Sentencia 40276 de abril 17 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40276

Acta 12

Magistrado Ponente:

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: « VIII. Se Considera

Tal como quedó dicho cuando se hizo el itinerario procesal, para el tribunal el proceso previo a la formulación de cargos excedió el término establecido en la convención colectiva de trabajo. Tampoco obra constancia dentro del expediente que se haya comunicado a la organización sindical de la iniciación de dicho procedimiento y, además, la convocada a juicio no cumplió “el plazo establecido en el parágrafo 6º de la citada cláusula convencional, la cual establece que una vez decidida una sanción o despido, si su efectividad no se iniciare dentro de los 15 días hábiles siguientes, a la comunicación de la decisión del Comité de Revisión o de la Comisión de asuntos laborales; según fuere el caso, la sanción o o (sic) despido quedarán sin valor; la decisión la (sic) Comisión de Asuntos Laborales, del 27 de julio de 2001 (fl. 175), que le fue notificada al actor el día 3 de agosto; pues la misma debió surtirse dentro de los quince días siguientes y solo se le notificó la decisión el día 24 de agosto de 2001. (Fls. 176-179), fecha para la cual ya habían transcurrido los 15 días hábiles establecidos en la norma convencional. Así las cosas, para esta corporación, la empresa Avianca S.A. vulneró el procedimiento disciplinario establecido en la cláusula 6ª de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en la empresa para la fecha de ocurrencia de los hechos que originaron el presente proceso; al desconocer sus precisos (tiempo y garantías sindicales y de asistencia de la organización sindical); razón por la cual, el despido de que fue objeto el señor Rusinque Conde, el cual en su momento se invocó que obedeció a justas causas, carece de valor, con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo primero de la citada cláusula sexta de beneficios extralegales. Beneficio extralegal, que deja expresamente sin efectos, la decisión que se imponga a un trabajador beneficiario de la convención cuando se pretermitan los términos, allí consagrados; ineficacia del despido que como esta (sic) pactado no admite vulneraciones parciales (...) pues como lo establece el citado parágrafo “carecerán de valor las sanciones disciplinarias o retiros por justa causa, que se impongan pretermitiendo estos trámites”“.

En lo que concierne a la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, el juzgador afirmó que no se encontraba probada por lo siguiente: (i) el informe de auditoría (fls. 136 a 142), “por sí mismo, no tiene la capacidad probatoria de la conducta endilgada ala actor; pues los hallazgos no tienen ningún sustento probatorio y solo dan cuenta de errores en el manejo de tasas aeroportuarias, los cuales se dieron por falta de organización interna (...) tampoco se implemento (sic) un control para su manejo, siendo responsabilidad del cajero Principal o cajero Coordinador, señor David Arciniegas, quien no implementó controles efectivos sobre el manejo de tasas aeroportuarias (fls. 138 a 144 y 151-157), tal como igualmente lo afirmaron ante el despacho el testigo José Hipólito Giraldo Perez (271 y ss.)”; (ii) en el pliego de cargo ni en la decisión de terminación de la relación laboral “se individualizó exactamente cual (sic) fue su conducta, pues como está plenamente demostrado, para la fecha de los hechos existían 14 cajeros en el Aeropuerto el Dorado”; (iii) no obra prueba que demuestre el faltante argumentado por la sociedad demandada, y de “haberse demostrado el mismo, cual (sic) fue exactamente la participación del actor en tales hechos irregulares”, y (iv) “brilla igualmente prueba alguna que demuestre, que para la fecha en que Avianca por delegación hecha a partir del 1º de octubre de 1980 por el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil mediante resoluciones 4906 y 6243. Aprobó un manual de tesorería en el que se estableció el manejo que debía darse a dichas tasas, se le hubiera notificado en debida forma al demandante, sobre la existencia y contenido específico del citado manual, (fecha para la cual el demandante, ya se encontraba vinculado laboralmente con la empresa, pues ingresó a laborar desde abr. 22/74)”.

Como se dejó visto, según el resumen de la demostración del ataque la disconformidad de la sociedad recurrente con la sentencia fustigada, en esencia, gravita alrededor de los siguientes puntos: (i) el actor era responsable del manejo de dineros y de valores de la compañía los cuales debió atender con diligencia y cuidado propios de sus deberes de obediencia y fidelidad que incumplió; por tanto fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) “al actor se le informó de manera oportuna y dentro de los términos convencionales la iniciación del trámite disciplinario en el cual, se le garantizó el debido proceso y su derecho de defensa” y (iii) la organización sindical fue citada, asistió y acompañó en todas las instancias al actor.

