Sentencia 40334 de septiembre 25 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta 317

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La Corte al estudiar el diligenciamiento para resolver los motivos de inconformidad del libelista, oficiosamente advierte que el trámite no se desarrolló conforme al debido proceso acusatorio, según lo planteó el libelista en el mecanismo de insistencia, el cual fue rechazado por extemporáneo, razón por la cual deviene que se ordene la invalidación de la actuación, con el objeto de que se reponga la misma en acatamiento a las formas propias de cada juicio.

2. Comoquiera que las dos censuras presentadas por la defensa contra la sentencia de segunda instancia se enrutan por el sendero de la infracción directa de la ley sustancial, la corporación se abstendrá de desatar la impugnación propuesta, y procederá a estudiar la violación de la estructura del proceso, debido a que sería inane entrar a verificar inicialmente la trasgresión directa de la norma sustancial, vicio que solo afectaría al fallo, cuando ya se advirtió la presencia de un yerro in procedendo, conforme así lo impone el principio de prioridad que rige esta impugnación extraordinaria.

En efecto, conforme al citado principio, de acuerdo con la irregularidad hallada en el proceso, el estudio compete iniciarse con el que sustenta la causal segunda de casación (L. 906/2004), exigencia cuya justificación está dada porque la Corte debe omitir pronunciarse sobre reproches que tienen menor repercusión frente a la actuación procesal, si prospera uno de mayor incidencia, lo cual haría inoficioso entrar a desentrañar la existencia de otros desatinos que son secundarios o subsidiarios a este.

3. La jurisprudencia de la Sala,(1) tiene dicho que el anuncio del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento, una vez finalizado el debate público oral, forma parte de la estructura del debido proceso y vincula al juzgador con la redacción de la sentencia. Sobre el punto, señaló:

“Por tanto, el fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el anuncio público y la sentencia finalmente escrita, debiendo, por tanto, ser coincidentes sus alcances”(2).

No obstante la naturaleza compleja del fallo y el carácter vinculante entre su sentido y la decisión adoptada en la sentencia, en la jurisprudencia acabada de citar, la Corte se refirió a la posibilidad de que el juzgador, de manera excepcional, declare la nulidad del “anuncio del sentido del fallo”, cuando quiera que, luego de emitido, advierta que el mismo contiene una injusticia material. Así lo expresó:

“No obstante el carácter vinculante del “sentido del fallo” con la sentencia redactada y leída en audiencia pública, cabe el cuestionamiento de si en un evento dado el juez, al observar, en el momento de la elaboración de la providencia, que de escribirla en consonancia con el aviso, resultaría injusta, no pueda enmendar su equivocación inicial y fatalmente se encuentre obligado a desatender lo que encuentra ajustado a ese valor justicia.

La respuesta tiene que ser negativa,...

(...)

En resumen: la sentencia que pone fin al proceso en el sistema de la Ley 906 de 2004 es un acto complejo que se conforma con el sentido del fallo que, motivado sucintamente con los aspectos señalados en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, el juez debe anunciar al finalizar el debate oral, y la providencia finalmente redactada y leída a las partes, siendo imperativo para el juez que esta guarde armonía, consonancia, congruencia con aquel aviso, porque las dos fases de ese único acto constituyen una unidad temática.

Pero si, eventual y excepcionalmente, al redactar la sentencia el juez llega a la convicción de que el acatamiento al anuncio de ese sentido implicaría una injusticia material, debe declarar la nulidad de aquel aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio correcto, respete las garantías de las partes”.

Línea de pensamiento que mantuvo en ulteriores decisiones, entre ellas, cuando la Corte concluyó sobre la imposibilidad del juez para condenar oficiosamente en perjuicios e indicó las exigencias mínimas de lógica y debida argumentación que debe contener la sentencia, y al referirse a otras actuaciones irregulares del fallador, advertidas en ese asunto, expresó:

“Una vez más recuerda la Sala que el sentido del fallo es vinculante para el juez, en cuanto conforma una unidad inescindible con la sentencia. En ese orden, aquel y esta deben guardar consonancia.

Por manera que una vez terminado el debate público oral y dado a conocer por el juez cuál va a ser el sentido de su fallo, no puede proferir sentencia en sentido contrario. Si al redactar o emitir la sentencia llega a la convicción contraria por razones de justicia material, esto es, a pesar de haber anunciado condena considera que lo debido es absolver, no puede dictar sentencia bajo esa orientación. Está en la obligación de declarar la nulidad de lo actuado a partir de ese momento procesal”(3).

