Sentencia 40252 de agoto 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 263

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones

1. La Corte es competente para resolver el recurso de apelación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004.

El recurso en la segunda instancia, se tramita conforme lo prevé la Ley 1395 de 2010(1).

2. Acorde con la propuesta de los recurrentes, los temas objeto de debate, se centran en los siguientes puntos:

2.1. Legalidad de la confesión de los postulados Ramón María Isaza Arango y Walter Ochoa Guisao a través de escrito.

Para examinar el fondo de la censura, conviene recordar que en un Estado constitucional de derecho como el que impera en el país, corresponde a los jueces, al interpretar el ordenamiento jurídico, nutrirse de los principios contenidos en la Norma Fundamental(2), de manera que en esa labor hermenéutica deberán preferir el sentido de la norma que en mayor medida favorezca la eficacia del texto de la Carta Política y a su vez guarde mayor armonía con la doctrina y los precedentes constitucionales(3).

Es necesario señalar igualmente, en punto de la función de los jueces como garantes de la supremacía de la Norma Fundamental, que si bien la Carta ha previsto distintos mecanismos para asegurar su integridad(4), con ocasión del control previo a la ley estatutaria de la administración de justicia(5) y en concreto a sus artículos 11 y 43, se indicó que a pesar de la existencia de la jurisdicción constitucional propiamente dicha, formada por el tribunal encargado de su guarda y el Consejo de Estado, a los demás jueces y corporaciones judiciales les correspondía aplicar sus preceptos en cada caso particular, y en consecuencia también la defensa e integridad de su contenido(6).

De lo anterior se sigue que todos los jueces, sin importar su especialidad, en primer lugar son jueces constitucionales, en tanto deben concurrir a la preservación de la integridad de la Carta en sus actuaciones, pero además, les corresponde armonizar sus decisiones con la doctrina del tribunal en cita y acatar sus precedentes en los casos que sean sometidos a su consideración(7).

Así las cosas, de entrada, a los Jueces les corresponde someterse a los principios constitucionales y por antonomasia a los penales en especial al de legalidad en todas sus manifestaciones(8). Por lo tanto, deben emplear sus facultades en orden a dar estricto cumplimiento a los mismos, ya que su prevalencia no está en discusión en relación con las normas del ordenamiento jurídico de menor rango, conforme lo preceptúa el artículo 4º de la Carta Política.

Ahora, el recurso de apelación incoado por el representante de la Fiscalía General de la Nación tiene por finalidad que se introduzca al procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005, un trámite novedoso, consistente en permitir que los postulados confiesen y admitan su responsabilidad en los hechos mediante documento escrito, en aquellos eventos en que no sea posible que acudan al trámite propio de las versiones libres.

En torno a dicho asunto, encuentra la Sala que ha sido criterio constante de su jurisprudencia, decantar que el proceso de justicia y paz tiene una estructura precisa, marcada por determinados actos de rito, tales como:

La versión libre del desmovilizado ante la Fiscalía de la unidad de justicia y paz;

La audiencia de formulación de imputación(9), audiencia de solicitud de medida de aseguramiento —entre otras(10)— que se surten ante el magistrado de justicia y paz con funciones de control de garantías;

La audiencia de formulación de cargos ante el mismo magistrado de control de garantías(11);

La audiencia de verificación de la aceptación de cargos, o de control de legalidad formal y material de los cargos (legalización de cargos) ante la Sala de Justicia y Paz del tribunal superior del distrito respectivo(12);

La audiencia de individualización de pena y sentencia frente la misma Sala del conocimiento;

Incidente de reparación integral ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz: Ley 1592/12.

Implica lo anterior que en el marco del proceso de justicia y paz, la versión libre y la confesión de los hechos en los que participó el postulado durante su militancia en el grupo armado ilegal, constituyen un acto-condición para la continuidad del trámite, en el entendido que la teleología de la Ley 975 de 2005 es facilitar el proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, desde luego que respetando el derecho al debido proceso y demás prerrogativas judiciales de los procesados.

Es decir, se trata de un proceso de contribución decisiva a la reconciliación nacional que se funda en el compromiso del desmovilizado de promover el derecho de las víctimas y de la sociedad acerca de los tres aspectos aludidos.

Respecto a la importancia de la víctima en el trámite de la Ley 975, se ha pronunciado la Sala en los siguientes términos:

“...el protagonista del procedimiento previsto en la Ley 975 es la víctima, será la destinataria de la verdad que se encuentre a partir de las confesiones de los desmovilizados, de suerte que esa es tal vez una de las tareas más importantes para mitigar su sufrimiento: la reivindicación de su intimidad personal y familiar, la recuperación de la vergüenza y la dignidad arrebatadas por la impotencia que provoca el silencio y la desventaja humillante”(13).

De este modo, es trascendente que el postulado rinda versión libre en la que confiese los hechos en los cuales participó durante su permanencia en el grupo armado irregular hasta el día de su desmovilización, y por los cuales se acoge al procedimiento y prerrogativas de la ley de justicia y paz.

Las dificultades en la implementación de la ley de justicia y paz, por la complejidad de su objeto y los vacíos de procedimiento, en manera alguna facultan evadir la satisfacción de los objetivos de la Ley 975 ya comentados, es decir, el logro de la paz mediante la reinserción social a cambio de un benévolo tratamiento punitivo, condicionado al respeto de los derechos de las víctimas, lo cual significa entonces que la aceptación de cargos solo resulta viable si el desmovilizado, además de cumplir los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva previstos en el artículo 10 de la ley de justicia y paz, así como los establecidos en sus normas reglamentarias, durante la diligencia de versión libre confiesa de manera completa y veraz el delito o delitos por razón de los cuales hace la manifestación de responsabilidad, que incluya no solo la manifestación de voluntad del postulado de confesar los hechos, sino también el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, de cada crimen.

La verdad, en el marco de la ley, es un presupuesto que se construye, se relata, se decanta y se sanciona.

Adicionalmente, no se puede perder de vista que de igual manera es necesario atender las orientaciones del artículo 48, numeral 1º, de la ley en cita, orientadas a la difusión pública y completa de la verdad judicial, en armonía con lo previsto en el artículo 56 ibídem, referido a la necesidad del conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley y, consecuente con esa metodología, a lo previsto en el artículo 57 que ordena que los archivos sean preservados, estructurándose así un componente más del derecho a la verdad.

