Sentencia 40480 de octubre 30 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40480

Acta 39

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil doce.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Gonzalo López Adarme contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 28 de noviembre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido contra la Sociedad Seguridad y Vigilancia Colombiana Sevicol LTDA.

Antecedentes

El actor solicitó que se declare que existió contrato de trabajo entre el 9 de junio de 1990 y el 5 de noviembre de 2002, en el cargo de guardia de seguridad, con jornada de 12 horas; además pidió 9 declaraciones más, relacionadas con que la demandada no le entregó algunos documentos atinentes a las horas extras, a las jornadas suplementarias, comprobantes de pagos de cotizaciones, cesantías e intereses, de no haber sido afiliado a la seguridad social, de que la relación fue terminada en forma unilateral y sin justa causa y que no le practicaron el examen médico de egreso; reclamó, en consecuencia, el pago de la diferencia salarial por la reliquidación de las horas extras, festivos y dominicales, “pero en todo caso en una suma no inferior a $ 3.607.501,64”, los faltantes por cesantías e intereses, la sanción por su no pago oportuno, el valor de las cotizaciones por pensión y salud, las sanciones por despido injusto y la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, los intereses moratorios y las costas (fls. 2 a 14).

Afirmó que su vinculación inicial el 9 de junio de 1990 fue mediante contrato a término fijo de 1 año como guardia de seguridad o celador “afiliándolo al ISS por salud y pensiones a partir de esta fecha y posteriormente cambiado a la AFP Porvenir S. A., el cual se prorrogó por anualidades sucesivas”; posteriormente los contratos fueron a término fijo inferiores a 1 año, de los cuales no le dieron copia; la labor la desarrolló en distintos sitios de Bucaramanga como “turnador (sic) fijo o como relevante”; fue obligado a prestar turnos por fuera de los normales en contra de lo dispuesto por la ley; nunca le entregaron copia de la relación de las horas suplementarias, ni de los festivos y dominicales, además que los desprendibles que le suministraron no especificaban su labor; “la demandada se apropió indebidamente o no le pagó al actor salarios por valor de $ 3.607.501,64, en los 3 últimos años”; los pagos realizados durante todo el tiempo de la relación laboral fueron parciales e incompletos; el salario acordado fue el mínimo; tampoco sufragó los aportes al ISS ni a la Administradora de Pensiones Porvenir a la cual estaba afiliado; el último contrato fue terminado sin justa causa y sin el aviso que se le ha debido dar con antelación el 5 de noviembre de 2002; “la demandada nunca afilió al actor a una ARP tal como era su obligación hacerlo”; tampoco canceló oportunamente los intereses a las cesantías y omitió reconocer las respectivas sanciones moratorias por su retardo.

La demandada, en la contestación, explicó que el contrato inicial suscrito el 9 de junio de 1990 no se prorrogó por años sucesivos puesto que a partir del 10 de mayo de 1991 celebraron 11 contratos de trabajo a término inferior a 1 año, los que fueron terminados de conformidad con el artículo 3° de la Ley 50 de 1990; adujo que el último contrato celebrado el 11 de enero de 2002 se finiquitó el 5 de noviembre siguiente, “por mutuo acuerdo entre las partes”; negó que hubiera obligado a laborar al actor “en forma ilegal” en turnos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos en la forma indicada en la demanda; adujo que le sufragó lo que correspondía y que los desprendibles en realidad no contenían la especificación de los rubros cancelados, pero podía deducirse de ellos que contenían pagos superiores al salario mínimo acordado, “tal diferencia obedece precisamente a la remuneración del trabajo nocturno, del trabajo extra diurno y nocturno, así como del realizado en domingos y festivos razón por la cual nada le quedó a deber”; afirmó que canceló lo correspondiente a los aportes a seguridad social conforme a la ley y que el actor fue afiliado a la ARP Colpatria; en suma agregó que no debía suma alguna al demandante. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de pago, cobro de lo no debido, y prescripción (fls. 56 a 65).

El juzgado segundo laboral del circuito de Bucaramanga, mediante fallo de 7 de septiembre de 2007, declaró que existió contrato de trabajo “desde el 10 de mayo de 1991 al 5 de noviembre de 2002” y probada “la excepción de prescripción formulada por la parte demandada”; le impuso costas al accionante (fls. 218 a 224).

La sentencia acusada

Por apelación del demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia de 28 de noviembre de 2008, confirmó en su integridad la del a quo, con costas a cargo de “la parte demandada” (fls. 270 a 282). Por auto de 11 de diciembre de 2008, aclaró la sentencia en el sentido de indicar que las costas procedían contra el demandante (fl. 284 a 288).

En lo que al recurso extraordinario interesa el ad quem catalogó de “intocable la conclusión del a quo de dar por sentado que “el actor laboró para la empresa accionada desde el 10 de mayo de 1991 al 5 de noviembre de 2002, mediante contratos a término fijo inferior a un año”. Destacó que las obligaciones se hicieron exigibles a la terminación del contrato de trabajo, esto es, el 5 de noviembre de 2002 y que como la demanda se instauró el 8 de noviembre de 2005, “transcurrieron más de 3 años por lo tanto, operó con todas sus consecuencias jurídicas la prescripción como causal de extinción de las obligaciones” reclamadas. No encontró de recibo el argumento del actor “sobre la extensión del plazo al día siguiente hábil al del vencimiento del término de los tres años, por tratarse de un día festivo”, de conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de casación

Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case totalmente la sentencia acusada, para que en instancia, revoque la del a quo y acceda a sus pretensiones.

