materia, las disposiciones que gobiernan las acciones y derechos que surgen de la relación entre el Estado y sus servidores no vinculados por contrato de trabajo.

Y ello es así por la sencilla razón de que tal clase de relaciones laborales, que dan lugar a prestaciones como la aquí demandada, estuvieron regidas, parcial o totalmente, no por las normas que gobiernan los contratos de trabajo del sector particular u oficial, sino por las que regulan de manera especial las controversias que se suscitan en esta última clase de servicios y cuyo comprensión es ajena a regímenes como los de aquellos, que son los que, de suyo, competen a la jurisdicción ordinaria laboral.

Así dijo la CSJ SL, en sentencia de 25 de octubre de 2005, radicación 26.279:

Previamente anota la Sala, que en atención a que se trata de un empleado público, la jurisdicción ordinaria no sería la competente para conocer del presente proceso; pero como el conflicto de competencias ya fue decidido por el organismo respectivo, se procede a su estudio.

La anterior constatación plantea el primer asunto a resolver, relativo a la normatividad aplicable para definir el plazo de la administración para acudir a la justicia, en busca del ajuste de una pensión que estima fue otorgada en un monto que no corresponde al señalado en la ley: si la prevista en el Código Contencioso Administrativo en relación con la caducidad de las acciones en esa especialidad, o la del estatuto laboral, si se entendiera que al haber sido resuelto el conflicto de competencias en favor de la jurisdicción ordinaria, deban aplicarse las reglas que gobiernan esta materia.

Sin embargo, para la Corte ese problema jurídico no se presenta sino en apariencia, pues el traslado de competencias hecho por el juez del conflicto, no puede significar un cambio de las reglas procesales en materia de caducidad o de prescripción de las acciones; las relaciones del Estado con sus servidores públicos atinentes a los términos para el reconocimiento, reclamación o revocación de derechos, no tiene porqué sufrir modificaciones por el cambio de competencias dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura.

En ese orden de ideas, en el sub lite, en lo atinente a la caducidad de la acción se debe acudir a las reglas establecidas en el Código Contencioso Administrativo, de conformidad con las cuales, una entidad de naturaleza pública puede en cualquier tiempo demandar la decisión por la cual la administración otorgó una pensión de jubilación de manera contraria la ley.

En efecto, el artículo 136 del código de esa especialidad, modificado por la Ley 446 de 1998, prevé en relación con la caducidad de las acciones en el numeral 2º que “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. Subrayas de la Corte.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, precisó en sentencia de 6 de mayo de 2004, expediente 1033-02: “...debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de las prestaciones periódicas puede demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (art. 136, num. 2º)”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-1049 de 2004, al pronunciarse sobre la exequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo por la administración” contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, hizo las siguientes reflexiones sobre la intemporalidad para que la administración demande sus propios actos cuando reconozcan prestaciones periódicas sin sujeción a la ley, las cuales se estima oportuno transcribir:

«Cabe recordar, que si bien la regla general es el establecimiento de términos de caducidad para ejercer las correspondientes acciones judiciales, por motivos de seguridad jurídica, pues como lo ha considerado esta corporación [para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que entendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actúen dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio 1, nada obsta para que en el ordenamiento jurídico, cuando quiera que se trate de defender intereses superiores de la comunidad, prevea el legislador que, en determinados casos, existan acciones cuyo ejercicio no se encuentra sometido a un término de caducidad.

“(…).

“(…) la medida contemplada en el hoy numeral segundo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al disponer que la administración podrá demandar en cualquier tiempo los actos que reconozcan prestaciones periódicas, es razonable y justificada, por cuanto el ordenamiento jurídico no puede amparar derechos adquiridos en contra de la Constitución y de la ley. Sobre el particular, la Corte se ha pronunciado en varios fallos, siguiendo una clara línea jurisprudencial. Así, en Sentencia T-336 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, el juez constitucional tajantemente afirmó que ´...la circunstancia expuesta indica que el alegado derecho subjetivo, en cuanto tiene por sustento la violación de la ley, no merece protección. El orden jurídico no se le brinda, pues nunca lo ilícito genera derechos’…

“En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar ‘en cualquier tiempo’ los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que ‘no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe’.

Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administradores, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. Se trata, simplemente de que ningún ciudadano puede esperar que, con el paso del tiempo, se regularice o se torne intocable una prestación económica que le ha sido otorgada en contra del ordenamiento jurídico y en deterioro del erario público. Ello indica entonces, que si bien el legislador debe actuar sin menoscabar los derechos legítimamente adquiridos, no está imposibilitado para permitir a la administración, de manera excepcional, demandar en cualquier tiempo su propio acto, cuando encuentre que éste se ha proferido contrariando el ordenamiento jurídico, ello con el fin de defender intereses superiores de la comunidad».

X. Tercer cargo

En este ataque acusa la recurrente la sentencia del tribunal por aplicar indebidamente los artículos 78 y 79 del Decreto 1848 de 1969, 29 del Decreto 240 de 1968; 17 y 29 de la Ley 6ª de 1945; 1º, inciso segundo, de la Ley 33 de 1985; 1º, inciso segundo, de la Ley 19 de 1987; 2º de la Ley 4ª de 1992; 1º a 9º y 17 del Decreto 1359 de 1993; 177 del Código de Procedimiento Civil; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y 29, 238 y 299 de la Constitución Política, a causa de los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la reliquidación pensional que realizó el a quo, corresponde a las sumas que real y efectivamente devengó el señor Davido Foción Galván Lugo en el año que se desempeñó como diputado de la Asamblea del departamento de Córdoba.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la Caja Departamental de Previsión Social del departamento de Córdoba, al expedir la Resolución 290 del 3 de abril de 1990, mediante la cual ordena la reliquidación pensional del señor Galván Lugo, tanto de la prima de navidad, como de la prima de vacaciones, tomó única y exclusivamente parte de cada una de ellas.

