Sentencia 40526 de julio 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40.526

SL469-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 21

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Con independencia del acierto o no de los reproches de orden técnico que hace la réplica al cargo, lo cierto es que el cuestionamiento que el recurrente hace al procedimiento cumplido en las instancias que precedieron al recurso extraordinario, fuera de ser tema definido en aquellas, no tiene cobijo en las causales de violación de la ley en la casación del trabajo.

Ello es así, sencillamente, por una parte, por cuanto lo atinente a la competencia jurisdiccional sobre el presente asunto, como se dijo en los antecedentes, quedó definido por el juzgado de conocimiento en audiencia de 16 de agosto de 2007, en la cual desestimó la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia propuesta por el demandado, decisión que fuere confirmada por el Tribunal de Manizales por auto de 23 de octubre de 2007.

Por otra, porque la causal 3ª de casación del trabajo, prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y referida a los aspectos in procedendo del proceso laboral, fue derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, de suerte que en el entendimiento de la Corte, estos deben quedar superados en su respectivo momento, etapa, estanco, oportunidad o trámite procesal.

Con todo, importa a la Corte recordar que los jueces ordinarios del trabajo, conforme a lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º del Código General del Trabajo y de la Seguridad Social, son competentes para conocer de ‘los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo’, siendo inequívoco que las controversias relativas a la existencia, validez y eficacia de la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, cuando quiera que esta se pretende derivar o deriva de la prestación de servicios bajo cobijo de una relación laboral contractual como es la de los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado (D. L. 1050 y 3130/68 y D. 886/69) y de las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 90% (D. 1748/91), llamados, por regla general, ‘trabajadores oficiales’ por el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, tal el caso de quien funge como demandado en las instancias y recurrente en casación, queda comprendida dentro de esa órbita competencial; por tanto, no erró el juez de la alzada cuando, sin atención a los presupuestos de viabilidad de la pretensión formulada en la demanda inicial, que fueron de los que se ocupó en su fallo, asumió el conocimiento del recurso de apelación propuesto por el demandado, y en el cual, entre otras cosas, no consignó explícitamente como materia de su inconformidad tal aspecto del proceso, por invocar en sus alegaciones una especie de impedimento originado en el hecho de que con antelación se le hubiera resuelto adversamente la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia que presentó al contestar el libelo introductor del proceso.

De lo que viene de decirse, y sin que sea menester ahondar en los aspectos técnicos del mismo, se rechaza el cargo.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia de aplicar indebidamente los artículos 19 de la Ley 797 de 2003 y 1º de la Ley 33 de 1985 “en relación” con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 110, 111, 112, 117, 118, 122, 158, 166 y 167 del Código de Comercio; y 251 y 265 del Código de Procedimiento Civil, a causa del “error de derecho” de dar por demostrado, “con un medio no idóneo, el documento del folio 110, que el capital del banco se modificó a partir del 5 de julio de 1994 por una participación del capital privado que se tradujo en un porcentaje superior al 10% el que, a su vez, redujo la participación del capital del Estado en menos del 90%”, y, por el contrario, no dar por demostrado, “estándolo, que, jurídicamente, la reseñada recomposición del capital del banco solo se dio cuando se registró la escritura pública 3497 de 28 de octubre de 1999 (fls. 187 a 200), o sea, años después de la desvinculación laboral del actor del banco, y sin que para entonces perdiera su condición de trabajador oficial y su derecho a la Ley 33 de 1985”.

Dice el recurrente que la ley comercial que invoca regula lo atinente a la reformas estatutarias de las sociedades mercantiles, incluidas las de economía mixta, como los es el banco demandante, en las cuales se prevé que tales actos deben reposar en escrituras públicas debidamente registradas en las cámaras de comercio, por lo que la certificación del folio 110, en la que fundamentó el tribunal su apreciación sobre el cambio accionario que sufrió aquel para de allí concluir que su condición de trabajador oficial mutó a la de trabajador particular a partir del 5 de julio de 1994, “no es un documento público (CPC, arts. 251 y 265)”, ni su contenido declarativo hacía parte de las funciones asignadas al gerente liquidador, así “sea funcionario público”.

Sostiene el recurrente que la modificación del patrimonio de entidades como el banco actor se cumple mediante actos solemnes, lo cuales, por tal razón, deben cumplirse conforme a lo ordenado en la ley mercantil, de modo que, para el caso, dicha solemnidad apenas se produjo cuando medió la escritura pública y el registro mercantil contentivos de la dicha operación.

