Sentencia 40333 de febrero 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40333

SL1081-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Acta 3

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

Fue propuesto por los demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

IV. Alcance de la impugnación

Pretende que se case parcialmente la sentencia impugnada, “en cuanto al punto Primero: que declara probada las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de título y causa de los demandantes”. Así mismo solicita que se case totalmente, “en cuanto al punto dos que resuelve confirmar la sentencia de primera instancia absolviendo a la demandada de todas las pretensiones formuladas; y al punto tercero que condena en costas a la parte demandante”. En instancia solicita, que se revoque la de primer grado, para en su lugar, “declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de título y causa de los demandantes y de prescripción obligatoria; condenar al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales al pago de Ley 445 de 1998 y Decreto Reglamentario 236 de 1999, por considerar que los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, cuyas mesadas son pagaras por el fondo pasivo, reúnen los requisitos de ser pensionados del orden nacional y de ser pagados con dineros del presupuesto nacional; ordenar realizar individualmente la operación matemática según lo previsto en la Ley 445 de 1998 y su decreto reglamentario, para que una vez encontrado que los demandantes tiene diferencia positiva, establecer el monto de su reajuste para los años 1999, 2000 y 2001; establecer la diferencias por mayor valor dejado de pagar en las mesadas desde que se hizo exigible la Ley 445 de 1998, es decir enero de 1999 y hasta la fecha, estableciendo los correspondientes retroactivos debidos y ordenado su pago; ordenar pagar los reajustes demandados indexados y condenar en costas a la demandante”.

Con fundamento en la causal primera de casación formula tres cargos los cuales fueron replicados.

V. Primer cargo

Acusó la sentencia “por violación directa de la Ley 445 de 1998 y Decreto Reglamentario 236 de 1999, en la modalidad de infracción directa”.

En la demostración del cargo advierte, una vez transcribe lo que dispone el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, así como el artículo 1º del Decreto 236 de 1999, que “en el fallo de segunda instancia el juez desconoce tales disposiciones e incluso el artículo 7º de la Ley 21 de 1988”, el cual transcribe, “ignorándolas revelando contra ellas y negándoles a dos demandantes el reajuste reclamado”. Que “los demandantes de la referencia son pensionados de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y sus mesadas son pagadas por el establecimiento público Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, que por disposición del artículo 7º de la Ley 21 de 1988 es el ente que a nombre y cargo de la nación, paga las obligaciones laborales y pensionales de la extinta empresa de ferrocarriles”.

VI. Segundo cargo

Acusó la sentencia “por violación directa, de la Ley 445 de 1998 y Decreto Reglamentario 236 de 1999, en la modalidad de aplicación indebida de los Decreto 1586 de 1999 y Ley 21 de 1988 artículo 7º”.

En la demostración del cargo advirtió que de las normas denunciadas que ordena la liquidación de los Ferrocarriles y la creación del Fondo de Pasivo Social como establecimiento público, pero que a nombre de la Nación paga las obligaciones pensionales y laborales de la extinta empresa, se deriva que son destinatarios de los reajustes de la Ley 445 de 1998, los pensionados de Ferrocarriles Nacionales, por lo que el ad quem deja de aplicar la ley a un caso que sí está regulado por la norma violada. Agrega que “la Ley 445 de 1998 ordena reajustar las pensión del orden nacional que se paguen con los dineros del presupuesto nacional en los años 1999 a 2000, a la luz del artículo 7º de la Ley 21 de 1988, es completamente claro que la nación paga a través del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales las obligaciones pensiónales y laborales, y por lo tanto los demandantes son destinatarios de la Ley 445 de 1998, y el juzgador de segunda instancia al ordenar no pagar, es decir al absolver a la demandada por tales incrementos está dejando de aplicar el artículo 7º de la Ley 22 de 1988 con respecto a la Ley 445 de 1998”.

VII. Tercer cargo

Acusó la sentencia por “violación directa de la Ley 445 de 1998 y Decreto Reglamentario 236 de 1999, en la modalidad infracción directa, al desechar y rebelarse el juez de segunda instancia contra la sentencia de fecha 13-05-08 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema De Justicia, en la que se condena al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia a pagar la Ley 445 de 1998, por considerar que los pensionados de dicha entidad reúnen los requisitos del ser del orden nacional y pagados con dineros del presupuesto nacional”.

Advierte que en la sentencia ya mencionada con radicación 32303, proferida en un proceso promovido contra el mismo Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la Corte despejó toda confusión que se tenía al respecto de que las pensiones de los demandantes y extrabajadores de dicha entidad no se pagan con dineros del presupuesto nacional, pues el máximo organismo de la jurisdicción ordinario consideró y condenó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia “a pagar la Ley 445 de 1998, incluso reajustes indizados por cuanto pertenecen al presupuesta nacional”.