Indica como no apreciada por el juzgador la certificación que obra a folio 19 y como no valorada correctamente la resolución visible a folios 15 a 16.

Sostiene la recurrente que en la Resolución 290 citada se observan los conceptos que el causante percibió como diputado de la Asamblea de Córdoba para el año 1989, pero también que la Caja Departamental de Previsión Social «no toma la totalidad de las primas de navidad y vacaciones, como erradamente lo pregona el a quo y lo confirma el tribunal, sino que toma única y exclusivamente la doceava parte de ellas, esto es para la prima de navidad la suma de $ 38.702.16 y para la prima vacacional el valor de $ 19.351.08, valores estos que sumados a lo que percibió mensualmente por concepto de dieta mensual ($ 167.193.30) y gastos de representación ($ 297.232.66) da la cuantía de $ 522.479.20, que es el valor tenido en cuenta por la Caja Departamental de Previsión Social del departamento de Córdoba para reliquidar la pensión de jubilación, desde luego sujetándose tanto a lo previsto a la normatividad aplicable a su pensión, entre ellas los artículos 78 y 79 del Decreto 1848 de 1969; 29 del Decreto 2400 de 1968, 17 y 29 de la Ley 6ª de 1945, 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969».

Agrega que el tribunal avaló la operación aritmética errónea que hizo el juzgado de obtener el salario devengado en el último año de servicios «con las mesadas pensionales percibidas en los meses de enero a septiembre de 1989 y diciembre de 1989, para tal valor sumarlo a los valores percibidos en los meses de octubre y noviembre de 1989 en calidad de diputado y con ello disminuir su pensión de jubilación», pues, «jamás los salarios percibidos equivalen a mesadas pensionales».

XI. Consideraciones de la Corte

Para resolver el cuestionamiento propuesto en el cargo, cabe recordar que el tribunal, una vez advirtió que «el problema jurídico» sometido a su escrutinio en virtud del recurso se concretaba a dos aspectos del fallo del juzgado: 1) «determinar si es posible aplicar a los diputados el régimen de los congresistas respecto al reajuste de la pensión de jubilación»; y 2) «establecer si la administración departamental puede modificar en cualquier tiempo el monto de la pensión de jubilación previamente reliquidada», asentó, en relación con lo primero, que «la facultad de fijar la remuneración de los diputados quedó deferida al legislador, así como la de determinar su régimen prestacional y de seguridad social», de modo que, el reajuste de la pensión de jubilación que se prevé para los congresistas «no procede» para quienes fungieron como diputados, tal y como dijo haberlo sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, copiando al efecto los apartes que consideró pertinentes de los fallos de la Sección Segunda, Subsección ‘B’, de esa corporación 11088 de 1996 y 1532 de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Y respecto de lo segundo, una vez copió el artículo 136, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, según el cual «las entidades de naturaleza pública pueden demandar en cualquier tiempo la decisión por la cual se otorgó una pensión de jubilación de manera contraria a la ley». En apoyo de su aserto transcribió algunos pasajes de fallos de la Corte Constitucional, de esta corporación y del Consejo de Estado.

En suma, como «al efectuar la liquidación de la pensión del señor Galván Lugo, se incluyeron factores salariales propios del régimen aplicable a los congresistas, lo que claramente contraviene el sistema normativo anteriormente descrito (…), se torna imprescriptible el derecho de la administración a solicitar el reajuste de la cuantía de la pensión».

Luego, por un lado, los razonamientos del tribunal para resolver la alzada fueron, única y exclusivamente, de carácter jurídico, sin hacer alusión alguna a los medios de prueba del proceso. Y si ello fue así, mal puede afirmarse que aplicó indebidamente unas normas por apreciar erróneamente o dejar de apreciar determinados medios de convicción del proceso.

Y por otro, no fue asunto que ocupó la atención del tribunal, pues no fue objeto de la alzada, la liquidación del derecho prestacional efectuada por el juzgado, sino apenas, como lo destacó el juzgador, lo atinente a la aplicación del régimen pensional de los congresistas a la pensión del causante, por haberlo así dispuesto la Ordenanza 3 de 1980 de la Asamblea Departamental de Córdoba, como también, la posibilidad intemporal de la revisión de la prestación conforme a lo previsto en el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo.

En criterio mayoritario de la Sala, por no haber propuesto la recurrente en la alzada controversia alguna sobre la liquidación de la mesada pensional, conforme a los parámetros fijados por el juzgado, no era de cargo del tribunal acometer oficiosamente su estudio, dadas las restricciones competenciales y cargas procesales a que aluden los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Igualmente ha considerado la jurisprudencia de la Sala que al tenor de los anunciados preceptos, como de los artículos 66 y 82 del mismo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la oportunidad para formular las alegaciones ante el tribunal no es una nueva para adicionar materias al objeto de la alzada, dado que, esta es preclusiva en atención a los términos del artículo 66 en cita. Lo dicho, por cuanto, en este caso, y revisado minuciosamente el expediente, fue ante el juez de la alzada que por primera vez la recurrente se refirió a la liquidación de la pensión que efectuara el juzgado, pero, sin embargo, sin entrar a discutir los factores salariales, los porcentajes o las equivalencias salariales que, ahora sí, minuciosamente refiere en el cargo.

De consiguiente, se desestima el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario, porque no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, proferida el 16 de diciembre de 2008 en el proceso ordinario laboral que promovió el departamento de Córdoba promovió contra Deolfina Medarda Cruz Espitia.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»