Y posteriormente así lo reiteró, en un caso donde examinó el alcance del concepto de juez natural en el proceso acusatorio, así como la incidencia del cambio de juez en la repetición del juicio, cuando quien profiere la sentencia es diferente a quien anunció el sentido del fallo, al decir:

“En todo caso, importa recordar la importancia del anuncio del sentido del fallo, el respeto que por ese acto debe tener el juez al momento de dictar sentencia, máxime cuando haya lugar a cambio en la persona y únicamente en los términos expuestos.

En torno al anuncio del sentido del fallo y a la obligación del juez de respetarlo en el momento de la redacción de la sentencia, la Corte ha sostenido que forman parte de la estructura básica de un debido proceso. Por manera que si el juzgador pretende desconocer o retractarse del sentido de su aviso, para variar la orientación de la sentencia, debe acudir al remedio extremo de la nulidad(4). Dicho enunciado cobra mayor fuerza cuando, por alguna circunstancia excepcional, es otro juez, distinta persona, el que desatiende los derroteros hechos por su antecesor”(5).

3.1 Ahora bien, el criterio de la Sala que ha venido de exponerse, que prohijaba de manera excepcional la anulación del sentido del fallo, cuando encontrándose el juez en el proceso de redacción de la sentencia, advertía que contenía una injusticia material, para modificarlo a través de un nuevo anuncio; fue recogido en el precedente jurisprudencial adoptado en el Radicado 36333 del 14 de noviembre de 2012.

Allí la Corte, en un caso con idéntico sustrato fáctico al de la especie, estimó necesario replantear la referida tesis, particularmente en aquellos asuntos en los cuales “...se ha preservado el principio de la inmutabilidad del juez...”, en orden a garantizar el debido proceso acusatorio y respetar las garantías fundamentales de los intervinientes; por lo cual consideró que el anuncio del sentido del fallo resulta inmodificable.

3.2. Al fijarse esta nueva postura, se reiteró, no se sacrifica lo sustancial por lo formal, debido a que se están observando los principios constitucionales y legales inherentes al juicio oral, para “rescatar su importancia y distinguirlo (así) de los procedimientos escritos, como también es el camino adecuado con miras a respetar las garantías fundamentales de los intervinientes”.

3.3. Se recordó que la labor del juez en el juicio oral no está circunscrita a su instalación, o dirigir la audiencia, o verificar la validez de la manifestación de culpabilidad del acusado, etc., “sino que lo obliga a estar atento a su desarrollo y el debate probatorio en razón de la inmediación”, puesto que las pruebas se practican, se confrontan y se controvierten en su presencia, dada la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia.

3.4. Se insistió en que los elementos de conocimiento producidos en presencia del operador judicial, “mediante un debate desarrollado de manera continua en un mismo día, en días consecutivos o no, debido a suspensiones legales excepcionales... la inmediación y concentración son fundamentales... (por cuanto) mientras le posibilitan el conocimiento directo de los hechos, a partir de los cuales le corresponde decidir”.

3.5. En esa medida, se reiteró que de acuerdo con el procedimiento de la Ley 906 de 2004, una vez introducidos los medios de convicción, los intervinientes presentan sus alegatos y posterior a la declaración de terminación del debate, “el juez se hallará en capacidad inmediatamente o después del receso legal, de dar a conocer de manera oral y pública el sentido del fallo, cuya decisión se individualizará frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, indicando el delito por el cual lo halla culpable o inocente”.

3.6. Por tanto, se advirtió que el juzgador respeta el debido proceso acusatorio, cuando al redactar la sentencia acata el sentido del anuncio del fallo, “y no a la inversa, esto es, cuando anula su aviso por considerar que el mismo encierra una injusticia material”.

3.7. En tales condiciones, se avizoró que la invalidación del sentido del fallo, basado en que al redactar la sentencia se arribó a un convencimiento distinto del anunciado, “resulta inadmisible en un procedimiento regido por la inmediación, concentración e inmutabilidad del juez”; de ahí que consentiría bajo los anteriores supuestos, permitiría la agresión de esos postulados que son pilares de la nueva estructura procesal reglada en el Código de Procedimiento Penal de 2004, máxime cuando la misma ley estipula la posibilidad de ordenar un receso antes de anunciar el sentido del fallo, a fin de que se adelante un “reexamen de lo acontecido en el juicio, incluso consultar los videos y oír los audios, para disipar las dudas surgidas de lo percibido, procurando por esa vía que la sentencia escrita y leída días después guarde consonancia con él”.

Es más, se anotó que el mencionado plazo puede prolongarse razonadamente más allá del término reglado en la ley, dada la complejidad del asunto, “para garantizar que el sentido del fallo anunciado corresponda a lo probado y debatido en el juicio oral”.

