Sentencia 4040 de agosto 14 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SITUACIÓN ANTERIOR A UN FALLO DE DESLINDE

NO EXISTE CULPA DE LOS COLINDANTES

EXTRACTOS: «Invocando como fuente jurídica la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, la promotora del proceso reclama la indemnización de todos los perjuicios, materiales y morales, padecidos como secuela de la ocupación de hecho y la explotación de unos inmuebles de su propiedad, sin su autorización ni consentimiento y sin título legal alguno por parte del contradictor, durante el tiempo comprendido entre el año de 1969 y el 25 de agosto de 1987, fecha en la cual por orden judicial se vio compelido a hacer la restitución. Claramente se desprende del libelo demandador que el resarcimiento no se apoya en circunstancia distinta a la mencionada ni mucho menos se aspira a configurarla como secuela de lo acontecido en el proceso de deslinde y amojonamiento surtido entre los contendores.

La sentencia dictada por el Tribunal y que es motivo de cuestionamiento por el censor mediante el recurso extraordinario de casación, confirmó la del a quo que absolvió al demandado del reconocimiento y pago de perjuicios, materiales y morales, originados en la ocupación de hecho de los inmuebles de su propiedad.

El ad quem, luego de concluir que la acción promovida por la actora era la de responsabilidad civil extracontractual o aquiliana y de precisar que le correspondía acreditar a aquélla la existencia de los tres requisitos axiológicos de culpa, daño y nexo causal, apuntaló el estudio correspondiente bajo la consideración que la pretensión indemnizatoria se promovía como consecuencia de lo acontecido en el anterior proceso de deslinde y amojonamiento que por iniciativa de aquélla enfrentó a las mismas partes. Concretamente en relación con el punto en cuestión, expuso en su fallo: “En el caso de autos, se pretende derivar culpa del actuar del demandado que dio pie al proceso abreviado de deslinde y amojonamiento, olvidándose que ese tipo de juicio es eminentemente declarativo, en el cual las partes reconocen recíprocamente el dominio, por lo tanto no se discute el derecho real en sí mismo considerado, sino simplemente se trata de delimitar las propiedades colindantes con la fijación de la línea divisoria” y, más adelante agrega “...habida consideración que no es dable cobrar perjuicio alguno por el daño sufrido con ocasión de un proceso abreviado de deslinde y amojonamiento...”.

4. Haciendo el parangón entre la demanda (hechos y pretensiones) y la sentencia del Tribunal, es forzoso concluir que ciertamente el fallador incurrió en el error que le atribuye la censura al deducir la pretensión resarcitoria del trámite del proceso de deslinde, sin haber advertido ni tener en cuenta que éste no fue alegado ni invocado como sustento de la responsabilidad civil extracontractual deprecada.

No queda ninguna duda que es de la denominada por la actora ocupación de hecho de los inmuebles de su propiedad por parte del demandado sin su autorización, consentimiento o título legal alguno, que ella pretende hacer surgir los perjuicios reclamados a través del ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual. Emana de lo dicho, entonces, que sí hubo incorrecta apreciación de la demanda por parte del Tribunal al otorgarle un alcance que no tenía, esto es, colegir que los daños objeto de la indemnización deprecada se originaron en el deslinde y no en la ocupación mencionada. No era válida ninguna otra forma de interpretar el libelo introductor para involucrar fundamentos no queridos ni formulados por parte de aquélla al instaurar la demanda.

6. Con todo, el yerro cometido por el Tribunal no tiene la característica de ser trascendente y, por ello, si la Corte procediera a hacer el correspondiente pronunciamiento de instancia, llegaría a la misma decisión absolutoria de aquél, porque tendría que concluir, con fundamento en las pruebas obrantes en el plenario, que falta el elemento culpa del demandado, imprescindible en la estructuración de la responsabilidad civil extracontractual en forma concurrente con el daño y el nexo causal, puesto que la copia del proceso de deslinde tramitado entre las partes y aducido a esta actuación a iniciativa de la actora se encarga de determinarlo así.

