Sentencia 40314 de abril 30de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 131

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, pues la acción penal es ejercida contra el exjuez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de esa ciudad, por actos realizados en ejercicio de sus funciones.

Con apego a lo normado en el artículo 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo, como lo autoriza esa preceptiva, los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

El doctor Francisco Antonio Mena Castillo pregona la incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia en tanto el pliego acusatorio no censuró el trámite de dos procesos ejecutivos idénticos ni incluyó el llamamiento ex officio como razón de la comisión del delito, por manera que esos argumentos los “sacó del cubilete de mago, de entre las mangas, el Tribunal Superior de Quibdó en el momento de condenarlo”.

Siendo ello así, por tratarse de un reproche referido a la coherencia de la determinación impugnada, la Sala abordará su estudio en forma prioritaria.

De tiempo atrás la Corte ha precisado que la resolución de acusación constituye piedra angular del proceso y frontera inquebrantable para todos los sujetos procesales y para el juez. De esta manera, una vez proferida esta pieza procesal sin que posteriormente se varíe la calificación jurídica en los términos del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, todos los intervinientes del proceso penal deben respetarla y circunscribir la discusión jurídica a los límites allí planteados.

En ese orden, debe existir armonía entre el contenido fáctico y jurídico del pliego acusatorio y el fallo, so pena de socavar las bases de la actuación. Ello por cuanto la congruencia constituye un principio de doble connotación: primero, como regla para la preservación de la estructura del proceso y, segundo, como garantía(1) del inculpado de que no será sorprendido con hechos, cargos y circunstancias no contempladas en la acusación.

En otras palabras, en la resolución de acusación el Estado precisa y delimita los cargos que le atribuye a una persona investigada penalmente, con miras a que a través de dicha concreción fáctica y jurídica se le permita conocer el ámbito y el alcance exacto de la acusación, y en tal medida pueda planear el ejercicio del derecho de defensa, pues allí se encuentran las premisas a desarrollar.

Por ello, la imputación contenida en la resolución de acusación debe ser clara, diáfana e inequívoca en sus componentes fáctico y jurídico, entendiéndose por el primero la conducta objeto de reproche con la exacta indicación de todas sus circunstancias y por el segundo, el señalamiento preciso de las normas que recogen de forma abstracta aquellos condicionantes fácticos.

Entonces, las imputaciones consignadas en el pliego acusatorio constituyen ley del proceso y sólo pueden modificarse en los precisos términos de la figura de la variación de la calificación jurídica definida en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, procedimiento que no se llevó a cabo en el caso examinado. A modo de ejemplo, puede considerarse que el principio de congruencia se vulnera cuando el sentenciador desconoce la denominación jurídica atribuida en la resolución de acusación y condena o absuelve por una conducta punible diferente, o cuando agrega circunstancias de agravación no deducidas o incluye nuevas conductas no contempladas en el pliego de cargos

Visto lo anterior, la Sala encuentra que le asiste razón al doctor Mena Castillo al señalar la inobservancia del principio de congruencia por parte del tribunal, aunque por diversas razones a las invocadas en su impugnación.

En efecto, observa la Sala que la resolución de acusación presentada por la fiscalía en contra del doctor Francisco Mena Castillo solo incluyó la comisión de un delito de prevaricato por acción, mas no así el concurso homogéneo de punibles expresado en la sentencia revisada, de suerte que el marco jurídico delineado en el pliego acusatorio no fue respetado, en tanto el tribunal segmentó el recuento fáctico del pliego acusatorio para deducir la concurrencia de varias conductas punibles, así:

“Es pertinente aclarar que si bien en la resolución de acusación no se utiliza expresamente el término concurso de conductas punibles, del marco fáctico de imputación y de la formulación de los cargos se infiere que se trataba de dos conductas punibles claramente diferenciadas: i) Auto 431 del 3 de mayo de 2006 —dentro del proceso 155 en el que figura como apoderada la Dra. Martha Cecilia Mena Moreno— absteniéndose de librar mandamiento de pago, y ii) 668 de 21 de julio de 2006 —dentro del proceso 250 en el que figura como apoderada la Dra. Elizabeth Curi Moreno— librando mandamiento de pago y decretando medidas cautelares (fl. 290, cdno. 1), con relación a la primera conducta imputada la sentencia será de carácter absolutorio y respecto de la segunda el fallo será condenatorio, como se explicó detalladamente en la parte motiva”(2).