Adentrándose entonces la Corte al examen de los cargos, encuentra lo siguiente:

1º) Acerca de la justeza del despido.

Sostiene la recurrente que el juzgador no observó que el promotor de la litis incurrió en grave negligencia e incumplimiento de sus funciones de cajero, que condujo a la pérdida de las tasas por el valor que se demostró en el juicio, conducta que se encuentra calificada como falta grave en el reglamento interno de trabajo de la empresa.

Para demostrar este yerro fáctico la censura aduce que los documentos y las declaraciones de los testigos, dan fe del mencionado incumplimiento.

Tiene adoctrinado la Sala que si el empleador es quien decide dar por terminado el contrato de trabajo, debe expresar en forma inequívoca al trabajador que prescinde de sus servicios, y en el evento de que aduzca alguna justificación, invocar en forma clara y precisa los supuestos fácticos que soportan la determinación o indicar la causal legítima que crea tener a su favor para apoyar ese proceder.

1.1. Pues bien, analizado por la Corte Suprema de Justicia el informe de la auditoria, compuesto por la “Planilla parcial de observaciones al manejo de tasas aeroportuarias, con motivo de la intervención de auditoría interna en enero 9 de 2001” y el “confidencial” de 15 de mayo de 2001, se observa que en verdad no hay imputaciones directas al demandante en cuanto al incumplimiento de sus funciones, y ni siquiera es mencionado en dicho informe. Por el contrario, nótese que en este último documento, dirigido por el director de auditoría

1.2. interna al director de tesorería de Avianca, se consignó que “se toleró el desorden al dejar que la existencia general de tasas permaneciera en estantes y armarios sin seguridad y fueran manipulados por todos los cajeros sin responsabilidades individuales concretas (...) ante semejante acontecimiento, indagamos con todo el personal encargado de emitir y cobrar las tasas aeroportuarias para conocer otras causas, pero en la exposición que cada uno rindió por escrito (21 en total) afirmaron apenas ser conscientes del desorden causado, hecho que algunos atribuyeron al señor (...) cajero principal, obedecer órdenes y hacer recuento de sus actuaciones en el desempeño de las labores, sin arrojar mayor claridad a lo sucedido” (destacado fuera de texto).

De suerte que de los documentos en precedencia, lo único que aflora claramente es el desorden administrativo interno en cuanto al manejo de las tasas aeroportuarias, pero de ninguna manera fluye con total y absoluta certeza cuál fue la participación del actor dentro de las diferentes irregularidades halladas por la dependencia de control y de esa manera identificar e imputar en forma contundente la responsabilidad de carácter individual, como tampoco evidencian fehacientemente que el actor haya incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones o funciones, como lo quiere hacer ver la censura.

1.2. Cuanto al manual de tesorería, la recurrente aduce que acredita cuáles fueron “las funciones asignadas al demandante como cajero a cargo de la venta y recaudo de tasas aeroportuarias, que incumplió”.

Sin embargo, repárese en que el tribunal al referirse a este elemento de juicio sostuvo que “brilla igualmente prueba alguna que demuestre, que para la fecha en que Avianca por delegación hecha a partir el 1º de octubre de 1980 por el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil mediante resoluciones 4906 y 6243, aprobó un manual de tesorería en el que estableció el manejo que debía darse a dichas tasas, se le hubiera notificado en debida forma al demandante, sobre la existencia y contenido específico del citado manual”, inferencia esta que la censura deja huérfana de controversia, por lo que debe permanecer incólume e inalterable y bajo esa perspectiva resulta improcedente increparle al tribunal la comisión del mencionado yerro, pues en últimas no fue considerada por el juzgador debido a que no encontró huella alguna en cuanto a que las directrices consagradas en dicho manual le hubiesen sido comunicadas al actor.

1.3. En lo que atañe al reglamento interno de trabajo, dijo el fallador que no tenía ninguna incidencia procesal, dado que no se demostró la justa causa invocada por la demandada.

Así las cosas, aunque el aludido reglamento estatuyera las faltas graves que la demandada le imputa al actor, lo cierto es que en tanto no se acrediten que dicho trabajador incurrió en ellas, resulta inane su aplicación.

En ese horizonte no se avizora la equivocación que la censura le enrostra a la Sala sentenciadora.