X. La réplica

El banco opositor reitera los reproches técnicos alusivos a la proposición jurídica del primer cargo y a ellos suma el que el cuestionamiento del recurrente al fallo desconoce la descripción legal del error de derecho en la casación del trabajo, pues la prueba echada de menos por este no tiene la entidad de ad solemnitatem o ad substantiam actus que predica. Adicionalmente, señala que el tribunal no aplicó las disposiciones mercantiles que indica, luego no pudo aplicarlas indebidamente; que su argumentación es de índole jurídica; que el documento de folio 110 no fue el único soporte del juzgador para arribar a la conclusión de la recomposición accionaria que sufrió en 1994 y el consiguiente cambio de naturaleza jurídica de sus vínculos laborales; y que es copiosa la jurisprudencia de la Corte en la que se reconoce ese tránsito normativo de sus servidores el pluricitado 4 de julio de 1994.

XI. Consideraciones de la Corte

Aunque no asiste razón al banco opositor en cuanto a no ser dado tener como proposición jurídica mínima del cargo al artículo 1º de la Ley 33 de 1985 —que el recurrente indica como indebidamente aplicado—, por precisamente señalarse como violado en tal sentido, habida consideración de ser entendible que lo que traduce la imputación del recurrente al fallo es que a pesar de estar probados en el proceso los supuestos de hecho del precepto, entre ellos la prestación de servicios oficiales durante 20 años, el tribunal no le hizo producir las consecuencias jurídicas que le correspondían, por advertir, en su parecer, que los medios de prueba acreditaban un tiempo inferior al legalmente exigido, con lo cual distorsionó ese aparte del precepto generando así la aplicación indebida del mismo, sí le asiste esta en lo que toca con la pluralidad no controvertida de los fundamentos esenciales del fallo atacado.

En efecto, como se anotó en los antecedentes, el juez de la alzada, luego de advertir que sus integrantes no se encontraban incursos en causal de impedimento para resolver el recurso por el mero hecho de haberse referido a la situación accionaria del banco demandante al resolver la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia propuesta por el demandado, cuyo planteo se recordó por este en la alzada, asentó que como “todo el debate en este proceso pasa por el meridiano de establecer desde qué fecha puede considerarse a los trabajadores del Banco Cafetero en Liquidación, trabajadores del sector privado”, debía observar, a ese respecto, que “si bien la entidad bancaria demandante, para el (5) de julio de 1994, continuaba siendo una sociedad de economía mixta del orden nacional”, lo cierto era que “la participación del capital estatal, proveniente del Fondo Nacional del Café, en la composición accionaria del banco, ya no era del 90%, como lo devela la probanza del folio 110, sino por debajo de esa barrera porcentual”, así como emergía del documento de folios 411-414 —del cual transcribió el aparte pertinente—, de modo que “la naturaleza jurídica de la persona jurídica reclamante no podía asimilarse ya más a la de las empresas industriales y comerciales de estado, ni la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras tenerse como trabajadores (as) oficiales”. Igualmente, se recuerda, para apoyar ese mismo aserto se remitió a la sentencia de la Corte de 2 de septiembre de 2008 (Rad. 32.531), de la cual copió los apartes que consideró apropiados.

De esa suerte, bien puede concluirse, como lo asienta la réplica, que el recurrente no ataca todos y cada uno de los soportes del fallo, que terminaron siendo tres (3) en cuanto al cambio de la composición accionaria del demandado el 4 de julio de 1994 y la consecuente mutación de la naturaleza jurídica de las relaciones laborales de sus servidores el día siguiente, 5 de julio de 1994: 1) el documento de folio 110 (certificación del gerente liquidador de la entidad bancaria, del cual solamente se ocupa el cargo); 2) el documento de folios 411 a 414 (respuesta del gerente de liquidaciones Fiduagraria S.A. sobre el itinerario de la operación del cambio accionario, allegada a petición del demandado —fls. 403 a 406— y que destacó el juzgador); y 3) la cita a la sentencia de la Corte de 2 de septiembre de 2008 (Rad. 32.531) que dijo ratificaba tal conclusión probatoria).

Por manera que, al quedar libres de examen los aludidos fundamentos del fallo del tribunal, que le fueron esenciales conjuntamente con el que sí fue atacado, sin que haya lugar a consideración alguna sobre su grado de validez o verosimilitud, permanecen incólumes y, con ellos, la sentencia conserva a plenitud las presunciones de acierto y legalidad que la acompañan.