VIII. La réplica

Argumenta el opositor que, frente al primer cargo “queda evidenciado que el tribunal no violó la norma sustantiva denunciada en la proposición jurídica, por cuanto no dejo de aplicar la ley, que es uno de los cuatro casos que por jurisprudencia y doctrina se incurre en infracción directa; que el juzgador de segunda instancia “no solamente trascribió el artículo 1º de la Ley 445 de 1998 y su Decreto Reglamentario 236 de 1999, sino que además para fundamentar su decisión se basó en la Sentencia C-067 de 1999 de la h. Corte Constitucional, es decir dio una interpretación con el fundamento ya mencionado”, por lo que la acusación debió enderezarse por interpretación errónea de dichas preceptivas.

Frente al segundo cargo manifestó que como en el recurso se mencionó que el tribunal “deja de aplicar la ley en un caso que si estaba regulado por la ley”, incurre en un desaguisado por cuanto indudablemente conforme a la ley, la doctrina y la jurisprudencia, correspondería a la forma de violación de infracción directa y no de aplicación indebida”; por último, y en cuanto al tercer cargo advierte que en la infracción directa por violación a la ley, la jurisprudencia “tiene advertido que cuando el fallador le da interpretación a la ley, se incurre en la modalidad de interpretación errónea; por ende se le endilga al fallo que la sentencia desconoció la posición de la jurisprudencia, la que surge para interpretar la norma, el ataque debe dirigirse por la vía jurídica por interpretación errónea y no por infracción directa”.

IV.(sic) Se considera

Tal como lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los tres cargos propuestos, por cuanto están dirigidos por la misma vía, aun cuando bajo diferentes modalidades de violación; comparten una misma proposición jurídica, y existe identidad tanto en los razonamientos expuestos como en el fin perseguido.

El recurso se encuentra encausado por la vía directa por lo que no es objeto de discusión, que a los aquí demandantes se les haya reconocido por parte de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, o en su defecto, del Fondo de Pasivo Social de esa misma entidad la pensión de jubilación o de sobrevivientes, bien por virtud de los servicios prestados a la citada empresa o en su condición de beneficiarios de quienes fueron sus trabajadores, tal como en forma detalla lo relacionó el tribunal en la sentencia atacada.

Es así como, la discusión que plantea el recurrente en los cargos, se circunscribe única y exclusivamente a determinar, si le asiste razón al tribunal cuando negó los reajustes pensionales pretendidos, o si por el contrario, se debe proceder a su reconocimiento con fundamento en las normas denuncias en la proposición jurídica.

Al absolver a las demandadas el ad quem al amparo de lo previsto en las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988, 6ª de 1992 y su decreto reglamentario, consideró que: “en su momento los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y una vez fue sustituida en sus obligaciones pensionales por el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, anualmente aplicaron los reajustes previstos para cada situación en particular”, lo cual encontró acreditado con las respectivas certificaciones que expidió la dirección de prestaciones económicas de la entidad, que obran a folios 176, 212, 244, 304, 357, 427, 527, 615, 704, 808, 1075, 1219, 1302, 13,93, 1462, 1600, 1723, 1853, 1963, 2085, 2154, 2230, 3397, 2341, 2385, 2404, 2496, 2556, 2667, 2881, 2953, 3016, 3086 y 3210, documentales a las que les dio toda su credibilidad por tratarse de documentos públicos expedidos por el órgano competente y no existir otro medio de convicción que las desvirtuara.

Se trae a colación el anterior soporte del fallo acusado, por cuanto era deber del impugnante destruir ese que fue el razonamiento esencial de la providencia, por la vía indirecta que era la apropiada para esos efectos, en tanto que con base en los medios de prueba relacionados el tribunal concluyó que la entidad demandada había cumplido su obligación de efectuar los reajustes pensionales, conclusión esta que le imponía a la censura destruir la inferencia fáctica.

En consecuencia, como el censor dejó por fuera de ataque los referidos medios de convicción, a pesar de tener la obligación de desvirtuar todos y cada uno de los soportes de la sentencia, esta permanece incólume en lo que a dichos reajustes se refiere, y soportada con los argumentos que no se objetaron.

Habrá de decirse también, que no se configura la violación que denuncia el recurrente a los artículos 1º de la Ley 445 de 1998 y del Decreto 236 de 1999, porque en este caso no se cumplen los supuestos fácticos previstos en tales normativas para acceder a los reajustes impetrados, en tanto que: “la pensión de los demandantes no fue reconocida por ninguna entidad pública del orden nacional, ni mucho menos su pago se realiza con recursos del presupuesto nacional”, pues tales aseveraciones no le merecen ningún reparo a la Sala.

Y así se afirma, por cuanto si bien es cierto que esta corporación en la sentencia que rememora el impugnante del 13 de mayo de 2008, radicación 32303, había precisado que los reajustes consagrados en la Ley 445 de 1998 se aplicaban a las pensiones que fueron asignadas al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, también lo es, que tal criterio fue rectificado en virtud de la nueva composición de la Sala, para en su lugar concluir, que los dineros de dicho fondo con los que se cancelan las prestaciones económicas derivadas de los derechos pensionales, no hacen parte del “presupuesto nacional” y, por ende, no hay lugar a ordenar ningún reajuste con fundamento en la citada normatividad.

