Sentencia 40367 de abril 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta Nº 124

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Corte es competente para conocer este asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de un auto proferido en primera instancia por un tribunal superior.

En procura de definir la impugnación propuesta, la Sala abordará el estudio de los siguientes tópicos derivados de los argumentos expuestos por las partes e intervinientes: i) Sobre la preclusión de la investigación y ii) Del caso concreto.

i) La Preclusión de la investigación.

Los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004, atribuyen a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos de connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración.

Así mismo, la Ley 906 de 2004 prevé que cuando la Fiscalía no encuentre mérito para acusar, debe acudir al juez de conocimiento para solicitar la preclusión de la investigación según las causales previstas en la ley.

En ese orden, dicho instituto procesal comporta la terminación de la actuación penal sin agotar todas las etapas del proceso ante la ausencia de mérito para formular cargos en contra del indiciado o imputado. Se trata, por tanto, de una determinación de carácter definitivo adoptada por el juez con funciones de conocimiento, por cuyo medio se ordena cesar la persecución penal respecto de los hechos materia de investigación.

De esta manera, en el nuevo esquema procesal penal la definición del proceso está adscrita al juez mediante el control de la aplicación del principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del proceso, o la sentencia.

Los artículos 331 a 335 del citado estatuto regulan la preclusión de la investigación estableciendo que puede ser decretada por el juez de conocimiento en cualquier etapa procesal, a instancias de la Fiscalía, incluso antes de la formulación de la imputación, cuando encuentre acreditada una de las situaciones contempladas en el canon 332:

“1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código”.

También procede la preclusión en cualquier etapa del trámite cuando se verifique la configuración de los motivos de extinción de la acción penal del artículo 77 del Código Penal, a saber: muerte del imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento. Y en los previstos en el artículo 82 del Código Penal que, adicional a los anteriores, prevé el pago, la indemnización integral y la retractación en los casos previstos en la ley.

Las causales 1 y 3 del canon 332, relativas a la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, también pueden ser solicitadas por el Ministerio Público o por la defensa en la etapa de juzgamiento.

Adicionalmente, según decisión de la Corte Constitucional(1), es posible, una vez incoada la preclusión por la Fiscalía, que la defensa coadyuve la petición, invoque una causal no esbozada y controvierta los argumentos de los demás intervinientes, con lo cual el juez tendrá más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de la solicitud.

Ahora, la normatividad referida no distingue entre la preclusión solicitada en la etapa de la investigación antes de la formulación de la imputación y la impetrada después de la misma, situación comprensible si se considera la estructura progresiva del sistema procesal acusatorio.

En efecto, una vez instaurada la denuncia o iniciada de oficio la indagación, el Fiscal elabora el programa metodológico orientado a constatar la materialidad y autoría de los hechos investigados. Si luego de desplegar amplias y suficientes labores investigativas, a partir de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, logra establecer la configuración del delito e inferir razonablemente la autoría o participación en el mismo, imputará cargos al investigado. Por el contrario, si no obtiene dicha convicción y, además, encuentra presente alguna de las causales previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, podrá solicitar la preclusión de la investigación.

También es posible que una vez formulada la imputación se acopien nuevos elementos materiales probatorios que evidencien la configuración de alguna de las causales de preclusión enlistadas en el canon 332 ibídem, evento en el cual la Fiscalía estará legitimada para postular la figura preclusiva.

En ese contexto, la imputación de cargos debe obedecer a un ejercicio responsable de investigación por parte del ente acusador, de forma que no se presenten situaciones como la examinada donde se imputó el delito de prevaricato por acción(2) e inmediatamente después(3), sin mediar el recaudo de elemento de juicio diferente, se solicitó la preclusión de la investigación. Tal situación se distancia de la estructura procesal diseñada por el legislador y muestra la extrema ligereza del fiscal en el manejo de la investigación a su cargo.

Con todo, es cierto que una vez realizada la audiencia de imputación, en aplicación del principio de congruencia, a las partes y a los operadores judiciales sólo les es dable debatir en torno al cargo imputado, razón por la cual el tribunal a quo debió pronunciarse exclusivamente sobre la concreción o no del punible imputado. No obstante, ello no significa que la judicatura no pueda examinar el contexto fáctico de la imputación a efectos de corroborar la configuración de la causal de preclusión propuesta, dado el efecto de cosa juzgada de dicha determinación.

Ahora, el tribunal no fundó la negativa de la preclusión exclusivamente en la omisión de investigar integralmente los hechos denunciados, pues también se refirió con amplitud a la ausencia de prueba de la atipicidad pregonada, motivo por el cual la Sala procede a analizar dicho aspecto.

ii) Del caso concreto.

Considera la colegiatura a quo que la Fiscalía no demostró la atipicidad en el accionar de la doctora Mercedes Pérez Roldán, pues las condiciones objetivas del proceso indicaban que no estaban dados los presupuestos para conceder la detención domiciliaria en tanto la gravedad y modalidad del delito permitían prever que el imputado no comparecería al proceso y representaba peligro para la comunidad.

