Sentencia 40428 de junio 3 de 2009

Sentencia 40428 de junio 3 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL PARA EFECTOS DE LA HUELGA

Aunque exista definición legislativa, cada caso debe examinarse a la luz de los principios constitucionales.

EXTRACTOS: «La Sala considera indispensable pronunciarse igualmente acerca de si la empresa demandante presta un servicio público esencial y para ello hace las siguientes reflexiones:

Ya está dicho que de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, el ejercicio del derecho de huelga está garantizado, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, quien igualmente reglamentará su ejercicio.

También quedó afirmado que es un derecho de rango legal, no absoluto, puesto que está permitida solamente en las empresas cuyas actividades no sean las de prestadora de un servicio público esencial.

La empresa demandante ha sostenido insistentemente que su actividad está considerada como servicio público esencial de acuerdo con el artículo 80 de la Ley 336 de 1996, además de que la Corte Constitucional en sentencia C-450 de 1995, consideró que las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales.

Ciertamente la norma citada señala que el modo de transporte ferroviario es servicio público esencial.

Y la Corte Constitucional, en la sentencia C-450 de 1995, declaró exequibles los literales b y h del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, el primero de los cuales se refiere a las actividades de empresas de transporte por tierra, agua y aire; y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Estimó al respecto dicha corporación

“... que las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están destinadas a asegurar la libertad de circulación (C.P., art. 24), o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, etc.)”.

Sin embargo, también en la citada providencia, la aludida alta corporación expresó que:

“Consecuente con los anteriores razonamientos la Corte declarará la exequibilidad de los literales b y h del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero debe advertir, que la decisión adoptada en el presente proceso solo se contrae a la consideración como servicios públicos esenciales de las actividades a que aluden los referidos literales, pues en cada caso concreto sometido a su consideración la Corte examinará si una determinada actividad, atendiendo a su contenido material, corresponde o no a un servicio público esencial”.

Pues bien, de acuerdo con la doctrina constitucional, aun cuando pueda existir la definición legislativa sobre la calidad de esencial de un servicio público, ello no impide que el intérprete pueda determinar si en un caso concreto cierta actividad efectivamente puede ser considerada servicio público esencial en atención a su contenido material.

Y así debe ser, en cuanto el artículo 56 de la Constitución no puede consagrar para el legislador una atribución absoluta de manera que basta solamente la literalidad del texto normativo superior o supralegal para la definición de un asunto, sin que le sea dable al intérprete consultar su espíritu o su finalidad, a la luz de los principios constitucionales.

La Corte Constitucional, en la sentencia memorada, ha expresado que:

“La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio mismo, esto es, por su naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad industrial, comercial o prestacional en la economía global del país y consecuentemente en relación con la magnitud del perjuicio que para esta representa su interrupción por la huelga. Tampoco, aquella puede radicar en la invocación abstracta de la utilidad pública o de la satisfacción de los intereses generales, la cual es consustancial a todo servicio público.

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad” (resalta la Sala).

Ahora, revisado el expediente se observa que de acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, visible en los folios 62 a 65, la sociedad demandante tiene como objeto social

“El cumplimiento y ejecución del contrato de concesión celebrado por la sociedad con la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), cedido por esta al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y modificado en varias ocasiones incluyendo mediante el otrosí 12 de fecha 27 de marzo de 2006...”.

Según la comunicación del 25 de febrero de 2009, dirigida al presidente de la sociedad demandante por el subgerente de gestión contractual del Instituto Nacional de Concesiones (fls. 12 a 14),

“El contrato de concesión, tiene por objeto otorgar en concesión, para su construcción, rehabilitación-reconstrucción, conservación, operación y explotación, la infraestructura de transporte férreo de la red del Atlántico, para la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga...” (resalta la Sala).

Acorde con lo que se desprende de tales documentales, no puede afirmarse para el caso concreto que el transporte ferroviario de carga que ejecuta la sociedad Fenoco S.A., pueda considerarse como servicio público esencial, pues no aparece evidencia que con dicha actividad se esté procurando la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales.

Lo anterior se asevera, por cuanto para el sub examine el transporte ferroviario de carga, tal como lo ejecuta la empresa demandante, no puede encuadrarse como una actividad que tenga naturaleza esencial en cuanto que asimismo sean esenciales los bienes e intereses que satisface, donde tales servicios no son más que aquellas actividades industriales o mercantiles de las que se derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad, teniendo en cuenta el resultado que con la actividad se oriente a obtener; para lo cual debe existir una marcada relación entre la esencialidad de los bienes y los intereses a satisfacer, para que se pueda hablar de un verdadero servicio público esencial, como bien se enseña en la jurisprudencia constitucional adoctrinada, no solo nacional sino extranjera, como por ejemplo en el fallo del STC-26 de 1981, de julio 17, que al interpretar el inciso 2º del artículo 28 de la Carta Política Española enseña que:

“Como bienes e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.

Hay que considerar que lo esencial es el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que, en el plano en el que ahora nos movemos, se traduce en la libertad de movimiento de las personas por el territorio nacional y en la distribución de las mercancías necesarias para la ordenada y organizada vida comunitaria. De esta manera no hay necesariamente un “transporte ferroviario esencial”. Solo en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el funcionamiento del ferrocarril, podrá decirse que es este esencial para aquel fin (1) ”.

Aquella orientación también la ha reiterado la Corte Constitucional de Colombia cuando en la sentencia T-540 de 1992 expresó que la filosofía del servicio público se traduce “en una teoría del Estado cuyo cometido esencial es el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de toda la población y el aseguramiento de un mínimo material para la existencia digna de la persona”, ya que “el sentido y razón de ser de los poderes constituidos es el servicio a la comunidad, la satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros”

(Sentencia de segunda instancia, 3 de junio de 2009. Radicación 40428. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

(1) Cita de Gregorio Peces - Barba Mart. En su obra Curso de derechos fundamentales (i) - Teoría fundamental.

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