Sentencia 4046 de febrero 9 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 11001-03-28-000-2006-00107-00

Expediente 4046

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Humberto de Jesús Longas Londoño

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil siete.

Electoral

Procede la Sala a decidir el proceso de la referencia, promovido mediante demanda dirigida contra el acto por medio del cual se declaró la elección de Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2006 a 2010.

EXTRACTOS: «C. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante considera violadas las normas contenidas en los artículos 197 (incs. 2º y 3º), 189 (num. 3º), 211, 212, 213, 217, 218, 223 y 250 (num. 8º) de la Constitución Política y 4º de la Ley 996 de 2005, “por ejercer el candidato a Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante el último año anterior a la elección de mayo 28 de 2006, cargo no permitido para ser elegido Presidente de la República”.

Así mismo, estima infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 107, 108 y 263 de la Constitución Política y 4º y 7º de la Ley 996 de 2005, “por presentarse los candidatos a Presidente de la República y a Vicepresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón, por más de un partido, movimiento político, organización social, movimiento social, grupo significativo de ciudadanos, a la elección presidencial del período constitucional 2006-2010. Y doble y múltiple militancia política de dichos candidatos”.

Bajo el entendido de que “las nulidades del acto de declaración de elección del Presidente cubren también a la elección del Vicepresidente”, la violación de esas disposiciones la explicó con apoyo en los cargos cuya denominación y sustento se resumen a continuación:

En cuanto al ejercicio de cargo no permitido para ser elegido Presidente de la República, durante el último año anterior a la elección.

1. Ininterrumpidamente el doctor Álvaro Uribe Vélez ejerció como Presidente de la República en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 28 de mayo de 2006. En tal época no presentó renuncia a ese cargo, ni incurrió en ninguna de las situaciones constitutivas de falta absoluta o temporal.

2. El doctor Álvaro Uribe Vélez se encontraba en ejercicio de ese cargo para cuando anunció públicamente y por escrito su interés en aspirar a ser reelegido (nov. 27/2005), lo mismo que para la época en que inscribió su candidatura (mar. 1º/2006) y se llevaron a cabo los comicios para elegir Presidente de la República, en primera vuelta (28 de mayo siguiente).

3. Al momento de inscribir su candidatura por intermedio de los promotores de un grupo significativo de ciudadanos denominado “Primero Colombia”, el doctor Álvaro Uribe Vélez ejercía como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, lo mismo que como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de conformidad con la atribución señalada en el numeral 3º del artículo 189 de la Constitución Política.

4. La fuerza pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (C.N., art. 216). Las Fuerzas Militares están constituidas, a su vez, por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (art. 217, ibídem). Y la Policía Nacional es definida como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación (art. 218, ibídem).

5. Las Fuerzas Armadas de la República están constituidas por los cuerpos armados de la República: las Fuerzas Militares (C.N., art. 217), la Policía Nacional (art. 218, ibídem), los órganos de seguridad como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y otros cuerpos oficiales armados de carácter permanente (art. 223, inc. 2º, ibídem) y los demás organismos que señale la ley (art. 250, num. 8º, ibídem).

6. El ejercicio como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República es inherente a la facultad de declarar el estado de guerra exterior (C.N., art. 212) y el estado de conmoción interior en toda o parte de la República (art. 213, ibídem).

7. Esa suprema comandancia es indelegable, según lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política.

8. Los incisos segundo y tercero del artículo 197 de la Constitución Política —según la modificación introducida a los mismos por el artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2004, publicada en el Diario Oficial 45775 del 28 de diciembre de ese año y, por tanto, vigente para el 28 de mayo de 2005— prevén que “No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente (...) el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: (...) Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía”. Nótese que la norma no solo no hizo ninguna salvedad al respecto, sino que, además, no distinguió la clase de comandante, lo que permite entender que se refiere a todos, supremo u ordinarios.

9. Según el artículo 4º de la Ley 996 de 2005, el Presidente y el Vicepresidente de la República, al momento de manifestar su interés en ser reelegidos e inscribir su candidatura de acuerdo con esa aspiración, quedan sujetos a las condiciones y prohibiciones señaladas en la Constitución y en esa ley. Por tanto, les es aplicable la prohibición de los incisos segundo y tercero del artículo 197 de la Constitución Política.

En cuanto a la presentación de los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República por más de un partido, movimiento político, organización social, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos. Y doble y múltiple militancia política de dichos candidatos.

1. El inciso segundo del artículo 107 de la Constitución Política prevé que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”.

2. A su turno, el inciso segundo del artículo 108, ibídem, dispone que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno”, bajo el entendido de que dicha inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien este delegue, según dispone el inciso tercero de ese mismo artículo. El inciso cuarto establece que “los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”, mientras que el inciso quinto ordena a la ley determinar los requisitos de seriedad para la inscripción de los candidatos.

3. El artículo 7º de la Ley 996 de 2005 ordena que los partidos o movimientos políticos con personería jurídica pueden inscribir, individualmente o en alianzas, candidaturas a la Presidencia de la República; inscripción que debe ser avalada por el respectivo representante legal del partido o movimiento. Así mismo, permite que tal inscripción también la realicen movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, acreditando las firmas exigidas en esa disposición.

4. La inscripción de la candidatura de los doctores Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón la hizo un grupo significativo de ciudadanos denominada “Primero Colombia”, de manera individual y no por cuenta de alianza alguna, como consta en el formulario correspondiente.

5. El artículo 263 de la Constitución Política ordena que en todos los procesos de elección popular “los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección”. La mencionada expresión “presentarán” no se circunscribe, únicamente, al acto formal de inscripción, pues la acción a la que está referida significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “hacer manifestación de algo, poniendo en la presencia de alguien, proponer a alguien para una dignidad, oficio o cargo, dar a conocer al público a alguien o algo”.

6. Sin efectuar inscripción formal alguna, ni individual, ni en alianza, varios partidos y movimientos políticos con personería jurídica “presentaron” al doctor Álvaro Uribe Vélez como candidato a la Presidencia de la República, así: i) el Partido de la U en el periódico El Tiempo los días 5, 11 y 21 de marzo; ii) Cambio Radical en el periódico El Colombiano el 26 de febrero, en el periódico El Tiempo el 26 de febrero y el 5 de marzo, en el periódico El País el 22 y el 26 de febrero y en el periódico Portafolio el 27 de febrero; iii) Colombia Democrática en el periódico El Tiempo el 5 de marzo; iv) Alas Equipo Colombia en el periódico El Colombiano el 5 de marzo; v) Partido Conservador Colombiano en un folleto publicado el 12 de marzo y en el periódico El Colombiano el 27 de mayo; vi) otros partidos y movimientos políticos en el periódico El País el 17 de marzo y en el periódico El Tiempo el 11 de junio.

