Sentencia 40530 de junio 5 de 2012

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40530

Acta 19

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente es de recordar, que de conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Pues bien, vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal para confirmar el fallo de primer grado, en esencia se fundó en lo siguiente:

(I) Que en una relación laboral además del salario que retribuye directamente la prestación del servicio en los términos dispuestos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 14 de la Ley 50 de 1990, el trabajador puede recibir otras prestaciones económicas distintas, o algunos beneficios extralegales acordados en convenciones, pactos o el mismo contrato de trabajo.

(II) Que en este asunto las primas de antigüedad y de vacaciones, que tienen como fuente la convención colectiva de trabajo, no constituyen factor salarial, por cuanto no retribuyen directamente la prestación del servicio, por tratarse simplemente de beneficios pactados convencionalmente que las partes no consideraron fueran salario, y por tanto no se incluyen en las primas referidas en el citado artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

(III) Que la circunstancia de que en el caso en particular, las partes no hubieran dejado por escrito o expresamente en la convención colectiva, que esos beneficios extralegales no constituyen salario como lo consagra el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no significa que deba entenderse que estas tienen el carácter de salario, máxime que tales primas nunca gozaron de esa connotación salarial, es así que en la liquidación de prestaciones no se tuvieron en cuenta como factor salarial.

De las anteriores inferencias, inicialmente importa advertir, que no es posible abordar por la vía indirecta o de los hechos escogida, el estudio de la intelección dada por el tribunal a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, y que regulan, el primero de ellos, los elementos integrantes del salario y, el segundo, los pagos que no constituyen salario. Ello, en la medida que implicaría el análisis de discernimientos de índole jurídico propios de la senda directa o del puro derecho, y por consiguiente no es de recibo toda la argumentación de la censura tendiente a demostrar, que el fallador de alzada cuando analizó la naturaleza salarial de las primas extralegales cuestionadas efectuó un entendimiento equivocado de los citados preceptos legales.

Así las cosas, se mantiene incólume la exegesis que hizo la colegiatura de las normas en cita, partiendo del hecho indiscutido de que al interior del banco demandado las partes, al momento de pactar las primas de vacaciones y antigüedad, no manifestaron expresamente que ese pago no fuera factor salarial. Interpretación jurídica consistente en que frente a pagos a los cuales la ley no reconozca directamente la naturaleza de salario, aunque las partes pueden restarle connotación salarial, conforme lo autoriza el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, si no lo hicieren estos no adquieren forzosamente naturaleza salarial, pues para poder establecer si tienen o no ese carácter, deberá observarse en cada caso si reúnen los elementos previstos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y que identifican el salario, que fue precisamente lo que el tribunal no encontró satisfecho en este asunto.

Ahora bien, desde una perspectiva meramente fáctica, los reproches de la censura que buscan derruir las conclusiones del tribunal antes descritas, se pueden resumir a lo siguiente:

a) Que en la forma en que fueron concebidas convencionalmente las primas de vacaciones y de antigüedad, su reconocimiento y pago está supeditado a que el trabajador esté vinculado mediante un <contrato de trabajo>, situación que conlleva a colegir que “su pago procede por retribución de un servicio directo”, convirtiéndose en un pago constitutivo de salario (primer error de hecho).

b) Que en el reglamento interno de trabajo del año 1974 artículo 83, las primas convencionales en comento, quedaron incorporadas literalmente “como salario o prestaciones sociales” inherentes al <contrato de trabajo> y por ende con connotación salarial (segundo error de hecho).

c) Que en vista de que en la liquidación final de prestaciones sociales practicada al trabajador fallecido, se computó como factor de salario lo cancelado por “prima extralegal semestral”, de igual manera debió tenerse como factor salarial lo pagado por prima de antigüedad y el monto que correspondía por prima de vacaciones (tercer error de hecho).

d) Que en la misma liquidación de prestaciones sociales, se dedujeron las sumas equivalentes a $ 4.716,67 y $ 109.903,27, sin autorización expresa del causante, lo que amerita su devolución con la consecuente indemnización moratoria (cuarto error de hecho).

De los cuatro aspectos fácticos en precedencia, en primer lugar se descarta de plano la comisión del cuarto yerro fáctico, que atañe a las supuestas <deducciones no autorizadas> en la liquidación final de prestaciones sociales, por motivo de que el tribunal no tenía por qué tenerlas por acreditadas, por la potísima razón de que no hacen parte de las peticiones de la demanda con que se dio apertura a la presente controversia.

