Sentencia 40312 de febrero 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40312

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 6

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Lo que reprocha la censura al tribunal en las dos acusaciones, es básicamente el haber desconocido el registro civil de nacimiento del actor, ya que, aduce, goza este de presunción de legalidad y además carece de competencia el juzgador para resolver sobre su autenticidad.

Ahora bien, en su análisis probatorio, a lo que se limitó el tribunal fue a verificar si el registro civil de nacimiento aludido había sido expedido por el notario con las formalidades previstas en la ley para acreditar la paternidad de quien, como se afirmó en la propia demanda, era hijo extramatrimonial, no encontrando en su análisis que el presunto padre hubiere asentado en la partida su reconocimiento expreso a dicha paternidad, tal como lo exigía la norma para establecer el parentesco. De modo que no se trata aquí de que el tribunal hubiere desconocido una paternidad reconocida, sino que no encontró la prueba idónea que la acreditara.

En estas condiciones no aparece que el juzgador de segundo grado haya desbordado su competencia, dado que se limitó a examinar si el registro civil de nacimiento aportado por la parte actora acreditaba que el interdicto Fabio Luis Maldonado Muñoz tenía la condición de hijo del causante, lo que no halló probado por carecer dicho registro de ciertas exigencias previstas en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968.

Apreciación que está acorde con los criterios trazados sobre el tema por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en virtud de la naturaleza de la materia tratada es la que de manera principal corresponde la función de unificar la jurisprudencia sobre la filiación y el estado civil de las personas. Es así como en sentencia de 4 de abril de 2001, radicada con el número 6598, precisó lo siguiente:

“El Decreto Extraordinario 1260 de 1970, que contiene el estatuto del registro del estado civil, en su artículo 2º señala que el estado civil deriva de los actos, hechos y providencias que lo determinan y de su calificación legal, y a su vez el artículo 5º prescribe que aquellos deben ser inscritos en el competente registro civil, de donde se concluye que es por medio de este como se establece la filiación de una persona.

La correspondiente partida del registro civil es la prueba de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil, tanto ante las autoridades como en un proceso, que si da cuenta, ese medio de prueba, de la inscripción de la filiación paterna extramatrimonial debe recoger los actos declarativos de esta, bien sea el reconocimiento voluntario o la declaración judicial de paternidad. Así entonces, se repite que el certificado de nacimiento de una persona demuestra su estado de hijo extramatrimonial cuando contempla los actos a que se hizo alusión”.

Es incuestionable, entonces, que si en la sentencia acusada se observó que el certificado de nacimiento, de quien reclama en este caso la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, no da cuenta de los actos, hechos y providencias que determinan el carácter de hijo extramatrimonial del actor, no podía el tribunal dar por demostrada la relación de parentesco entre el pensionado fallecido y el demandante, mientras no se cumplieran las condiciones previstas en el artículo 2º del Decreto Extraordinario 1260 de 1970.

En este sentido, también la Sala de Casación Civil precisó en sentencia de 1º de junio de 2001, radicación 6606, lo siguiente:

“Por último, en relación con la afirmación del recurrente de que el registro civil de la demandante, por indicarse en él que su padre es Pedro Pablo Ospina, es prueba de la paternidad, precisa la Sala que según la ley colombiana, si bien es cierto que la copia de este registro es prueba en proceso y ante las autoridades de los hechos, actos y providencias relativas al estado civil y la capacidad de las personas, como lo señalan los artículos 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, cuando el acta respectiva corresponde al registro civil de nacimiento de un hijo extramatrimonial, esta inscripción ha de recoger los actos declarativos de ese estado civil, como son el reconocimiento voluntario, en vida del padre, o la declaración judicial de dicha paternidad en caso de fallecimiento de este y así lo ha señalado la Corte cuando dijo: “La copia o certificado de nacimiento de un persona no demuestra el estado de hijo natural por la mera mención que de él se haga, porque solamente tiene por objeto principal demostrar el mencionado nacimiento, a menos que, además de ello, tal registro se haya elaborado o contemple igualmente los actos voluntarios o judiciales que declaran el estado civil de hijo natural o extramatrimonial (D. 1260/70, art. 113), caso en el cual este último queda también acreditado. Pero si en él no aparecen registrados algunos de esos actos declarativos de paternidad, no puede dársele el efecto legal de probar la paternidad natural, porque dicha inscripción carece del carácter constitutivo del estado civil mencionado”” (el resaltado de la cita es original).

