SENTENCIA 4029 DE MAYO 8 DE 1992

 

Sentencia 4029 de mayo 8 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE TIMBRE

SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRACTOS: «Previamente la Sala precisa que la ley aplicable al contrato de ejecución de obra pública para efectos de la fijación del impuesto de timbre, es no solamente la norma tributaria sino también la ley que regula la contratación administrativa, siendo ambas de interés público y en este orden de ideas la interpretación jurídica ha de efectuarse armónicamente. Para la época en que se celebró el contrato estaba vigente la Ley 2ª de 1976, cuyo artículo 14 dispuso la causación del impuesto de timbre nacional sobre los instrumentos privados incluidos los títulos valores, otorgados o aceptados en el país en los cuales se hiciera constar la constitución, modificación o extensión de obligaciones, su prórroga o su cesión imponiéndoles una tarifa de 30 centavos por cada cien pesos o fracción sobre su cuantía, y a los de cuantía indeterminada el valor de $ 250.

Para los contratos de valor indeterminado, el artículo 34 previó en su numeral 3º que:

“Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue indeterminado el valor de un acto, sujeto a ellos o incorporado a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya determinado”.

Aun cuando no define la ley, qué se entiende por valor indeterminado de un contrato, ha de entenderse que es aquél en el cual dada la modalidad del convenio no es posible deducir la cuantía de la obligación que nace, se modifica o se extingue, porque ella está sujeta a una contingencia futura que incide en el valor de la obligación que se pacta, por ejemplo cuando en un contrato de comisión se obliga el contratante a pagar al comisionista un porcentaje sobre el volumen de ventas.

Pero en materia de contratación administrativa no pueden existir contratos de valor indeterminado por ser requisito de los mismos la precisión de su cuantía (D. 222/83, arts. 60 y 83; par. 1º) para determinar no sólo los requisitos que debe cumplir sino principalmente para efectos de las garantías que debe otorgar el contratista y de la apropiación presupuestal.

Si bien en materia de contratación de obra pública se prevén diversas modalidades de pago, bien a precio global, precios unitarios, administración delegada, reembolso de gastos, etc., tales modalidades no lo convierten en contrato de valor indeterminado a que se refiere la Ley 2ª de 1976, pues, o de sus elementos surge claramente su cuantía, o ésta deberá corresponder al presupuesto oficial o estimativo de costos elaborados por la entidad contratante (D. 222/83, art. 83, par. 1º).

En el sub lite, es tan evidente que el contrato no era de valor indeterminado, y que tenía cuantía, que la propia administración liquidó y cobró el impuesto, inicialmente sobre dicha cuantía. Es claro que si la administración lo hubiera calificado como de cuantía indeterminada ha debido cobrar inicialmente sólo la suma de $ 250 a que se refiere el artículo 14, numeral 1º de la Ley 2ª de 1976.

Indudablemente tal liquidación constituye un acto administrativo de determinación del tributo por parte de un funcionario público en ejercicio de sus funciones que se materializó con el sello y comprobante de pago que impuso el funcionario receptor del impuesto que como acto administrativo que es, calificó el contrato presentado por la sociedad contribuyente como de cuantía determinada.

Ahora bien, siendo calificado inicialmente como de cuantía determinada no podía la administración en interpretación abusiva, convertirlo en contrato de valor indeterminado, para producir, bajo la denominación de liquidación de aforo, unos reajustes que están previstos para tales contratos.

A juicio de la Sala tiene razón la actora cuando expone que si la administración ejerció su facultad de liquidar el tributo sobre un contrato que ella misma calificó, mediante un acto administrativo de determinación de impuestos, dicho acto en la medida en que crea una situación jurídica particular y concreta, no puede ser desconocido por la misma administración».

(Sentencia de mayo 8 de 1992. Expediente 4029. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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