En efecto, dentro de las súplicas con las cuáles se trabó la litis y que no son otras que aquellas que quedaron determinadas en el escrito con que se subsanó la demanda inicial obrante a folios 43 a 46 del cuaderno del juzgado, no se encuentra ninguna reclamación atinente a la devolución de sumas descontadas ilegalmente al causante, de lo que correspondía pagarle por prestaciones sociales, con la consiguiente indemnización moratoria, como tampoco en los hechos que soportan esos pedimentos se alude a dicho concepto.

En consecuencia, como bien lo pone de presente la réplica, esa alegación se constituye en un hecho o medio nuevo inaceptable en la esfera casacional, puesto que admitir ahora una reclamación no comprendida en las pretensiones demandadas, comportaría la variación de la causa petendi, chocando con los principios de contradicción y congruencia, además que daría lugar a la violación del debido proceso, al no brindarse la oportunidad a la parte demandada de controvertir desde el comienzo de este litigio tal aspiración, exponer su punto de vista al respecto y ejercitar su consabida defensa.

De los tres restantes errores de hecho, al remitirse la Sala a las piezas procesales y pruebas denunciadas, ninguna de ellas demuestra la ocurrencia del yerro con la connotación de manifiesto, y por ende no quedan acreditados los yerros primero, segundo y tercero, como pasa a detallarse.

1. Las convenciones colectivas de trabajo (fls. 55 a 782) no fueron mal apreciadas, por virtud de que el tribunal lo que extrajo de esas pruebas documentales, fue que las primas de antigüedad y vacaciones aparecían allí pactadas como un beneficio a favor de los trabajadores, y que en su texto no se dejó expresamente escrito que dichos beneficios no constituían salario, sobre lo cual no hay ninguna discordia con el recurrente.

Itérese que el tribunal infirió que esas primas extralegales no eran salario, porque estimó que no reunían los elementos integrantes señalados en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, ya que no retribuyen directamente la prestación del servicio.

En este asunto, efectivamente no es posible concluir que las referidas primas están concebidas como una contraprestación directa del servicio, esto es, que con ellas se estuviera retribuyendo de manera inmediata la actividad laboral desplegada por el causante.

Por el contrario, su reconocimiento para el caso de la <prima de vacaciones>, está relacionado con el descanso remunerado, que como es sabido, no tiene naturaleza salarial, porque durante el mismo, obviamente, no hay prestación del servicio, lo que ratifica que es un derecho accesorio o consecuencial que no puede tener la connotación de salarial, a menos que las partes del contrato de trabajo o de la convención pacten en sentido distinto, lo que en esta oportunidad no acontece. Es así que el artículo 46 del reglamento interno de trabajo del banco, aprobado en el año 1994 y el artículo 47 del aprobado en 1974, establecen que ese beneficio se pagaría junto con el disfrute de las vacaciones (fls. 186, cdno. 1 y 20, cdno. 2). En sentencia del 27 de mayo de 2009 radicado 32657, en un proceso análogo seguido contra la misma entidad demandada, esta corporación puntualizó:

“(...) Por ende, no cabe duda de que el reconocimiento de la prima en comento no tenía como propósito retribuir el servicio, en la medida en que se pagaba precisamente en relación con un momento en la vida laboral de la demandante en la que no prestaba ningún servicio, es decir, no trabajaba por disfrutar de un descanso legal remunerado.

Y el hecho de que su causación requiriera de la prestación de servicios durante cierto lapso, no significa que estuviera retribuyendo ese trabajo, que se remuneraba de otras maneras y a través de otros pagos, estos sí claramente salariales.

En consecuencia, no tenía derecho la promotora del pleito a que las sumas que recibió, por concepto de prima de vacaciones, se le tomaran en cuenta como factor de salario para efectos de liquidar sus prestaciones sociales...”.

Del mismo modo, la <prima de antigüedad> existente en el banco, no tiene el carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, ya que según el texto convencional se cancela por arribar el trabajador a cierto número de años de servicio, valga decir, 10, 15, 20 y 25 años (fls. 153 y 154, cdno. 2), como un estimulo a su permanencia en la entidad demandada. En sentencia del 20 de octubre de 2010 radicación 42333, proferida en otro caso con características similares al que ocupa la atención de la Sala, adelantado contra la misma entidad bancaria, en esa ocasión se dijo:

“(...) En lo relacionado con la prima de antigüedad, se observa que nació como una gratificación que la demandada concedía a sus trabajadores por haber cumplido determinado tiempo de servicio, según la resolución de junta directiva 9 del 22 de marzo de 1961. En las diversas convenciones colectiva de trabajo aportadas a los autos, aparece pactada en una suma determinada, por una sola vez, con referencia al sueldo devengado por el trabajador y su causación se da al cumplir el tiempo de servicio predeterminado, cuyo mínimo es de cinco años, lo que posibilita entender que en realidad no tiene carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, sino que se cancela por llegar a cierto número de años de servicio, es decir, como un estímulo a la perseverancia del empleado en sus labores, todo lo cual indica que no puede considerarse como factor de salario”.