En efecto, estudiando este elemento culpa en frente de la acción de deslinde se deben hacer las siguientes precisiones:

a) El artículo 900 del Código Civil consagra el derecho que tiene todo propietario de solicitar y obtener la individualización específica de su predio frente al de su vecino, al disponer que:

“Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes, y podrá obligar a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes”.

b) La acción por medio de la cual se hace efectivo este derecho es la acción de deslinde, la que los romanos llamaron actio finium regundorum, que es el procedimiento necesario para fijar la línea de separación o de división entre dos predios vecinos o contiguos que no tienen edificaciones medianeras a través de la colocación de marcas, hitos o signos materiales que sirvan en adelante para identificar de manera clara, precisa y concreta los terrenos en cuestión.

c) Las características principales de la acción de deslinde son las de ser real, inmueble, imprescriptible, facultativa para los dueños de predios colindantes y obligatoria para el propietario a quien se demanda.

d) La finalidad primordial de la acción de deslinde es la de fijar la materialidad del lindero o línea de separación entre los terrenos o predios y:

“... ello pone en claro que el deslinde en sí, por su objeto y fines, no controvierte otra cosa que la línea concreta y definida de separación sobre el terreno de los predios adyacentes. El juez se encuentra llamado a garantizar la paz y la seguridad de los dueños de los predios colindantes por medio de la línea que señala donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Por eso la ley le ordena dejar “a las partes en posesión de los respectivos terrenos, con arreglo a la línea, si ninguna de las partes se opone” —artículo 464 del Código de Procedimiento Civil— o como obvio, cuando no triunfa la oposición”. (G.J. CIX, 148).

e) El deslinde es una típica contención entre propietarios o titulares de derecho real de terrenos contiguos, y quien promueve una acción de este linaje está reconociendo el derecho de dominio o propiedad del demandado, aunque pretende que por la jurisdicción y por la vía del proceso correspondiente se determine de manera definitiva cuál es la línea material o espacial que divide o separa sus predios que hasta ese momento es confusa, equívoca e incierta. Sobre el punto tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporación:

“El juicio de deslinde presupone que las partes se reconocen recíprocamente el dominio sobre los respectivos predios limítrofes, o al menos la titularidad de “otro derecho real principal”. El actor debe acompañar a su demanda el “correspondiente título y las demás pruebas en que se funde su derecho”; está en la necesidad de dirigirla contra los dueños de los predios colindantes; y el juez previene a las partes que lleven a la práctica de la diligencia de deslinde “sus correspondientes títulos” (900 C.C., 862 y ss., C. J., hoy artículo 464 del Código de Procedimiento Civil)”. (G. J. CIX, 148).

f) La acción de deslinde no se puede confundir con las acciones posesorias ni mucho menos con la acción reivindicatoria. Frente a ellas puede tener algunas similitudes pero sus diferencias son sustanciales. Al respecto precisan Planiol y Ripert en su Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, tomo III, De los Bienes:

“En las posesiones, el actor invoca solamente el hecho de su posesión por más de un año que pretende oponer provisionalmente aun al derecho de propiedad y los títulos de los cuales resulta, debiendo interponerse la acción en el plazo del año desde el acto perturbador; la acción de deslinde, por el contrario, puede ejercitarse en cualquier época, persigue una decisión definitiva, pudiendo determinarse los límites respectivos de los terrenos de acuerdo con los títulos de propiedad o los signos de delimitación, aún contrariando el estado de las posesiones... Igualmente difiere de la acción reivindicatoria. Cada una de las partes desempeña el papel de actor y demandado a la vez, debiendo, en consecuencia, demostrar sus derechos. El que la entabla, sólo ha de justificar su propiedad por la presunción que va unida al hecho de su posesión. El juez podrá fijar la línea de separación de los terrenos, aun en contra de lo que resulta de la posesión actual de las partes, mediante documentos o señales, el estado de los lugares, la configuración de las tierras respectivas, hechos con que el actor no vencería al poseedor si entablara la acción reivindicatoria”.

Las controversias sobre dominio no son ni pueden ser ajenas al proceso de deslinde e inclusive la alegación de la posesión para fundamentar la prescripción adquisitiva extintiva de dominio, sea ordinaria o extraordinaria, según el caso. Naturalmente que el escenario para dirimir tales discusiones es el proceso ordinario en el que deviene aquél cuando se presenta oposición a la línea demarcatoria fijada por el juez del conocimiento. La dificultad inicial que sobre el punto existía fue aclarada en su momento por la jurisprudencia de la Corte, pero ya quedó definitivamente solucionada con la expedición del Código de Procedimiento Civil, artículo 466.