1.4. En lo tocante al interrogatorio absuelto por el demandante, la Corte observa que si bien, este aceptó, entre otros hechos, las funciones desempeñadas como cajero, la publicidad del reglamento, también lo es, que no confesó que hubiese cometido las irregularidades que le atribuyó la demandada para dar por terminada la relación laboral.

No hay que soslayar que el interrogatorio de parte no es un medio de convicción calificado en la casación del trabajo, sino en la medida que entrañe confesión, es decir, que verse sobre hechos personales que favorezcan a la contraparte o que perjudiquen a su declarante (CPC., art. 195), características que resplandecen precisamente por su ausencia en la probanza bajo examen.

1.5. La prueba testimonial, no está calificada para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en el recurso extraordinario laboral, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1.969, así que únicamente podría haber sido examinada si previamente se hubiese establecido un desacierto valorativo originado en medios de convicción aptos para estructurar un yerro fáctico, lo que no ocurrió.

2º) Cumplimiento del procedimiento convencional

En lo que respecta con que el juez de alzada se equivocó, habida cuenta que la demandada efectivamente cumplió a cabalidad con el procedimiento para “retirar por justa causa” establecido en la cláusula 6ª convencional, en realidad su estudio se exhibe intrascendente, en la medida en que la decisión del tribunal de reintegrar al actor se basó igualmente en la cláusula 7ª del acuerdo colectivo, que establece que “la empresa no dará por terminados los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho (8) años o más de servicios continuos. Caso contrario se dará aplicación al numeral quinto (5º) del artículo 8º del Decreto 2351/65”, y al no haber triunfado los argumentos que pretendían demostrar que la decisión de dar por terminada la relación laboral estuvo precedida de justas causas, la orden de reintegro continua indemne.

3º) Pérdida de la confianza de la demandada.

Aduce la recurrente que “perdió por completo la confianza en el demandante y se vio gravemente afectada con sus acciones y omisiones por lo que el restablecimiento obligatorio del vínculo sería no solo inconveniente sino totalmente desaconsejable”.

Debe rememorarse lo enseñado de antaño por esta corporación en torno a que la pérdida de confianza puede llegar a convertirse en una circunstancia que hace desaconsejable el reintegro por constituir una ineludible incompatibilidad, si existen bases atendibles del empleador que alega haber perdido la total confianza o credibilidad respecto del trabajador con quien debe continuar con el vínculo laboral.

Ahora bien, encuentra la Corte que la alegada pérdida de confianza no estaría respaldada en el elenco probatorio, ya que, como se asentó, no existe elemento demostrativo que apunte a que las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de las tasas aeroportuarias en el Aeropuerto el Dorado, donde laboraba el actor, fueron cometidas por este, por acción u omisión, ni quedó evidenciado que dicho trabajador hubiera ejercido para la época de ruptura del contrato de trabajo, un comportamiento que mereciera algún reproche que pusiera en duda su lealtad para con la sociedad demandada.

Es menester puntualizar que la inconveniencia del reintegro del trabajador a la empresa, ha de referirse y deducirse, no de cualquier circunstancia, sino de condiciones calificadas, idóneas e imperativas, que en el presente caso no concurren; pues como lo adoctrinó la Sala en sentencia del 29 de septiembre de 2009 radicado 35696 “los hechos que se invoquen, además de aparecer en el proceso controvertidos y probados, también deben ser relevantes o contundentes y que tengan la capacidad de incidir negativamente, según un juicio razonable, para el desenvolvimiento equilibrado de la relación de trabajo en caso de que sea reanudada, esto es, que en verdad afecten la continuidad del vínculo contractual e infieran en el normal desarrollo del entorno laboral, o en otras palabras, que afecten desfavorablemente el clima de armonía en que se ha de desenvolver el vínculo de trabajo, en alguna de sus dimensiones, con la virtud de perturbar el ánimo de cooperación y de buen entendimiento que debe reinar en los equipos de trabajo, al igual que la confianza que ha de imperar de los jefes hacía sus subalternos y viceversa, entre otras situaciones, naturalmente todo ponderado bajo las particularidades del tipo de oficio del trabajador y de la actividad de la sociedad empleadora”.

En esa misma dirección, conviene agregar, que el poder discrecional que la ley laboral le otorga al juez, para que sea él quien decida cómo proteger la estabilidad laboral del trabajador, si otorgándole una indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo, propendiendo al equilibrio con los intereses de la empresa, se debe de ejercer para estimar perentoriamente si las incompatibilidades, deficiencias o diferencias, son superables como acá ocurre; o si por el contrario, existe un factor que entrabe de manera seria y continua la relación contractual.

