Sentencia 4051 de agosto 17 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 230012331000200400903 01

Expediente 4051

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Raúl Enrique Soto González y otro

Electoral

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

El recurso de apelación se interpuso dentro del término que para el efecto señala el artículo 250, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo.

A pesar de las imprecisiones en que incurre la demanda presentada por el señor Raúl Enrique Soto González, en este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del señor Carlos Manuel Rodríguez Montoya como alcalde del municipio de Chimá para el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, contenido en el acta parcial del escrutinio de los votos para alcalde, formulario E-26 AG, suscrito por la comisión escrutadora municipal el 5 de octubre de 2004, como resultado de los escrutinios de la jornada electoral que tuvo lugar el 3 de octubre de ese año. Copia hábil de ese acto administrativo fue aportada al expediente por los demandantes de cada proceso (fl. 22, exp. 903, y fl. 44, exp. 1006).

Según lo consignado en las demandas acumuladas, dicho acto de declaratoria de elección debe anularse por razón de diferentes irregularidades ocurridas en la jornada electoral en cuestión.

El tribunal, mediante el fallo apelado, denegó la nulidad solicitada luego de concluir que el número de irregularidades demostradas no resultaba trascendente o de relevancia frente al resultado electoral obtenido y, que, por tanto, en aplicación del principio de eficacia del voto, su ocurrencia no constituía motivo suficiente para disponer la nulidad de la elección acusada.

El demandante Francisco de Jesús Banda Banda interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal, pero omitió señalar los motivos de inconformidad contra la misma.

Así las cosas, corresponde a la Sala pronunciarse sobre algunas cuestiones procesales previas, a fin de determinar los extremos del debate sobre los cuales le compete resolver en la segunda instancia.

Primera cuestión procesal previa. De la sustentación del recurso de apelación en los procesos electorales

Ha sido criterio reiterado de esta Sala que en los procesos electorales no es exigible la sustentación del recurso de apelación que se interponga contra las sentencias que se dicten en primera instancia.

Así se desprende del hecho de que en el proceso electoral no existe norma en ese sentido, ni una oportunidad para declarar desierto el recurso de apelación, en los términos del artículo 212 inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, aplicable al proceso ordinario (tít. XXIV de ese estatuto procesal).

Y refuerza esa posición el interés superior que encierran los procesos electorales, el cual es, en definitiva, la razón por la cual el legislador excluyó la sustentación obligatoria del recurso de apelación.

De esta forma, en atención a lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este caso por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, debe entenderse que cuando el recurso de apelación no se sustente de modo expreso, el mismo se entenderá interpuesto en lo desfavorable al apelante.

Y, comoquiera que en este caso el recurso lo interpuso uno de los demandantes, la Sala se limitará a la revisión de las consideraciones del tribunal que, respecto de la demanda por él presentada, coadyuvada por el señor Miguel Banda Negret, resultaron desfavorables.

Segunda cuestión procesal previa. De los límites de la coadyuvancia

Ocurre que, según se indicó en los antecedentes de esta providencia, la demanda formulada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda fue coadyuvada por el señor Miguel Banda Negret para agregar 36 casos de trashumancia ocurridos, según él, en los comicios que culminaron con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado y que son diferentes a los inicialmente denunciados por el demandante.

Al respecto, la Sala considera que la intervención adhesiva del señor Banda Negret Jaime no podía superar los estrictos términos fácticos de los cargos planteados en la demanda que dijo coadyuvar, al punto de pretender agregar a estos nuevos y diferentes reparos de legalidad, apoyado en supuestos fácticos y jurídicos claramente ajenos a los señalados en la demanda.

Ello es así, en razón de los alcances que en materia procesal se otorgan, de una parte, a la demanda y, de otra, a la posibilidad de coadyuvarla. Además, porque, considerar lo contrario conduciría al desconocimiento de determinadas reglas procesales y del derecho de defensa del demandado en esta clase de procesos.

En cuanto a lo primero se recuerda que los numerales 3º y 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo exigen de la demanda que se dirija contra un acto administrativo, la indicación precisa de los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la acción, lo mismo que las normas superiores que se consideran infringidas y el concepto de su violación. Ese requisito formal señala al juez el marco del litigio que le corresponde resolver, en punto a los supuestos de hecho y de derecho que le servirán de referente para el control de legalidad del acto administrativo demandado, de modo que esa confrontación esté delimitada por dicho marco de juzgamiento. En otras palabras, al pretender la nulidad de un acto administrativo es necesario que el demandante indique los hechos u omisiones de los cuales deriva la violación del ordenamiento jurídico y cite las normas jurídicas que estima vulneradas, pues unos y otras no solo sirven de fundamento de su pretensión, sino que demarcan la decisión que le corresponde adoptar al juez, en cuanto que el control de legalidad se limita al análisis de tales fundamentos.

En relación con lo segundo, para la Sala es claro que la posibilidad de que trata el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como parte para prohijar en oponerse a las peticiones de la demanda”, debe interpretarse de manera armónica con los efectos procesales de las exigencias formales de los numerales 3º y 4º del artículo 137 ibídem, a los que se hizo referencia. En consecuencia, debe entenderse que el coadyuvante no está autorizado para introducirle adiciones a la demanda que impliquen el señalamiento de cargos diferentes a los allí planteados, pues, además de que la ley no lo autoriza de modo expreso, entender lo contrario restaría eficacia procesal a las exigencias formales de los numerales 3º y 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, lo mismo que a las normas sobre caducidad de la acción a las cuales debe someterse la demanda y, en términos generales, al desarrollo normal de las etapas procesales subsiguientes a la integración del contradictorio, diseñadas bajo ese entendimiento.

Finalmente, como resultado de lo dicho en precedencia, se tiene que si la determinación del marco del litigio por la parte demandante, está reservada a la demanda y a su corrección, los cargos que se formulen en oportunidad diferente por esa parte o por los coadyuvantes no podrán analizarse. De lo contrario se afectaría el derecho de defensa del demandado, quien no conoció de los nuevos cargos en la oportunidad debida.

De manera que, por las razones anteriormente anotadas no resultan aceptables y, por tanto, no serán objeto de análisis, los 36 nuevos casos de trashumancia alegados por el coadyuvante Miguel Banda Negret, en cuanto exceden el marco fáctico de la demanda cuyas pretensiones dijo prohijar.

Del fondo del asunto

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala el análisis de cada uno de las irregularidades que, según planteamiento del apelante en la demanda correspondiente, tuvieron lugar en la jornada electoral que culminó con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado.

Al respecto, conviene anotar que varios de los cargos planteados en la demanda del señor Banda Banda plantean la existencia de falsedades en algunos documentos electorales que lograron, según él, alterar el resultado electoral.

Por tanto, antes de analizar cada una de las incongruencias señaladas por el impugnante en su demanda, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones generales en torno a la causal de nulidad del acto de elección por falsedad de los registros electorales.

Ocurre que la falsedad o adulteración de determinados documentos electorales puede afectar la veracidad de las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras y, por esa vía, puede originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes.

Dicha norma es del siguiente tenor:

“ART. 223.—Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

(...).

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”.

En relación con la hermenéutica del inciso segundo del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo y, específicamente, en cuanto al entendimiento del concepto de falsedad de los registros y elementos que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio, la jurisprudencia de la sección (1) sostuvo que se configura cuando se presenta una alteración del resultado como consecuencia de una intención dañosa en hacer aparecer un dato que no es verdadero. Por lo tanto, la diferencia entre un elemento falso y un apócrifo radica en que “en la falsedad hay esencialmente la intención de engañar, supone una intención dolosa, tendiente a causar un perjuicio que para el caso se traduce en el desconocimiento de la voluntad de los electores, mientras que en lo apócrifo no la hay” (2) .