Conviene anotar que esta Sala de Casación Laboral ha dado acogida a los criterios doctrinales fijados por su homóloga civil en torno a los temas de la filiación y el estado civil de las personas, bajo el entendido de que la regulación legal sobre la materia también es de imperativo seguimiento en los procesos laborales y de la seguridad social, lo que se constata en la sentencia de 3 de agosto de 2004, Radicación 21501, en la que se indicó, lo siguiente:

“Las pruebas supletorias previstas en el artículo 105 del Decreto-Ley 1260 de 1970, al que nos hemos de remitir por ser la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos que se procuran demostrar, son las actas o los folios reconstruidos o el folio resultante de la nueva inscripción.

Las pruebas supletorias a las que se refería la ley vigente en el momento en que se expidió el Código Sustantivo del trabajo, el artículo 395 del Código Civil y el artículo 19 de la Ley 92 de 1938, podrían obrar hoy solo ante los funcionarios competentes del registro civil, para efectos de reconstruir el registro o abrir uno nuevo.

Para todos los demás funcionarios es perentoria la norma del Decreto 1260 de 1970 que dispone:

‘ART. 106.—<Formalidad del registro>. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro’.

“Por lo demás, conviene destacar lo precisado por la Sala de Casación Civil de esta corporación en pronunciamiento de 7 de marzo de 2003 (S-025, Exp. 7054) sobre tema de la prueba del estado civil de las personas:

La trascendencia que reviste el estado civil para un persona, ha conducido al legislador a reglamentar, en forma estricta y detallada, la manera como ha de llevarse a cabo el registro de los diferentes hechos que determinan tal estado y a señalar, taxativamente, los medios a través de los cuales puede acreditarse su existencia, prueba que, como es sabido, ha variado con las diferentes disposiciones legales que sobre la materia han regido en el país desde 1887, a las que debe referirse brevemente la Sala, por cuanto varios de los demandados nacieron entre los años 1912 a 1928.

Obsérvase, entonces, que el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 dispuso que constituían pruebas principales del estado civil “respecto de nacimientos ... de personas bautizadas ... en el seno de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales” (se resalta).

“La Ley 92 de 1938, a su turno, estableció que a partir de su vigencia eran pruebas principales “... las copias auténticas de las partidas de registro del estado civil, ...” (art. 18) y que a falta de ellos podían suplirse “... en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales extendidas por los respectivos curas párrocos, ...” (se resalta; art. 19).

“Finalmente, el Decreto 1260 de 1970 expresa en su artículo 105 que “Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probaran con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos” (se resalta).

“Es claro, entonces, que los hechos y actos constitutivos o declarativos del estado civil anteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, o acaecidos dentro de la vigencia de esta y antes de la vigencia del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 (el 5 de agosto de este año, fecha en que fue publicado oficialmente), o que ocurran a partir de este momento, pueden acreditarse, según el caso, así: los primeros, mediante la copia de las actas eclesiásticas correspondientes, como prueba principal; los segundos, mediante la copia de registro del estado civil como prueba principal y, como prueba supletoria, entre otras, con la copia de las actas eclesiásticas correspondientes; y los últimos, únicamente, mediante la copia del registro del estado civil pertinente.

Sobre el mismo particular, esta Sala ha expresado que “... en materia de pruebas del estado civil de las personas corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (D.L. 153/1887, art. 39). Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir de esa fecha, solo con copia del registro civil” (CCLII, 683)”.

“Así entonces, la condición de cónyuge del empleador fallecido, calidad en la cual la demandada fue llamada al proceso, debía necesariamente ser probada mediante el registro civil de matrimonio””.

Por otra parte, en rigor, no se desconoció por el tribunal la presunción de autenticidad de que está revestido el registro civil de nacimiento, del que se dice beneficiario de la pensión de sobrevivientes reclamada, sino que simplemente no encontró que ese documento fuera apto para acreditar la condición de hijo extramatrimonial del actor.

Lo expuesto es suficiente para concluir que tampoco tiene razón la acusación al señalar, en el segundo cargo, que el tribunal asumió una competencia que no le correspondía, pues por la naturaleza del proceso, que obviamente es de su competencia, era necesario que verificara previamente la existencia del parentesco invocado para pronunciarse sobre la pensión solicitada, máxime que se trató de un aspecto discutido por la entidad de seguridad social convocada al proceso, para lo que requería de la valoración probatoria, la que efectuó.

No demuestra, en consecuencia, la acusación que el juzgador de segundo grado haya incurrido en los dislates jurídicos que atribuye al tribunal.

Las costas en el recurso son de cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 22 de enero de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta Fabio Luis Maldonado Muñoz, a través de curador, contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $3.000.000.

Por secretaria, practíquese la liquidación de las costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».