Sentencia 40387 de septiembre 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40387

Acta 31

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Cartagena de Indias, seis de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Interpuesto por Álcalis de Colombia Limitada en Liquidación, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

La censura persigue que se case en su totalidad la sentencia acusada, en cuanto revocó la decisión absolutoria de primer grado y, en sede de instancia, confirme el fallo del juez del conocimiento; en subsidio que se case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto revocó la decisión de primer grado, para condenar a la empresa demandada a pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que, en sede de instancia, se confirme la decisión absolutoria por este concepto.

Con los fines anotados formula, por la causal primera de casación laboral, tres cargos que no tuvieron réplica.

Primer cargo

Orientado por la vía indirecta se acusa la aplicación indebida de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Decreto 2127 de 1945; 8º de la Ley 171 de 1961; 177 y 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 135 del Decreto 2282 de 1989; 50, 66 A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 29 de la Constitución Nacional.

Quebranto normativo que dice cesura se produjo a raíz de los siguientes yerros manifiestos que cometió el juzgador de segundo grado:

“— Dar por establecido no estándolo, que el demandante tiene derecho a la pensión restringida de jubilación señalada en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 171 de 1971, a cargo de la demandada.

— Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante laboró por espacio de 19 años, 9 meses y 25 días efectivos de servicio a la demandada.

— No dar por demostrado, estándolo, que el demandante solamente laboró para la demandada por el lapso de 20 años y 12 días”.

Equivocaciones fácticas que, apunta, se debieron a la falta de apreciación de la convención colectiva de trabajo suscrita para el periodo 1990-1992 (fls. 397 a 485); como también por la estimación equivocada de la demanda (fls. 8 a 10), el contrato de trabajo (fl. 228), la comunicación de terminación del contrato de trabajo (fl. 229), la liquidación final de prestaciones sociales (fls. 232 a 239), la afiliación del trabajador al ISS, folio 240 y la hoja de vida del actor (fl. 241).

En la demostración señala el censor que los medios de prueba que fueron erróneamente apreciados por el tribunal muestran que el tiempo laborado por el actor en la empresa fue de 20 años y 12 días, lo que no es producto de una suposición o de un acto arbitrario de la demandada, pues corresponde al tiempo realmente trabajado por el demandante en la empresa; que, de estos documentos, se extrae la existencia de un vínculo laboral entre las partes que se extendió del 16 de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1993, por tanto, el tiempo real laborado por el actor fue de 20 años y 12 días, tal como se aprecia en su liquidación definitiva de prestaciones sociales (fls. 232 a 239); que el descuento, por parte de la empresa, de los supuestos días no laborados por el actor, no está demostrado en el proceso y, por ello, no está acreditado lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 del Decreto 2127 de 1945; que el artículo 46 señala como causales de suspensión del contrato de trabajo la licencia o permiso temporal, la suspensión disciplinaria y la huelga decretada con sujeción a las normas legales pertinentes; que el tiempo laborado por el demandante para Álcalis fue de 20 años y 12 días, lo que no es novedoso en el proceso, pues eso mismo se afirmó en la formulación de la demanda, cuando se solicitó como petición subsidiaria la pensión de jubilación señalada en el artículo 130 de la Convención Colectiva de Trabajo 1990-1992, que exige para su reconocimiento el requisito de 20 años de tiempo de servicios; que en aquel momento no existió una supuesta equivocación de la demandada en el cálculo del tiempo de trabajo del actor, es decir, que el lapso de 20 años y 12 días corresponde al efectivamente laborado por él; que el actor asumió una doble posición a propósito de los reclamos pensionales que hace a la demandada, por cuanto en su primer intento, encaminado a obtener la pensión sanción, argumentó tener más de 15 años de servicio y, seguidamente, en la petición subsidiaria, para reclamar la pensión de jubilación convencional del artículo 130, argumentó contar con más de 20 años de servicios, porque así le convenía; que ese proceder de la parte actora, en procura de sus reclamaciones judiciales, teniendo en cuenta su conveniencia, desdice de su credibilidad y seriedad frente a la administración de justicia; que no existen razones jurídicas viables en el presente proceso para reconocer y pagar al actor pensión sanción alguna, toda vez que por el tiempo de servicios, más de 20 años, no existe derecho a la dicha pensión sanción de conformidad con la jurisprudencia.

Consideraciones de la Corte

Aunque es cierto que en el acápite de los hechos de la demanda, con la cual se dio inicio al proceso, se aseveró por el actor que había prestado sus servicios para la empresa demandada por espacio de 20 años y 10 días, también lo es que, tal afirmación fue desconocida con la respuesta a la demanda y desvirtuada con la hoja de vida del demandante y la liquidación de prestaciones sociales.

El argumento principal que adujo Álcalis para oponerse a las pretensiones del accionante, en la contestación de la demanda, radicó en que el tiempo efectivo de los servicios había sido de 19 años, 9 meses y 25 días (fl. 20, del C. de I.), pues, si bien, no discutió los extremos temporales de la relación laboral invocada, sí dijo que se debían descontar 90 días no laborados por el trabajador, por a faltas, huelgas y permisos.

Manifestación que, además, fue corroborada con la liquidación final de prestaciones elaborada por la empleadora, el 30 de marzo de 1993, (fls. 231 a 239, del C. de I.), toda vez que, en los documentos visibles a folios 231 y 238, se relacionan 90 días como no trabajados, que fueron descontados para la liquidación del auxilio de cesantía.