Frente a esta postura, la Fiscalía como impugnante y la defensa técnica y material como no recurrentes, plantean la inexistencia de actuar delictivo, pues aunque la decisión del 8 de abril de 2009 pueda calificarse de equivocada, no es manifiestamente ilegal, en tanto i) no estaba prohibida; ii) no existe consenso sobre los eventos en que procede la sustitución de la medida; iii) la juez actuó en ejercicio del principio de autonomía judicial y entregó razones sobre su determinación.

Visto lo anterior, la Sala recuerda cómo constituye carga ineludible de la Fiscalía demostrar la causal de preclusión invocada, lo cual implica entregar a la judicatura elementos de juicio que comporten certeza, plena prueba o conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la estructuración de la misma. Excepcionalmente(4) se puede llegar a ella por aplicación del principio in dubio pro reo previsto en los artículos 29 de la Carta Política y 7º de la Ley 906 de 2004, siempre y cuando se haya desplegado un trabajo investigativo integral sobre todas las hipótesis delictivas derivadas de la noticia criminal y agotado el acopio de los medios de convicción racionalmente recaudables, sin que se pueda despejar la incertidumbre en torno a los elementos del delito.

En el evento examinado, la Corte encuentra que la Fiscalía no demostró la causal postulada por cuanto las circunstancias particulares del caso demandaban un amplio esfuerzo investigativo para establecer el contexto dentro del cual se emitió la determinación cuestionada, trabajo que no fue desplegado por el ente investigador, que sin mayores argumentos coligió la atipicidad sin que la Sala conozca los elementos en los cuales fundamenta su conclusión.

Es decir, la atipicidad no puede deducirse de los exiguos elementos de juicio hasta ahora aportados, constituidos en forma exclusiva por las copias de la actuación y el interrogatorio de la indiciada porque resultan insuficientes para acreditar la causal propuesta.

Además de lo anterior, a modo de ejemplo, la Fiscalía pudo verificar si existen decisiones de la imputada en asuntos similares y de ser así, cuáles fueron sus posturas jurídicas, si tuvo como soporte algún precedente jurisprudencial para casos análogos que la llevaran a decidir en la forma en que lo hizo, así como todo aquello que permita corroborar la tesis de la atipicidad objetiva y subjetiva.

Por tanto, el ente acusador olvidó explicar y demostrar por qué a pesar de su desacierto, la decisión no es manifiestamente contraria a la ley y por qué la doctora Pérez Roldán no actuó con dolo, a pesar de los señalamientos que en tal sentido se le hacen en los escritos origen de la investigación.

Y aunque en torno de las medidas de aseguramiento la ley procesal penal otorga al juez cierto grado de discrecionalidad para el análisis y estudio de los elementos previstos en los artículos 308 y 314-1 de la Ley 906 de 2004, esto es, para determinar si el imputado puede obstruir la administración de justicia, constituir un peligro para la sociedad o la víctima y si comparecerá al proceso, lo cierto es que esa labor no depende del arbitrio del juez porque debe guiarse por los criterios establecidos en la ley.

De esta manera, aunque el pronóstico está sujeto a la verificación de las condiciones particulares en cada caso, la judicatura debe respetar las pautas legales, por ejemplo, las referidas a la gravedad, modalidad de la conducta y la pena imponible, parámetros que en el evento examinado, tal como lo adujo el a quo, no fueron considerados por la funcionaria investigada, situación que debía ser explicada con suficiencia por el ente acusador si pretendía demostrar la atipicidad postulada.

En ese orden, si la decisión de la doctora Mercedes Pérez Roldán le resultaba errada, la Fiscalía no podía limitarse a sustentar la pretensión preclusiva con tan precarios medios de convicción, máxime cuando en la denuncia se le entregaban diversos datos a partir de los cuales podía explorar otras hipótesis a efectos de corroborar o descartar si la determinación se produjo como consecuencia de un yerro en la valoración de los requisitos para sustituir la detención intramural por domiciliaria o por otras circunstancias.

En tales condiciones, al no estar probados a cabalidad los presupuestos de la causal de preclusión alegada, se debe negar la pretensión de la Fiscalía y confirmar lo decidido por el Tribunal Superior de Buga.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Confirmar el proveído del 27 de noviembre de 2007 proferido por el Tribunal Superior de Buga, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esa decisión.

2. Informar que esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.

Devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencia C-648 del 24 de agosto de 2010, por cuyo medio se declaró inexequible la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, así: “En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan sólo una intervención limitada, excepcional y poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión, es una medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor del imputado para que interviniera no sólo en caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento contar con más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de petición de preclusión”.

(2) El tribunal y la Fiscalía informan que se efectuó imputación del delito de prevaricato por acción el 28 de mayo de 2012 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Buga; sin embargo, en el expediente examinado por la Sala no figuran las actas respectivas.

(3) La solicitud de preclusión es del 24 de agosto de 2012.

(4) En este sentido se ha pronunciado la Sala en anteriores ocasiones, por ejemplo en el proveído del 14 de noviembre de 2012, Radicado 40128.