En tales condiciones, de aceptarse la posibilidad de suplir la versión libre por la confesión y admisión de responsabilidad mediante un escrito, no se contaría con archivos ni con historia que pueda ser preservada con miras a garantizar la no repetición de tantos crímenes, ya que los escenarios procesales concebidos para construir esa historia y para revelarla se omitirían, bajo el equivocado presupuesto de darle cumplimiento a la ley con la simple verificación de la voluntad y el conocimiento de la aceptación mediante un simple escrito, dejando de lado la difusión de los motivos, causas y consecuencias del acontecer criminal.

La mencionada difusión pública en la operatividad de la ley de justicia y paz, comporta una gran responsabilidad por la correlativa expectativa de justicia y verdad de la sociedad, dado el grave impacto de las violaciones de derechos que se buscan sancionar, motivo por el cual resulta desacertado tratar de eliminar o disminuir los escenarios procesales previstos para el efecto.

De otra parte, surge imperioso recordar que el artículo 15 de la ley ordena que los operadores judiciales dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad y determina que a la Fiscalía le corresponde investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual y colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales, de donde surge que resulta insuficiente limitar la actuación a la simple manifestación general de admitir mediante un escrito la responsabilidad en determinados hechos.

Si bien la Corte no desconoce las dificultades que entrañan estas actuaciones, a esa complejidad operativa se adicionan malentendidos de orden procedimental, como el pretender remplazar la versión libre por un escrito.

En el proceso transicional que propone la Ley 975 de 2005, el Estado colombiano no se puede apartar de las obligaciones que ha contraído internacionalmente, respecto de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

En ese contexto, la pretensión orientada a permitir que los postulados confiesen su responsabilidad a través de escrito, como lo pregona el representante de la Fiscalía General de la Nación, desconoce por completo la estructura del procedimiento fijado en la ley de justicia y paz, donde la versión libre tiene una connotación especial.

No resulta válido aducir que por tratarse de ex comandantes, no conocen las circunstancias que rodearon la ejecución de los delitos, pues de lo que se trata es precisamente de garantizar el derecho de las víctimas de indagar sobre los hechos para conocer la verdad.

Precisamente, para la obtención de la confesión fue que la Ley 975 de 2005 estableció como paso inicial en el trámite judicial de la actuación la diligencia de versión libre. En su desarrollo el postulado debe admitir sus actividades delictivas de manera completa y veraz, como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006 al condicionar en esos términos la exequibilidad del artículo 17 de la ley de justicia y paz.

En relación con el tema, la Sala se pronunció en anterior oportunidad, en los siguientes términos:

“...Ciertamente, se trata de un cuerpo normativo sui generis, encauzado hacia la obtención de la paz nacional, para lo cual sacrifica caros principios reconocidos por el derecho penal de corte democrático, como los de proporcionalidad e igualdad, porque, en resumidas cuentas, se termina por otorgar a quienes a ella se acojan una pena alternativa significativamente inferior a la contemplada para las demás conductas delictivas cometidas por personas no pertenecientes a un grupo armado al margen de la ley, aunque, como contrapartida, se hace especial énfasis en los derechos de las víctimas a acceder a la verdad de lo sucedido, a que se haga justicia y a que se les brinde reparación efectiva, propendiendo además porque se les aseguren las garantías de preservación de la memoria colectiva de los hechos que los condujeron a esa condición y de no repetición, como de manera prolija lo ilustra la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370 de 2006...”(14).

Es claro, entonces, que la versión libre hace parte de un engranaje procedimental que impide pensar que se trate de una opción legal aplicable a voluntad de los intervinientes o de los funcionarios competentes al margen de las finalidades de la ley de justicia y paz, por cuanto el procedimiento allí previsto no puede entenderse en el sentido de autorizar el otorgamiento gratuito y sin ninguna condición de un beneficio jurídico, como es la pena alternativa.

En tal virtud, no resulta admisible el planteamiento del delegado de la Fiscalía General de la Nación, cuando sostiene que el presupuesto de justicia en este caso se cumplió con el escrito a través del cual los postulados admiten su responsabilidad en los hechos. La exigencia de garantizar la justicia, verdad y reparación establecida en la Ley 975 de 2005 queda a cargo de manera fundamental del postulado mediante los mecanismos allí previstos, si aspira a beneficiarse de la pena alternativa.

Ese presupuesto, por tanto, no puede entenderse satisfecho con la simple admisión general de responsabilidad sin adentrarse en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles, pues en ese caso ninguna colaboración con la justicia ha prestado el postulado para garantizar tales derechos y entonces hacerse acreedor a la pena alternativa.

El cumplimiento de tales condiciones ha de ser verificado por el magistrado de control de garantías para acceder a dar trámite a la aceptación del cargo o cargos, es decir, le corresponde previamente examinar si el desmovilizado en desarrollo de la versión libre confesó de manera completa y veraz los hechos.

Lo expuesto impone a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmar la decisión mediante la cual el Tribunal de Justicia y Paz se abstuvo de legalizar los cargos aceptados por los postulados mediante escrito.

2.2. Determinar si la confesión del postulado Walter Ochoa Guisao respecto del punible de concierto para delinquir cobijado con preclusión de la investigación con ocasión de un trámite anterior “...levanta los efectos de la cosa juzgada material absolutoria y abre camino al juzgamiento de esa conducta en el marco del proceso transicional de la Ley 975 de 2005...”.

Es verdad incontrovertible que la cosa juzgada constituye elemento esencial de la garantía del debido proceso, cuya justificación se encuentra en conceder seguridad jurídica a los asociados de que, en principio, una vez resuelto el asunto por decisión que le ponga fin definitivamente y adquiera firmeza, no puedan ser objeto de nuevo juicio.

Esta garantía adquiere mayor relevancia en materia penal, por cuanto impide afectar la libertad e impone límites al poder punitivo del Estado.

Con todo, es claro que la cosa juzgada no tiene un carácter absoluto, pues su alcance se relativiza frente a otros principios constitucionales que llegando a ser de mayor trascendencia, permiten inclusive su limitación. Baste señalar la justicia material frente al caso concreto, la tensión que surge con los derechos de las víctimas(15) y el asunto ampliamente desarrollado de las “...causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela...” contra decisiones judiciales, antes llamada vía de hecho(16).

