Sentencia 40233 de mayo 15 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Elsy del Pilar Cuello Calderón

Rad. 40233

Acta Nº 16

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil doce (2012).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de EMMA LUZ LUNA TOVAR, contra la sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

ANTECEDENTES

La actora pidió la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de enero de 1978, “con fundamento en un accidente de trabajo”, que ocasionó la muerte de ORLANDO PORTO OLIVERO, quien era su compañero permanente, las mesadas adicionales, los reajustes, la indexación lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas.

Afirmó que su compañero ORLANDO PORTO OLIVERO falleció el 1º de enero de 1978, cuando conducía un vehículo de la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., para la cual laboraba desde 4 años antes, “es decir, cotizó más de doscientas (200) semanas”; siempre estuvo afiliado al ISS “por pensiones y riesgos profesionales”; a la fecha del deceso hacía vida marital con la actora de cuya unión nacieron Fernando y Orlando de Jesús Porto Luna; el ISS seccional Bolívar y la administradora de riesgos profesionales de dicho Instituto, estimaron “extrañamente” y en forma contradictoria no tener competencia sobre el asunto, en cuanto consideraron que se trató de un accidente de trabajo la primera, en tanto la otra, que el asunto era de origen común; de todas formas, le negaron el derecho reclamado; el registro de defunción aportado “dice que la causa principal de la muerte fue ruptura hepática fractura costales derecho-accidente de tránsito”; la actora convivió los últimos 10 años en compañía de sus hijos; dependía económicamente de su compañero; “agotó plenamente la vía gubernativa”.

Mediante auto de 17 de noviembre de 2006, el juzgado de conocimiento tuvo por “no contestada la demanda, en consecuencia se tendrá como indicio grave en contra del demandado de conformidad con nuestra legislación laboral” (fl. 61).

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, por sentencia de 29 de junio de 2007, absolvió al ISS de todas las pretensiones y le impuso costas a la demandante (fls. 107 a 111).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al resolver la apelación de la parte actora, el Tribunal Superior de Cartagena, por fallo de 10 de diciembre de 2008, confirmó en su totalidad el de primer grado; le impuso costas a la recurrente (fls. 17 a 24).

El ad quem precisó que el Juez erró al establecer que independientemente de que la pensión reclamada fuera de “origen común o por muerte en accidente de trabajo, el demandante no tenía derecho a ella, habida consideración al número de semanas cotizadas. La Sala estima que tal conclusión es errónea, pues dependiendo de si el fundamento de la pensión es de origen común o por muerte en accidente de trabajo, la normatividad legal aplicable es diferente para el caso concreto, y en consecuencia los supuestos y requisitos que debe cumplir quien aspira al beneficio también varían según se esté en una o en otra situación.

“Se tiene que los acontecimientos que produjeron la muerte del señor Porto Olivero acaecieron el día 1º de enero de 1978 (fl. 45), así como a folio 90 se da cuenta que efectivamente se encontraba vinculado al ISS con 133.8571 semanas de cotización al momento de su deceso, toda vez que afirma que su muerte fue producida por un accidente de trabajo, la normatividad aplicable es el Decreto 3170 de 1964 aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963”.  

Luego de reproducir los artículos 2º, 3º y 27 del precitado decreto y de aludir a “todo el material probatorio”, precisó que “la muerte del compañero sentimental de la demandante se produce por un accidente de tránsito (fl. 45), pero ninguna de las pruebas aportadas nos permite tener claridad sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar en que sucedió dicho accidente, y menos aún determinar que se produjo por causa o con ocasión del trabajo. Sólo se tiene a folios 76 a 77 el testimonio rendido por MERY ESTELA MORRÓN GARCÍA, quien al ser cuestionada sobre si sabía quién era el dueño del automotor en el que sufrió el accidente la pareja de la demandante respondió: “…El carro era de la empresa galletas Noel, él lo manejaba, estaba trabajando…”. Para la Sala la sola manifestación que hace el testigo sobre el asunto, no puede tomarse como prueba irrefutable que el accidente tuvo una connotación de accidente de trabajo, porque la testigo no especifica porqué sabe que el fallecido estaba trabajando, toda vez que dicho testigo sólo era una vecina”. Analizó otro testimonio que le resultó aún más escaso de detalles y dijo que no se sabía “si fueron testigos presenciales o sólo de escuchas, no explican en qué basan la certeza que predican sobre los acontecimientos acaecidos”.

En suma, no encontró prueba que le indicara si el fallecido cumplía efectivamente labores propias de su cargo o trabajo, “y por lo tanto no puede entrar la Sala a valorar la naturaleza de la pretensión pedida como accidente de trabajo y en consecuencia mal puede aplicarse la normatividad establecida en el Decreto 3170 de 1964” y en esas condiciones, estudió la pretensión subsidiaria relacionada con la pensión de sobreviviente por muerte de origen común en los términos del Decreto 3041 de 1966, que aprobó el Acuerdo 224 de dicho año; reprodujo lo pertinente de los artículos 5º y 20 de la norma últimamente citada y enseguida sostuvo: “Siendo que a folio 90 del expediente el ISS certificó que el causante al momento de su muerte solo tenía acreditadas 133.8571 semanas como cotizadas, tampoco tenía derecho a la pensión de sobrevivientes amparado a la luz de la normatividad, y por lo tanto a ninguna de las subsiguientes pretensiones pedidas, pues todas nacían del reconocimiento de la pensión deprecada”.