7. El régimen al cual se somete la elección de Presidente de la República, concretamente, el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, obliga a que las coaliciones operen mediante la figura de las alianzas en el acto formal de la inscripción, no siendo válida, por tanto, la presentación que varios partidos o movimientos políticos hagan de un mismo candidato por una vía distinta.

8. Se presentó una doble y múltiple militancia política por parte de los elegidos, pues, desde el 27 de noviembre de 2005 —fecha en la que hicieron pública su aspiración— hasta el 28 de mayo de 2006 —cuando tuvo lugar la jornada electoral—, pertenecieron simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. De una parte, por razón de la presentación que, sin acudir a alianza alguna, hicieron de ellos los mencionados partidos y movimientos y, de otra, por no haberse retirado del Partido Liberal Colombiano, al cual ambos pertenecen y, como afiliados al mismo, “participaron jurídicamente en la consulta popular o interna de él, por el vínculo estatutario que tienen con dicho partido”.

(...).

II. Consideraciones

Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral de la referencia, promovido para obtener la nulidad del acto que declaró la elección del Presidente y del Vicepresidente de la República para el período 2006 a 2010.

En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección de los doctores Álvaro Uribe Vélez como Presidente y Francisco Santos Calderón como Vicepresidente de la República de Colombia para el período 2006 a 2010, contenido en la Resolución 913 del 5 de junio de 2006 del Consejo Nacional Electoral, “por la cual se declaran elegidos Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, para el período constitucional 2006-2010 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales” (copia debidamente autenticada de ese acto administrativo obra a folios 76 a 80 del expediente).

Considera el demandante que el acto acusado debe anularse por las siguientes tres razones.

De un lado, porque, según plantea el demandante, el doctor Álvaro Uribe Vélez no podía ser elegido Presidente de la República para el período 2006 a 2010, habida cuenta de que, por haber ocupado ese mismo cargo en el período inmediatamente anterior y, por tanto, haberse desempeñado en tal época como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, su reelección desconoce lo previsto en el artículo 197 de la Constitución Política, según el cual “No podrá ser elegido Presidente de la República (...) el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: (...) Comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía”.

De otro lado, porque afirma que, si bien la candidatura de los doctores Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón se inscribió por un grupo significativo de ciudadanos, ocurrió que, de manera indebida, esto es, sin acudir al sistema de alianza ordenado en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, varios partidos y movimientos políticos con personería jurídica apoyaron públicamente esa fórmula electoral presentando al doctor Uribe Vélez como su candidato a la Presidencia de la República.

Y, finalmente, porque, en criterio del demandante, los elegidos violaron la prohibición de pertenencia simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, que prevé el artículo 107 de la Constitución Política. En ese sentido, además de reiterar lo sostenido como sustento de la alegada violación del artículo 7º de la Ley 996 de 2005, planteó que ninguno de los elegidos renunció al Partido Liberal Colombiano, al cual se encuentran afiliados y en cuya consulta interna participaron “por el vínculo estatutario que tienen con dicho partido”.

Antes de resolver cada uno de los cargos en que se apoya la nulidad pretendida, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la siguiente cuestión procesal previa.

Primera cuestión procesal previa. De los límites de la coadyuvancia.

Ocurre que, según se indicó en los antecedentes de esta providencia, la demanda presentada por el señor Humberto de Jesús Longas Londoño fue coadyuvada por el señor Alejandro Baquero Nariño para agregar tres nuevos motivos que, en su criterio, permiten concluir en la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado. Fue así como afirmó la ocurrencia de i) un fraude electrónico en el registro y posterior escrutinio de la votación, ii) el irregular traslado de numerosas mesas de votación en varias regiones del país y iii) el cierre anticipado de la audiencia pública convocada para el 16 de junio de 2006 por el Consejo Nacional Electoral para la notificación de la resolución demandada en nulidad.

Al respecto, la Sala considera que la intervención adhesiva del señor Alejandro Baquero Nariño no podía superar los estrictos términos fácticos de los cargos planteados en la demanda que dijo coadyuvar, al punto de pretender agregar a estos nuevos y diferentes reparos de legalidad, apoyado en supuestos fácticos y jurídicos claramente ajenos a los señalados en la demanda.

Ello es así, en razón de los alcances que en materia procesal se otorgan, de una parte, a la demanda y, de otra, a la posibilidad de coadyuvarla. Además, porque, considerar lo contrario conduciría al desconocimiento de determinadas reglas procesales y del derecho de defensa del demandado en esta clase de procesos.

En cuanto a lo primero se recuerda que los numerales 3º y 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo exigen de la demanda que se dirija contra un acto administrativo, la indicación precisa de los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la acción, lo mismo que las normas superiores que se consideran infringidas y el concepto de su violación. Ese requisito formal señala al juez el marco del litigio que le corresponde resolver, en punto a los supuestos de hecho y de derecho que le servirán de referente para el control de legalidad del acto administrativo demandado, de modo que esa confrontación esté delimitada por dicho marco de juzgamiento. En otras palabras, al pretender la nulidad de un acto administrativo es necesario que el demandante indique los hechos u omisiones de los cuales deriva la violación del ordenamiento jurídico y cite las normas jurídicas que estima vulneradas, pues unos y otras no solo sirven de fundamento de su pretensión, sino que demarcan la decisión que le corresponde adoptar al juez, en cuanto que el control de legalidad se limita al análisis de tales fundamentos.

En relación con lo segundo, para la Sala es claro que la posibilidad de que trata el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “en los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como parte para prohijar en oponerse a las peticiones de la demanda”, debe interpretarse de manera armónica con los efectos procesales de las exigencias formales de los numerales 3º y 4º del artículo 137 ibídem, a los que se hizo referencia. En consecuencia, debe entenderse que el coadyuvante no está autorizado para introducirle adiciones a la demanda que impliquen el señalamiento de cargos diferentes a los allí planteados, pues, además de que la ley no lo autoriza de modo expreso, entender lo contrario restaría eficacia procesal a las exigencias formales de los numerales 3º y 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, lo mismo que a las normas sobre caducidad de la acción a las cuales debe someterse la demanda y, en términos generales, al desarrollo normal de las etapas procesales subsiguientes a la integración del contradictorio, diseñadas bajo ese entendimiento.