Anotado lo anterior conviene precisar igualmente que el poder vinculante de los precedentes de la Corte Constitucional en materia de interpretación de los derechos fundamentales y en lo que aquí importa, sobre el debido proceso, está fuera de toda discusión, como también lo está la obligatoriedad de su doctrina al fijar el alcance de los mismos(17), de manera que ahora corresponde revisar el caso concreto con apoyo en ella, pues el punto en cuestión toca con garantías esenciales.

El asunto sometido a consideración no es novedoso, en cuanto ha tenido oportunidad la Sala de pronunciarse al respecto, cuyos argumentos para mayor comprensión del asunto, se transcriben en los siguientes términos:

“...De manera que la inquietud que plantean algunos sujetos procesales acerca de si la mera confesión de un postulado puede resultar suficiente en el ámbito de la justicia transicional para derruir la cosa juzgada, debe ser respondida negativamente y de manera tajante. Y la respuesta no puede ser otra, dado que ello avocaría a la administración de justicia a la anarquía jurídica, al caos judicial, en tanto sentencias con autoridad de cosa juzgada se verían derruidas con la sola manifestación de un sujeto procesal.

Piénsese tan solo en los problemas de competencia, de jerarquía, insoslayables dentro de un sistema de estructura piramidal, pues de no ser así las decisiones de los más altos tribunales podrían ser revocadas o desconocidas por funcionarios de inferior categoría, como ocurriría en el caso que nos ocupa, en donde fue la cabeza máxima de la justicia ordinaria la que profirió la decisión que se pretende revocar. Inadmisible se torna entonces, que la simple manifestación de un postulado tenga poder suficiente para desconocer la presunción de acierto y legalidad que ampara una sentencia o una decisión con el mismo efecto definitorio y la cual ha hecho tránsito a cosa juzgada.

Pero considérense igualmente otros inconvenientes, v. gr. el que tan solo uno de dos o treinta procesados que han sido beneficiados por una decisión en firme, decida renunciar a la misma, con lo cual surge el interrogante, bastaría tal manifestación de tan solo uno de ellos para dar al traste con esa decisión preclusoria o absolutoria, y cuál sería entonces la situación de aquellos procesados que se mantienen apegados a dicha decisión y a la fuerza de la cosa juzgada.

Se argumenta por la Fiscalía que nos encontramos frente a un proceso transicional que privilegia las víctimas, lo cual, en muchos aspectos tiene sentido y así ha sido reconocido, pero tampoco puede pretermitirse que la cosa juzgada y el non bis in ídem, corresponden a derechos de igual jerarquía a aquellos que se invocan a favor de víctimas, y se encuentran igualmente consagrados a nivel de tratados (Convención americana de derechos humanos (art. 8.4), Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 14).

El proceso transicional devela una situación coyuntural diferente, históricamente distinta y trascendental para la paz del país. Pero no necesariamente de lo que ese proceso significa intrínsecamente y de lo que propugna por su feliz culminación, puede entenderse que todo el procedimiento ordinario debe rendirse a esos fines y propósitos. Admitirlo comportaría instaurar excesivos privilegios que conducirían al despotismo jurídico en aras de la paz y otros fines que persigue el proceso transicional y la paz así lograda, por encima de la juridicidad, genera más injusticia, más guerra. La paz debe lograrse en los cauces de la legalidad. O, bien parafraseando al jurista italiano G. Vassalli, deberíamos concluir que, toda evasión del derecho positivo en nombre de la justicia, o en la búsqueda de la justicia, sería preferible que se hiciera exclusivamente por medio de la ley.

Qué debe hacerse, entonces, si un postulado, a quien se le imputa una conducta punible cometida con ocasión de su vinculación a grupos al margen de la ley, que hayan declarado su intención de acogerse a la Ley 975, confiesa un hecho por el que fue absuelto en otro proceso. El procedimiento a seguir, como lo sugiere la magistrada de control de garantías y lo admiten todos los sujetos procesales, no puede ser otro que el de la acción de revisión, a fin de que a través de ella, se deje sin valor ni efecto esa decisión preclusoria o absolutoria.

Tal es el camino que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y no pueden admitirse excusas como las esgrimidas por el fiscal apelante, según el cual no se encuentran causales aplicables, o que el proceso de revisión es lento y muy técnico etc. Ya en su alegato el procurador y el defensor pusieron en evidencia cómo la situación que se plantea es adecuable a una o a varias de las causales de revisión estipuladas en los dos procedimientos penales vigentes. La confesión del postulado, la nueva verdad que se revela, debe ser la base para incoar la acción de revisión. Es la prueba nueva, es el hecho nuevo que presupuesta la causal de revisión. Esa nueva versión de los hechos, que fija el desarrollo de los mismos, sus circunstancias particulares, que atribuye nuevas responsabilidades, cumple una doble función, ya como fundamento o nueva base probatoria, pero también como presupuesto de verdad en lo que particularmente interesa a las víctimas.

Adviértese, contra el argumento de la morosidad de la acción de revisión, que la finalidad que se persigue, se logra tan solo con el hipotético o eventual fallo de revisión, sin que sea menester reiniciar otro juicio, dado que aquel procedimiento cuya revisión se demandó pasaría a integrarse al proceso de justicia y paz, es decir, emitida la orden de revisión, esto es, derruida la cosa juzgada, ese proceso se integraría al proceso transicional, para los efectos de quienes han sido postulados y se rompería la unidad procesal, siguiendo su curso en la justicia ordinaria, para quienes no se han sometido a la ley de transición.

El procedimiento no puede ser lento si cuenta con la anuencia del beneficiado con la decisión absolutoria o preclusoria, es decir, si él está de acuerdo en que se inicie la acción de revisión y se revoque ese juicio. Adviértase sobre este punto además que, en el caso sub judice, como con vehemencia lo señalaba el defensor de los postulados, y lo destacaba igualmente el Ministerio Público, ninguno de ellos ha exteriorizado su voluntad de renunciar a la cosa juzgada...”(18).

Acorde con lo anterior, si como se ha dejado plasmado, los jueces en sus actuaciones deben velar por la integridad de la Constitución y en ese propósito habrán de contraerse a los precedentes del tribunal encargado de su guarda, y en particular frente al caso concreto, atendiendo al alcance que sobre los derechos fundamentales haya fijado, valga decir, su doctrina constitucional, es preciso reconocer que la postura del recurrente se aleja sustancialmente de ello, pues en relación con la relatividad de la garantía de la cosa juzgada, es necesario aclarar que la misma no puede apoyarse en la simple discrecionalidad del operador jurídico.