Sin embargo, esa posición ha sido modificada por la sección (3) y se explica en los siguientes términos (4) :

“Conviene puntualizar alrededor de este criterio hasta ahora intocable para la sección, que apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vocablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre en favor de unos y en desmedro de otros candidatos. Es indiferente dentro del proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y sancionar a la jurisdicción penal.

Basta que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados, para que proceda la anulación de las correspondientes actas de escrutinio de los jurados de votación, puesto que en esas condiciones son el resultado de actividades ilegítimas. Pero no compete a la jurisdicción contencioso administrativa, concretar responsabilidades por esas anomalías, ni escudriñar sobre intenciones dañinas, que son cuestiones de orden subjetivo que la ley procedimental penal encarga de investigar y sancionar a los fiscales y jueces competentes para conocer del delito de falsedad”.

En consecuencia, un elemento o un registro electoral es falso o apócrifo (conceptos estos que se asumen como sinónimos), cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, la falsedad puede presentarse por vía de acción u omisión. Así, se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresar. Esos argumentos se explican porque la ley electoral consagra el proceso contencioso electoral como un mecanismo jurídico para proteger la eficacia del voto y la regularidad de las elecciones, por lo que su objetivo nunca podrá ser el de juzgar la conducta ni el de endilgar responsabilidad a los funcionarios electorales, sino que su cometido es lograr la transparencia y la veracidad de la expresión popular.

Sin embargo, la existencia de un elemento falso no conduce por sí mismo a la nulidad de las actas de escrutinio, pues ello se presenta solo cuando la ocultación de la verdad sea de tal magnitud que sea capaz de alterar los resultados electorales, pues, de lo contrario, la falsedad es inocua y no genera anulación de las elecciones.

A continuación, se analizan las irregularidades que, en criterio del actor, permiten concluir en la falsedad de determinados registros electorales con la entidad suficiente para generar la nulidad de la elección acusada.

De la falsedad de los registros electorales por la votación de personas no incluidas en el censo electoral

Plantea la demanda presentada por el impugnante que en los comicios en cuestión se permitió el sufragio de personas que no hacían parte del censo electoral del municipio de Chimá.

El cargo, así planteado, fue desestimado por el tribunal luego de considerar que “al hacerse un cotejo entre el censo electoral que obra en el expediente en medio magnético (fl. 209) con los formularios E-11 a folios (89 y ss.), se constató que todos los cupos numéricos de las personas que votaron en las mesas indicadas en el acápite de pretensiones de la demanda, figuran en el censo electoral de Chimá, circunstancia que deja sin bases la acusación sub examine”.

De manera que correspondería a esta instancia la revisión del análisis probatorio del a quo que le permitió concluir en la falta de demostración del cargo que se analiza. Sin embargo, la Sala encuentra una razón diferente para llegar a esa conclusión, la cual supera cualquier debate en relación con las consideraciones probatorias de la primera instancia y, en ese sentido, se convierte en razón suficiente para la confirmación de la decisión apelada en lo que atañe a esa censura.

Se trata, como lo anota el apoderado de la defensa, de la imprecisión de los fundamentos de hecho del cargo formulado, pues si bien en las pretensiones de la demanda presentada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda, este indicó las mesas de votación en las que, según él, se presentó la irregularidad consistente en el sufragio de personas no inscritas en el censo electoral del municipio de Chimá, ocurre que en capítulo alguno de la demanda o de su corrección aparece la precisión sobre supuestos fácticos necesarios para el examen probatorio de esa irregularidad. En otras palabras, la demanda se limitó a señalar la irregularidad, sin hacer ninguna precisión que permitiera verificar su ocurrencia.

Ciertamente, la Sala advierte que el demandante no indicó el nombre de los ciudadanos o el número de las cédulas que asegura corresponde a las personas que, a pesar de no estar incluidos en el censo electoral del municipio de Chimá, sufragaron en la jornada electoral del 3 de octubre de 2004 llevada a cabo en esa localidad. Tampoco señaló la mesa de votación en que cada una de tales personas efectivamente depositó su voto.

Conviene aclarar que la etapa probatoria del debate en sede jurisdiccional no puede concebirse como la oportunidad para que, con sus resultados, se entienda satisfecha la exigencia procesal en cabeza del demandante de precisar los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo. Ello es así porque la actividad y conclusiones que puedan lograrse en esa etapa, no puede, en ningún caso, relevar al demandante de su carga procesal de efectuar en la demanda un señalamiento concreto del hecho constitutivo de la causal de nulidad electoral que invoca. Y es en la demanda, en consideración a que en ella se fija el marco del litigio a resolver, determinante de la actividad decisoria del juez y de la probatoria que incumbe a las partes, con las consecuencias que para el ejercicio del derecho de defensa ello conlleva.

De manera que, en esta oportunidad, la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manara concreta, así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia.

En esta forma, es del caso despachar desfavorablemente el cargo y, por tanto, en ese aspecto de la decisión impugnada, la misma será confirmada.

De la falsedad de los registros electorales por la suplantación de algunos electores

El impugnante Francisco de Jesús Banda Banda sostiene la ocurrencia de 40 casos de suplantación, entendida esa irregularidad, según plantea, como la falta de correspondencia que advirtió entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular de la cédula preimpresa de ese formulario frente a la cual se anotó.

Al respecto, el tribunal encontró probados solo 6 casos de suplantación.

Así las cosas, corresponde a esta Sala revisar la conclusión probatoria del tribunal. No obstante, antes de esa labor de verificación son pertinentes unas consideraciones generales sobre el cargo.

El fraude electoral denominado suplantación de electorales se enmarca, como bien lo plantea el impugnante en su correspondiente demanda, en la causal de nulidad de las actas de escrutinio señalada en el artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo.

La falta de concordancia entre el nombre del ciudadano que aparece registrado en el formulario E-11 o lista y registro de votantes y el nombre del titular de la cédula de ciudadanía, puede presentarse por varias hipótesis.

En primer lugar, porque una persona que no es el titular del documento de identificación se acerca a la mesa de votación y logra depositar el voto a nombre de otra, esto es, se presenta la suplantación del elector. De otra parte, puede suceder que realmente no votó ni el titular de la cédula de ciudadanía ni otra persona a nombre de él sino que los jurados de votación llenaron las casillas correspondientes con nombres ficticios. O también puede acontecer que el titular de la cédula sí sufragó, pero los jurados de votación omitieron registrar el nombre verdadero, por lo que deciden enmendar el error diligenciando el formulario E-11 con un nombre que no corresponde al titular del documento de identidad. Así mismo, puede suceder que la falta de concordancia obedezca a errores de transcripción que modifican la correcta escritura del nombre del titular del respectivo documento. También puede acontecer que el nombre del sufragante sea anotado en casilla distinta a aquella a la que corresponde y, por tanto, aparezca votando frente a una cédula que no identifica a esa persona.

Es claro, entonces, que en las dos primeras hipótesis planteadas existe un dato mentiroso que afecta la transparencia del proceso electoral y que, eventualmente, puede configurar la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio. El tercer evento dependerá de lo que llegue a probarse en el proceso, mientras que los dos últimos no constituyen falsedad alguna, en tanto corresponden a meros errores de jurado.

Se entiende, entonces, que si una persona se presenta a la contienda electoral simulando ser el portador de una cédula de ciudadanía que no es la suya o los jurados de votación deciden contabilizar votos que nunca se depositaron, esas manifestaciones de voluntad nunca serán las verdaderas expresiones populares, por lo que esos registros serán falsos.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que para deducir la falsedad de un registro por inconsistencia entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular de la cédula de ciudadanía, es necesario analizar individualmente la situación planteada para aclarar si se presentaron los fraudes de suplantación de votantes, o de simulación de votos —cuando los jurados de votación simulan que fueron depositados votos que nunca lo fueron por los ciudadanos aptos para sufragar— o si existió una equivocación con trascendencia numérica. En consecuencia, solo en los casos en donde se demuestren esos supuestos es razonable sostener que el resultado electoral no corresponde a la verdadera expresión de la voluntad popular y, por lo tanto, es falso.