A pesar de lo anotado, más que suficiente para desestimar el cargo, por ser del resorte del recurrente derruir todos y cada uno de los argumentos de la sentencia cuya casación reclama, cabe observar que la controversia que en verdad este entraña, como atinadamente también lo resalta la réplica, no es de estirpe probatoria en el escenario de los llamados ‘errores de derecho’, sino de naturaleza jurídica, dado que, como se dice en numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “solo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo”, y en modo alguno es dable predicar que tanto la escritura pública societaria como el registro mercantil constituyan exigencias de solemnidad para la existencia, validez y eficacia de los actos que contienen, cuando quiera que apenas lo son de su oponibilidad frente a terceros, tal y como al rompe (sic) se advierte de una simple lectura de las disposiciones del estatuto mercantil que anteceden a las citadas como violadas en el cargo, particularmente, de los artículos 98, 101 y 104, como también de las incluidas en la misma proposición y en el artículo 461 del mencionado estatuto, y que, en suma, refieren la regularidad de dichos actos, disponiendo como efecto el que mientras no se extienda la respectiva escritura y no se registre en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, serán inoponibles a terceros, aunque se hubieren cumplido o ejecutado ciertos actos por parte de los socios, con lo cual, entiende la Sala, las dichas formas no están propiamente destinadas a calificar de existente, válido o eficaz el acto societario, en lo que sí sería atinado tener como ‘formas constitutivas’ del mismo, sino, cuestión bien distinta, a imponer ‘formas de publicidad’ para hacerle producir efectos frente a aquellos.

En síntesis, no se incurre en error de derecho en la casación del trabajo cuando se da por probado el cambio de la composición accionaria de entes como el banco demandado con medios de convicción distintos a la escritura pública de reforma societaria y el certificado mercantil de su registro.

No siendo entonces, para estos efectos, la escritura pública de los actos societarios y la certificación de la cámara de comercio que acredite su registro, medios de prueba ‘ad solemnitatem’ o ‘ad sustantiam actus’, se caen de su peso los que como errores ‘de derecho’ le atribuye el recurrente en el cargo al fallo atacado. Así, quedando huérfano este de los dichos yerros, no está llamado a tener vocación alguna de prosperidad, por no aparecer cumplida la exigencia del literal b) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Con todo, interesa recabar sobre el hecho de que lo relativo al cambio de la naturaleza jurídica de las relaciones laborales del ente demandando el 5 de julio de 1994, por efecto de la recomposición accionaria que se produjo la calenda anterior, 4 de julio de 1994, ha sido suficientemente abordado por la Corte en asuntos seguidos por otros servidores de sus demandado, en el siguiente sentido:

“Al punto de la naturaleza jurídica del Banco Cafetero para la data que interesa al presente asunto, esta Sala de la Corte, por reflexión de la mayoría de los magistrados, en un asunto análogo tramitado contra la misma institución bancaria, el 17 de febrero de 2009, Radicación 33644, dijo:

“A través del Decreto 1748 de 1991 que modificó el 2055 del mismo año, la entidad demandada se transformó de empresa industrial y comercial del Estado en empresa de economía mixta, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Agricultura, la que ratificaron los artículos 264 del Decreto 663 de 1993 y 78 de la Ley 510 de 1999; mediante Decreto 92 de 2000 fue vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida nuevamente al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, pero se dispuso, expresamente, que el régimen de su personal sería el previsto en sus estatutos; los que valga resaltar, ya habían sido autorizados y protocolizados mediante escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999, y en su artículo 29 había dispuesto al respecto, que el presidente y el contador del banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto del personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

“Sin embargo, valga resaltar, porque resulta importante en el estudio de este asunto, que en materia del régimen aplicable a sus servidores, se ha de observar lo siguiente: a partir del 5 de julio de 1994 el Banco Cafetero cambió su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial que hasta entonces había tenido, para transformarse en sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas privadas, al haber reducido el capital que el Estado tenía en ella, a menos del 90%; lo que quiere decir, que sus trabajadores quedaron sometidos al régimen general de los trabajadores particulares hasta el 28 de septiembre de 1999 (...)” (sent. cas. de feb. 1º/2011, Rad. 37.653).

De lo que bien de decirse se desestima el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, porque hubo réplica. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 3’000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, proferida el 27 de febrero de 2009 en el proceso ordinario laboral que promovió el Banco Cafetero, en Liquidación contra Fernando Mendoza Alvarado.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».