Nótese cómo el juzgador de primera instancia, con el pretexto de interpretar el querer del ente acusador, divide los hechos plasmados como una unidad en el pliego acusatorio, para deducir motu proprio la existencia de un concurso de conductas punibles que en realidad no fue imputado en la acusación. Por ello, en forma absurda, frente a un único cargo de prevaricato resulta emitiendo dos fallos: uno absolutorio y otro de condena.

De esta manera, el tribunal a quo en abierto desconocimiento del principio de congruencia desbordó el marco jurídico establecido en la acusación y, además, descontextualizó la imputación fáctica en ella contenida, pues la fiscalía fundó el cargo de prevaricato por acción en el disímil proceder del doctor Mena Castillo respecto de dos procesos ejecutivos laborales tramitados en forma simultánea en su despacho, actuaciones en las que profirió los autos 431 del 3 de mayo de 2006, por cuyo medio inadmitió la demanda 155/2006 y 668 del 21 de julio de 2006, mediante el cual admitió la demanda 250/2006, determinaciones calificadas de manifiestamente contrarias a la ley.

Con todo, el ente acusador solo formuló un cargo de prevaricato por acción dentro del cual mencionó las citadas decisiones para resaltar que el accionar del doctor Mena Castillo se orientó a favorecer el proceso seguido por la abogada Curi Moreno (250/2006) en desmedro del instaurado por la litigante Mena Moreno (155/2006).

En ese contexto, aunque la imputación fáctica contenida en la acusación distingue dos decisiones manifiestamente contrarias a la ley, la imputación jurídica solo hace referencia a un delito de prevaricato. Y si bien tal situación revela una inconsistencia interna del pliego acusatorio, no le era viable al juez colegiado resolver tal falencia de la manera en que lo hizo, pues con ello desatendió el marco conceptual propuesto en esa pieza procesal.

La manifiesta disconformidad entre la imputación jurídica que integra el marco de la acusación y la que sirvió de fundamento a la sentencia de primera instancia, origina un vicio de incongruencia violatorio de la estructura del proceso y de la garantía de defensa del procesado, el cual no puede corregirse, como sucede en otras hipótesis, con la exclusión del cargo añadido por cuanto la incorrección detectada generó que el fallador de instancia, contradictoriamente, emitiera fallo de condena y de absolución respecto del supuesto fáctico planteado por la fiscalía como un todo y no de forma fraccionada como lo entendió el tribunal.

La obligación del tribunal consistía en absolver o condenar al acusado, según el análisis del caudal probatorio, sin que le estuviese permitido fraccionar los supuestos fácticos base de la imputación para deducir la comisión de varios delitos, producto de lo cual llegó a un fallo contradictorio.

La consecuencia jurídica de la falencia detectada es la absolución del doctor Mena Castillo ante la emisión simultánea de un fallo de condena y de absolución respecto de una única imputación jurídica. Ello por cuanto debe preferirse la decisión más favorable en aplicación del principio pro homine(3), acorde con el cual corresponde dar paso a la interpretación más ventajosa a los derechos del procesado.

Lo anterior, además, porque el tribunal de instancia al analizar la imputación fáctica referida en el pliego de cargos coligió que una parte de los hechos propuestos eran delictivos y otros no, situación que revela que no obtuvo certeza sobre el carácter criminoso de la totalidad del supuesto fáctico presentado por la fiscalía.

En otras palabras, además de las fallas de diseño en la resolución de acusación, el ente investigador no pudo persuadir al juzgador de la condición delictiva de la totalidad del marco fáctico presentado en apoyo del pliego de cargos, situación que comporta la absolución por el delito imputado y releva a la Sala de adentrarse en el examen de los restantes reproches formulados por los impugnantes.

Por ende, debe excluirse del fallo impugnado la condena por el cargo adicionado por el tribunal de manera autónoma y arrogándose funciones que no le correspondían, según la sistemática del proceso penal colombiano, quedando vigente la determinación absolutoria adoptada en ese proveído.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Revocar la condena impuesta en la sentencia del 26 de septiembre de 2012 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Quibdó, conforme con lo expuesto. En consecuencia, queda vigente la absolución decretada en el fallo impugnado.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) La Corte Constitucional, en Sentencia C-025 del 27 de enero de 2010, resaltó esta condición del principio de congruencia: “Ahora bien, en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa. De tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una mayor racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una garantía judicial esencial para el procesado. Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en asuntos penales se encuentran determinados por una interpretación sistemática de los artículos 29 y 31 superiores; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

(2) Cfr. folios 26 y 27 de la sentencia de primera instancia.

(3) El principio pro homine está consagrado en los artículos 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos como una regla hermenéutica acorde con la cual siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos de las personas.