Finalmente, como resultado de lo dicho en precedencia, se tiene que si la determinación del marco del litigio por la parte demandante, está reservada a la demanda y a su corrección, los cargos que se formulen en oportunidad diferente por esa parte o por los coadyuvantes no podrán analizarse. De lo contrario se afectaría el derecho de defensa del demandado, quien no conoció de los nuevos cargos por la vía procesal y en la oportunidad debida.

De manera que, por las razones anteriormente anotadas no resultan aceptables y, por tanto, no serán objeto de análisis, las censuras planteadas por el coadyuvante Alejandro Baquero Niño, en cuanto exceden el marco fáctico y jurídico de la demanda cuyas pretensiones dijo prohijar.

Precisado lo anterior, se ocupa la Sala de examinar cada uno de los cargos propuestos por el demandante contra el acto de declaratoria de elección de los doctores Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República y Francisco Santos Calderón como Vicepresidente para el período 2006 a 2010.

Primer cargo. De la inhabilidad para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República por haber ejercido los cargos de comandantes de las Fuerzas Militares y Director General de la Policía Nacional.

El primer motivo por el cual el demandante cuestiona la constitucionalidad del acto de declaratoria de elección acusado es aquel que deriva de su afirmación, según la cual el doctor Álvaro Uribe Vélez no podía ser elegido Presidente de la República de Colombia para el período 2006 a 2010, por encontrarse, según plantea, incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 197 de la Constitución Política, consistente en haber ejercido, en el año anterior a la elección, los cargos de comandantes de las Fuerzas Militares y Director General de la Policía Nacional.

Tal impedimento lo considera configurado por razón del ejercicio, en tal época, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, según atribución que le confiere el numeral 3º del artículo 189 de la Carta Política al Presidente de la República, cargo que desempeñó el doctor Álvaro Uribe Vélez en el período inmediatamente anterior.

Es del caso, entonces, precisar el sentido y alcance de la inhabilidad alegada para, luego, determinar si, como lo plantea la demanda, el doctor Álvaro Uribe Vélez desconoció tal impedimento.

Ocurre que el artículo 197 de la Constitución Política, en su redacción original, disponía lo siguiente:

“ART. 197.—No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio.

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1º, 4º y 7º del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, ministros del despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, director de departamento administrativo, gobernador de departamento o Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá”.

Posteriormente, el artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2004, “por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, introdujo la siguiente modificación:

“ART. 2º—El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:

“ART. 197.—Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos”.

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1º, 4º y 7º del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, gobernador de departamento o alcaldes.

PAR. TRANS.—Quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente acto legislativo sólo podrá ser elegido para un nuevo período presidencial”.

El Acto Legislativo 2 de 2004 fue publicado en el Diario Oficial 45.775 del 28 de diciembre de ese año y, por tanto, como lo afirma el demandante, se trata de una reforma constitucional vigente para el 28 de mayo de 2006, fecha en la cual, según consta en la resolución demandada, tuvo lugar la jornada electoral cuyo resultado se cuestiona en este proceso.

La nulidad solicitada en este caso se sustenta en el alegado desconocimiento de una de las inhabilidades que para ser elegido Presidente de la República introdujo en el ordenamiento la mencionada reforma constitucional, concretamente, la derivada del ejercicio de los cargos de comandantes de las Fuerzas Militares y Director General de la Policía Nacional.

Ciertamente, uno de los cambios introducidos por el Acto Legislativo 2 de 2004 fue, precisamente, el de modificar la lista de cargos que no podrá haber desempeñado quien aspire a ocupar la Presidencia de la República, en el último año anterior a la elección correspondiente.

Así, si bien en el texto del proyecto inicialmente presentado no se introdujo propuesta alguna en ese sentido, ocurrió que fruto de las deliberaciones del primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado, se aprobó la proposición del senador Carlos Holguín Sardi de incluir al final de la mencionada lista de la expresión “los miembros de la fuerza pública”. Al debatirse tal proposición, el mencionado senador señaló que “una cosa es hacer política, a ser deliberante que era lo que se refería el 197 y que está claramente definido en el 219. Por eso no era necesario. Pero lo otro, incluso hoy, puede pasar. Hoy no hay inhabilidades para un miembro de la fuerza pública de retirarse del servicio activo y lanzarse de candidato a lo que sea. No hay ninguna inhabilidad. Creo que habría que consignarla, pero es para que lo miren. Porque ya no es miembro de la fuerza pública. Ya se retiró. El artículo 219 se refiere es a los miembros en servicio activo. Entonces sí debería quedar que se ha desempeñado como tal durante el año anterior que es lo que dice este inciso segundo el año anterior, si se ha desempeñado como miembro de la fuerza pública no puede aspirar a ningún cargo de elecciones o al de Presidente de la República”. En apoyo de esa proposición, el senador Rafael Pardo Rueda indicó que “a mí sí me parece que deberían tener el mismo carácter que los funcionarios judiciales o de los organismos de control los comandantes de la fuerza pública, o sea, que tengan la inhabilidad de un año anterior a la elección, que sería una adición a este artículo” (1) .

Posteriormente, en el pliego de modificaciones presentado por los senadores responsables de la ponencia para segundo debate del proyecto en el Senado, se recomendó cambiar la expresión “los miembros de la fuerza pública” por la de “Comandante de las Fuerzas Militares o Director General de la Policía”, por considerarla más apropiada al propósito de “inhabilitar a aquellos servidores que detentan autoridad civil o militar de mayor rango y no a los servidores de estas mismas instituciones sin capacidad de influencia significativa sobre la comunidad” (2) . Tal modificación fue aprobada en segundo debate en la plenaria del Senado (3) , lo mismo que en primer (4) y segundo debates en Cámara de Representantes (5) .

Pero ocurrió que en el primer debate en Senado en segunda vuelta se aprobó una proposición modificativa presentada por el senador Rafael Pardo Rueda que consistió en reemplazar la expresión “Comandante de las Fuerzas Militares o Director General de la Policía” por la de “comandantes de las Fuerzas Militares y Director General de la Policía”. En tal oportunidad se explicó que el propósito de tal modificación era “dejar claro que la inhabilidad no se aplicaba únicamente para el Comandante General de las Fuerzas Militares, sino en general para los comandantes de alguna de las Fuerzas Militares” (6) , bajo el entendido de que “el ejercicio de todas las comandancias de las Fuerzas Militares durante el año anterior a la elección inhabilita para ser Presidente y Vicepresidente de la República” (7) .