No obstante, debe precisarse que la existencia de un elemento falso no conduce por si mismo a la nulidad de las actas de escrutinio, pues la causal objeto de estudio busca proteger el verdadero resultado electoral y con él pretende preservar la eficacia del voto válido. Por esta razón, la falsedad generadora de nulidad de un acta de escrutinio será solamente aquella que cambie el resultado electoral, puesto que, tal y como lo ha expresado esta Sala (6) , la falsedad que no tiene la magnitud de cambiar o modificar el resultado electoral es intrascendente, en tanto que no interfiere en la verdadera voluntad popular. Así las cosas, si se prueba la existencia de irregularidades que cambian o modifican el resultado electoral, debe declararse la nulidad de las actas de escrutinio correspondientes.

A continuación, la Sala procede a revisar las conclusiones probatorias de la primera instancia que resultan desfavorables al impugnante, en lo que a cada una de las irregularidades formuladas como sustento de este cargo se refiere.

Para mayor claridad en la exposición, en el siguiente cuadro se presenta una relación de cada una de tales conclusiones probatorias de la primera instancia que, a continuación, serán objeto de pronunciamiento por esta Sala:

Cargos formuladosConsideración a quo
MesaCédulaNombre E-11Nombre censo
100-00-210.937.939Udisner José Capachero OrtegaFredys Manuel CapacheroSuplantación demostrada
200-00-211.075.115Luis Alberto García Manjares(sic)Emiro Enrique Lombana ManjarrezMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.075.175
300-00-211.075.175Emiro Enrique Lombana ManjarrezLuis Alberto García ManjarrezMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.075.115
400-00-211.075.507Domingo Ruíz VanegasGustavo Luis Muñoz MaderaNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
500-00-311.075.768Ricardo Salgado RuízDomingo del Cristo Ruíz VanegasNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
600-00-311.076.629Manuel Novoa TalaiguaEdinson Manuel Rosario TalaiguaMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.076.626
700-00-411.077.426José Cuadrado HoyosMargelio Enrique Quiroz GasparNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
800-00-411.077.780José María Conde HoyosYanilso Rafael Bello RicoNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
900-00-619.180.063Emilio Solano C.Emilio Ospino CarvajalNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
1000-00-825.887.194Lucía del C. Montoya ManjarrezLucía del Socorro Noriega ManjarrezNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
1100-00-811.078.034Leandro Alberto Lemus MuñozFrancisco Javier Sabaja PachecoNo hay incongruencia. El nombre del censo corresponde al anotado y no al que afirma la demanda
1200-00-925.889.903Diana Vanegas EspitiaMiladis del C. Paternita(sic) PoloMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 25.888.903
1300-00-1125.980.582Martha Cecilia Peña NovoaYudis María Sandoval BlancoLa cédula no está incluida en el formulario E-11
1400-00-1378.714.652Nilson de Jesús Pérez ZabaletaYudis Alfonso Miguel MartínezNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo, en este caso, Abel José Villadiego Aguilar
1599-03-12.791.788Jorge Acosta VanegasJorge Enrique Hidalgo MuñozNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
1699-03-115.585.097Roger Borja GarcíaHugo Alberto Borja GarcíaSuplantación demostrada
1799-03-125.886.696Lorena Fabra de GarcíaJulia Lucía Amador de OrtizNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo, en este caso, Gladis Villadiego
1899-03-111.075 932Luis García MirandaPlutarco Andrés Beltrán AltamirandaNo se registró nombre alguno.
1999-05-12.793.171Vitelio Ramiro Almanza MuñozArístides José Sarmiento CoronadoMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 2.793.177
2099-05-234.820.113María Salgado CanteroEmérita Julia Bertel BohórquezMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.013
2199-05-234.820.156Lourdes Sánchez GaleanoBernarda de Lourdes Cogollo AlciriaMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.165
2299-05-234.820.165Bernardo Cogollo AlciriaLourdes de las M. Sánchez GaleanoMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.156
2399-05-234.820.263Carmen Argel LunaEnith del Carmen Villarreal SalgadoMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.163
2499-05-250.851.192María Petro RubioGladis Yadith Cavadía GuevaraLa cédula no está incluida en el formulario E-11
2599-09-11.554.223Elías José Luna FeriaJosé Rosario Martínez BurgosMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 1.554.123
2699-09-11.554.123José Martínez BurgosElías José Luna FeriaMero erro de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 1.554.223
2799-09-12.792.316Julio Ramiro Guerra BiatBenjamín Vargas RomeroNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
2899-09-12.792.406Jorge David Paternina PintoPedro Emiro Paternina PintoNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
2999-09-225.897.242Martha Estrada RomeroRosa María Falón MartínezSuplantación demostrada
3099-09-215.026.964Fernando C. Cogollo SernaJuan del Cristo SierraNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
3199-09-225.872.407Griselda Ayola OrtegaEmma Isabel Alean GonzálezLa cédula no está incluida en el formulario E-11
3299-09-225.887.952Ana María Kenia RomeroAna María Tuirán RiveroNo hay incongruencia entre nombres. Se anotó el nombre del censo
3399-09-225.880.179Luz P. Moreno HernándezÁngela Benita Gaviria MaceaNo se registró nombre alguno
3499-09-225.880.315Ángela Quinta ArrietaNinfa del Carmen Pineda RomeroLa cédula no está incluida en el formulario E-11
3599-09-378.729.684Benjamín Fuentes GarcíaDonaldo Antonio Pascasio OrtegaLa cédula no está incluida en el formulario E-11
3699-13-125.900.186Netis del Carmen Montes RozoMartha Beatriz Ortega ContrerasSuplantación demostrada
3799-30-12.793.335Jaime Manuel Guillén TorresLuis Miguel Sarmiento BorjaNo hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
3899-30-13.641.316Lino Justiniano Mejía NavarroManuel Antonio Garavito GonzálezMero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 3.941.640
3999-30-115.005.098Alfonso Mestra RamosBlas José Martínez AyalaSuplantación demostrada
4099-30-1150.26.998Fernán Darío Ramos MadridEleandro Oquendo CorreaSuplantación demostrada

Al respecto, la Sala considera:

a) Sobre los casos de suplantación demostrados en primera instancia (casos números 1, 16, 29, 36, 39 y 40):

En relación con las irregularidades que, según el tribunal, constituyen casos de suplantación, no es posible revisión alguna en esta oportunidad, comoquiera que tales conclusiones probatorias de la primera instancia no son de aquellas susceptibles de examen por esta Sala. En efecto, según se precisó en las cuestiones previas al estudio de fondo de esta providencia, el análisis de lo considerado por el a quo solo es posible en los aspectos desfavorables a los intereses del apelante. En esta forma, debe estarse a lo considerado en la primera instancia respecto de las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 1, 16, 29, 36, 39 y 40.

b) Sobre los errores de ubicación de nombres advertidos por el tribunal (casos números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38):

Aparecen incongruencias que, según el tribunal, no constituyen suplantación electoral, sino un mero error de ubicación en que incurrieron los jurados de votación al anotar en el formulario E-11 el nombre del sufragante, habilitado para votar en la respectiva mesa.

Al respecto, la Sala advierte que, efectivamente, se presentaron casos en que ocurrió ese fenómeno, consistente en que en el formulario E-11 respectivo el nombre del sufragante se anotó, por error, frente a una cédula a la cual no correspondía, pero sin que ello implicara fraude alguno.

