Sentencia 40438 de mayo 2 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Rad.: 40.438

Acta 14

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En esencia, el cargo pretende que a un hecho sucedido el 20 de marzo de 1992, como lo fue la muerte del afiliado, se aplique una norma legal, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, la censura postula la aplicación retroactiva de tal texto legal, en fuerza de que la propia ley, al impulso del principio de favorabilidad, permite el rompimiento de otro principio, el de la irretroactividad normativa, en aras de beneficiar a la parte débil en la relación laboral y, en tránsito por esa vía, alcanzar el fin superior de hacer prevalecer sus derechos.

La Corte no comparte este planteamiento jurídico de la censura, puesto que las normas sobre trabajo y seguridad social producen efecto general inmediato, de manera que están llamadas a gobernar relaciones jurídicas que se encuentren en ejecución o en curso al momento en que aquéllas comiencen su vigor jurídico, pero nunca impactar las ya agotadas o extinguidas.

Por mandato categórico del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las disposiciones legales de trabajo, y también las de la seguridad social, carecen de efecto retroactivo y, por tanto, no tienen virtud para disciplinar situaciones jurídicas definidas o consumadas al amparo de leyes anteriores. En consecuencia, no pueden proyectar su imperio a relaciones o situaciones jurídicas agotadas o extinguidas al abrigo de preceptivas anteriores.

Como lo ha explicado la Sala,

“deben imponerse a todas las situaciones jurídicas que existan cuando comienzan su vigencia y a los efectos jurídicos que se deriven de ellas en el futuro; mas no deben afectar aquellas relaciones o situaciones que han quedado definidas o consumadas conforme a leyes anteriores” (Sent. de sep. 22/97, Rad. 9.876).

El principio que veda el efecto retroactivo de los textos legales del trabajo y de la seguridad social no hace crisis frente al principio de favorabilidad, enfocado en la plausible perspectiva de solucionar el conflicto o la duda sobre la aplicación de normas vigentes del trabajo y de la seguridad social, inclinándose por privilegiar la más favorable al trabajador o al afiliado o beneficiario de la seguridad social.

De suerte que la potencialidad del principio de favorabilidad se siente en presencia de dos preceptivas legales con vocación para regular una determinada situación jurídica, en razón de su coexistencia, es decir, de conservar su vigor jurídico o, en términos del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, de estar vigentes en un momento determinado y frente a una precisa y concreta situación jurídica.

Resulta claro que el principio de favorabilidad no está llamado a extender su espectro jurídico en el tránsito legislativo, esto es, de una norma que desaparece de la escena jurídica y el surgimiento de otra que pasa a gobernar situaciones jurídicas no definidas al alero de la primera.

En tal sentido, el principio de favorabilidad no es aplicable al caso de autos, porque el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 no estaba vigente al momento en que ocurrió el deceso del afiliado, pues otras normas legales, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, eran los que imperaban a la sazón y, por tanto, con idoneidad jurídica para disciplinar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del afiliado.

Tampoco la regla de la irretroactividad de las preceptivas legales del trabajo y de la seguridad social está sometido al mandato de los artículos 1º y 18 del Código Sustantivo del Trabajo, como que el primero enseña la finalidad primordial del estatuto del trabajo de alcanzar la justicia en las relaciones que surgen entre empleador y trabajador, bajo la guía de la preservación de la coordinación económica y el equilibrio social, y, el segundo, erige esa filosofía en pauta de interpretación, no sólo de dicho código, sino de la legislación laboral en general.

Tampoco el principio de irretroactividad de las leyes laborales y de la seguridad social está en contravía de lo dispuesto por los artículos 46, 48 y 53 de la Constitución Política, porque la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, la seguridad social y el estatuto del trabajo han de ser concebidos en un respeto de los derechos adquiridos al amparo de las normas que regían cuando se consolidaron y las situaciones jurídicas extinguidas al abrigo de los preceptos jurídicos vigentes cuando se configuraron.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de $3.000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Laboral, dictada el 23 de febrero de 2009, en el proceso ordinario laboral que María del Carmen Saldarriaga de González le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso de casación, a cargo de la parte demandante.

Se fijan agencias en derecho en la suma de tres millones de pesos ($3.000.000).

Por secretaría, practíquese la liquidación de las costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».