No se puede perder de vista que el derrumbamiento de la cosa juzgada se encuentra debidamente reglado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la acción de revisión, y para el caso específico de la posibilidad de demandar en revisión decisiones absolutorias o preclusorias y en particular las que tienen que ver con violaciones a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, ha de recordarse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-04 de 2003, introdujo la posibilidad de acudir a la mencionada acción.

En tales condiciones, la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de abstenerse de legalizar los cargos respecto del delito frente al cual el postulado fue absuelto por la justicia ordinaria, en cuanto, como se ha concluido, se encuentra frente a decisiones con fuerza de cosa juzgada tan solo removible a través de la acción de revisión, debe ser confirmada.

2.3. Establecer si en relación con el hecho 54 (homicidio de Camilo Antonio Campusano Cárdenas); procede el delito de secuestro extorsivo según lo determinó la Sala, o por el contrario corresponde adecuarlo al punible de exacciones o contribuciones arbitrarias acorde con lo solicitado por la Fiscalía.

La pretensión del proceso es reconstruir, en lo posible de forma completa, hechos que eventualmente se traduzcan en conductas jurídicamente relevantes para el derecho penal, en orden a determinar si se descarta o se confirma la vigencia de la acción punitiva.

El proceso penal así concebido brinda un abanico infinito de posibilidades en punto de los caminos que puede experimentar hasta llegar a su conclusión por las distintas vías que ofrece la legislación procedimental, de modo que ese amplio espectro de posibilidades de por sí representa un reto mayúsculo frente a las garantías debidas a las partes en desarrollo de las distintas fases, pues entran a jugar un papel protagónico cada vez que se produzcan las actuaciones judiciales.

Las particularidades de cada caso serán entonces la base para determinar los derroteros frente a las garantías debidas y no a la inversa, pues en la investigación penal lo que es posible gobernar y controlar son los actos de las partes y las actuaciones judiciales, mas no ese pasado que ahora se aspira a recoger con los elementos de persuasión, entre otras cosas, porque las limitaciones humanas y tecnológicas a menudo impiden hacerlo completamente y en forma inmediata.

Como la reconstrucción de los hechos es por excelencia paulatina y a medida que ello sucede igualmente avanza el proceso, todo lo cual, en principio, se produce de manera simultánea, no obstante ello no siempre es posible y por tanto y en general, la recuperación de las fuentes de información a través de las cuales se conocen los hechos pueden estar rezagadas de las condiciones jurídicas que ofrece el proceso.

Así las cosas, en orden a establecer a cuál de los tipos penales en cuestión es factible acudir para regular el asunto, es necesario tener en cuenta que las circunstancias fácticas materia del recurso de alzada, indican lo siguiente.

En horas de la noche del 22 de septiembre de 2003, una persona que se movilizaba en una moto, disparó contra Camilo Antonio Campusano Cárdenas, causándole la muerte.

Atendiendo a las manifestaciones de Saturia Campuzano Cárdenas, hermana de la víctima, su consaguíneo en los ratos libres y en horas de la noche manejaba un Jeep propiedad de alias “Elkin”, a quien debía entregar determinada cantidad de dinero y al no hacerlo, lo asesinaron.

Relata que luego de tales acontecimientos, ella fue amenazada y dos de sus hermanos fueron secuestrados y amenazados por miembros de las autodefensas, y al ser interrogados sin obtener dato alguno respecto del dinero en cuestión, los dejaron libres.

No obstante lo anterior, luego del secuestro les enviaron “boletas” en las cuales los amenazaban y les cobraban el dinero que supuestamente habría hurtado su hermano.

De conformidad con dicha exposición que se constituye en el elemento material probatorio base de la imputación, se desprende que efectivamente, como lo indicó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal, se configuró un secuestro extorsivo, en cuanto las actividades de los miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, se enfocaron en retener y amenazar a las personas mencionadas con la finalidad de obtener información respecto del dinero que debía entregarles Camilo Antonio Campusano Cárdenas.

En tales condiciones, la determinación impugnada en este acápite será confirmada.

En torno a la estructuración del delito de tortura en persona protegida, en relación con los hechos 32 (masacre de Guaduas); 35 (masacre de Saferbo); 36 (homicidio y desaparición forzada de Julián Marín Orrego); 40 (homicidio agravado y desaparición forzada de Nelson Ortiz Gallego); 41 (homicidio de Aldemar Cruz Medina); 42 (homicidio de José Bernardo Vásquez); 47 (masacre del Río Guarinó); 54 (homicidio de Camilo Antonio Campusano Cárdenas); 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo); 56 (desaparición forzada de Marco Antonio Jiménez); 58 (homicidio de Floresmiro Mondragón); 61 (desaparición de Carlos Hernán González Morales, Jhon Fredy González Reyes y Luís Carlos González Patiño); 66 (desaparición forzada de Jhon Carlos Chica Higinio); 67 (desaparición de Iván Darío Beltrán Salas y 69 (desaparición de José William Sánchez Vega).

El artículo 18 de la Ley 975 de 2005 dispone que “Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse, razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la norma citada, la Sala debe resaltar que deriva inadmisible legalizar cargos en contra de un postulado cuando no existan elementos materiales probatorios que permitan inferir, de manera razonable, su participación en la acción delictiva que se le imputa.

Una decisión en otro sentido es contraria al espíritu del proceso transicional; de un lado, no se obtendría la verdad sobre las actividades criminales, y del otro, se imputaría a un postulado determinado sin importar si este actuó o no en las conductas descritas.

En ese orden de ideas, son inadmisibles los argumentos de la fiscalía y de algunos representantes de víctimas, cuando afirman que la decisión de no legalizarlos implica una desatención a las víctimas.

La Sala insiste en que la ley de Justicia y Paz no se limita a la reparación integral, sino que también incluye los pilares de la obtención de la verdad y la justicia para víctimas y victimarios, siendo inaceptable la imputación de punibles en los cuales el postulado no ha tenido participación alguna.

El delito de tortura en persona protegida descrito en el artículo 137 del Código Penal, exige que la víctima sea sometida a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospecha ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.