Lo anterior, por cuanto en cada uno de esos eventos se pudo constatar la presencia simultánea de dos hechos que eliminan la falsedad que pudiera derivarse de la incongruencia advertida. De un lado, que el nombre registrado no es inventado, sino que corresponde, según el censo electoral, al titular de una cédula igualmente habilitada para votar en la misma mesa. Y, de otro, que la incongruencia advertida no implicó el registro por más de una vez de un único voto, pues frente a la cédula que sí identifica al ciudadano cuyo nombre fue registrado indebidamente no aparece registrado ese nombre, esto es, frente a la cédula que sí le corresponde no aparece el nombre que fue anotado en un lugar equivocado.

Así ocurre con las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38, según constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 2, 3 y 9 del puesto 00 de la zona 00; 1 y 2 del puesto 05 de la zona 99; 1 del puesto 09 de la zona 99; y 1 del puesto 30 de la zona 99 (fls. 119, 159, 160, 167, 168, 169, 173, 237, 241, 275, 280, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

En esta forma, lo resuelto en la primera instancia respecto de las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38, se debe confirmar.

c) Sobre los casos que, según el tribunal, no constituyen inconsistencias (casos números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 30, 32 y 37):

Otra conclusión de la sentencia impugnada desfavorable a los intereses del impugnante es aquella, según la cual, algunas de las irregularidades denunciadas no tuvieron ocurrencia, pues, en concepto del a quo, la incongruencia advertida no surge de la lectura del correspondiente formulario E-11 y su confrontación con el censo electoral.

Al respecto, la Sala encuentra que, efectivamente, en ciertos casos, la incongruencia que el señor Banda Banda advierte entre el nombre registrado y el nombre real del titular de la cédula frente a la cual se hizo el registro no se presenta, comoquiera que en tales eventos se pudo comprobar que uno y otro nombres, en realidad, se corresponden.

Se trata, entonces, de cargos absolutamente infundados, pues es evidente que el demandante se equivocó en su planteamiento, bien en la formulación del nombre que, según él, era el correcto; bien en la indicación del nombre supuestamente inventado; o bien, en el señalamiento de uno y otros nombres.

Así ocurre con las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 30, 32 y 37, según se desprende de la constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 2, 3, 4, 6, 8 y 13 del puesto 00 de la zona 00; 1 del puesto 03 de la zona 99; 1 y 2 del puesto 09 de la zona 99; y 1 del puesto 30 de la zona 99 (fls. 119, 154, 155, 161, 162, 183, 186, 213, 242, 247, 258, 267, 269, 272 y 282, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

Al respecto, son pertinentes algunas precisiones sobre las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4 y 11, así:

En la demanda se afirmó que la incongruencia de nombres frente a la cédula número 11.075.507 se presentó en el formulario E-11 de la mesa de votación número 3 del puesto 00 de la zona 00, pero el tribunal encontró, y así lo pudo verificar esta Sala, que esa cédula no aparece preimpresa en ese formulario (fls. 278 a 283, cdno. de pruebas, exp. 903) sino en el correspondiente a la mesa de votación número 2 del puesto 00 de la zona 00 (fl. 282, cdno. de pruebas, exp. 903) y, por esa razón, el análisis pretendido se hizo frente a este último documento y no frente al indicado en la demanda.

Igualmente, en la demanda se sostuvo que en el formulario E-11 de la mesa número 8 del puesto 00 de la zona 00 el nombre “Leandro Alberto Lemos Muñoz” fue indebidamente anotado frente a la cédula 11.078.034, pero revisado el documento en cuestión (fl. 247, cdno. de pruebas, exp. 903), el tribunal encontró, y así lo pudo verificar esta Sala, que ese nombre aparece, en realidad, frente a la cédula 11.078.034 y, por esa razón, el análisis correspondiente se hizo en relación con esta última cédula y no con la indicada en la demanda.

Finalmente, la Sala no comparte el análisis probatorio del a quo respecto de la irregularidad identificada en el cuadro anterior con el número 15, según se explica a continuación.

En la demanda se sostuvo que en el formulario E-11 de la mesa número 1 del puesto 03 de la zona 99 el nombre “Jorge Acosta Vanegas” fue indebidamente anotado frente a la cédula 2.791.778, cuando allí ha debido votar “Jorge Enrique Hidalgo Muñoz”. Y, al respecto, el tribunal encontró que en este caso el nombre registrado no fue el indicado en la demanda sino el que corresponde al titular de la cédula, es decir, “Jorge Enrique Hidalgo Muñoz”.

No obstante, revisado el documento electoral en cuestión (fl. 183, cdno. de pruebas, exp. 903), esta Sala encontró que la cédula 2.791.778 no aparece en el mismo, aunque sí hace parte del censo electoral del municipio de Chimá, en el cual se indica que ese documento identifica a “Antonio José Bello Villadiego” (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

Por tanto, frente a la irregularidad identificada en el cuadro anterior con el número 15, el análisis de esta Sala ofrece una conclusión diferente a la expuesta por el tribunal. No es cierto que revisado el documento electoral el nombre registrado coincida con el titular de la cédula, como lo sostuvo el a quo, sino que efectuada esa verificación, no se encontró el número de cédula que, según la demanda, fue objeto de suplantación.

No obstante, esa diferencia en la motivación no hace variar la decisión adoptada por el tribunal frente a la irregularidad en cuestión, pues lo considerado al respecto por esta Sala impone entender que no se demostró la suplantación alegada, tal como sucedió en la primera instancia.

En esta forma, en lo que se refiere a las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 30, 32 y 37, la sentencia impugnada se debe confirmar.

d) Sobre los números de cédulas que el tribunal no encontró anotados en el formulario E-11 (casos números 13, 24, 31, 34 y 35):

En criterio del a quo, algunos de los casos de suplantación denunciados por el impugnante están referidos a cédulas no incluidas en el formulario E-11 de la mesa de votación con la cual fueron relacionadas, ni tampoco hacen parte del censo electoral del municipio de Chimá.

Ciertamente, esta Sala pudo constatar que varias de las inconsistencias planteadas, en realidad no tuvieron ocurrencia en los términos en que aparecen planteados en la demanda, comoquiera que en el respectivo formulario E-11 no se encontró el número de cédula que, según el impugnante, fue objeto de suplantación, como tampoco se halló en el censo electoral tenido en cuenta en la jornada electoral cuestionada.

Ello se desprende de la constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 11 del puesto 00 de la zona 00; 2 del puesto 05 de la zona 99; y 2 y 3 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 149 a 158, 166 a 171 y 224 a 229, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

Así ocurre con los casos identificados en el cuadro anterior con los números 13, 24, 31, 34 y 35. Por tanto, en lo que a ellos se refiere, la sentencia impugnada se debe confirmar.

e) Sobre la falta de registro advertida por el tribunal (casos números 18 y 33):

Sostuvo el a quo que las incongruencias identificadas en el cuadro anterior con los números 18 y 33 no corresponden a casos de suplantación, pues frente a la cédula señalada como objeto de suplantación no se hizo registro de nombre alguno.

Esa conclusión pudo corroborarse con la verificación del formulario E-11 de las mesas números 1 del puesto 03 de la zona 99 y 2 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 155 y 184, cdno. de pruebas, exp. 903) y, por tanto, en lo que a esas irregularidades se refiere, la conclusión del tribunal se debe confirmar.

En síntesis de lo expuesto, lo decidido en la sentencia impugnada respecto del cargo de suplantación —en lo que se entiende objeto de impugnación, esto es, en lo desfavorable al impugnante—, se debe confirmar.