3.8. Igualmente se recabó que los equívocos en que pueda incurrir el juez al emitir el sentido del fallo, “son susceptibles de ser corregidos con la interposición de los recursos legales por la parte a la que le asista interés jurídico, haciendo la reparación de la ‘injusticia material’ vislumbrada al redactar la sentencia, pero no por vía de anulación que equivaldría a la revocatoria de la sentencia por el mismo juez que la dictó”.

Así, la obligación de mantener vigente e inmodificable el sentido del fallo, no va contra la verdad y la justicia. Todo lo contrario, respeta los pilares del debido proceso acusatorio, “y vivifica el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe de quienes intervienen en la actuación, los cuales no pueden ser sorprendidos ni afectados con nuevas decisiones que desconocen el surgimiento de derechos con el sentido del fallo anunciado, como el de la libertad y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas”, pues de lo contrario se atenta contra la seguridad jurídica, en la medida en que su anulación quedaría supeditada al arbitrio de la facultad discrecional del juez, a quien “solo le bastaría con invocar la justicia material para modificar su decisión inicial. Además, la nulidad no es aplicable para corregir un criterio del juez, sino que opera por vicios en la producción de los actos procesales y el sentido del fallo no fue irregular”.

4. De acuerdo con las anteriores precisiones, al aplicarlas al trámite objeto de examen, se advierte en el caso particular fue el mismo juez que adelantó el juicio el que anunció el sentido del fallo de naturaleza absolutoria para los delitos de cohecho propio, uso de documento falso y fraude procesal, y condenatoria respecto de la conducta punible de enriquecimiento ilícito, para luego anularlo, señalando que la sentencia sería condenatoria para todos los delitos, excepto el uso de documento falso.

Recuérdese que ante el mismo funcionario judicial se realizaron los trámites de las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y del juicio oral.

La primera de las diligencias, se cumplió luego de superar la contingencia procesal presentada por la manifestación de impedimento del mencionado operador judicial, en relación con el supuesto de haber conocido de otro trámite por razón de los mismos hechos y respecto de otros procesados, el cual no fue aceptado.

En la segunda, que se realizó en dos sesiones, el mencionado juez ordenó la práctica de algunas pruebas solicitadas por la fiscalía y la defensa técnica, e inadmitió otras por no reunir los presupuestos de admisibilidad.

Y, finalmente, culminado el trámite del juicio oral ordenó un receso de una hora para anunciar el sentido del fallo, el cual fue condenatorio para el punible de enriquecimiento ilícito y absolutorio respecto de las conductas punibles de cohecho propio, uso de documento falso y fraude procesal, fijando el día y la hora para la audiencia de lectura de sentencia.

Como se anotó en el resumen de la actuación procesal, el citado funcionario judicial, en la fecha indicada, declaró la nulidad parcial del sentido del fallo, puesto que advirtió que “ello” resultaba “congruente con la argumentación, si se tiene en cuenta que el rol desempeñado por Sergio Martínez Martes, dentro del contexto referenciado y las pruebas obtenidas, hacen ver que la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, conlleva a la realización de los otros, en forma concursal e inescindible, por la misma conexidad de las conductas”.

En consecuencia, resulta evidente que al juez que presidió el juicio con observancia del debido proceso, le estaba proscrito cambiar el sentido del fallo, acudiendo al mecanismo de la anulación, mucho más, cuando lo que se advierte es que el cambio de su decisión estuvo fundado en una equivocación personal al valorar los medios de prueba y que advirtió al momento de elaborar la sentencia, puesto que dicho análisis debió ser abordado previamente a anunciar el sentido del fallo.

De otra parte, no sobra reiterar que los intervinientes al acto público cuentan con los mecanismos de los recursos, si lo consideran pertinente, para combatir la decisión adoptada conforme al anuncio del sentido del fallo emitido al finalizar la audiencia de juicio oral, obviamente si tienen interés, el cual emana de la propia decisión.

En tales condiciones, de conformidad con el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, se anulará la actuación, en orden a que el juez de primera instancia, quien presidió el juicio oral, dicte sentencia de acuerdo con el sentido del fallo anunciado en la audiencia que se llevó a cabo el 27 de enero de 2012.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR de oficio la sentencia recurrida. En consecuencia, se declara la nulidad del trámite por violación de la estructura del proceso, a partir, inclusive, del auto dictado en la audiencia que se cumplió el 8 de febrero de 2012, con el objeto de que el juzgador profiera el fallo según el sentido anunciado a la culminación del juicio oral, esto es, el 27 de enero de 2012.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen».

(1) Casación del 3 de mayo de 2007, Radicación 26222.

(2) Casación del 17 de septiembre de 2007, Radicación 27336.

(3) Casación del 5 de diciembre de 2007, Radicación 28125.

(4) Sentencia del 17 de septiembre de 2007 (Rad. 27336).

(5) Casación del 20 de enero de 2010, Radicación 32556.