Así las cosas, en las circunstancias de cada caso se debe distinguir el propósito que orientó al atacante para generar el dolor o sufrimiento excesivo sobre el occiso, de modo que en aquellos eventos en donde se procuró el daño por sí mismo estaríamos frente al fenómeno de la sevicia como causal de agravación del punible de homicidio, pero si se halla alguno de los fines exigidos en el artículo 137, se presentaría el punible de tortura en persona protegida.

En los casos objeto de apelación, encuentra la Sala que en ninguno de los transcritos se consumó el delito de tortura, según pasa a evidenciarse.

El Fiscal recurrente aduce en apoyo de su planteamiento que se trata en esta oportunidad de homicidios cometidos sobre personas retenidas en un lugar, amarradas y luego trasladadas a otro sitio, eventualidad que en su opinión implica un sufrimiento físico y psicológico constitutivo de una conducta típica autónoma.

Por su parte, los apoderados de las víctimas, explican que el delito de tortura no exige que se materialice siempre de manera física y aclaran que puede ser aún más dolorosa la tortura psíquica.

Afirman que como ejemplo se puede acudir al relato de Álvaro Murillo Flórez, quien en relación con el caso 32 expresó que las víctimas fueron interrogadas, mientras que en el caso 35, William Alberto Domínguez sostuvo que fueron interrogadas y vendadas durante tres días, al tiempo que en el caso 40, se informó que la víctima fue interrogada y amarrada. A su vez, respecto del caso 41, María Esperanza Buitrago, esposa de la víctima, informó que lo habían amarrado.

Si bien es cierto los hechos transcritos comparten una característica común consistente en la presencia de un interrogatorio a las víctimas o la utilización de fuerza desmedida en su contra al haber sido amarradas, dicha eventualidad no estructura de por sí el delito de tortura en persona protegida, siendo pertinente en su lugar distinguir entre este punible y la comisión de homicidio agravado por la sevicia.

En relación con este aspecto, sostuvo la Corte Suprema de Justicia:

“...La sevicia requiere cierto ánimo frío, deseo de hacer daño por el daño mismo, sin ninguna necesidad y únicamente por exteriorizar la capacidad vengativa del ofensor...”(19).

Ninguna de las finalidades a que se contrae el punible de tortura en persona protegida, se aprecian en cada uno de los casos sometidos a consideración, pues los elementos materiales probatorios dan cuenta respecto a que fueron interrogados o amarrados antes de su ejecución, además que, como lo señala la Sala de Justicia y Paz del Tribunal, las actas de inspección de los cadáveres indican que no presentan señales de violencia o tortura física y/o psíquica.

La decisión cuestionada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación y por los representantes de las víctimas, se confirmará.

2.4. Solicitud de revocatoria de la adición que de manera oficiosa realizó la Sala en torno al caso 63 (Homicidio de Juan Carlos Pabón Sandoval).

Se trata de un aspecto intrascendente en orden a la efectividad de la decisión objeto de impugnación, pues bien sea que la Fiscalía elevó petición en tal sentido o que la Sala de Justicia Paz lo decidió de oficio, lo cierto es que en últimas el cargo de tortura en persona protegida atribuido con ocasión del hecho 63 fue legalizado.

En tales condiciones, la Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.

2.5. Respecto del cargo de exacciones o contribuciones arbitrarias no legalizado, en cuanto tiene que ver con los casos 52 (secuestro de Mariela Silva Cruz) y 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo).

En atención a que, tal y como lo sostienen el delegado de la Fiscalía General de la Nación apelante y la representante del Ministerio Público en su intervención como no recurrente, concurren en los casos 52 (secuestro de Mariela Silva Cruz) y 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo) los fundamentos probatorios que dan cuenta de la forma en que se solicitó a las víctimas el pago de impuestos por un tiempo determinado, concretamente la suma de $ 5.000 mensuales, en el primer caso porque la víctima informó que desde el año 2002 le exigieron el pago, y en el segundo, debido a que la hipótesis fáctica presentada indica que la víctima pagaba cuota mensual de $ 5.000, se revocará la determinación impugnada y en su lugar se legalizara el cargo de exacciones o contribuciones arbitrarias.

2.6. Acerca de la configuración del delito de actos de terrorismo formulado respecto de los hechos 4 (Homicidio en persona protegida de Yosimi Silva Melo y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil de Nataly Olmos Chávez); 32 (masacre de Guaduas) y 37 (homicidio de Jhon Jairo Celis Celis).

Resulta acertado lo señalado por el a-quo en cuanto existe una marcada diferencia entre los delitos de homicidio y terrorismo, pues de no distinguirse ambos punibles se incurriría en el error de considerar que ante la presencia del primero siempre se consumaría el segundo.

Respecto a los elementos normativos de la conducta de terrorismo, la Sala ha sostenido que “Este delito, cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública, requiere para su estructuración típica que el sujeto —no cualificado— i) realice una de las conductas alternativas: provocar o mantener en zozobra o terror a la población o parte de ella, ii) lo cual debe lograr a través de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, iii) utilizando para ese fin medios que tengan la capacidad de causar daños.

Es así como esta conducta punible instantánea, de resultado objetivo, también es de peligro real, pues demanda el empleo de esos medios potencialmente dañinos a fin de obtener la finalidad propuesta, esta es, causar pánico en la comunidad, a condición de que los actos desplegados generen peligro a las personas o bienes mencionados en el tipo”(20).

De otra parte, el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal, prescribe una circunstancia de agravación punitiva del homicidio cuando este se presente “Con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas o en persona que sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública, profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la nación o acreditado ante ella, por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón del ejercicio de sus funciones, o en cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas; o en sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

En cuanto a este injusto penal, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:

“El delito de homicidio con fines terroristas contiene en su estructura elementos subjetivos que concretan o descartan su tipicidad, como ocurre en todos los casos en que la redacción de un texto punitivo utiliza expresiones como: con el fin de, con el propósito de, para, con fines, con el ánimo de, etc.

Del análisis que ello implica surge evidente que los homicidios cometidos por un grupo de hombres armados, a quienes se ha llamado en el expediente "paramilitares", en las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron tienen la entidad suficiente para provocar estado de zozobra y terror en la población afectada, e inclusive para mantenerla, así sea por un lapso determinado, en aquellas condiciones de sometimiento y humillación por la fuerza del pánico”(21). (Destacado fuera de texto).