De la falsedad de los registros electorales por la votación a partir de cédulas inexistentes

Se sostiene en la demanda presentada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda que en determinadas mesas de votación se permitió el sufragio de personas cuya cédula es inexistente, comoquiera que su número no aparece en el archivo nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al respecto, el tribunal encontró que de las diez cédulas que el demandante señala como “cupos numéricos inexistentes”, solo cinco, son, en realidad, inexistentes, y que de estos últimos, solo uno aparece con voto registrado, el cual, es, por tanto, nulo.

De manera que corresponde ahora a la Sala revisar las conclusiones probatorias de la primera instancia, desfavorables al impugnante, en lo que al cargo se refiere.

Con ese fin, en el siguiente cuadro se presenta una relación de cada una de las consideraciones de la primera instancia, desfavorables al impugnante:

MesaCédulaNombre E-11Consideración a quo
100-00-311.675.804Roger Feris MontañoNo existe en el censo, no aparece votando
200-00-311.075.981Alfonso Orozco CorderoExiste en el censo
300-00-1178.545.001Nilson de Jesús Pérez ZabaletaExiste en el censo
499-03-16.668.861Roberto Pérez BravoExiste en el censo
599-09-12.792.358Remberto Luis Pinto SalgadoExiste en el censo
699-09-111.061.497Silvio Pérez ContrerasExiste en el censo
799-09-225.880.178Elías Moreno HernándezNo existe en el censo, no aparece votando
899-09-225.880.412María Esther Montes LunaNo existe en el censo, no aparece votando
999-09-225.880.550Karen Ruiz LunaNo existe en el censo, no aparece votando

Al respecto, luego de revisado el censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006) y los formularios E-11 correspondientes, esta Sala coincide con las conclusiones de la primera instancia, según se explica a continuación.

En efecto, si bien pudo demostrarse que las cédulas 11.675.804, 25.880.178, 25.880.412 y 25.880.550 no existen en el censo electoral del municipio de Chimá, lo cierto es que ninguno de tales números aparece registrado como identificación de sufragante alguno en el formulario E-11 de la mesa de votación que, en cada caso, señala la demanda.

Así se desprende de la revisión de los formularios E-11 de las mesas números 3 y 11 del puesto 00 de la zona 00 y 2 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 153 a 158, 224 a 229 y 272 a 277, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

De otra parte, pudo comprobarse que, como lo advirtió el tribunal, las cédulas 11.075.981, 78.545.001, 6.668.861, 2.792.358 y 11.061.497 sí hacen parte del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).

Lo anterior, impone a esta Sala concluir, como lo hizo el tribunal, en la falta de demostración de los casos de falsedad antes señalados, pues en ninguno de ellos pudo comprobarse el registro de voto alguno a partir de cédulas inexistentes.

Por tanto, lo decidido en la sentencia impugnada respecto del cargo de falsedad por registro de votación a partir de cédulas inexistentes —en lo que se entiende objeto de impugnación, esto es, en lo desfavorable al impugnante—, se debe confirmar.

De la falsedad de los registros electorales por las diferencias entre los formularios E-11 y los formularios E-14 y E-24

Según el impugnante, en determinadas mesas de votación el número de votantes registrado en el formulario E-11 no coincide con el número de votos registrado en los formularios E-14 y E-24.

Al respecto, el tribunal consideró que tales incongruencias, además de que no fueron demostradas, pues efectuado el cotejo correspondiente no se encontró incongruencia alguna, corresponden a un asunto que debió ventilarse en sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 del Código Electoral.

Así las cosas, antes de verificar la validez de las conclusiones probatorias de la primera instancia, la Sala considera necesario hacer unas consideraciones generales sobre el cargo.

Con ese fin, se precisará el contenido de cada uno de los documentos electorales mencionados, para luego examinar, de manera objetiva, el tratamiento que debe dársele a determinada hipótesis de incongruencia entre sus registros.

Los formularios E-11, E-14 y E-24 a que alude el demandante son importantes documentos electorales que sirven de fundamento para la declaratoria de una elección popular.

El formulario E-11 es la lista y registro de votantes de cada una de las mesas de votación que elaboran los jurados de votación y si bien su objetivo no es contabilizar los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, sí permite determinar la mesa en la que el ciudadano ejerció su derecho al voto y totalizar el número de votantes.

El formulario E-14 contiene las actas de escrutinio de los jurados de votación y registra el número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos en la respectiva mesa de votación. De igual manera, se consigna la totalidad de los votos que se registraron en la mesa para cada una de las corporaciones.

Por su parte, el formulario E-24 corresponde a un cuadro que utilizan las comisiones escrutadoras departamentales, distritales, municipales y auxiliares para registrar los resultados de los escrutinios consignados en las actas de los jurados de votación, donde, al mismo tiempo, se observa la votación obtenida por cada candidato en cada uno de los municipios que integran la respectiva circunscripción departamental o en cada una de las mesas de votación de un respectivo distrito, municipio o zona. Este documento no solo es un material de apoyo de las comisiones escrutadoras sino que es el fundamento de sus actas de escrutinio y, por tanto, es un elemento que sirve para su formación. Y, en elecciones como la que se analiza, suele calificarse como municipal cuando es elaborado por la comisión escrutadora municipal para reflejar el consolidado respectivo.

1. Sobre la diferencia entre los formularios E-11 y E-14.

Aunque podría pensarse que el número de votantes (E-11) siempre debe coincidir con el número de votos (E-14), es perfectamente válido que, en determinados eventos, el número registrado en el formulario E-14 sea inferior al que aparece en el formulario E-11.

Así ocurre en el caso de jornadas electorales en las que están en juego diferentes cargos de elección popular, pues en ellas puede suceder que muchos ciudadanos sufragan por algunas de las corporaciones o por algunas de las autoridades, pero no por otras, comoquiera que no están obligados a sufragar por todas (artículo 140 del Código Electoral). Sin duda, en esos eventos, la incongruencia en los totales en cuestión se justifica válidamente, por razón de esa habilitación legal.

No obstante, debe aclararse que, tratándose de comicios en que la elección es única —como ocurrió en este caso—, dicha salvedad no es de recibo, dado que la situación descrita no sería posible. Por tanto, a menos que se encuentre alguna justificación válida en el caso concreto, en esta clase de comicios el número de votantes (E-11) siempre debe coincidir con el número de votos escrutados (E-14).

Por otro lado, sí constituye una irregularidad cuando el formulario E-14 registra un número de votos mayor que el de votantes del formulario E-11, puesto que el número de votos no puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada ciudadano tiene derecho a un solo voto.

Por ello, en aquellos casos donde el escrutinio de los jurados de votación (E-14) arroja un resultado superior al que aparece en la lista y registro de votantes (E-11) , la ley electoral prevé un procedimiento que aquellos deben seguir para evitar que el escrutinio final refleje votos que no fueron efectivamente consignados por los ciudadanos aptos para sufragar.

En efecto, el artículo 134 del Código Electoral señala que el escrutinio se debe iniciar haciendo público el número total de sufragantes para dejar claridad sobre el número de personas que votaron en la correspondiente elección. A su tenor literal esa norma dice:

“ART. 134.—Inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes”.

Ahora bien, si existe un número mayor de votos en la urna —cuyo número debe quedar reflejado exactamente en el formulario E-14— que de votantes en el formulario E-11, el artículo 135 del Código Electoral señala el procedimiento a seguir, así:

“ART. 135.—Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobre cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente.

En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes”.

De consiguiente, si el escrutinio efectuado por los jurados de votación consigna más votos que el número de ciudadanos que aparecen como sufragantes, ese registro no solo se produce con desconocimiento del debido proceso electoral, sino que muestra un resultado electoral que es ajeno a la realidad, que no fue corregido en su oportunidad.

De este modo es fácil advertir, como lo ha señalado esta Sala en anteriores oportunidades (7) , que la falsedad o adulteración del formulario E-14 podría afectar la veracidad de las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras y, en ese sentido, podría originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes.

