Sentencia 40365 de septiembre 25 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40365

Acta 34

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Con el ánimo de darle respuesta a las inquietudes planteadas en el cargo, resulta pertinente recordar que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecidos como principio en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bajo las anteriores premisas, ha adoctrinado la Corte que el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, de entre las diferentes lecturas razonablemente posibles, no resulta susceptible de corrección en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que, ha precisado, tal exégesis resulte totalmente contraria a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto.

En el mismo sentido, la Corte ha descartado la configuración de un error de hecho palmario, en aquellos casos en los cuales el tribunal adopta una de las interpretaciones que plausiblemente se derivan del texto de una determinada disposición convencional, pues es su deber respetar la valoración que de las pruebas se realiza en las instancias, salvo, como ya se dijo, la existencia de una inferencia descabellada.

Ha dicho la Sala:

“(...) no es función de la Corte en casación fijar el sentido de las cláusulas plasmadas en las convenciones colectivas de trabajo, pese a la gran importancia que ostentan esos acuerdos en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho laboral, dado que no son normas legales sustanciales de alcance nacional. Por esa misma razón, las partes son las que, en principio, están llamadas a determinar su sentido y alcance, puesto que esta Sala de la Corte solo puede separarse de la interpretación que le asigne el juzgador, en caso de que esta se exhiba absurda, para concluir que, por su errónea apreciación como prueba, se produjo un yerro manifiesto.

Igualmente, en aquellos casos en que ante una misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia de que el juzgador opte por una de ellas no puede constituirse en un error de hecho manifiesto, protuberante, o garrafal, por cuanto, como lo ha enseñado esta corporación, los distintos significados que surjan de una misma cláusula de la convención colectiva de trabajo implican que no pueda estructurarse un yerro fáctico ostensible, ya que solo en el caso de que el juez le dé a ese texto normativo, de condiciones generales de trabajo, un alcance absolutamente descabellado, puede la Corte precisarlo y, si es del caso, corregirlo, lo cual no sucede en esta ocasión, dado que el ad quem acogió uno de los posibles alcances razonables que admite el precepto convencional.

Por lo tanto, la estimación que de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo haga el juzgador, debe entenderse enmarcada dentro de la facultad de apreciar, de manera libre y razonada, los medios probatorios, que confiere a los jueces laborales el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que solo puede merecer el repudio de este tribunal de casación, en la medida en que resulte contraria a la razón, a la ciencia y a la técnica, es decir, que de ella pueda predicarse el disparate y el absurdo. Ello no ocurre en este caso, dado que el juzgador acogió una de las posibles interpretaciones razonables que admite el documento referido”. Sentencia del 6 de septiembre de 2011, Rad. 44008.

En el presente asunto, el artículo 38 de la convención colectiva obrante a folios 75 a 98 establece: “Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, continuará reconociendo y pagando la pensión mensual vitalicia de jubilación a todos los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas que hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. La pensión de jubilación tendrá una cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del total de lo devengado por el trabajador en el último año efectivo de servicios”.

Luego de analizar la referida cláusula convencional, el tribunal entendió que era posible darle varias interpretaciones igualmente válidas a la forma y términos en los que debían ser acreditados los requisitos para obtener la pensión de jubilación, que es en últimas el punto sobre el cual difieren las partes.

Teniendo en cuenta dicha deducción, concluyó que el condicionamiento impuesto por la entidad demandada, de que la edad fuera cumplida en vigencia de la relación laboral, no se derivaba inexorablemente del texto de la disposición, además de que la intelección más acoplada a la intención de los contratantes y a la naturaleza de la prestación era la contraria, por virtud de la cual el presupuesto fundamental era cumplir el tiempo de servicio allí estatuido, además de que se verificara la edad, sin importar si este último supuesto acaecía luego de terminado el contrato de trabajo.

Para tales efectos, tuvo en cuenta el tribunal la esencia y fines de las pensiones de jubilación, de donde concibió que debía adoptarse una “concepción amplia” del término trabajador, que permitiera incluir en el mismo a las personas retiradas, “(…) cuando se trata de prestaciones compatibles con su calidad de retirados”. Adicionalmente, coligió que la intención de los contratantes nunca pudo ser la de restringir el ámbito de la prestación a los trabajadores activos, pues eso resultaba contrario a la lógica misma de la pensión y de la convención colectiva, “(…) cuya naturaleza y fin es mejorar esas prestaciones (…)”. Finalmente, estimó que ante la existencia de dos interpretaciones igualmente válidas y razonables de un mismo precepto, debía acudirse al principio de favorabilidad establecido como una garantía mínima de los trabajadores.

Las anteriores disquisiciones, además de que no fueron completa y suficientemente desvirtuadas en el cargo, se acompasan razonablemente con el texto de la convención colectiva obrante a folios 75 a 98, pues el artículo 38 no prevé la salvedad de que la edad necesaria para conseguir la pensión deba ser alcanzada en vigencia de la relación laboral, como lo aduce la censura, de manera que la norma ofrece lógicamente la otra posibilidad, de que pueda ser cumplida una vez que ha terminado el contrato de trabajo y se ha verificado el tiempo de servicio.

Así las cosas, el tribunal no pudo incurrir en algún error de hecho evidente, ostensible y manifiesto, cuando determinó que la edad necesaria para obtener la pensión de jubilación podía cumplirse después de terminada la relación de trabajo, pues esa es una de las lecturas que plausiblemente ofrece la disposición convencional y que debe entenderse cobijada por la libre formación del convencimiento que rodea la valoración de las pruebas por el juez del trabajo.

Vale la pena mencionar por último que, en anteriores oportunidades, esta Sala de la Corte ha analizado la misma cláusula convencional que enfrenta a las partes y ha determinado que “[e]s posible entender que por ser la prestación de servicios la causa eficiente de la pensión pactada en la convención, en tanto que la edad la causa final de la misma, es dable admitir la interpretación dada por el tribunal a la aludida disposición contractual, en cuanto afirmó que la disposición convencional no restringe el beneficio a quienes únicamente forman parte activa del contingente laboral, menos, cuandoquiera que la terminación de la vinculación no es imputable al trabajador, pues aceptar tal tesis conduciría a aprobar la potestad de la entidad responsable de la prestación de eludir unilateralmente el reconocimiento del derecho dando simplemente lugar a la terminación anticipada de la vinculación laboral”. Sentencia del 15 de marzo de 2011, Rad. 35647.

Las anteriores reflexiones bastan para concluir que el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de enero de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Alirio Laiton Delgado contra el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, D.C.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada. Las agencias en derecho se estiman en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($ 6.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».