Esta última modificación se mantuvo hasta la aprobación del texto definitivo de la reforma, razón por la cual se tiene que, a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2004, se introdujo en el ordenamiento una nueva inhabilidad para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República, la que se deriva del ejercicio de los cargos de comandantes de las Fuerzas Militares o Director General de la Policía dentro del año anterior a la respectiva elección.

Y, según quedó reseñado, es claro que tal inhabilidad se adoptó con la finalidad de impedir que miembros de la fuerza pública que, dentro del año anterior a la elección, hubieran detentado autoridad militar del más alto rango, puedan aspirar a ser elegidos Presidente o Vicepresidente de la República.

Bajo ese entendido, la expresión “comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía”, con que finalmente se adoptó la inhabilidad que se analiza, está referida a determinados miembros de la fuerza pública, la cual, según lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Política, se integra exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En efecto, con la expresión “comandantes de las Fuerzas Militares” la reforma constitucional quiso designar a la totalidad de los comandantes de las Fuerzas Militares, esto es, al Comandante General de las Fuerzas Militares, al Comandante del Ejército, al Comandante de la Armada y al Comandante de la Fuerza Aérea (D. 1512/2000, art. 27). Al respecto, es destacable que en el trámite del Acto Legislativo 2 de 2004 la aludida expresión se haya adoptado en plural y no en singular como inicialmente se propuso, para significar de modo inequívoco que en ella se entienden incluidos todos los comandantes de las Fuerzas Militares y no únicamente el Comandante General de las mismas.

Así mismo, se tiene que la expresión “Director General de la Policía” alude, sin más, al Director General de la Policía Nacional (D. 1512/2000, arts. 34 y 35).

Precisado lo anterior, advierte la Sala que en este caso el demandante no deriva la inhabilidad que alega por el ejercicio de alguno de los cargos antes mencionados —pertenecientes todos a la fuerza pública—, sino por el desempeño del doctor Álvaro Uribe Vélez como “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”, en su condición de Presidente de la República, dentro del año anterior a la elección acusada.

Es claro, entonces, que la hermenéutica sobre la que descansa el planteamiento del demandante es aquella que le permite sostener que la inhabilidad para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República por el ejercicio de los cargos de comandantes de las Fuerzas Armadas y Director General de la Policía Nacional incluye el desempeño como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

Pero ocurre que, en criterio de esta Sala, tal interpretación de la norma constitucional es equivocada, no solo por no corresponder al sentido y finalidad de la misma, sino porque conduce a una contradicción insalvable con otra disposición de similar jerarquía, adoptada en la misma reforma constitucional.

Se dice que la tesis propuesta por el demandante no corresponde al sentido y finalidad de la norma constitucional, por cuanto, según se desprende de su tenor literal y de la finalidad que inspiró su introducción en el ordenamiento, la prohibición que se analiza consiste en impedir que los miembros de más alto rango de la fuerza pública, esto es, los comandantes de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional, puedan aspirar a ser elegidos Presidente o Vicepresidente de la República.

No consiste, entonces, en impedir que quien ejerció la Comandancia Suprema de la Fuerza Pública pueda ser elegido Presidente de la República, pues ello implicaría aceptar que la inhabilidad cobija a quien, como Presidente de la República, desempeñó la atribución a él asignada de “Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República” (C.N., art. 189, num. 3º).

Ciertamente, la dirección de la fuerza pública y la disposición de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República es, por expresa voluntad del constituyente, una atribución del Presidente de la República como jefe de Estado (C.N., art. 189, num. 3º) y no un cargo de la escala jerárquica de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Se trata de una tarea presidencial que responde al principio democrático de subordinación de la fuerza pública al poder civil, la cual, sin perjuicio del mando operativo a cargo de los oficiales, garantiza que las políticas de seguridad y defensa estén al servicio de la comunidad (8) .

Finalmente, es evidente que la hermenéutica planteada por el demandante contraviene, sin duda alguna, la norma constitucional contenida en el primer inciso del artículo 197 superior, que autoriza la reelección presidencial inmediata al disponer que “nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos” y que, dicho sea de paso, fue la finalidad primordial de la reforma constitucional adoptada mediante el Acto Legislativo 2 de 2004.

En efecto, la reforma constitucional contenida en el mencionado acto legislativo, además de ampliar la lista de cargos cuyo ejercicio inhabilita para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República, tuvo como finalidad primordial permitir la reelección del Presidente de la República, antes prohibida, hasta por un máximo de dos períodos.

Fue así como, en la exposición de motivos del entonces proyecto de acto legislativo, se dijo que “el eje de la reforma es el nuevo texto del artículo 197. La norma vigente establece la prohibición de que se elija como Presidente de la República al ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia; la norma que proponemos permite que el Presidente de la República en ejercicio, o quien a cualquier título haya ocupado dicho cargo, pueda ser elegido hasta para un máximo de dos períodos, consecutivos o no” (9) . Luego, en la ponencia para primer debate en el Senado, se precisó que “la propuesta se encamina a establecer la reelección presidencial en Colombia e incluye modificaciones a tres artículos de la Constitución y una norma de vigencia. Se entiende la modificación de las tres disposiciones constitucionales porque el hecho de incorporar cambios al artículo 197, que se refiere específicamente al Presidente de la República, implica necesariamente la modificación de los artículos 127 y 204 de la Carta Política” (10) . En igual sentido, en los informes de ponencia para primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, se sostuvo “el artículo 2º constituye el núcleo central del proyecto de acto legislativo en curso. Su redacción otorga la posibilidad al primer mandatario de acceder de manera inmediata o alterna al ejercicio de la Presidencia de la República por un período adicional” (11) .

Así las cosas, comoquiera que el cargo formulado se sustenta en un indebido entendimiento de la norma considerada infringida —al extender el supuesto fáctico de la misma a una hipótesis que contradice su sentido y finalidad—, para la Sala no es posible concluir, a partir de la situación de hecho planteada, la configuración de la inhabilidad a la que se refiere tal disposición.

Por tanto, el cargo no prospera.

Segundo cargo. De la presentación de la candidatura por más de un partido y movimiento político sin acudir a la figura de la inscripción en alianza.

Se plantea en la demanda que los doctores Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón violaron lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, por cuanto su candidatura, aunque inscrita por un grupo significativo de ciudadanos, fue presentada por varios partidos y movimientos políticos que omitieron acudir al sistema de inscripción en alianza, ordenado en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005.

Ocurre que la Ley 996 de 2005, “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 2 de 2004, y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo séptimo lo siguiente:

“ART. 7º.—Derecho de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán inscribir, individualmente o en alianzas, candidato a la Presidencia de la República. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos, por el respectivo representante legal del partido o movimiento.