De acuerdo con lo expresado, la connotación salarial de las mencionadas primas, no depende de que la convención colectiva de trabajo se aplicara a quien se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, sino de la forma en que está concebida la prestación extralegal y lo que es dable entender de su objetivo, esto es, si su pago está o no remunerando o retribuyendo la labor efectuada por el trabajador.

2. De la contestación de la demanda (fls. 280 a 297, cdno. ppal.), tampoco se apreció con error, si se tiene en cuenta que el tribunal no distorsionó lo narrado o alegado en esa pieza procesal, y el pasaje que se evocó y que da noticia de “que jamás durante los 40 años de vigencia de la convención colectiva” las partes en la convención tomaron o consideraron como factor salarial las citadas primas extralegales, pues nunca se les dio ese tratamiento o connotación salarial, es exactamente lo expuesto en su defensa por la entidad bancaria convocada al proceso, tal como se puede leer a folios 285, 289 y 294.

3. En lo que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo del año 1974 en su artículo 83, aún cuando es cierto que el juez colegiado no lo tuvo en cuenta, esa omisión en su actividad probatoria no logra quebrar la sentencia impugnada, en la medida que de haber apreciado ese medio de convicción, para nada cambiaría la decisión adoptada.

Ciertamente, el artículo 83 de dicho reglamento interno de trabajo consagró que “El banco a través de las diferentes convenciones y fallos arbitrales tienen establecidas las siguientes prestaciones sociales adicionales para sus trabajadores” y entre ellas relaciona la “prima de vacaciones” y la “prima de antigüedad” (fl. 38, cdno. 2); sin que en parte alguna de ese articulado se especifique el carácter salarial o no de esas primas extralegales, siendo en consecuencia necesario remitirse a la fuente de esos beneficios o prestaciones adicionales a las legales, para el caso las convenciones colectivas de trabajo, que como atrás quedó visto dejan al descubierto que las mismas en la forma como están concebidas, no retribuyen directamente la prestación del servicio.

4. Respecto de la liquidación final de prestaciones sociales del causante (fl. 19, cdno. del juzgado), el recurrente asevera que no fue apreciada, pero a contrario sensu, conforme a la parte motiva de la sentencia impugnada el tribunal sí la valoró. Es por esto que en la parte considerativa se refiere a ella, hasta el punto de poner de presente que en la mencionada “liquidación de prestaciones sociales no se tuvieron en cuenta” como factor salarial las primas extralegales de vacaciones y de antigüedad. Por consiguiente, debió acusar por la vía escogida su errada apreciación.

Sin embargo, conviene anotar, que para desvirtuar lo inferido por el sentenciador de segunda instancia, no basta con afirmar que, como en la aludida liquidación de prestaciones sociales se computó como salario la denominada prima extralegal “semestral”, de igual manera se tenían que acoger como factores salariales las primas de vacaciones y de antigüedad, según lo plantea la censura; habida cuenta que no todos los pagos, reconocimientos o beneficios tienen connotación salarial, ya que como sucede en el sub lite, ciertas prestaciones extralegales pueden tener un propósito distinto al de retribuir directa e inmediatamente la actividad, tarea o labor del trabajador, no constituyendo salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación subordinada de trabajo.

De otro lado, en lo que concierne a la alegación del recurrente relativa a la falta de pronunciamiento del tribunal, sobre el supuesto no pago proporcional de la prima de vacaciones del lapso comprendido entre el 7 de junio de 1999 al 10 de enero de 2000, y que se sostiene fue una de las inconformidades de la apelación de la parte actora contra el fallo de primer grado, ella debió plantearse y remediarse en las instancias, debiéndose haber solicitado la adición o complementación de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, no siendo el recurso extraordinario de casación el mecanismo idóneo para corregir esa clase de omisión.

En resumen, encuentra la Corte que el Juez de apelaciones desde la órbita de lo fáctico, valoró de manera razonada el caudal probatorio, conforme a la libre apreciación de las pruebas que consagra el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y por ende no pudo cometer ninguno de los errores de hecho atribuidos por la censura.

En este orden de ideas, por todo lo dicho, el cargo no prospera.

De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000 m/cte.), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2008, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso adelantado por María Guadalupe Rojas Carcamo contra BBVA Banco Ganadero S.A. hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.

Costas en el recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».