Por último, no se puede pasar por alto que lo argüido por la impugnante, en cuanto a que el juez plural cometió un “error iuris in indicando” por haberle dado al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, que exige valorar la totalidad de las circunstancias que giran en torno al despido y las posteriores surgidas en aras de establecer si el reintegro es o no desaconsejable, un “entendimiento o interpretación diferente a la que conforme a derecho corresponde de acuerdo con el criterio de la honorable Sala de Casación Laboral que unificó la jurisprudencia nacional en ejercicio de su función (CPC., art. 368), es una cuestión rigurosamente jurídica cuyo análisis escapa por completo del sendero fáctico seleccionado.

4º) Del salario a tener en cuenta al momento de operar el reintegro.

El debate que gira en torno a cuál es el salario a tener en cuenta en los eventos de reintegro, si el básico o el promedio, “tal como lo tiene definido esa honorable corporación”, es un tema de puro derecho ajeno por completo a la vía de los hechos, dado que el presunto yerro no surge o se extrae de la falta de contemplación de una prueba, ni de la indebida valoración del haz probatorio.

Con todo, ha enseñado esta corporación que en los eventos de reintegro el salario a tener en cuenta es el ordinario. En sentencia del 21 de julio de 2004, radicación 22410, esto se dijo:

“(...) Salario del reintegro, aumento convencional y salarios insolutos.

La solución dada por el tribunal a la discusión presentada en el sub lite corresponde a las orientaciones jurisprudenciales que esta Sala de la Corte ha dejado establecidas en aquellos asuntos en los cuales se ha controvertido el monto mensual del salario con el que se ordena un reintegro. Sobre este específico punto, la corporación ha fijado su pensamiento en el sentido de que el salario que debe tenerse en cuenta para efectos de practicar una liquidación de prestaciones sociales es diferente al que debe considerarse cuando se dispone judicialmente el reintegro de un trabajador, pues mientras el primer caso supone la terminación del vínculo jurídico, el segundo parte de la base de su continuidad, por efecto de lo cual el beneficiario de la orden respectiva ha de seguir percibiendo la misma asignación que antes devengaba, que comporta el pago del salario ordinario, más los aumentos legales, convencionales o dispuestos por fallos arbítrales o pactos colectivos; esto es, la suma fija o habitual que implica la retribución del servicio, más no de aquellas que ciertamente constituyen factor salarial pero que solo se causan con la realización efectiva, que a la postre constituyen un salario extraordinario.

Al respecto la Sala en sentencia del 21 de marzo de 1996, radicación 7952, en lo pertinente dijo:

“La censura pretende demostrar en este cargo que el salario a pagar al trabajador reintegrado es el promedio que devengaba a la terminación del contrato incluyendo así, los factores saláriales que incrementaban la cuantía del básico pactado.

Ha sido doctrina de esta corporación sostener que el salario del reintegro es el ordinario que devengaba el trabajador a la terminación del contrato de trabajo más los incrementos decretados por ley, pactos, convenciones colectivas y fallos arbítrales de los que resulte beneficiario.

Los incrementos salariales en atención de labores causantes de factor salarial, no constituyen salario ordinario porque devienen de un trabajo efectivo y debidamente prestado como el extra, el nocturno, el dominical o de conceptos efectivamente causados como los viáticos.

El examen de la liquidación de cesantías que la censura señala como prueba mal apreciada, no deja entrever la existencia de salario ordinario diferente al deducido por el Tribunal, como que el impuesto por la ley para liquidar la cesantía, incluye en si mismo factores salariales que no ingresan en el salario básico que debe percibir el trabajador al ser reintegrado por la empresa....”.

Y sentencia del 14 de octubre de 1998 radicado 11125 la Corte puntualizó:

“(....) En los comprobantes de pago de folios 360 y 371, de los cuales el fallador de segundo grado dedujo la suma mensual de $ 306.451 como ordinariamente devengada por la demandante, se discriminan diversos factores, tanto fijos y ordinarios (sueldo, primas de antigüedad, alimentación y gastos de representación) como extraordinarios (recargos nocturnos, dominicales y festivos entre otros) percibidos por la demandante. En realidad no todos ellos pueden colacionarse en forma ostensible como salario ordinario, pues dado el carácter eventual de los extraordinarios, no se devengan con la regularidad exigida para estos efectos.