Los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho a inscribir candidato a la Presidencia de la República. Para estos efectos, dichos movimientos y grupos acreditarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, un número de firmas equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República.

Estas firmas deberán acreditarse ante la Registraduría General [sic] del Estado Civil por lo menos treinta (30) días antes de iniciar el período de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Esta entidad deberá certificar el número de firmas requerido ocho (8) días antes de iniciarse el citado período de inscripción de candidatos”.

De manera que la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República es un derecho que el ordenamiento reconoce a favor, exclusivamente, de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, bajo determinadas reglas.

Tal potestad encuentra consagración constitucional en el artículo 108 superior, en cuanto señala lo siguiente:

“ART. 108. (...).

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

(...)”.

En igual sentido se pronuncia el artículo 9º de la Ley 130 de 1994 o Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos.

De modo que, si bien todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación del poder político (C.N., art. 40), fue intención del constituyente que la facultad de inscribir candidaturas a elecciones fuera exclusiva de determinados actores políticos a los cuales confió el encauzamiento de la voluntad popular.

Tal potestad encuentra un límite en el artículo 263 de la Constitución Política, según el cual “para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos”. No obstante, esa limitación no se traduce, en modo alguno, en un deber de postulación siempre que se convoque a una elección popular y, mucho menos, en la prohibición de adherir a una determinada campaña electoral ajena cuando, por alguna razón, el partido, movimiento o grupo no haya inscrito la propia.

Limitaciones en ese sentido no surgen del tenor literal de las normas citadas, ni podrían emanar de la interpretación de precepto constitucional, legal o estatutario alguno, pues, aunque se trata de organizaciones que, por definición, están llamadas a participar activamente en las elecciones populares (L. 130/94, art. 2º), la inscripción de la candidatura propia no constituye el único mecanismo válido de participación en el debate político propio de los comicios electorales.

En efecto, bien puede suceder que el partido, movimiento o grupo que no tenga candidatura propia deje en libertad a sus miembros para que, al momento de votar, lo haga por la fórmula electoral que más se ajuste a sus preferencias políticas personales. Y, en esa misma hipótesis, resulta igualmente válido que el partido, movimiento o grupo decida abstenerse de presentar una candidatura propia para, en su lugar, apoyar la candidatura propuesta por otro partido, movimiento o grupo.

Todo lo anterior, de acuerdo con la dinámica democrática que al interior de cada organización se haya dispuesto para la toma de decisiones, pues, se recuerda que “los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos” (C.N., art. 107).

En ese orden de ideas, la autorización prevista en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, en cuanto permite que una pluralidad de partidos y/o movimientos políticos inscriban, mediante alianza, un único candidato a la Presidencia de la República, implica el rechazo de la tesis según la cual el número de candidaturas debe coincidir con el número de partidos, movimientos y grupos actuantes en la contienda electoral.

En efecto, nótese que en la hipótesis autorizada en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005 el candidato inscrito mediante alianza sólo puede ser militante de un único partido o movimiento político, pues la prohibición que en ese sentido prevé el artículo 107 de la Carta Política, es absoluta. Por tanto, en la práctica, ese sistema de inscripción permite que la candidatura que, por principio, está llamada a ser avalada por un determinado partido o movimiento o grupo, termine siendo apoyada por otros partidos, movimientos o grupos que no quisieron proponer una propia.

Así lo entendió el Consejo Nacional Electoral al reglamentar el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2003, oportunidad en la cual introdujo, por primera vez en el ordenamiento, la posibilidad de inscribir candidaturas por el sistema de alianza, en los siguientes términos:

“REGLAMENTO 1 DE 2003

(25 de julio)

Por medio de cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2003

El Consejo Nacional Electoral

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, especialmente las conferidas en el parágrafo transitorio del artículo 12 del Acto Legislativo 1 del 3 de julio de 2003 que modificó el artículo 263 de la Constitución Política,

RESUELVE:

(...).

ART. 5º—Alianzas. Se podrán inscribir candidaturas a cargos uninominales “gobernadores y alcaldes” en alianza con otros partidos o movimientos con personería jurídica, en cuyo caso, el partido postulante otorgará el aval correspondiente y los partidos o movimientos adherentes anexarán un escrito en el que manifiesten su apoyo a dicho candidato.

En el evento en que el postulante sea un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, éste deberá acreditar el número de firmas y la garantía de seriedad de la candidatura, de conformidad con la Resolución 1940 de 2003, o la que haga sus veces, proferida por el Consejo Nacional Electoral.

Verificada la alianza, los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o los grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales que la integran, no podrán avalar ni inscribir candidato alguno para el mismo cargo, en la misma circunscripción electoral.

Así mismo, en cada circunscripción electoral y una vez un partido o movimiento político con personería jurídica o, un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos opte por conformar una alianza, esta misma agrupación política no podrá inscribir ningún otro candidato”.

Sobre la constitucionalidad de la anterior disposición, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos (12) :

“En efecto, como se dijo ad supra, el propósito central de la reforma política adelantada en 2003 tuvo como mira lograr, principalmente, la modernización y fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. Como se dijo, en la coyuntura histórica por la que atravesaba la Nación cuando se aprobó la reforma, se consideró inaplazable fortalecer tales instituciones, ante el carácter personalista y excesivamente fragmentario que acusaba la actividad política. Como se hizo explícito en el debate que antecedió a la adopción del Acto Legislativo 1 de 2003, el constituyente derivado estimó que en dicha actividad política predominaba exageradamente el liderazgo local y personal, manifiesto en las llamadas “microempresas políticas”, el “clientelismo” y las “operaciones avispa”, características de la actividad política que obstaculizaban la gobernabilidad y la posibilidad de adoptar políticas públicas coherentes con programas de gobierno respaldados por partidos fuertes, ideológicamente identificados y mayoritariamente respaldados. En este orden de ideas, las reformas emprendidas consistieron en la reforma del sistema electoral, el establecimiento de umbrales mínimos de votación para participar en la asignación de las curules, el requisito de cierto respaldo popular para el reconocimiento de la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos o el derecho de inscripción a los grupos sociales, etc. En síntesis, la reforma pretendió lograr que los candidatos y las listas postulados para la campañas electorales tuvieran un respaldo popular demostrado. Así pues, se pretendió lograr el agrupamiento ciudadano en torno de partidos o movimientos fuertes, y el abandono de las prácticas políticas organizadas en torno de grupos o personas agentes de intereses particulares.