Así mismo, la veracidad de los días descontados por la empleadora se ve reflejada en los comprobantes de pagos parciales de cesantías que la empleadora hizo en 5 ocasiones al demandante, en el primero de ellos, efectuado el 2 de marzo de 1984, es decir, cerca de 9 años antes de que terminara su relación laboral, ya se le descontaban 88 días no laborados por concepto de huelgas, faltas y permisos. En el segundo, que fue cancelado el 27 de junio de 1987, se deducen 89 días, lo que se repite para los pagos que se cumplieron el 6 de diciembre de 1989, el 3 de abril de 1990 y el 27 de junio de 1991. Documentos que en consecuencia no dejan la menor duda respecto a que la empleadora descontó los días mencionados del término total de la relación laboral del actor, no solo a la terminación del contrato de trabajo sino también durante el transcurso de la relación laboral.

De modo que no aparece que el tribunal hubiese apreciado mal los medios de prueba que señala la censura.

Surge entonces de lo expuesto que el tiempo real de servicios prestados por el demandante fue el informado por la propia entidad demandante de 19 años, 9 meses y 25 días, lo que desvirtúa la existencia de los errores de hecho que señala la acusación a la sentencia recurrida.

El cargo, conforme a lo expuesto, no prospera.

Segundo cargo

Denuncia la violación, por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, así como la infracción directa de los artículos 288 ibídem, 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y 8º, inciso 2º, de la Ley 171 de 1961.

En la demostración señala el censor que su inconformidad radica en la aplicación que hizo el tribunal del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que, afirma, la sanción prevista en dicha disposición solo procede en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, que regula la Ley 100 de 1993 y no respecto a la pensión sanción con base en el artículo 8º, inciso 2º, de la Ley 171 de 1961, teniendo en cuenta los requisitos de edad y tiempo de servicios allí establecidos para reconocer la pensión restringida de jubilación, por la que se condenó, tal como, dice, lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala en sentencia de 25 de noviembre de 2008, con Radicación 33164.

Reitera que los intereses moratorios regulados por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, únicamente comprenden las pensiones que se ubican dentro del sistema general de pensiones establecido en dicha ley, que en ningún caso está comprendida la pensión restringida prevista en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961; que el tribunal pasó por alto que, conforme al artículo 288 de la Ley 100 de 1983, prevalece el criterio de la inescindibilidad de la ley de seguridad social y que también desconoció que el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo no permite fraccionar la ley, como lo hizo ese juzgador, porque la norma debió aplicarse de manera íntegra, pues las pensiones restringidas de jubilación no están regidas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Tercer cargo

Orientado por la vía directa, acusa la interpretación errónea de los artículos 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, así como la infracción directa de los artículos 288 ibídem, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

En la demostración del cargo reprocha el censor que el juzgador de segundo grado resolviera aplicar en este caso los intereses de mora ordenados en la ley de seguridad social, pese a que lo reconocido fue la denominada pensión sanción regulada en el artículo 8º, inciso 2º, de la Ley 171 de 1961, lo que impedía que se extendieran los efectos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a ese evento porque solo procede en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, de que trata esa ley, que no es el asunto bajo examen, pues, como ya se indicó, dicha disposición solo se aplica a las pensiones reglamentadas por la Ley 100 de 1993 y no a las pensiones restringidas de jubilación como la fulminada en el presente proceso.

Agrega que, en virtud del principio de la inescindibilidad de la ley de seguridad social, no se podía reconocer a una pensión sanción intereses de mora, pues, conforme al artículo 288 de la Ley 100 de 1993, si se considera la aplicación de una de sus normas por resultarle más favorable, es necesario el sometimiento a la totalidad de sus disposiciones; que se omitió dar aplicación al artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto esta disposición no permite fraccionar la ley como lo hizo el juzgador, pues esta debe aplicarse de manera íntegra sin fraccionarla para seleccionar lo que más convenga de cada una.

Consideraciones de la Corte

Acierta la acusación al plantear que, en este caso, el juzgador de segundo grado aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues es criterio reiterado de la Sala, desde la sentencia del 28 de noviembre de 2002, radicada con el número 18273, que los intereses moratorios contemplados por dicha disposición solo tienen lugar en tratándose de pensiones reguladas en su integridad en el sistema de seguridad social en pensiones previsto en esa ley, y no en relación con las que, como en este caso, se conceden con arreglo a normas diferentes. En la providencia anotada se dijo, lo siguiente:

“Empero, el aludido desacierto únicamente es suficiente para tener como fundado el cargo y no para quebrar el fallo recurrido, ya que para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante Hernando Francisco Olaya Román, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: ‘... en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley...’.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Acredita entonces la acusación que el juzgador de segundo grado incurrió en la equivocación jurídica señalada en los cargos; por tanto, se casará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto revocó la absolución por concepto de intereses moratorios dispuesta por el juez del conocimiento.

En sede de instancia, como quiera que se observa que en la demanda se solicitó igualmente la indexación de las mesadas, causadas, se hace necesario, antes de tomar decisión de reemplazo, oficial al Instituto de Seguros Sociales, a fin de que informe a partir de qué día concedió al actor la pensión de vejez y el valor de las mesadas pagadas al actor, mes a mes, desde esa fecha y hasta el mes de agosto del año 2012.

Sin costas en casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de julio de 2008 en el proceso ordinario laboral que promovió Mauro Gabriel Muñoz Pájaro contra Álcalis de Colombia Limitada “Alco Ltda.” en Liquidación, en cuanto revocó la absolución por intereses moratorios dispuesta en primera instancia y condenó por ese concepto. NO SE CASA en lo demás.

Previamente a proferir la decisión de reemplazo en instancia, para mejor proveer, se ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales en los términos previstos en la parte motiva de este fallo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».