Sentencia 40255 de agosto 24 de 2010

 

Sentencia 40255 de agosto 24 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Rad.: 40255

Acta 30

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

El alcance de la impugnación es defectuoso en la medida en que la censura solicita la casación del fallo del tribunal e igualmente su revocatoria, lo cual representa un imposible jurídico, ya que una vez quebrantada la sentencia de segundo grado en sede de casación, lo cual implica su desaparición del mundo jurídico, no es posible revocar lo que ya no existe.

En cuanto a la acusación, también incurre el cargo en serias deficiencias que comprometen su estudio de fondo.

En efecto, no obstante denunciar la violación indirecta de la ley, especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, a renglón seguido expresa que como consecuencia de haber interpretado erróneamente las disposiciones sustanciales, que por ninguna parte aparecen precisadas, el Tribunal aplicó indebidamente la Ley 33 de 1985 y deja de aplicar los artículos 12, 13 y 20 del Acuerdo 49 de 1990.

Salta a la vista que confunde el recurrente las dos modalidades de la causal primera de casación, pues la violación directa de la ley supone la plena conformidad de la censura con los supuestos fácticos que da por establecidos el sentenciador, ya que el error surge de la norma que se utilizó para resolver la controversia por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, mientras que la violación indirecta se configura por deficiencias del sentenciador al apreciar equivocadamente o dejar de apreciar los elementos de convicción calificados aportado a los autos, como son la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial.

Pero no obstante denunciar la comisión de unos errores de hecho, modalidad de violación que es propia de la vía indirecta, la censura no indica de donde surgieron tales errores, es decir cuáles fueron los medios de prueba que el juez colegiado apreció con error o dejó de apreciar, qué es lo que dicen en realidad tales instrumentos y qué fue lo que el tribunal extrajo de los apreciados indebidamente.

Ahora bien, en la demostración del cargo, la parte impugnante expone una serie de planteamientos jurídicos que son por completo ajenos a la violación indirecta de la ley, que fue la planteada.

De todas maneras, la demandante aspira a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, que es del siguiente tenor:

“Requisitos de la pensión de vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. (Resalta la Sala).

Como en la demanda inicial se afirma que la actora nació el 22 de octubre de 1943, los cincuenta y cinco (55) años de edad los cumplió el 22 de octubre de 1998, las quinientas (500) semanas de cotización las debió acreditar entre el 22 de octubre de 1978 y el mismo día y mes del año 1998.

Si en la misma pieza procesal se asevera que la accionante laboró como funcionaria pública para Dansocial entre el 22 de agosto de 1977 y el 16 de septiembre de 1979 y luego entre el 16 de octubre de 1985 y el 30 de agosto de 2000, cuyos aportes en dichos lapsos fueron realizados a la Caja Nacional de Previsión, la conclusión que sigue es que no hay acreditación procesal de las quinientas (500) semanas de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales dentro de los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de los cincuenta y cinco (55) años de edad por parte de la pretendiente a la pensión de vejez.

La intención de la censura de tener como semanas cotizadas las sufragadas a la Caja Nacional de Previsión es inadmisible, pues ninguno de los reglamentos del ISS, por lo menos los expedidos antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, permitían para el reconocimiento de las pensiones a su cargo, las semanas cotizadas a otra entidad de previsión social.

Las prestaciones a cargo del ISS se reconocían de conformidad con sus reglamentos, de manera que las únicas cotizaciones válidas eran las realizadas al ISS y nada más que a esta entidad.

Por haber sido empleada pública durante los mencionados períodos, el régimen pensional de la demandante no era el del ISS sino el propio de dicha clase de servidores con arreglo, en principio a la Ley 33 de 1985. Ello explica su afiliación a la Caja Nacional de Previsión y las cotizaciones que hizo con destino a la misma.

En ese tiempo, los regímenes pensionales a cargo del ISS y de la Caja Nacional de Previsión eran excluyentes e incompatibles, salvo la posibilidad regulada por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 de acceder a una pensión jubilatoria por 20 años de aportes “sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital, y en el Instituto de Seguros Sociales…”.

Justamente, el citado precepto es un referente importante para reafirmar la conclusión antes dicha sobre la incompatibilidad de los regímenes pensionales existentes para la época de los hechos, y desde luego, sirve también para corroborar la imposibilidad legal que impide que las cotizaciones realizadas, como en este caso, a la Caja Nacional de Previsión, sean utilizadas para pretender pensiones reguladas por los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, especialmente el previsto en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

De lo anterior, surge indiscutiblemente que en ningún error incurrió el Tribunal cuando confirmó la decisión absolutoria de primer grado, por lo que así el cargo hubiera sido posible estudiarlo en el fondo, tampoco hubiera tenido vocación de prosperidad.

Por el fracaso del recurso y la oposición que hubo a la demanda extraordinaria, las costas son a cargo de la recurrente, y se fijan en la suma de $ 2.500.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de febrero de 2009 por el Tribunal Superior de Montería, dentro del proceso ordinario adelantado por Pilar Cadavid García contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».