Este ha sido el criterio preponderante de la Sala, que, además, corresponde a la posición actual de su jurisprudencia, pues en algunas oportunidades de una época anterior se sostuvo que la falta de concordancia entre los registros de los formularios E-11 y E-14 era irregularidad constitutiva de reclamación electoral y no de causal de nulidad de las actas de escrutinio (8) .

2. Sobre la diferencia entre los forrmularios E-14 y E-24.

Otra hipótesis posible consiste en la diferencia que puede presentarse entre el número de votos registrado en el formulario E-14 y el que, en relación con la mesa respectiva, se registró en el formulario E-24.

Según se precisó antes, el formulario E-24 condensa los resultados electorales a nivel zonal, municipal, distrital o departamental, obtenidos en cada mesa de votación. Por tanto, es válido concluir que, en condiciones de normalidad, el número de votos allí registrado debe coincidir, en cada caso, con los que aparecen en los formularios E-14.

Pero ocurre que no toda diferencia entre los dos registros genera falsedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pues esa disconformidad puede originarse en el recuento de votos, lo cual no solo es válido sino que, en algunas ocasiones, se exige por la ley. Al respecto, la Sala en anterior oportunidad expuso lo siguiente (9) :

“Efectivamente, la ley electoral prevé el recuento de votos como un instrumento para verificar el verdadero resultado electoral. Esta figura jurídica opera, entonces, tanto en el escrutinio efectuado por los jurados de votación como en el que adelantan las comisiones escrutadoras. De hecho, el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990 dispone:

Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellos se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado.

Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación.

Por su parte, los artículos 163, inciso tercero, y 164 del Código Electoral regulan el recuento de votos en las comisiones escrutadoras de la siguiente manera: (...).

Como vemos, el recuento de votos puede modificar los resultados inicialmente registrados por los jurados de votación, el cual deberá efectuarse en presencia de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales, puesto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 2241 de 1986, “el escrutinio es público según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales”. De consiguiente, las comisiones escrutadoras auxiliares no solo están facultadas sino que es su deber modificar los datos registrados en las actas escrutadoras de los jurados de votación cuando evidencian errores o inconsistencias entre el escrutinio de los jurados y lo expresado en las urnas.

Conforme a lo anterior se tiene que la modificación de las cifras por recuento de votos es suficiente argumento jurídico para justificar el cambio del resultado electoral, por lo que cualquier irregularidad tendiente a alegar la nulidad del registro por falsedad, deberá demostrarse plenamente. Dicho de otro modo, las comisiones escrutadoras pueden modificar los datos registrados por los jurados de votación y esa conducta se presume válida cuando proviene de la aceptación de una reclamación o del resultado del recuento de votos, pero su legalidad podrá desvirtuarse demostrando la irregularidad o la falsedad en el escrutinio. Esto tiene una gran importancia para la carga de la prueba de la falsedad, pues cuando se presenta modificación de los datos en la comisión escrutadora sin que exista explicación de aquello, ese hecho constituye un significativo elemento de juicio para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo. Mientras que si el cambio del registro verificado por la comisión escrutadora obedece a una reclamación o al recuento de votos, corresponde, a quien la alega, demostrar plenamente que el registro es falso”.

En síntesis, solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación en el formulario E-14, sin justificación de la diferencia o sin una explicación de la práctica de recuento de votos. Y, advertida la incongruencia, corresponderá al impugnante de la legalidad de la elección demostrar la ausencia de dicha justificación o explicación.

Pero ocurre que, en este caso, la incongruencia no se plantea entre los registros de los formularios E-14 y E-24, sino entre el número de sufragantes que aparece en el formulario E-11 y el número de votos registrado en el formulario E-24. Ese planteamiento de la irregularidad merece, entonces, algunas precisiones generales, sobre su tratamiento.

Para la Sala es posible encontrar diferentes razones que justifican válidamente la incongruencia que pudiera advertirse entre estos últimos documentos electorales.

En ese sentido, la Sala encuentra, al menos, dos hipótesis en las que la diferencia no es sinónimo de falsedad.

De un lado, puede suceder que la diferencia anotada sea, sin más, el reflejo de la incongruencia que se presentó entre el número de votantes registrado en el formulario E-11 y el número de votos escrutados en el formulario E-14 y, según lo considerado en el anterior apartado, dicha discrepancia no siempre constituye irregularidad que afecte la validez del escrutinio.

De otro lado, es claro que la modificación de las cifras por recuento de votos es suficiente argumento jurídico para justificar la diferencia de registros entre los formularios E-11 y E-24. En efecto, las comisiones escrutadoras pueden modificar los datos registrados por los jurados de votación (E-11 y E-14) y esa conducta se presume válida cuando proviene de la aceptación de una reclamación o del resultado del recuento de votos, aunque su legalidad podrá desvirtuarse demostrando la irregularidad o la falsedad en el escrutinio. Esto tiene una gran importancia para la carga de la prueba de la falsedad, pues cuando se presenta modificación de los datos en la comisión escrutadora sin que exista explicación que justifique el cambio, ese hecho constituye un significativo elemento de juicio para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo. Mientras que, si el cambio del registro verificado por la comisión escrutadora obedece a una reclamación o al recuento de votos, corresponde, a quien la alega, demostrar plenamente que el registro es falso.

De modo que solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación, bien en el formulario E-11 o en el formulario E-14, sin justificación válida.

3. Otras precisiones necesarias.

Conviene distinguir la falsedad derivada de la incongruencia entre registros electorales de la que se deriva de un error aritmético, en cuanto esta última, constituye causal de reclamación electoral.

En efecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 192 del Código Electoral, constituye causal de reclamación el error aritmético en que se haya incurrido en las actas de escrutinio al sumar los votos consignados en ellas. Y, según reiterada jurisprudencia de esta Sala (10) , las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional.

Esto último obedece a que la norma actualmente vigente, esto es, el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, en el sentido de suprimir como causa de nulidad de las actas de escrutinio las causales de reclamación. De consiguiente, si los motivos que originan la nulidad de las actas de escrutinio son taxativas y las causales de reclamación no han sido consagradas como tales, estas no podrán alegarse de manera analógica o extensiva en el proceso contencioso electoral sino que deben discutirse en la instancia administrativa electoral. Y, por lo mismo, solo pueden demandarse las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de las reclamaciones (11) .

Con esto último se quiere resaltar la importancia de definir en cada caso si el reproche que origina la demanda constituye falsedad en el registro o un error aritmético contenido en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares.

Al respecto, las diferencias entre el error aritmético y la falsedad que genera la nulidad de los registros del escrutinio han sido señaladas por esta sección, así (12) :

“1. El error aritmético en las actas de escrutinio se refiere a la equivocación en la suma de los votos. A su turno, la falsedad de los registros se presenta cuando se altera la verdad electoral. Ahora bien, si la base del escrutinio de la comisión escrutadora es el escrutinio adelantado por los jurados de votación (Código Electoral, art. 163) y no se expresa ninguna modificación al mismo, pero se cambia el número de votos, lo que sucede no es un error en la suma de votos sino un total desconocimiento de aquellos; ello genera ocultación de la verdad.

2. Si bien es cierto que tanto el error aritmético como la falsedad por omisión producen una modificación de las cifras electorales, no es menos cierto que su alegato no se presenta con la misma facilidad, pues mientras el primero salta a la vista y, por eso mismo, puede ser discutido inmediatamente a través de una reclamación, la falsedad requiere de ejercicios de constatación y comparación entre varios documentos electorales y, específicamente, de cifras concretas de votación. De ahí que el análisis de la falsedad por omisión no solo es posterior (no concomitante, como el error aritmético) al escrutinio, sino que exige un estudio más minucioso que la agilidad del escrutinio no lo permitiría.