“Por lo mismo, la circunstancia de agravación del homicidio por los fines terroristas, “no se logra por el solo miedo acentuado que sienta la población o un sector de ella, como consecuencia de las aisladas o frecuentes acciones de individuos, bandas o grupos armados; es necesario que ese resultado se consiga, en razón de conductas y medios idóneos para causar estragos (por ejemplo utilización de bombas, granadas, cohetes, etc.), siempre que dicho uso produzca un peligro común o general para las personas, toda vez que además de la ofensa al bien supremo de la vida, se trata de amenazar otros bienes jurídicos tutelados, como la seguridad y la tranquilidad públicas”(22).

Bajo la premisa anterior, resulta necesario verificar los hechos objeto de imputación, con la finalidad de establecer la concurrencia de los elementos normativos del tipo penal de actos de terrorismo acorde con el cuestionamiento del apelante, pues solo allí se podrá determinar la existencia de ellos.

Encuentra la Sala en relación con el caso 4 (homicidio en persona protegida de Yosimi Silva Melo y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil de Nataly Olmos Chávez) lo siguiente: los hechos dan cuenta que el 1º de abril de 2003, en instantes en que el señor Yosimi Silva Melo trasportaba a menores de edad en una ruta escolar, fue interceptado por varios hombres, uno de los cuales ingresó al automotor y le disparó causándole la muerte.

De otra parte, Nataly Olmos Chávez se desplazó de la zona, en atención a que José Daniel Sánchez, alias “Chepe” miembro del frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, le envió razón con su padre para que abandonara la zona.

En cuanto hace referencia a la masacre de Guaduas (caso 32), en horas de la mañana del 29 de marzo de 2001 tres personas de la población fueron asesinadas, y en el lugar de los hechos fueron encontradas leyendas alusivas al frente “Omar Isaza” de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

A su vez, en cuanto tiene que ver con el caso 37 (homicidio de Jhon Jairo Celis Celis), en horas de la tarde del 4 de septiembre de 2001, en vía carreteable de Fresno (Tolima), fue encontrado el cuerpo sin vida de Jhon Jairo Celis Celis

Así las cosas, para la Sala es consistente la imputación de homicidio en persona protegida, pero no del punible de actos de terrorismo, pues el acto delictivo estaba principalmente dirigido a la consumación del asesinato de las víctimas, y no al amedrentamiento de la comunidad mediante actos que pusieran en peligro la vida, integridad física o la libertad de las personas.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal en cuanto no legalizó el delito de actos de terrorismo.

2.7. En relación con el delito desplazamiento forzado descrito en el hecho 61 (desaparición de Carlos Hernán González Morales, Jhon Fredy González Reyes y Luís Carlos González Patiño).

Ciertamente, el Fiscal dio a conocer el elemento material probatorio pertinente, como es la declaración de Luz Mery Reyes Valencia, esposa de la víctima, quien expresó que “...a raíz de todo esto y luego de quedarse un año allí, tuvo que vender la casa y la tierra por 4 millones, fue como la mitad del valor real y total...”.

En tales condiciones, se revocará la determinación impugnada y en su lugar se legalizará el cargo por el delito de desplazamiento forzado descrito en el hecho 61 (desaparición de Carlos Hernán González Morales, Jhon Fredy González Reyes y Luís Carlos González Patiño), pues si bien la víctima se tardó un año en abandonar el lugar, todo indica que dicha decisión obedeció “...a raíz de todo esto...”, que no es más que las presiones a que fue sometida hasta lograr que abandonara la zona.

2.8. En torno a la decisión de la Sala de legalizar el delito de hurto calificado en relación con los hechos 2 (homicidio en persona protegida y desaparición forzada de Jhon Ferned Niño Alvarado); 32 (Masacre de Guaduas); 33 (Masacre de los Cazadores); 35 (Masacre de Saferbo); 46 (Secuestro de José Fernando Vélez Ramírez y Otros) y 58 (Homicidio de Floresmiro Mondragón); en lugar de hacerlo por el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos acorde con la pretensión de la Fiscalía, se considera:

Ninguna objeción encuentra la Sala de Casación Penal en torno a la decisión del tribunal de justicia y paz de no legalizar el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos previsto en el artículo 154 del Código Penal, toda vez que la finalidad de la disposición no se enmarca exclusivamente en el hecho material de destruir, inutilizar o apropiarse de bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, sino que es necesario que dicho comportamiento se encamine a la destrucción o apropiación de bienes que sean aptos para alcanzar fines militares por su naturaleza, uso o destinación y por consiguiente que otorguen una ventaja militar concreta.

Así, de las circunstancias en que ocurrieron los hechos en cuestión acorde con los elementos materiales probatorios aportados, concluye la Corte que en ninguno de ellos se acreditó la ventaja militar puntual por parte de los ejecutores de los comportamientos reprochados, como elemento constitutivo del tipo.

En tales condiciones, se confirmará la determinación impugnada.

No desconoce la Sala la importancia que representa el que las imputaciones y acusaciones en el proceso de Justicia y Paz se contextualicen y se prefiera su adecuación y ajuste a las normas del derecho internacional humanitario que hacen parte del Código Penal en lugar de la tipicidad ordinaria, pero es claro que dicha eventualidad solo es factible cuando se acredite en debida forma la presencia de los elementos estructurales del punible que se pretenda atribuir.

La decisión impugnada, en consecuencia, será confirmada en cuanto se refiere a este específico punto de inconformidad.

2.9. Respecto de la legalización del delito de secuestro simple en los hechos 41 (homicidio de Aldemar Cruz Medina); 44 (secuestro y tortura de Jorge Iván Buitrago García); 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo); 62 (homicidio de Aldemar Triana Suaza) y 63 (homicidio de Juan Carlos Pabón Sandoval); en lugar de hacerlo por el delito de detención ilegal formulado por la Fiscalía.

Reiteradamente ha sostenido la Sala que los grupos armados al margen de la ley conocidos como Autodefensas, se organizaron en un principio bajo dos objetivos específicos, a saber: actuar como estructura antisubversiva y banda de delincuencia organizada con fines de “limpieza social”, contexto en el cual cometieron simultáneamente toda suerte de acciones delictivas, tales como crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y delitos comunes(23).

En cuanto se relaciona específicamente con la segunda de las mencionadas finalidades, ciertamente las autodefensas campesinas del Magdalena Medio cometieron plurales homicidios sobre personas con sindicaciones judiciales o señalamientos sociales y en razón de ello, no resulta desacertado, como lo pregona el delegado de la Fiscalía General de la Nación, que a tales víctimas se les sometió a una “...sentencia ficta y extrajudicial por conductas que debieron ser conocidas, investigadas y juzgadas por jueces legalmente constituidos en el marco del debido proceso...”.