Así lo ha expresado esta Sala en diferentes oportunidades, entre otras en la sentencia que rememora la replicante del doce de abril de 1996, en la que precisó:

“Es pertinente reiterar que es diferente el salario para liquidar prestaciones y el del reintegro, ya que el segundo si bien no se reduce al simple concepto de salario básico, no puede incluir prestaciones sociales o factores que tengan como causa el transcurso de un lapso superior al que media en los pagos regulares, tales como primas semestrales, anuales o quinquenios. Tampoco deben incluirse sumas que incrementan de manera ocasional dicho salario, como trabajo suplementario o de dominicales y festivos, ya que durante la cesación del servicio no se labora de manera extaordinaria. De tal manera que no se trata de incrementar ficticiamente el salario del trabajador con factores que solo incidieron accidentalmente, pero tampoco de menguarlo hasta tal punto que desconozca lo que ordinariamente constituyó al final de su relación de trabajo la base habitual y real de retribución de servicios.

“En sentencia del 13 de diciembre de 1994, radicación 6917, se expuso sobre el tema: “en reiteradas oportunidades ha expresado en relación con los factores que deben integrar el salario cuando se ordena el reintegro de un trabajador, que estos corresponden a los que de manera habitual, fija y ordinaria él perciba al ser despedido, es decir que se encuentran exceptuados aquellos de naturaleza eventual o extraordinaria como son el trabajo en horas extras, el recargo nocturno el trabajo en dominicales o festivos, los viáticos etc.” (Ver también sentencias de mayo 16/89, Rad. 2810; mar. 16/90, Rad. 3410; oct. 3/91 Rad. 4215, jul. 9/92, Rad. 4986; ago. 9/92, Rad. 4928)...”.

Ahora, si bien la parte resolutiva de la sentencia fustigada ordenó el pago de “los salarios dejados de cancelar desde el momento de su despido y hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro”, sin establecer el monto de los mismos, debe entenderse que el concepto “salarios” corresponde al de las orientaciones trazadas en la jurisprudencia citada en precedencia.

5º) Efectos del reintegro.

Aduce la recurrente que en la demanda “no se solicitó el pago de incrementos legales y extra legales como consecuencia del reintegro pedido (...) dando lugar con ello a un fallo extra petita, sin que se den las condiciones previstas en el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Para dar respuesta al planteamiento de la censura, resulta útil traer a colación pasajes de la sentencia del 30 de mayo de 2000, radicación 13501, dictada por esta Corporación en un proceso seguido en contra de la misma sociedad demandada, Avianca, así:

“No se discute en el proceso que en el sub examine el reintegro del trabajador tiene origen en la convención colectiva de trabajo, la cual remite al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en los siguientes términos:

“La Empresa no dará por terminados los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho (8) años o más de servicios continuos. Caso contrario, se dará aplicación al numeral quinto (5) del artículo 8º del Decreto 2351/65”.

Tal disposición legal, cuya interpretación errónea acusa el recurrente, permite al juez del trabajo ordenar el reintegro del trabajador despedido sin justa causa “en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir”, o la indemnización correspondiente al despido injusto.

También es indiscutible que el tribunal dejó incólume “para todos los efectos” la declaración de continuidad del vínculo, impetrada en la demanda inicial y acogida por el fallador de primer grado. De esta verdad procesal que no se discute en el recurso extraordinario y de la normativa transcrita resulta que en los casos en que procede el reintegro legal, como lo recuerda el impugnante, la consecuencia natural de la declaración de no solución de continuidad, es la proclamación de la unidad contractual, sin que se entienda afectada por interrupción o suspensión alguna. Es el reconocimiento del derecho a la restitución en el estado en que se hallaría el trabajador de no haber mediado el acto patronal injusto (rad. 6455).

Y como se anotó en sentencia del 14 de febrero de 1995 (rad. 6854) “la expresión “salarios dejados de percibir”, que contiene la norma como una de las consecuencias del reintegro judicial, comprende los factores retributivos del servicio que el demandante ha debido devengar en el interregno entre el despido injusto y el momento del reintegro y que no devengó como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo”.