3. La diferencia entre el error aritmético y la falsedad por omisión de registros radica, básicamente, en que el primero suma indebidamente votos que aparecen en el escrutinio, mientras que la omisión del registro se presenta porque se esconden y, por ello no se tienen en cuenta, en el total de votos registrados por los jurados de votación. Como vemos, en el presente caso, lo que efectivamente se presenta no es una equivocación en la suma de cifras sino una ocultación de votos válidos”.

De otra parte, también debe distinguirse la falsedad derivada de la incongruencia entre registros electorales de la falsedad derivada del registro de sufragantes en número superior al que corresponde según el censo electoral de la mesa de votación, de la cabecera municipal, del corregimiento, de la inspección de policía o del sector rural.

Tal hipótesis es constitutiva de irregularidad susceptible de discusión por la vía de la reclamación electoral, según se desprende de lo previsto en los numerales 5º y 6º del artículo 192 del Código Electoral. Por tanto, también respecto de estas causales de reclamación, será necesario determinar, en cada caso, si lo alegado constituye una falsedad que debió ventilarse ante las autoridades electorales.

Por último, también debe determinarse si lo ocurrido es, en realidad, la alteración sustancial de las actas de escrutinio, luego de firmadas por quienes las expidieron, pues tal irregularidad constituye causal de nulidad de las actas de escrutinio, según lo señalado en el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

4. Del análisis del cargo.

Lo planteado en este caso no corresponde a un error aritmético, pues la irregularidad denunciada no está referida a una suma indebida en el escrutinio, sino a la diferencia existente entre dos registros que, debiendo ser idénticos —en condiciones de completa normalidad—, en realidad no lo son, con lo cual puede estarse en presencia de una falsedad. Ello es así porque, como ya se dijo, mientras el formulario E-11 presenta el número de sufragantes de una mesa de votación y el formulario E-14 respectivo registra el número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos en dicha mesa, ocurre que el formulario E-24 es el cuadro resumen de la votación obtenida por cada candidato, mesa por mesa, en el respectivo municipio.

Por lo tanto, resulta irrelevante verificar si sobre el particular se formuló reclamación alguna, porque al no constituir una causal de reclamación la parte interesada no está obligada a denunciarlo en sede administrativa.

Precisado lo anterior, la Sala procede a la revisión de las consideraciones del tribunal que le permitieron concluir en la falta de demostración del cargo. Para ello, se vale del siguiente cuadro que muestra lo que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, fue registrado en los formularios E-11, E-14 y E-24 señalados por el impugnante y cuya copia obra en el cuaderno de pruebas del expediente 903.

ZonaPuestoMesaE-11E-14E-24
00003180 (fls. 272 a 277)180 (fl. 38)180 (fl. 33)
990010No existeNo existeNo existe
99051302 (fls. 172 a 177)302 (fl. 46)302 (fl. 34)
99301308 (fl. 196, pruebas 1006)308 (fl. 52)308 (fl. 36)

Es claro, entonces, que salvo la indebida formulación de la segunda inconsistencia relacionada en el cuadro anterior (referida a una mesa de votación inexistente, pues la zona 99 no contó con el puesto 00), las demás irregularidades son absolutamente infundadas, comoquiera que, verificados los registros de los tres formularios comparados, no se advierte diferencia alguna en ningún caso.

Por tanto, la desestimación del cargo por parte del a quo se debe confirmar.

Del trasteo de votos

El impugnante sostuvo que en los comicios que culminaron con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado se presentó el fraude electoral de trashumancia o trasteo de electores.

Ocurre que la jurisprudencia de esta sección ha sido constante en expresar que el denominado trasteo de votos es una figura que resulta de la interpretación del artículo 316 de la Carta Política, que es del siguiente tenor:

“ART. 316.—En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

En ese sentido, esta Sala ha concluido que los votos depositados en contravía de la prohibición que encierra la disposición transcrita no son válidos constitucionalmente y, en consecuencia, deben ser expulsados del ordenamiento jurídico.

En otras palabras, conforme a la actual jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (13) , la violación de la regla impuesta en la norma superior puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía.

Así mismo, la jurisprudencia de esta sección ha considerado que el trasteo de votos también puede enmarcarse dentro del supuesto de hecho de la causal de nulidad de que trata el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (14) .

En tal contexto, es claro que la existencia de una irregularidad como la alegada en este caso, según la cual en la elección de una autoridad local votan personas no residentes en la respectiva circunscripción electoral, permite inferir que los votos por ellas depositados y los registros que los consignan no corresponden a la realidad electoral, en cuanto provienen de una actividad ilegítima consistente en falsear la residencia electoral de quienes actuaron como electores. Ello es así porque, se insiste, el artículo 316 de la Constitución solo autoriza a participar en las elecciones de autoridades locales a los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.

Con todo, la interpretación del artículo 316 de la Constitución Política permite inferir que, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia de esta Sala, la nulidad de la elección por trasteo de votos solo se configura si se demuestran los siguientes supuestos:

1. Que los inscritos no residan en el municipio donde se inscribieron para las elecciones.

Para sufragar en determinada localidad es necesario que el titular de la cédula de ciudadanía figure como apto para sufragar en una mesa de votación. Sin embargo, esa aptitud solo surtirá efecto cuando la inscripción como votante se efectúe con el lleno de los requisitos legales y constitucionales. Así, uno de los requisitos es, precisamente, que la inscripción se efectúe en el lugar donde reside. A su vez, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, se presume que el lugar de inscripción es aquel donde el ciudadano tiene su residencia electoral.

2. Que los inscritos ciertamente votaron en las elecciones.

La nulidad de una elección solamente se genera si existen votos irregulares, pues la simple inscripción irregular puede producir una decisión administrativa que deja sin efecto ese acto pero, por sí sola, no altera la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos ni distorsiona el verdadero resultado electoral, que son algunos de los principales objetos del control de legalidad y constitucionalidad del acto de elección popular.

3. Que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final, pues, de lo contrario, la nulidad del voto resulta inocua.

De hecho, los controles de legalidad y constitucionalidad buscan garantizar que el resultado electoral refleje la verdadera participación ciudadana, esto es, que se proteja la transparencia y eficacia del voto (Código Electoral, art. 1º). Por ello, si el número de votos irregulares no alcanza a alterar el resultado final de las elecciones debe prevalecer la eficacia del voto válido y, en consecuencia, no puede accederse a la nulidad de la elección. Por el contrario, si los votos irregulares pueden modificar el resultado final de la elección deben prevalecer los principios de transparencia de la democracia participativa, puesto que, en últimas, lo que se protege es la verdadera expresión popular.

Ahora bien, para la demostración del primer supuesto, conviene hacer algunas precisiones.

El artículo 4º de la Ley 163 de 1994 dispone:

“ART. 4º—Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio.

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.

Se exceptúa el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2762 de 1991”.

A su turno, el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 dice:

“ART. 183.—Definición de residencia. Entiéndese por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo”.

Al respecto, la Sala no comparte el argumento expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-307 de 1995 (15) , en donde se consideró que esta última disposición había sido derogada tácitamente por el artículo 4º de la Ley 163 de 1994. A esa misma conclusión llegó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en oportunidad posterior (16) .

Para esta Sala, el artículo 183 no se encuentra derogado, puesto que considera que la norma posterior no es contraria sino que complementa el concepto de residencia. Tampoco comparte el argumento de la Corte en el sentido de afirmar que la derogatoria se produce porque “ambas disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de la Constitución”, puesto que es perfectamente posible que una ley especial y una general desarrollen la misma norma constitucional. Ahora, la vigencia del artículo 183 de la Ley 136 de 1994 no significa que exista pluralidad de domicilios, como sucede en el derecho civil, comoquiera que la norma faculta al ciudadano a elegir un solo lugar de residencia electoral —que se concreta en el acto de inscripción—, pero no lo restringe a la casa de habitación sino que le amplia la posibilidad de escoger, además de esa opción, al lugar donde de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, el cual puede tener más sentido de pertenencia que el sitio donde habita. En este mismo sentido, se pronunció la Sala en oportunidad anterior (17) .