De acuerdo con los referentes normativos de la Carta Política y el bloque de constitucionalidad, la libertad personal está reconocida como un derecho fundamental inherente a la naturaleza y dignidad humanas, aun cuando no como valor absoluto, toda vez que puede ser limitado conforme al régimen del Estado social de derecho de manera excepcional y reglada, vale decir, mediante precisos requisitos señalados en la Constitución y la ley, cuales son: (1) monopolio judicial; (2) debido proceso en la orden escrita y la ejecución de la orden de la captura; y, (3) principio de legalidad.

En atención a dichas circunstancias, es claro que coartar la libertad de una persona con la finalidad de impedir que acceda a las instancias judiciales competentes, constituye comportamiento que desconoce los principios fundantes del orden social y legal imperante.

Tomando en consideración los anteriores factores relevantes, la Corte no duda en señalar que la necesidad de acudir al examen de cada uno de los eventos en cuestión, en orden a establecer si la retención ilegal atribuida a los postulados, lo fue con la finalidad de sustraer a las víctimas de sus derechos procesales a ser investigadas y juzgadas por las autoridades competentes, o de la simple aprehensión y restricción de la libertad de la persona.

Así, en cuanto tiene que ver con el caso 41 (homicidio de Aldemar Cruz Medina); se observa que en horas de la noche del 17 de enero de 2003, varios hombres armados incursionaron en el lugar de residencia de Aldemar Cruz Medina, lo amarraron de las manos, se lo llevaron y al día siguiente su cuerpo fue hallado con tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

Aparece constancia en la actuación respecto a que en desarrollo del procedimiento de la Ley 975 de 2005 “...se incorporó información según la cual el secuestro y posterior muerte de Aldemar Cruz Medina, fue autoría material de miembros integrantes de las ACMM, hecho derivado del señalamiento que pesaba sobre él de su presunta participación en varios hechos de hurto que se presentaron en la zona...”(24).

En relación con el caso 44 (secuestro y tortura de Jorge Iván Buitrago García); se tiene que en el mes de agosto de 2003, en la población de Fresno (Tolima) Jorge Iván Buitrago García fue esposado y amarrado a un poste de luz desde las 7 de la noche hasta las 11 de la mañana del día siguiente, le arrojaron agua y tierra, lo golpearon, propinándole patadas y puñetazos, y una vez desamarrado, lo obligaron a limpiar la carretera que de la vereda el Hatillo conduce a Piedra Grande.

Se incorporó información relativa a que el castigo obedeció a la agresión física propinada por la víctima a la enfermera del puesto de salud de la vereda Piedra Grande del municipio de Fresno (Tolima)(25).

El caso 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo); indica que en horas de la mañana del 4 de noviembre de 2003, en la finca la Esperanza, vereda Los Andes, jurisdicción del municipio de Fresno (Tolima), Carlos Mario Rodríguez Infante, apodado “Pepe” y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo, apodado “Capote”, se encontraban laborando cuando personas desconocidas los retuvieron, los amarraron y se los llevaron, y más tarde fue hallado el cuerpo sin vida del primero en la finca La Balsa, mientras que el cadáver del segundo fue encontrado cuatro días después en la vereda de Paramillo.

En versión libre, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias “Elkin”, aceptó la responsabilidad del hecho e informó que las víctimas presuntamente pertenecían a una banda de atracadores(26).

A su vez, en cuanto se relaciona con el caso 62 (homicidio de Aldemar Triana Suaza); aparece información acorde con la cual el 13 de octubre de 2000, en el sector El Chorro del municipio de Honda (Tolima), Aldemar Triana Suaza, señalado de dedicarse al consumo de estupefacientes, fue subido por la fuerza a un vehículo automotor de vidrios polarizados y llevado al sitio donde fue asesinado.

Por último, respecto del caso 63 (homicidio de Juan Carlos Pabón Sandoval); el 5 de noviembre de 2000 Juan Carlos Pabón Sandoval se encontraba en la cancha de futbol de la escuela del corregimiento de Guarinocito de La Dorada (Caldas), cuando hombres armados con pistolas se lo llevaron a la fuerza.

Su cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en la vereda Perico de la misma comprensión territorial. Se indica que la víctima era señalada como consumidor de sustancias estupefacientes y se dedicaba al hurto(27).

De la anterior secuencia, se desprende sin lugar a dudas que la finalidad del grupo armado organizado al margen de la Ley que ejecutó los comportamientos delictivos, no era otra que “...hacer justicia por su propia mano...”, lo cual necesariamente implica que se sustrajo a las víctimas de la posibilidad de ser juzgadas de manera legítima e imparcial, de modo que se revocará la determinación impugnada y en su lugar se legalizara el cargo acorde con las pretensiones del recurrente, esto es por detención ilegal y privación del debido proceso (C.P., art. 149).

2.10. En torno a la no legalización del delito de Reclutamiento Ilícito descrito en el hecho 81 (reclutamiento ilícito de Yeison Reinaldo Salgado Valencia).

De conformidad con la situación fáctica puesta de presente en relación con el caso 81 (Reclutamiento Ilícito de Yeison Reinaldo Salgado Valencia), se tiene que la fecha de nacimiento de la víctima es el 22 de julio de 1985.

De otro lado, informó Yeison Reinaldo Salgado Valencia que fue reclutado para la organización armada ilegal “...el 20 o 23 de julio de 2003...”.

Indica lo anterior que aun de no contarse con entrevista del 8 de marzo de 2011 en cuyo curso Salgado Valencia aclaró que fue reclutado cuando tenía 15 años, lo cierto es que desde su relato inicial puso de presente que el acto irregular tuvo lugar el 20 o 23 de julio de 2003.

Así las cosas, se observa que para el 20 de julio de 2003 Yeison Reinaldo Salgado Valencia todavía no había cumplido la mayoría de edad, de allí que el delito de reclutamiento ilícito se estructura en esta oportunidad, motivo por el cual se revocará la determinación impugnada y en su lugar se impartirá legalidad al cargo por Reclutamiento Ilícito descrito en el hecho 81.