En sentencia de 24 de abril de 1984, Gaceta Judicial CLXXVI, página 154, reiterada en el Auto 068 de 3 de junio de 1988, dijo esta Sala:

“Y si la discusión y decisión de hechos referentes al dominio en el proceso ordinario que, por razón de la oposición referida, devenía el especial de deslinde y amojonamiento, se estimó por la jurisprudencia como posible al amparo del Código Judicial derogado, con tanta mayor razón lo será hoy a luz del nuevo Código de Procedimiento Civil, el que, sin modificar sensiblemente la estructura del proceso de deslinde, al determinar que la oposición se formalice al través de demanda, en su artículo 465 dice que mediante ésta el opositor “podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida”; y agrega esta misma norma que en la sentencia el juez “resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda...” (resalta la Sala)...Ni al amparo de la ley procesal de 1931, ni menos a la luz de la de 1971, puede afirmarse entonces que el único objeto del proceso de deslinde y amojonamiento es la fijación de linderos de acuerdo con los títulos, y que en él toda otra cuestión es totalmente extraña a sus fines. Esto puede ser cierto en la etapa especial del proceso, la que implica una aceptación de la titularidad no discutida y el amojonamiento es el resultado o la expresión del contenido espacial de tales títulos; no en la etapa ordinaria en la cual, para determinar la legalidad o ilegalidad de la demarcación hecha, tienen que estudiarse hechos referentes al dominio alegados por el inconforme como motivo de su oposición”.

g) No habiéndose hecho aún la demarcación o fijado la línea material divisoria entre los terrenos objeto de deslinde, como secuela de la confusión e incertidumbre existentes entre los propietarios no puede predicarse derecho de dominio específico y concreto de uno de ellos sobre las partes objeto de controversia, ni tampoco pretender que uno o los dos sean invasores perturbadores de la posesión del otro. Cada uno está ejerciendo su legítimo derecho mientras no se le demuestre lo contrario a través de la acción posesoria o reivindicatoria, mas nunca la de deslinde que solamente se limita a determinar dicha relación espacial entre los predios.

h) La sentencia que se pronuncia en el proceso de deslinde es constitutiva o atributiva de dominio, ello en atención a la confusión o incertidumbre existente entre los propietarios respecto de la verdadera y precisa línea de separación entre sus terrenos, pero nunca declarativa de dicho derecho. Esto es, el fallo proferido otorga un estado jurídico preciso y determinado. Concretamente a cada propietario le define hacia el futuro, y con características de cosa juzgada, cuál es la extensión de su respectivo predio, sin posibilidades de que el otro pueda perturbarlo legalmente en lo sucesivo en su posesión y disfrute de la franja que le fue entregada por orden judicial.

De vieja data lo dijo esta corporación en los términos que pasan a reproducirse:

“Por su naturaleza el juicio de deslinde es simplemente atributivo y no declarativo de propiedad ni de posesión. En él no se afecta ni puede afectarse el derecho de dominio, sino que se determina su comprensión respecto de los predios en que respectivamente se ejercita, según los títulos y pruebas fehacientes aducidas al juicio”. (Cas., jun. 9 de 1920, G.J. XXVIII).

8. Examinado lo anterior, la demandante en este proceso no puede, como consecuencia de lo que ella llama ocupación de hecho por parte del demandado de porciones considerables de sus heredades, hacer derivar vulneración a su derecho de propiedad y la causación de perjuicios con fundamento en la comisión de culpa del demandado porque, por la circunstancia de la confusión e incertidumbre existente en relación con la línea divisoria antes de quedar ejecutoriado el fallo judicial proferido en el deslinde que los involucró, la extensión de sus predios no estaba definida y, por ende, carecía de protección legal por dicha razón. Cada colindante estaba en “su” propio fundo y actuaba como dueño de lo que tenía en su poder con el reconocimiento de todos, incluyendo a su vecino. No actúa de manera descuidada ni negligente quien hace uso pleno de su derecho, tal como fue la conducta que injustamente se le reprocha al contradictor.

De no existir tal confusión e incertidumbre en la línea de demarcación de los predios, muy seguramente la demandante hubiese promovido con éxito obligado, o la acción posesoria por perturbación o la reivindicatoria, según el caso, en cuya tramitación sí tiene capital incidencia la culpa o la mala fe en la ocupación de un predio. Pero precisamente por tal duda y dificultad tuvo que optar por acudir al deslinde para que se determinara por la jurisdicción hasta dónde iba su predio y en dónde empezaba el del contradictor.