Fluye claramente de lo dicho que ese reintegro legal lleva aneja la obligación de reconocer los aumentos convencionales pactados durante el tiempo en que la determinación patronal injusta, le impidió devengar. Y con mayor razón son aplicables en ese interregno comprendido entre el despido y el reintegro las disposiciones sobre salario mínimo, dado que por el incuestionable mandato legal, es la remuneración inferior que un trabajador puede devengar, cuyo efecto jurídico es modificar ipso jure los contratos de trabajo, aun cuando se hubiese estipulado un salario menor.

La falta de solución de continuidad, declarada por el ad quem, igualmente apareja el pago de prestaciones sociales, pero únicamente las compatibles con el reintegro, mas no de algunas de las previstas en la ley que exigen real prestación del servicio, como ocurre con las primas de servicios, por lo que no se condenará al pago de esta .

De manera que si la orden del restablecimiento del contrato de trabajo lleva ínsito el efecto de no solución de continuidad del vínculo laboral, no se muestra como irrazonable o arbitrario, lo determinado por el juzgador de condenar a la convocada al proceso a pagar los “salarios dejados de cancelar desde el momento del despido y hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro, junto con los aumentos legales y convencionales a que haya lugar, así como al pago de las prestaciones sociales legales y extralegales que no sean incompatibles con el reintegro”.

6º) La pretendida “compensación”.

Dice la recurrente que el tribunal no dio por probado que “desde la contestación ala (sic) demanda propuso la excepción de compensación y la probó debidamente, concretamente en relación con los pagos efectuados a la terminación del proceso (auxilio de cesantía ($ 6.576.515) e intereses a la misma, ($ 447.203.OO) que por esta decisión pierden su causa y conducirían a un enriquecimiento injusto”.

También para contestar el reproche de la censura, considera la Corte remembrar lo adoctrinado en sentencia de 10 de noviembre de 2004, radicación 23610, en cuanto a que:

“Según las anteriores consideraciones, el contrato no terminó y ha estado vigente. Si ello es así, no puede el trabajador beneficiado por el reintegro retener el monto de la indemnización por despido que recibió en el momento de la ilegal terminación, ni de cualquier otro que por su esencia y naturaleza sea contrario al restablecimiento del vínculo, como ocurre, por ejemplo, con la liquidación definitiva del auxilio de cesantía que teniendo como causa el fenecimiento del contrato, recibió en ese momento.

En este caso, cuando el trabajador ha recibido una indemnización por despido y otros derechos laborales y judicialmente se ha decretado su reintegro sin solución de continuidad, es lógico y de sentido común pensar que esos pagos perdieron su causa y su razón de ser. Y si así sucede, en el que de otro lado, el empleador debe pagar los salarios y prestaciones correspondientes causados durante el período en que el asalariado estuvo cesante, surge incontrastablemente que las partes quedan obligadas a las restituciones mutuas, pues por fuerza de la decisión judicial, el contrato de trabajo recobró su vigencia y esa vigencia cubre también el tiempo durante el cual el trabajador estuvo desvinculado por la decisión ilegal de su empleador.

Ciertamente, no se necesitan mayores consideraciones para llegar a ese aserto, ya que de lo contrario, con evidente menoscabo de los principios de la buena fe y del enriquecimiento sin causa, resultaría beneficiado doblemente el trabajador que se apropia de montos cuyas causas desaparecieron precisamente por la acción judicial que él instauró y que procura el restablecimiento de las cosas al estado anterior en que se encontraban cuando fue despedido por una determinación de su empleador que posteriormente es declarada inválida”.

Puestas así las cosas, la razón está de parte del demandante opositor en lo tocante con que “es absolutamente obvio que Avianca podrá descontar de los salarios que deba reconocerle al actor lo que le pagó por auxilio de cesantía e intereses, puesto que ese pago resulta incompatible con el restablecimiento del contrato”.

En definitiva, cuando ha habido un pago prematuro de la indemnización, cesantía y sus intereses por parte del empleador, si se llega a decretar el reintegro dado que el despedido fue injusto, el monto pagado al trabajador por dichas acreencias debe retornar al patrimonio de aquel, incluso si en la decisión no se dijo nada al respecto.

Al no salir avante el recurso y haber sido replicada la demanda extraordinaria, las costas del recurso son a cargo de la sociedad impugnante, para lo cual se fija la suma de seis millones de pesos moneda corriente ($ 6.000.000) que se incluirá en la liquidación que para el efecto practique la secretaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de julio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en descongestión, dentro del proceso adelantado por Víctor Jairo Rusinque Conde contra la sociedad AEROVÍAS NACIONALES DE Colombia S. A. “Avianca S. A.”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».