La jurisprudencia de la Sala (18) sostiene que la interpretación lógico finalista de la definición legal de residencia electoral contenida en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 antes transcrito, lleva a concluir que la residencia electoral de un ciudadano es el lugar donde, por mantener con él una relación material implicada en el concepto de residencia (habitación, negocio, ejercer profesión o empleo, estar de asiento), decide inscribir allí su cédula para ejercer en el municipio de que se trate sus derechos políticos a elegir o ser elegido.

Y, de conformidad con esa misma disposición, la inscripción de la cédula sirve de fundamento a una presunción juris tantum sobre la cual se edifica el concepto de residencia electoral.

Ahora, respecto de la manera como se desvirtúa la presunción de residencia electoral que se desprende del hecho de la inscripción de la cédula para elegir o ser elegido, dijo esta Sala (19) :

“Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como del lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no otra la que configura al vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuado la presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de aquel en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris tatum de su residencia electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción de residencia electoral como ya se indicó”.

De manera que la presunción establecida en la norma del artículo 4º de la Ley 163 de 1994 se desvirtúa si se demuestra, a través de un medio idóneo, que el ciudadano no tiene ningún vínculo con el municipio en el cual se inscribió, es decir, que no habita o no trabaja en el lugar indicado bajo juramento como su lugar de residencia o trabajo.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en este caso el análisis de la irregularidad planteada no es posible, dada la deficiencia probatoria que se advierte respecto de los medios de prueba requeridos para el análisis solicitado.

En efecto, el demandante Francisco de Jesús Banda Banda no aportó elemento de juicio alguno que permitiera determinar que los sufragantes por él determinados, en realidad, no residen en el municipio donde se inscribieron para las elecciones.

Y, si bien es cierto que el coadyuvante Miguel Banda Negret aportó al proceso algunos documentos con esa finalidad probatoria, ocurre que los mismos no pueden valorarse como medios de prueba válidamente allegados. En efecto, tales documentos, consistentes en certificaciones sobre vinculación o afiliación al Sisben de los municipios de Ciénaga de Oro y San Andrés de Sotavento (fls. 107 a 206, exp. 1006), no fueron aceptados como medios de prueba en el proceso, pues no obra en el expediente providencia que hubiera dispuesto su decreto como tal y que, por tanto, hubiera permitido su contradicción por la parte contraria.

En esta forma, es claro que la deficiencia probatoria anotada es suficiente para concluir en la falta de prosperidad de la censura planteada contra el acto de declaratoria de elección acusado.

Lo anterior, impone confirmar la decisión impugnada, en lo que al cargo analizado se refiere.

De la incidencia de las irregularidades demostradas en el resultado electoral cuestionado

La última consideración de la sentencia que resulta desfavorable a los intereses del impugnante es aquella según la cual, el número total de irregularidades demostradas resulta irrelevante frente al resultado electoral cuestionado y, por tanto, no tiene la incidencia necesaria como para concluir en la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado.

Al respecto, se recuerda que, según se precisó al inicio de estas consideraciones, la jurisprudencia de esta Sala entiende que, en casos como el sub iudice, solamente procede la nulidad cuando los votos irregulares inciden en el resultado electoral, en tanto que debe dárse aplicación al principio de eficacia del voto válido (Código Electoral, art. 1º, num. 3º), puesto que no es razonable que se declare la nulidad de una elección si de todas maneras el resultado electoral se mantiene.

En tal virtud, la incidencia de los votos irregulares en el resultado electoral en casos de elecciones uninominales debe ser evaluada desde el punto de vista numérico respecto de la diferencia entre los sufragios obtenidos por el candidato ganador y el que le sigue en votación.

En ese sentido, si se demuestra la irregularidad de un número suficiente de votos para incidir en el resultado electoral, la nulidad debe decretarse y, consecuencialmente, ordenarse un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas en donde se hubiere demostrado tal irregularidad.

En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que en este asunto los 9 votos irregulares que, según el tribunal, pudieron comprobarse, en realidad, no alteran ni modifican el resultado electoral, si se tiene en cuenta que la diferencia entre el candidato ganador y el que le sigue en votación es de 154 votos, según lo señalado en el acto de declaratoria de elección acusado (fl. 22, exp. 903, y fl. 44, exp. 1006). Es claro, entonces, que la consideración del tribunal que se analiza resulta válida, comoquiera que la decisión de denegar la pretensión de nulidad encuentra razonada y suficiente justificación en la aplicación del principio de la eficacia del voto.

Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia impugnada en los aspectos que fueron objeto de impugnación.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia dictada el 5 de abril de 2006 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión.

2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencias del 18 de marzo de 1993, expediente 922; del 29 de junio de 1995, expediente 1304; y del 25 de agosto de 1995, expediente 1353.

(2) Sentencia del 8 de octubre de 1998, expediente 2011.

(3) Sentencias del 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872; del 1º de julio de 1999, expediente 2234; y del 10 de agosto de 2000, expediente 2400.

(4) Sentencia del 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1972.

(5) (sic)

(6) Sentencias de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872; del 1º de julio de 1999, expediente 2234; y del 29 de junio de 2001, expediente 2477.

(7) Entre otras, las sentencias del 7 de diciembre de 2001, expediente 2755; del 5 de abril de 2002, expediente 2828; del 21 de junio de 2002, expediente 2874; del 15 de julio de 2002, expedientes acumulados 2456 y 2482; del 4 de octubre de 2002, expediente 2956; del 6 de febrero de 2003, expediente 3047; del 27 de febrero de 2003, expediente 3031; del 20 de marzo de 2003, expedientes acumulados 2468 y 2488; del 19 de agosto de 2004, expedientes acumulados 3199-3203; del 26 de agosto de 2004, expediente 3398; del 6 de mayo de 2005, expediente 3513; del 23 de septiembre de 2005, expediente 3679; del 11 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3190 y 3192; del 2 de diciembre de 2005, expediente 3876; y del 15 de diciembre de 2005, expediente 3179.

(8) Sentencias del 3 de diciembre de 1998, expedientes acumulados 1758, 1759 y 1760; del 22 de septiembre de 1999, expediente 2220; y del 25 de enero de 2002, expediente 2770.

(9) Sentencia del 12 de julio de 2001, expediente 2457.

(10) Sentencia del 7 de diciembre de 1995, expediente 1472.

(11) Sentencia del 1º de julio de 1999, expediente 2234.

(12) Sentencia del 29 de julio de 2001, expediente 2477.

(13) Entre otras, las sentencias del 28 de enero de 1999, expediente 2125; del 1º de septiembre de 1999, expediente 2292; del 15 de noviembre de 2001, expediente 2712; del 9 y 16 de agosto de 2002, expedientes 2928 y 2933, respectivamente.

(14) Sentencias del 6 de mayo de 2005, expediente 3513 y del 13 de mayo de 2005, expediente 3588.

(15) Esta sentencia no hace tránsito a cosa juzgada, en tanto que fue una decisión inhibitoria, por carencia de objeto.

(16) Concepto del 20 de octubre de 1999, radicación 1222.

(17) Sentencia del 7 de diciembre de 2001, expediente 2729.

(18) Sentencias del 7 de diciembre de 2001, expediente 2729; del 14 de diciembre de 2001, expediente 2732; del 25 de enero de 2002, expediente 2671; y del 3 de abril de 2003, expediente 3075.

(19) Sentencia de 14 de diciembre de 2001, expediente 2742.

_______________________________