Siendo lo anterior así, resulta obvio que la presentación de listas por parte de coaliciones o alianzas partidistas o de movimientos políticos con personería jurídica secunda el espíritu de la reforma. Tales estrategias, lejos de promover el fraccionamiento de las fuerzas políticas, propugnan su agrupamiento y fortaleza como expresión de los anhelos populares. De igual manera permiten el ejercicio de una sana oposición por parte de las minorías que cuentan con respaldo popular.

Dado que los partidos o movimientos con personería jurídica reconocida tienen por el solo hecho el derecho de postular listas y candidatos, la posibilidad de recibir adhesiones contribuye a su fortalecimiento, según el propósito constitucional. Además, se trata de un mecanismo de profundización del principio democrático, que permite a los partidos y a sus miembros ejercer con mayor libertad el derecho de elegir y ser elegido.

Por otro lado, destaca la Corte que las coaliciones o alianzas no desconocen el mandato superior de presentar candidatos o listas “únicos”. Ciertamente, de tales adhesiones no se deriva que un partido o movimiento acabe presentando más de una lista o candidato; todo lo contrario, dos o más partidos o movimientos presentarán la misma lista o candidato. En tal virtud, esta modalidad de inscripción no se estima contraria a la Constitución”.

Ahora bien, el hecho de que la ley autorice la inscripción de candidaturas mediante el sistema de alianza no significa que tal mecanismo constituya la única vía válida para que los partidos y movimientos políticos que resuelven no presentar una candidatura propia puedan apoyar formalmente la candidatura avalada por otros partidos, movimientos o grupos.

Ciertamente, además de que una limitación en ese sentido no se desprende del tenor literal de la norma invocada por el demandante, ni de ningún precepto constitucional, legal o reglamentario, lo cierto es que la inscripción mediante el sistema de alianza previsto en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, en cuanto figura diseñada por el legislador para contribuir a la modernización y fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos (13) , no puede interpretarse en un sentido que limite el pluralismo político (C.N., art. 1º) o que restrinja el ejercicio del derecho a la participación efectiva en la conformación del poder político (art. 40, ibídem), limitándolo, en el caso de los partidos, movimientos o grupos, a la presentación de la candidatura propia.

Se trata, sin más, de una norma que autoriza, que habilita para actuar de una determinada manera en el marco de una campaña electoral, pero, sin que el reconocimiento legal de la figura en cuestión implique la fijación, por parte del legislador, de un procedimiento único para el logro de la finalidad que se entiende perseguida con tal mecanismo.

En ese orden de ideas, el hecho de que la ley se haya ocupado de regular expresamente la figura de la inscripción de candidaturas por el sistema de alianza, no puede interpretarse en el sentido de que tal mecanismo es la única vía válida para que los partidos o movimientos políticos que carecen de candidatura propia puedan adherir a la de otro partido, movimiento o grupo y, por tanto, el único remedio para que esa carencia no implique su marginación —formalmente hablando— del debate electoral de que se trate.

De manera que no resulta contrario al ordenamiento el hecho de que una determinada candidatura que siendo inscrita por un único partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos reciba el apoyo electoral de otros partidos, movimientos o grupos que carecen de candidatura propia para la misma elección en juego. Tal hecho, que el demandante califica como irregularidad —en cuanto no se acude al sistema de inscripción en alianza—, lejos de ser una conducta reprochable, constituye una estrategia electoral a la cual puede acudirse legítimamente por aquellos partidos, movimientos o grupos que, en lugar de comprometerse con una aspiración política surgida de su seno, decida unirse a otra u otras colectividades para apoyar una ajena.

En esta forma, la Sala concluye que la situación fáctica alegada, en cuanto no es objeto de reproche alguno por el ordenamiento, no constituye motivo válido para concluir en la nulidad que, con apoyo en ese hecho, solicita el demandante.

Por tanto, el cargo no prospera.

Tercer cargo. De la simultánea pertenencia a más de un partido o movimiento político.

En criterio del demandante, los doctores Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón violaron la prohibición de pertenencia simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, que prevé el artículo 107 de la Constitución Política. De un lado, porque su candidatura, aunque inscrita por un grupo significativo de ciudadanos, fue presentada por varios partidos y movimientos políticos con personería jurídica que omitieron acudir al sistema de inscripción en alianza ordenado en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005. Y, de otro lado, porque ninguno de los elegidos renunció al Partido Liberal Colombiano, al cual se encuentran afiliados y en cuya consulta interna participaron “por el vínculo estatutario que tienen con dicho partido”.

El artículo 107 de la Carta Política, con la modificación que le hizo el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003, es del siguiente tenor:

“ART. 107.—Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos” (resalta la Sala).

Esa disposición hace parte del capítulo 2, “De los partidos y de los movimientos políticos” del título IV, “De la participación democrática y de los partidos políticos”, de la Carta Política. La prohibición de la denominada doble militancia política contenida en el inciso segundo de esa norma se introdujo mediante el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003, “Por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”.

Examinada la norma que establece la prohibición constitucional dirigida a todos los ciudadanos de pertenecer a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, la Sala considera que el desconocimiento de la misma no es causal de inhabilidad para ser elegido en cargos de elección popular.

En apoyo de esa conclusión la Sala encuentra varias razones.

En primer lugar, al introducir a la Carta Política dicha prohibición, el constituyente no estableció ninguna consecuencia jurídica por su infracción, y de ninguna norma suprema se puede derivar causal de inhabilidad para que un ciudadano, por la sola violación, pueda ser elegido miembro de una corporación pública o para un cargo de elección popular, incluido entre estos el de Presidente y Vicepresidente de la República.

Las inhabilidades “son defectos, impedimentos o prohibiciones para ser nombrado o elegido en un cargo o empleo y para ocuparlo” (14) , mientras que las calidades son las condiciones, cualidades o atributos que debe poseer una persona para entrar a desempeñar un cargo, tales como la edad, profesión, experiencia, o nacionalidad. Ahora, unas y otras constituyen limitaciones al derecho fundamental de acceso a los cargos públicos consagrado en el artículo 40 de la Carta Política y, por tanto, solamente se aplican si están expresamente reguladas en la Constitución o en la ley; en consecuencia, no procede la aplicación analógica ni extensiva de las mismas.