* * * * * *

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral SÉPTIMO de la providencia impugnada y en su lugar DECLARAR LA LEGALIDAD formal y material de los cargos formulados a Ramón María Isaza Arango, alias “El viejo”, “Moncho”, “El indio”, “El patrón” o “Munrra” y a Walter Ochoa Guisao o Walter Ignacio Lastra García, alias “Gurre”, por el delito de exacciones o contribuciones arbitrarias, en cuanto tiene que ver con los casos 52 (secuestro de Mariela Silva Cruz) y 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo).

2: REVOCAR el numeral NOVENO de la providencia impugnada y en su lugar DECLARAR LA LEGALIDAD formal y material de los cargos formulados a Ramón María Isaza Arango, alias “El viejo”, “Moncho”, “El indio”, “El patrón” o “Munrra” y a Walter Ochoa Guisao o Walter Ignacio Lastra García, alias “Gurre”, por el delito de desplazamiento forzado descrito en el hecho 61 (desaparición de Carlos Hernán González Morales, Jhon Fredy González Reyes y Luís Carlos González Patiño).

3. REVOCAR el numeral VIGÉSIMO SEGUNDO de la providencia impugnada y en su lugar DECLARAR LA LEGALIDAD formal y material de los cargos formulados a Ramón María Isaza Arango, alias “El viejo”, “Moncho”, “El indio”, “El patrón” o “Munrra” y a Walter Ochoa Guisao o Walter Ignacio Lastra García, alias “Gurre”, por el delito de detención ilegal respecto de los hechos 41 (homicidio de Aldemar Cruz Medina); 44 (secuestro y tortura de Jorge Iván Buitrago García); 55 (homicidio de Carlos Mario Rodríguez Infante y Nelson de Jesús Sánchez Acevedo); 62 (homicidio de Aldemar Triana Suaza) y 63 (homicidio de Juan Carlos Pabón Sandoval); en lugar del delito de secuestro simple.

4. REVOCAR el numeral VIGÉSIMO CUARTO de la providencia impugnada y en su lugar DECLARAR LA LEGALIDAD formal y material de los cargos formulados a Ramón María Isaza Arango, alias “El viejo”, “Moncho”, “El indio”, “El patrón” o “Munrra” por el delito de reclutamiento ilícito descrito en el hecho 81 (reclutamiento ilícito de Yeison Reinaldo Salgado Valencia).

5. CONFIRMAR la decisión impugnada en lo demás.

6. DEVOLVER la actuación a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con el fin de que continúe con el trámite previsto en la Ley 1592 de 2012.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) C-250 de 2011.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-406 del 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(3) Monroy Cabra, Marco Gerardo, “La Interpretación Constitucional”, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, 2005, pág. 145 a 156 y 169 a 174.

(4) “i) el control de constitucionalidad dirigido a que esta Corporación excluya del ordenamiento las leyes contrarias a sus dictados, previo el ejercicio ciudadano de la acción pública prevista para tal fin (arts. 241 a 244), ii) la acción de nulidad por inconstitucional confiada al Consejo de Estado, en virtud de igual ejercicio y con igual objetivo, pero respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuyo control no ha sido confiado a esta Corte (art. 237), iii) el control automático de los decretos legislativos dictados en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 212, 213 y 214, iv) la revisión previa de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben, v) la inaplicación por parte de todas las autoridades, sin el requisito de previa solicitud, de las leyes o normas que la contrarían (art. 4º), vi) la observancia de sus preceptos a todos los campos mediante el imperativo reconocimiento del orden jurídico constitucional en todas las cuestiones de la vida nacional (arts. 83 a 94) y vii) la inclusión de la Constitución como fuente primaria de las decisiones judiciales (Art. 230)”. Corte Constitucional, Sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-37 del 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.

(8) Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 1995, capítulos 7 a 9.

(9) “...el juicio de legalidad material que le corresponde al magistrado de control de garantías en la audiencia de imputación, está circunscrito a los motivos fundados que propician la inferencia razonable de la probable autoría o participación del procesado en los hechos a él atribuidos. Esto es que está circunscrita su intervención en este punto, a la revisión del fundamento argumentativo de la imputación”. Auto del 01 de julio de 2009, rad. 31788.

(10) Tales como las medidas cautelares sobre bienes del desmovilizado, las provisiones relativas a la reparación a víctimas.

(11) Una revisión detallada del Esquema Procesal de las investigaciones en justicia y paz, se refirió en el auto del 31 de julio de 2009, radicado número 31539, en donde la Sala precisó que el objetivo de esta diligencia es que el fiscal... “solicitará al magistrado de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, en la que, a través de una valoración jurídica que satisfaga el presupuesto de tipicidad estricta de las conductas punibles, concrete la imputación fáctica y precise las categorías de atribución subjetivas cometidas por el desmovilizado, en su condición de militante de una organización ilegal, para que de manera espontánea, libre, voluntaria, y asistido por su defensor, manifieste qué cargos o delitos acepta”. Y si existe la aceptación en tan precisas condiciones, el magistrado que funge como control de garantías... “remitirá la actuación a la secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de conocimiento...”. (ib. Auto de mar. 11/2003, rad. 33 301).

(12) Corte Suprema de Justicia, auto del 8 de marzo de 2010, rad. núm. 33301.

(13) Auto del 9 de febrero de 2009, radicación 30955.

(14) Auto del 25 de septiembre de 2005, radicación 28250.

(15) Corte Constitucional, sentencias C-004 del 20 de enero de 2003 y C-282 del 3 de abril de 2002.

(16) Corte Constitucional, sentencia T-091 del 10 de febrero de 2006.

(17) Corte Constitucional, sentencia T-292 del 6 de abril de 2006.

(18) Corte Suprema de Justicia. Auto de segunda instancia del 7 de noviembre de 2012. Rad. Nº 39665.

(19) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 27 de febrero de 2009. Rad. 31198.

(20) 7 de mayo de 2010. Rad. 31510.

(21) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 9 de abril de 2002. Rad. 18358.

(22) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 10 de septiembre de 2002. Rad. 19855.

(23) Ver monografía sobre “Fórmulas de imputación de crímenes internacionales en el marco de Justicia y Paz”. Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz y CIT paz. Área de Justicia. Director: Alejandro Aponte.

(24) Folio 42 cuaderno número 4

(25) Folio 45 cuaderno número 4

(26) Folio 54 cuaderno número 4

(27) Folio 60 cuaderno número 4