En efecto, no puede confundirse lo que es el “Presupuesto General de la Nación” con el “presupuesto nacional”, en tanto que en aquel está incluido este, así como el de los establecimientos públicos del orden nacional para una vigencia fiscal, mientras que el “presupuesto nacional” comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

En estas condiciones, si los destinatarios de los reajustes a que se refiere el artículo 1º de la Ley 445 de 1998 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 236 de 1999, son los pensionados por jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, cuya prestación económica sea financiada con “recursos del presupuesto nacional”, mal pueden extenderse dichos incrementos a quienes se les financia su mesada con dineros de los establecimientos públicos del orden nacional, cuya naturaleza jurídica es la que tiene el fondo demandado, y que como ha quedado precisado con anterioridad, si bien hacen parte del “Presupuesto General de la Nación”, no lo son del “Presupuesto Nacional”.

Al efecto, la Corte acoge el criterio que ya ha expuesto la Sección Segunda del Consejo de Estado —en sentencias del 10 de febrero y 15 de septiembre de 2011, rads. 25000-23-25-000-2003-09129-02 (0988-09) - 25000-23-25000-2007-01334-01 (1555-09)—, respectivamente, cuando al examinar el tema de los reajustes de la Ley 445 de 1998 frente a los pensionados del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia, precisó:

“En relación con el porcentaje de la mesada pensional a cargo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no hay lugar al reajuste de que trata la Ley 445 de 1998 por lo siguiente:

A través de la Ley 21 de 1988, se adoptó el programa de recuperación del servicio público de transporte ferroviario nacional que implicó la reorganización institucional, administrativa, financiera y de explotación de dicho servicio. Dicha ley autorizó a la Nación para asumir la deuda de la Empresa Ferrocarriles Nacionales incluyendo la carga prestacional.

Atendiendo la anterior normativa, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1591 de 1989 por medio del cual creó el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

En relación con el tema la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto emitido el 23 de mayo de 2000, concluyó que las pensiones que el Fondo de Ferrocarriles Nacionales asumió no son susceptibles del reajuste pensional dispuesto en la Ley 445 de 1998 porque “el presupuesto de dicho fondo no hace parte del presupuesto nacional” los recursos de “los establecimientos públicos, hacen parte del presupuesto general de la Nación pero no del presupuesto nacional.

Lo anterior permite concluir que al ser el Fondo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, no es posible acceder a la aplicación del reajuste pensional establecido en la Ley 445 de 1998 porque su presupuestos pertenecen al General de la Nación, conforme a lo dicho en el artículo 3º del Decreto 111 de 1996”.

En consecuencia, no incurrió el tribunal en las violaciones legales denunciadas. Los cargos no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto la decisión adoptada se hace en virtud a un cambio de criterio jurisprudencial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por MATÍAS JIMÉNEZ ZAPATA, DOLORES ALDERETE DE RAMOS, JULIA GARCÍA LOZANO, LUZ ESTELA LEÓN, MARINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA HELVEDA HERRERA, HUMBERTO OSPINA RAMÍREZ, OCTAVIO DE J. CASTRO A., ANÍBAL GRISALES VARGAS, EDUARDO MURILLO GONZALES, LUÍS FELIPE TABARES GÓMEZ, CARLOS E. HENAO OTÁLVARO, GUSTAVO VACCA, PIEDAD DEL C. VALENCIA MARÍN, MARÍA N. GALVIAS VDA. DE RUIZ, AMILVIA LÓPEZ DE GIRALDO, MARÍA NIRIA DÁVILA DE SOTO, OLGA CARDONA VDA. DE NEMISCA, RUBIELA GARCÍA DE GUTIÉRREZ, ANA R. CIFUENTES VDA. DE ASTAIZA, DÉVORA MARTÍNEZ DE QUINTERO, CARMEN E. CANO VDA. DE SÁNCHEZ, INÉS CIRO VDA. DE TOBÓN, MARÍA M. MARTÍNEZ VDA. DE CASTAÑEDA, ANA M. BUITRAGO VDA. DE DUQUE, MARÍA BLANDÓN VDA. DE CASTAÑO, FLORIDA ORTIZ VDA. DE FERNÁNDEZ, ANA DELIA RICO QUIROGA, SARA GARCÍA DE PINTO, MARÍA OLIVA FRANQUIL, FLOR MARÍA FRANCO ARCILA, JULIO ERNESTO CARMONA CASTILLO, LUIS HERNANDO PEÑA, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ GIL, RICARDO LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS A. ALVARÁN GONZÁLEZ y JOSÉ ABEL HERNÁNDEZ MONTOYA, contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

Sin costas del recurso de casación a cargo de los demandantes.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».