De hecho, aunque si bien es cierto, en principio, todos los ciudadanos gozan de la garantía de acceso a la función pública, no es menos cierto que este derecho no es absoluto y puede ser limitado por el constituyente o por el legislador cuando se trata de preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y de garantizar el derecho de igualdad de oportunidades (C.N., arts. 209 y 13). De consiguiente, solamente puede restringirse el derecho de acceso a la función pública si la ley y la Constitución señalan en forma expresa las inhabilidades y calidades para ser elegido o nombrado en un determinado empleo público, pero siempre en los precisos términos de la norma que se trate, pues se entiende que los regímenes de excepción, más tratándose de aquellos referidos a la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales, son por esencia taxativos, de manera que el fallador sólo podrá considerar en su juicio, los que previamente ha consagrado el legislador.

De conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 2 de 2004, las inhabilidades para ser elegido Presidente de la República son las establecidas en la Constitución Política y las que determine la ley estatutaria a la que se refiere el literal f) del artículo 152 constitucional, agregado con ocasión de tal reforma constitucional.

En efecto, en lo pertinente esa reforma ordenó lo que a continuación destaca la Sala:

“ART. 4º—Adiciónanse al artículo 152 de la Constitución un literal f) y un parágrafo transitorio así:

f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

PAR. TRANS.—El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentarán, antes del 1º de marzo de 2005, un proyecto de ley estatutaria que desarrolle el literal f) del artículo 152 de la Constitución y regule además, entre otras, las siguientes materias:

Garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República.

(...)”.

Luego, si en la Constitución no se estableció la inhabilidad como consecuencia de la violación de la prohibición de la doble militancia política por parte de los candidatos a la Presidencia de la República y el legislador tampoco la estableció en la mencionada ley estatutaria (L. 996/2005), no se puede concluir en la declaración de nulidad del acto que declara la elección de un ciudadano en ese cargo con el argumento de que actuó con desconocimiento de la norma constitucional que establece dicha prohibición.

En el mismo artículo 107 de la Carta Política el Constituyente sí estableció una consecuencia jurídica para quien como candidato participe en las consultas de un partido o movimiento político y luego pretenda participar por otro en el mismo proceso electoral, como es la de que no podrá inscribirse para esos efectos (inciso tercero, último párrafo). Esa norma tiene como finalidad el robustecimiento de los partidos y movimientos políticos mediante la utilización de un mecanismo que impida a sus militantes participar en sus consultas y luego a nombre de otro en el mismo proceso electoral, bien sea porque hayan renunciado como miembros después de la consulta o porque, efectivamente, incurran en doble militancia. De la violación de esa prohibición por parte de un candidato, sí podría deducirse una consecuencia jurídica, pues si a pesar de la misma se inscribe como candidato y resulta elegido, surge una irregularidad en el proceso de elección que podía conducir a la declaración de nulidad del acto que la declara. Pero una consecuencia similar no se puede deducir de la simple infracción de la prohibición de la doble militancia por parte de un candidato que participe en un proceso electoral a nombre de un partido o movimiento político y resulte elegido, después de haber intervenido en las consultas de otro para el mismo certamen electoral.

Como se anotó, la prohibición de la doble militancia política está incorporada en un artículo que hace parte del capítulo relativo a los partidos y movimientos políticos y, por tanto, es una disposición destinada a su democratización y fortalecimiento. Por consiguiente, es dentro de ese contexto de la normatividad de los partidos y movimientos políticos como se debe examinar la aplicabilidad de la norma prohibitiva de la doble militancia política. En esa dirección se advierte que el ordenamiento jurídico brinda a los partidos y movimientos políticos mecanismos para que se fortalezcan y democraticen, en cuanto, entre otros puntos, dispone que “se organizarán democráticamente” y que “los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno” (inciso tercero, artículo 107 e inciso sexto, artículo 108). Con esas atribuciones, los partidos y movimientos políticos, precisamente en los estatutos, pueden tomar medidas a fin de evitar que sus miembros pertenezcan simultáneamente a otro partido o movimiento político. Esto, sin perjuicio de la regulación que pueda establecer el Congreso respecto de los candidatos a cargos de elección popular que resulten elegidos a pesar de pertenecer a más de un partido o movimiento político.

La Sala Plena del Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de señalar que la infracción de la prohibición de la doble militancia no es causal de pérdida de investidura (15) .

En efecto, en la primera providencia que dictó sobre el tema, expresó lo siguiente:

“Para un mejor entendimiento de los alcances de la norma transcrita, es indispensable no perder de vista que la reforma que introdujo el Acto Legislativo 1 de 2003, no solo al artículo 107 sino a otras disposiciones constitucionales, tuvo por objeto establecer estímulos sociales con el fin de incrementar la participación ciudadana al interior de los partidos y movimientos políticos en procura de lograr su fortalecimiento. Así se desprende del texto integral del mencionado acto legislativo.

Para lograr tales propósitos, la Carta Política garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, actividad concebida dentro de los principios que informan la democracia. Este derecho igualmente comprende la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse libremente y difundir sus ideas y programas (C.N., art. 107, inc. 1º).

Pese a que tanto la Constitución en los citados artículos, como la Ley 130 de 1994 en su artículo 1º garantizan el derecho antes mencionado, se estableció la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Lo anterior por cuanto no obstante las características del derecho en mención, su ejercicio implica deberes y obligaciones referidos no solo a los partidos y movimientos políticos, sino también a los ciudadanos que los conforman, por ello la prohibición a la “doble militancia” establecida en el inciso segundo del artículo 107 de la Constitución Nacional, reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003.

Dicha modificación introducida por el acto legislativo referido, no la erigió como causal de pérdida de investidura de congresistas. La norma que consagra la prohibición constitucional a que se ha venido haciendo alusión, se refiere a los ciudadanos en general no a los congresistas en particular, de ahí que el Acto Legislativo 1 de 2003, en el artículo 2º, defirió a los estatutos de estas organizaciones políticas la facultad de regular su régimen disciplinario interno.

(...).

Las inhabilidades e incompatibilidades persiguen garantizar una actividad transparente en el ejercicio de la función legislativa, por ello son prohibiciones dirigidas a los congresistas, mientras que, como ya se advirtió, la doble militancia partidista es una prohibición dirigida a los ciudadanos en general, cuyo fin primordial es lograr el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos.

El hecho de que la doble militancia partidista sea una prohibición dirigida, como ya se dijo, a los ciudadanos, género dentro del cual se hallan los congresistas, no por ello constituye causal de pérdida de investidura. Obsérvese que si el Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 2º defirió a los estatutos de los partidos y movimientos políticos la facultad de regular el régimen disciplinario interno, en ellos no sería posible consagrar como causal de pérdida de investidura la situación que dio lugar a instaurar la presente acción” (16) .

