Sentencia 4032 de mayo 8 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SOCIEDADES DE CONTADORES

SANCIONES POR FALTAS A LA ÉTICA

EXTRACTOS: «La actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, ha solicitado que, con citación del Ministerio de Educación Nacional, se declare la nulidad del auto de fecha 20 de febrero de 1992, mediante el cual la Junta Central de Contadores ordenó la apertura formal de investigación contra el demandante, e hizo igual deprecación contra las resoluciones 056 y 0111 del 30 de julio y 22 de octubre de 1992, respectivamente, por las que la referida junta sancionó a Price Waterhouse y Co. por faltas a la ética profesional en la ejecución del contrato de revisoría fiscal de la firma Grandicón S.A. y del contrato de auditoría sobre libros y documentos del consorcio Grandicón S.A.-Icein Ltda.

Se considera:

Previamente al análisis de los cargos, la Sala observa, respecto de la excepción de inconstitucionalidad que la parte actora invoca en la demanda y que ahora plantea con mayor claridad en el recurso contra el artículo 5º de la Ley 43 de 1990, con fundamento en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de septiembre de 1990, en cuanto, de acuerdo con el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades de contadores a través de la Superintendencia de Sociedades y no de la Junta Central de Contadores. Que no aparece la contradicción alegada, pues el mencionado artículo se refiere a la vigilancia de las sociedades de contadores por parte de la Junta Central de Contadores en aquellos aspectos relativos a la prestación de servicios en actividades relacionadas con la ciencia contable en general, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 43 de 1990, lo cual no excluye la competencia de la Superintendencia de Sociedades en materias que tengan que ver con otros aspectos del derecho societario. Son dos órbitas distintas en las que se mueven la Junta Central de Contadores y la Superintendencia de Sociedades, las cuales en lugar de excluirse son complementarias. Así mismo, se observa que en el fallo a que hace referencia la demandante no se controvirtió la constitucionalidad del artículo 5º de la citada ley. Esa compatibilidad resulta hoy con mayor fundamento a la luz del artículo 26 de la Constitución vigente, que prevé un nuevo tipo de relaciones entre el ejercicio de las profesiones y los órganos de control. En consecuencia, no prospera la excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte recurrente.

En cuanto a los demás cargos, la Sala observa:

1. El primer argumento esgrimido por la parte actora consiste en que el tribunal a quo incurrió en error jurisdiccional al sancionarla como sociedad que es, por cuanto en el campo del comportamiento ético, las conductas o actuaciones profesionales no pueden referirse a personas jurídicas sino sólo a personas naturales, como sus dependientes o empleados.

No obstante la excelente presentación del ataque a que se acaba de hacer alusión, la Sala no lo comparte por las razones jurídicas que se señalan a continuación:

a) Por medio de la Ley 43 de 1990, que adiciona la 145 de 1960, se reglamenta la profesión de contador público, se dictan normas disciplinarias relacionadas con ésta y se establecen, entre otras cosas, regulaciones de tipo ético, se dice con claridad que:

“Para los efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares” (L. 43/90, art. 2º).

Las sociedades de contadores, como personas jurídicas, son sujetos capaces de adquirir derechos, de contraer obligaciones y de desarrollar cualquiera de las actividades a que se refiere la disposición transcrita, sobre todo por hallarse autorizadas por la referida ley, la cual establece que tanto los contadores públicos como ellas pueden “... contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general y tales servicios serán prestados por contadores públicos y bajo su responsabilidad”.

Significa lo anterior que dichas sociedades sí pueden adelantar actividades que se encuentran bajo el control de referido ordenamiento legal, dentro del marco de éste y atendiendo sus pautas y prohibiciones como la prevista en el parágrafo 2º del artículo 2º ib. en el sentido de que “... no podrán, por sí mismas o por intermedio de sus empleados, servir de intermediarias en la selección y contratación de personal que se dedique a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general en las empresas que utilizan sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa”.

Y el aserto anterior encuentra respaldo en el artículo 4º ibídem, según el cual las sociedades de contadores públicos son personas jurídicas que prestan servicios propios de los contadores públicos, bien mediante la contratación de éstos o a través de sus socios y dependientes.

Por si lo anterior fuese poco, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5º ibídem, la Junta Central de Contadores ejerce la vigilancia de las sociedades de contadores, amén de que, como tribunal disciplinario de la profesión, se encuentra facultada para imponer sanciones a la luz de los artículos 23, 24, 25 y 26 ibídem por los comportamientos merecedores de ellas.

Las conclusiones de la parte actora sobre el particular se apoyan en la conocida tesis de que las personas jurídicas son seres ficticios, pregonada por Savigny y Von Ihering; pero que en los tiempos modernos ha sido reemplazada por la que considera que tanto tal tipo de personas como las físicas constituyen verdaderas realidades jurídicas, que no físicas, pues son reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos capaces de adquirir derechos y de obligarse; por lo cual no se encuentra óbice para que puedan ser sancionadas si su actividad traspasa las fronteras señaladas por el derecho positivo, salvo cuando se trate de la comisión de ilícitos penales, de los cuales a la luz del derecho vigente y de la doctrina universal, no pueden ser sujetos activos, sino sólo las personas naturales o físicas.

(...).

3. Se dice también en la demanda que la Junta Central de Contadores carece de competencia para sancionar personas jurídicas por faltas a la ética por corresponderle al Presidente de la República, quien puede ejercer su atribución a través de la Superintendencia de Sociedades.

No comparte la Sala lo expresado en la censura que antecede, pues, en verdad, la función asignada a la Junta Central de Contadores en el artículo 5º de la Ley 43 de 1990, en cuanto a las sociedades de contadores públicos, no es la vigilancia y control ordinarios a que alude el precepto contenido en el numeral 24 del artículo 189 de la C.P.C., sino, ante todo, el específico control para el ejercicio de profesiones, como aquel a que se refiere la Ley 43 de 1990 y del cual no son ajenas las sociedades de contadores, las que pueden de conformidad con el parágrafo primero del artículo 2º ibídem, “contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable...”.

Por lo tanto, el ataque planteado en la forma referida resulta impróspero».

(Sentencia de mayo 8 de 1997. Expediente 4032. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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