Con fundamento en la causal primera formula un cargo que no tuvo réplica, conforme a constancia de secretaría que obra a folio 42 cuaderno de la Corte.

Cargo único

Textualmente denuncia violación de la ley “por la vía directa por interpretación errónea de la ley adjetiva contenida en el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo prescrito en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de lo manifestado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección cuarta...y por absoluta falta de aplicación de lo dispuesto en los artículos 70 del Código Civil subrogado por el 62 del Código de Régimen Político y Municipal y 829 del Código de Comercio”.

Aparte de reproducir las consideraciones de la sentencia acusada, de los artículos denunciados y de referirse al pronunciamiento del Consejo de Estado, reitera que el tribunal incurrió en la violación denunciada, “puesto que si bien es cierto que la prescripción es un fenómeno objetivo determinado por el transcurso del tiempo o de puro automatismo al tratarse (sic) una situación temporal delimitada de antemano que permite conocer el principio y el fin del intervalo en el transcurso el lapso fijado por el legislador para la duración del derecho o el ejercicio de una determinada potestad, tampoco es menos cierto que el mismo legislador mediante los preceptos legales contenidos en los artículos 7º del Código Civil subrogado por el 62 del Código de Régimen Político y Municipal y 829 del Código de Comercio, puntualiza que si el último día del término fijado en el mes o años, finaliza en día feriado o de vacante, se extenderá hasta el día siguiente hábil, y como en el caso ejusdem el término de los 3 años para presentar la demanda se venció el pasado 5 de noviembre de 2005 que era un día sábado vacante, el plazo se extendió hasta el día martes 8 de noviembre de 2005, cual es el siguiente hábil puesto que ese fin de semana hubo puente festivo, y por ello la decisión de segunda instancia quebrantó por absoluta falta de aplicación esos artículos, al confirmar la prescripción de la acción declarada por la juez de primera instancia”.

Se considera

Dada la vía directa escogida, es tema indiscutido que la relación laboral del actor terminó el 5 de noviembre de 2002 y la demanda para reclamar las obligaciones laborales derivadas del contrato se radicó el 8 de noviembre de 2005, por lo cual se declaró probada la excepción de prescripción de la acción propuesta por la demandada.

El tema que puntualmente plantea la censura es el de si un término que se vence en día festivo, puede trasladarse al día siguiente hábil, para efectos de la prescripción de las acciones, como la que aquí declaró probada el tribunal.

Al efecto debe decirse que esta Sala de la Corte de tiempo atrás, tiene dicho sobre el particular, que tratándose de plazos o términos de meses o años, el primero y el último día del plazo o del término, deben tener el mismo número de los respectivos meses, esto es, deben contarse de fecha a fecha. En efecto, en sentencia de 4 de diciembre de 2002, con radicado 18991 se expuso:

“(...) el criterio existente respecto de ese punto, pues tratándose de plazos o términos de meses o años el primero y el último día de tales periodos deben tener el mismo número en los respectivos meses. Así lo dijo la Sala en sentencia de 7 de julio de 1992, radicada con el número 4948, donde textualmente se anotó:

“Desatendido el reproche de la opositora, puede, sin más, anotarse que ciertamente el tribunal interpretó erróneamente la ley, ya que el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, subrogatorio del 67 del Código Civil, preceptúa con meridiana claridad que los plazos de años y de meses de que se haga mención legal deben entenderse como los del calendario común y que el primero y el último día de un plazo de meses o de años deberán tener “un mismo número en los respectivos meses”.

“Esta regla de hermenéutica sobre el cómputo de los plazos de meses y años ha sido motivo de recurrentes interpretaciones en las cuales se pretende hacerle decir a la ley algo diferente a lo que ella diáfanamente(sic) dispone, con el argumento por parte de quienes pretenden buscarle un espíritu oculto al artículo 59, de que de otra manera resultaría un día adicional tanto en la contabilización de los meses como de los años, o, como aquí ocurrió, que faltaría un día para completar el término.

“Sin embargo, es lo cierto que estas interpretaciones que se separan del claro tenor literal de la ley en pos de un espíritu de ella que difiere de su expreso texto, no han tenido acogida, y no pueden tenerla porque cualquier inteligencia de dicho precepto legal que pretenda decir algo diferente a lo que él textualmente dice supone necesariamente un desvarío.

“En efecto, la norma en comento dispone:

“Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.

“El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.

“Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

“Se aplicaran estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa”.

“De lo trascrito y especialmente de los apartes de la norma que para destacarlos subraya la Sala, resulta a simple vista que tratándose de plazos o términos de meses o años el primero y el último del día del plazo o del término deben tener el mismo número de los respectivos meses. Esto es, y para decirlo aún de manera aún más grafica si se quiere, los plazos o términos deben correr de “fecha a fecha”.

De conformidad con lo reproducido, no hay duda que el tribunal no incurrió en la interpretación errónea de los preceptos señalados por la censura, en cuanto encontró probado que como el contrato de trabajo terminó el 5 de noviembre de 2002, la acción instaurada el 8 de noviembre de 2005, quedó afectada por el fenómeno de la prescripción. Así, el fallo acusado se debe mantener.

El cargo no prospera

Sin costas, dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso que Gonzalo López Adarme le promovió a la sociedad Seguridad y Vigilancia Colombiana Sevicol Limitada.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello CalderónJorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.