Finalmente, conviene hacer las siguientes precisiones acerca de la posibilidad de que la doble militancia sea considerada como una causal de anulación, por carencia de las condiciones constitucionales o legales para el desempeño del cargo o porque es inelegible o tiene algún impedimento (CCA, arts. 228 y 223, num. 5º).

Cuando el artículo 228 del Código Contencioso Administrativo señala que podrá pedirse la nulidad de la elección hecha a favor de un candidato que no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño del respectivo cargo, se está refiriendo a las calidades o requisitos establecidos en la Constitución o en la ley para desempeñar el cargo, a que alude igualmente el numeral 5º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Y esas calidades o requisitos, como ya se dijo atrás, son las condiciones, cualidades o atributos que debe poseer una persona para entrar a desempeñar un cargo, tales como la edad, profesión, experiencia o nacionalidad. De modo que la demostración de que un candidato no ha incurrido en la infracción de una prohibición o la incursión en una inhabilidad no es una condición, cualidad o atributo para desempeñar el cargo.

El desconocimiento de las inhabilidades de un candidato para ser elegido en un determinado cargo sí constituye una causal de nulidad de la elección. Precisamente a esta causal de nulidad se refiere la segunda hipótesis del artículo 228 del Código Contencioso Administrativo en cuanto dice que se podrá pedir la nulidad de la elección cuando un candidato “fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido”. Y es claro que la infracción de la prohibición de la doble militancia política, como ya se examinó, no es una causal de inhabilidad, y, por tanto, no lo es de nulidad de la elección de quien haya incurrido en ella.

No obstante, la improsperidad del cargo por las razones antes anotadas, la Sala encuentra una adicional para despachar desfavorablemente este cargo, consistente en la falta de prueba de los supuestos de hecho alegados como sustento de la censura, según se explica a continuación.

Se recuerda que, en criterio del demandante, los doctores Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos Calderón desconocieron la prohibición de simultánea pertenencia a más de un partido o movimiento político, por dos razones. De un lado, porque su candidatura fue presentada por varios partidos y movimientos políticos con personería jurídica que omitieron acudir al sistema de inscripción en alianza ordenado en el artículo 7º de la Ley 996 de 2005. Y, de otro, porque ninguno de los elegidos renunció al Partido Liberal Colombiano, al cual se encuentran afiliados y en cuya consulta interna participaron “por el vínculo estatutario que tienen con dicho partido”.

En relación con lo primero, la Sala advierte que al expediente no se aportó copia de los estatutos de los partidos y movimientos políticos que, según el demandante, ofrecieron el apoyo electoral considerado indebido.

Tal falencia impide a la Sala conocer las reglas internas de cada uno de esos partidos y movimientos políticos, encargadas de definir, en cada caso, la condición de militante y las causas por las cuales tal calidad se extingue. En concreto, no es posible determinar si, de conformidad con el régimen interno de cada colectividad, el apoyo que se brinde a una determinada campaña electoral convierte en miembros de ese partido o movimiento a los candidatos que lo reciben.

Ahora bien, en relación con el segundo hecho a partir del cual el demandante concluye en la violación de la prohibición constitucional, se debe distinguir la situación de cada uno de los elegidos.

De un lado, si bien se demostró que el 31 de agosto de 1988 el doctor Álvaro Uribe Vélez se afilió al Partido Liberal Colombiano (certificación expedida por el secretario general de ese partido el 20 de septiembre de 2006, folio 281), ocurre que no fue demostrada su condición de militante de otro partido o movimiento político para la época en que tuvo lugar la campaña presidencial.

Es claro, entonces, que respecto del doctor Álvaro Uribe Vélez se encuentra demostrado solo uno de los extremos fácticos alegados, esto es, su afiliación al Partido Liberal Colombiano, pues no existe elemento de juicio que permita concluir en su desafiliación, al tenor de lo dispuesto en los estatutos de esa colectividad (anexo a folio 282), según los cuales la misma puede operar por el ejercicio del derecho a la desafiliación (art. 9º, num. 13), por decisión del Tribunal Disciplinario (art. 6º) o, de manera automática, por la afiliación a otro partido o movimiento político con personería jurídica (art. 7º).

De otro lado, se tiene que la militancia del doctor Francisco Santos Calderón en el Partido Liberal Colombiano no fue demostrada, pues pudo establecerse que su nombre no aparece registrado en la base de datos de afiliados al Partido Liberal Colombiano (certificación expedida por el secretario general de ese partido el 20 de septiembre de 2006, folio 281).

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

En esta forma, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Deniéganse las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

María Nohemí Hernández Pinzón (con aclaración de voto)— Reinaldo Chavarro Buriticá (con aclaración de voto)— Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñones Pinilla.

Virgilio Almanza Ocampo, Secretario.

(1) Acta 33 del 4 de mayo de 2004 de la Comisión Primera del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso 350 del 13 de julio de 2004.

(2) Informe de ponencia publicado en la Gaceta del Congreso 176 del 7 de mayo de 2004.

(3) Acta de Plenaria 45 del 14 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso 313 del 25 de junio de 2004.

(4) Acta de Comisión 43 del 3 de junio de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso 370 del 21 de julio de 2004.

(5) Informe de ponencia para primer debate en Senado en segunda vuelta, publicado en la Gaceta del Congreso 414 del 9 de agosto de 2004.

(6) Informe de ponencia para segundo debate en Senado en segunda vuelta, publicado en la Gaceta del Congreso 478 del 27 de agosto de 2004.

(7) Ponencia para primer debate en Cámara en segunda vuelta, publicado en la Gaceta del Congreso 617 del 15 de octubre de 2004.

(8) Corte Constitucional. Sentencias C-477 de 1998, C-041 de 2001, C-251 de 2002 y C-757 de 2002, entre otras.

(9) Gaceta del Congreso 102 del 26 de marzo de 2004.

(10) Gaceta del Congreso 115 del 5 de abril de 2004.

(11) Gacetas del Congreso 235 del 2 de junio, 275 del 12 de junio y 278 del 15 de junio de 2004.

(12) Sentencia C-1081 de 2005.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-1153 de 2005, mediante la cual declaró la exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria 216/05 Senado, número 235 Cámara, que luego se convirtió en Ley 996 de 2005.

(14) Sentencia del 2 de agosto de 2002, expediente 2852. En el mismo sentido, sentencias del 6 de mayo de 1999, expediente 2233 y del 11 de marzo de 1999, expediente 1847.

(15) Sentencias del 11 y del 25 de mayo de 2004, expedientes PI-1141 y PI-1463, respectivamente.

(16) Sentencia del 11 de mayo de 2004, expediente PI-2003-1441-01.

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