Es sabido que quien promueve demanda de deslinde, así lo hizo la actora, está reconociendo expresamente el derecho de propiedad de su colindante, y únicamente a partir de la fijación de la línea demarcatoria que separe sus terrenos puede predicarse con certeza dónde termina el predio del uno y dónde comienza el del otro. Es a partir de ese momento que su derecho de propiedad queda clarificado y consolidado y pasa a ser inatacable por todas las personas y muy especialmente por sus colindantes. Esta aseveración tiene su respaldo en la naturaleza jurídica de la acción de deslinde que es atributiva y no declarativa como de vieja data lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación.

Es por ello, se reitera, que aún habiendo cometido el fallador de segunda instancia el error que se le endilga en cuanto a la interpretación de la demanda (hechos y pretensiones) tal proceder es intrascendente y, consecuentemente, no tiene la virtualidad que se exige para hacer devenir prósperos los dos cargos contra el fallo que por vía indirecta se sustentan, ya que la sentencia de sustitución tendría que ser en igual sentido absolutoria, porque falta uno de los elementos propios de la responsabilidad como es la culpa del demandado».

(Sentencia de casación, agosto 14 de 1995. Expediente 4040. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «En primer lugar, aunque el proyecto aprobado acepta que la demanda incoada surge de la ocupación ejercida por el demandado y no por el proceso de deslinde y amojonamiento como tal, lo cierto es que, en el fondo, toda la motivación de la decisión mayoritaria se fundamenta en que no hay culpa del demandado, todo porque, al proponerse proceso de deslinde y amojonamiento, el actor está reconociendo el derecho de propiedad en su vecino, lo que excluye cualquiera posibilidad de culpa de éste. Así las cosas, la Corte acepta, en la práctica, la misma motivación hecha por el Tribunal.

Ahora, considero que, en el caso sub júdice, la culpa efectivamente no fue demostrada por el actor y, en consecuencia, las pretensiones no podían prosperar. En efecto, el simple hecho de la ocupación no es prueba de la culpa. Era preciso, entonces, establecer el dolo o la culpa del demandado, al ser ejercida por éste la posesión.

Pero mi desacuerdo radica en la apreciación según la cual el proceso de deslinde y amojonamiento excluye cualquiera culpa del demandado, todo porque el actor reconoce a éste el derecho de propiedad, si bien, los linderos de los predios no están suficientemente demarcados.

En efecto, el fallo aprobado pareciera, a veces, considerar que el proceso de deslinde y amojonamiento excluye cualquiera culpa del demandado. Sin embargo, en el fondo lo que está afirmando es que el proceso de deslinde y amojonamiento excluye, a priori, cualquiera acción indemnizatoria posterior:

Con todo, ambas interpretaciones me parecen equivocadas. Bien vistas las cosas, se puede afirmar que el hecho de que se instaure un proceso de deslinde y amojonamiento no significa que no se pueda instaurar una acción indemnizatoria posterior o que no haya una posible culpa del demandado. Probada la culpa es posible tal acción indemnizatoria.

Ni el simple hecho de la ocupación constituye culpa, ni el simple hecho del proceso de deslinde excluye la culpa. Veamos:

Imaginemos el caso del vecino de mala fe que destruye los linderos con el predio colindante, y procede posteriormente a ocupar parcialmente el otro predio, razón por la cual el propietario de éste se ve precisado, antes que nada, a fijar sus linderos, pues dada la confusión creada por su vecino, tales linderos son confusos. En tales circunstancias, es claro que la víctima está reconociendo el derecho de propiedad en el vecino, pero ello no excluye que la confusión que da lugar al proceso de deslinde haya sido causada por el vecino que, de mala fe, borró los linderos y valiéndose de la confusión ocupó predios que no eran de su propiedad. Lo anterior prueba que el proceso de deslinde y amojonamiento no excluye per se la culpa del demandado. En consecuencia, si en el caso sub júdice el actor hubiera demostrado la mala fe o la negligencia del demandado cuando éste ocupó sus predios hasta el punto de hacer desaparecer los linderos, nada habría impedido la acción indemnizatoria posterior al proceso de deslinde y amojonamiento».

Javier Tamayo Jaramillo. 

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