RECURSO DE CASACIÓN

Concedido por el tribunal, y admitido por la Corte, propone la parte recurrente que se case totalmente la sentencia acusada, para que en sede de instancia revoque la de primer grado, y acceda a las súplicas de la demanda.

Con fundamento en la causal primera fórmula un cargo, oportunamente replicado.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por violar “indirectamente, como consecuencia de errores de hecho en la falta de apreciación en conjunto de un documento auténtico (acta de defunción), las siguientes normas legales: artículo 27 del Decreto 3170 de 1964, aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963; artículos 8º, 9º, y 12 del Decreto 1295 de 1994; artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993; artículos 51, 54, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo; artículo 77 del Código Procesal Laboral modificado por la Ley 712 de 2001; artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Le endilga al tribunal el siguiente error de hecho:

“1. No dar por demostrado estándolo, que el señor ORLANDO PORTO OLIVERO murió como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el 1º de enero de 1978 circunstancia que se probó con el ACTA DE DEFUNCIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE”. 

En la demostración aduce que el tribunal no le dio el verdadero valor probatorio al referido documento, “es decir no es apreciada la (sic) acta en su exacta dimensión fáctica, transgrediendo los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria”. Reafirma que hay plena prueba de que lo sucedido fue un accidente de trabajo y la “falta de apreciación de la prueba aludida o la falta de su análisis en conjunto conllevó a la negación del derecho invocado”. Insiste en que el “Acta de defunción no fue debidamente valorada muy a pesar de que la falta de contestación de la demanda generó consecuencias procesales negativas a la parte demandada y, de otra parte la prueba testimonial refuerza lo dicho en el documento en comento, pues se reitera que el accidente ocurrió cuando se conducía el automotor de propiedad de la empresa Industrias Alimenticias Noel S. A.”; sostiene que si el ad quem hubiera catalogado el insuceso como accidente de trabajo, hubiera condenado al demandado a pagar los derechos pretendidos.

LA RÉPLICA

En síntesis afirma que “Se desconocería el principio de contradicción si se aceptara que al proferir la sentencia el Tribunal violó indirectamente la ley porque apreció el documento correspondiente al acta de defunción y también la violó porque no lo apreció. Por esta razón se impone concluir que el defectuoso e ilógico cargo debe desestimarse”.

Aduce que si con laxitud se concluyera que lo que ocurrió fue un accidente de trabajo, “lo probado plenamente es el hecho de únicamente haber cotizado 133,8571 semanas, y en tal caso hubiera sido necesario tener acreditadas 150 semanas de cotización”.

SE CONSIDERA

Independientemente de las fallas técnicas que se advierten en el recurso, como que el único cargo lo encauzó “como consecuencia de errores de hecho”, que no es una modalidad de violación de la ley las contempladas en el artículo 87 del C.P. del T. y S.S., precisa decirse lo que sigue:

Son temas indiscutidos que ORLANDO PORTO OLIVERO, quien laboraba al servicio de Industrias Alimenticias Noel S.A., falleció el 1º de enero de 1978, estaba afiliado al ISS y cotizó 133.8571 semanas.

Aun cuando no es clara la acusación de la única prueba denunciada, se entiende que el recurrente reprocha que no se viera en su verdadera “dimensión” o en todo su “conjunto”; no obstante, del acta de defunción de folios 13 y 95 no se puede concluir de modo irrefutable que el fallecimiento de PORTO OLIVERO fue producto de un accidente de trabajo; allí se lee que la causa principal de la muerte fue: “ruptura hepática fracturas costales derecho accidente de tránsito” y nada más. En esa medida no emerge el error de hecho que la censura le endilga al tribunal.

Además, no resulta procedente examinar la “testimonial rendida por las declarantes dentro del proceso”, ni las “consecuencias negativas” que generó la falta de respuesta a la demanda, como lo pide la censura, por no ser pruebas calificadas para evidenciar un error de hecho en casación laboral (art. 7º L. 16/69).

Al no quedar demostrado que el suceso fuera un accidente de trabajo, lo relevante en este proceso es que para acceder a la pensión de sobrevivientes de origen común, necesitaba comprobar aportes de por lo menos 150 semanas y sólo demostró 133.8571, insuficientes para el propósito perseguido, tal como lo explicó el ad quem y lo destaca la réplica.

Resta decir que el tribunal no pudo violar los preceptos de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1295 de 1994, referidos por la censura en el único cargo, porque sencillamente no podía aplicarlos retroactivamente (art. 21, CST); debe recordarse que el deceso del afiliado ocurrió el 1º de enero de 1978.

El cargo no prospera.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente toda vez que hubo réplica.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso promovido por EMMA LUZ LUNA TOVAR contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000,oo.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.