Sentencia 40536 de octubre 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado acta 336

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Para fijar el contenido y alcance que de acuerdo con el precepto 38.2 del Código Penal, posibilita que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumpla en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto del que el juez determine y de acuerdo con el cual es presupuesto indispensable “Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”, esto es, en el proceso de su decantación, la Corte ha señalado que solo es posible valorar este requisito dentro del ámbito subjetivo que entrañan sus elementos condicionantes, bajo el entendido que la sustitutiva (colmado el factor objetivo referido a la penalidad no superior a 5 años), solo es viable cuando la gravedad del comportamiento, atendida la repercusión social intrínseca y las funciones de la pena desde la perspectiva de la retribución justa, prevención especial y reinserción social, lo posibilita.

2. En este sentido son abrumadores los antecedentes que propenden por integrar a la inferencia seria, fundada y motivada del juez, elementos propios de la conducta, cuando quiera que a través de ella se construye el juicio de ponderación sobre el influjo que podría tener en la comunidad y el cumplimiento de la pena.

Tales aspectos fueron abordados por la Corte en sentido análogo desde hace más de dos lustros en las decisiones 16519 de 2002, 18455 de 2005, 21620 de 2006, 26794 de 2007, 29676 de 2008, 31058 de 2009, 35153 de 2011, 32571 de 2012 y 40159 de 2013, entre muchas otras.

3. Es decir, que no puede asumirse el estudio sobre la viabilidad de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, en términos del artículo 38.2 en referencia, sin sopesar en cada caso la modalidad y gravedad del delito y sin que a través del mismo logre el juez esa comprensión seria, fundada y motivada, de que no existe la necesidad de cumplir la pena en prisión carcelaria.

En este sentido, no puede asumirse una hermenéutica del instituto y de sus elementos condicionantes, bajo la simple literalidad reducida como lo propugna el actor, sin que se culmine desvirtuando los propios fines de la figura o los presupuestos que han fundado su consagración legal.

4. Estudiar las características y condiciones para la viabilidad de la prisión domiciliaria con desmedro de las propias funciones de la pena, implica un contrasentido al interior de las consecuencias jurídicas que para la conducta punible ha fijado el legislador, en tanto ser una medida sustituta de la prisión carcelaria no puede comportar el abandono o negación de la prevención general, retribución justa y prevención especial, en el entendido que se asuma que hay conductas juzgadas con ligereza y no con el rigor que les corresponde, con mayor énfasis, como también lo ha destacado profusamente la doctrina de la Sala en la mayoría de las decisiones en mención, cuando quiera que se afectan caros bienes jurídicos, como la fe pública, con incidencia negativa y directa en la propia administración pública, por parte de servidores que prestan sus servicios en la administración de justicia.

5. Ha destacado doctrina reiterada de la Sala:

”La prisión en centro carcelario en este caso se impone para el cumplimiento de las funciones de la pena, comoquiera que el mensaje a la colectividad debe ser que este tipo de conductas que dañan bienes tan caros como la administración pública y la justicia, merecen un tratamiento ejemplarizante y, además de significar una justa retribución por la desviación, evite hacia el futuro que esta persona reincida, conjurando cualquier interpretación de impunidad que el sustituto pudiera dejar en la sociedad” (23933/2008).

También que:

”De otro lado, en torno a la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria contemplado en el artículo 38 ibídem, este es viable cuando concurren los siguientes presupuestos: i) que la sentencia se imponga por delitos cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco años de prisión o menos; y ii) que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado, permita el pronóstico serio, fundado y motivado, en el sentido de ausencia de peligro para la comunidad y de garantía de cumplimiento de la pena.

Pues bien, aunque no se discute que la condenada reúne el requisito objetivo demandado por la norma mencionada, la Sala(1) tiene definido que este beneficio no resulta procedente cuando se trata, como en el presente caso, de conducta de significativa trascendencia social, en cuyo evento el confinamiento intramural debe atender las funciones de la pena en sus componentes de prevención general, retribución justa y prevención especial que, en su orden, transmitan a la comunidad el mensaje de la particular tutela y severidad de la sanción que envuelve la afrenta a tan preciado bien jurídico como la administración pública; adicionalmente, para que la aflicción de la pena corresponda a una retribución justa y proporcional al daño causado y, por último, que la sanción sirva de elemento disuasivo a quienes potencialmente pretendieren infringir la ley” (35153/2011).

6. En este sentido, no existió una interpretación equivocada del precepto 38 del Código Penal por parte de los sentenciadores, en tanto el a quo señaló que el análisis de la situación del imputado bajo el criterio de prevención general hacía nugatoria dicha posibilidad, al tiempo que el tribunal, acogiendo las premisas que en hermenéutica reiterada ha fijado la jurisprudencia de la Sala, precisó que:

“En lo que tiene que ver con el elemento de naturaleza subjetiva y que hace relación a la personalidad del inculpado y la modalidad del hecho, discrepa la Sala de la petición del abogado defensor y del Ministerio Público, comoquiera que en este evento y pese a la ausencia de antecedentes judiciales o negativos de índole familiar, se encuentra la gravedad del comportamiento desplegado, en el cual sin lugar a dudas, Esguerra Cáceres abusó de su condición de servidor público para poner en tela de juicio la adecuada administración de justicia, toda vez que utilizó para sus intereses personales o de terceros el cargo desempeñado como escribiente en el centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Nótese, que la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la sanción irrogada deriva de que no es procedente sustituir la prisión intramural por domiciliaria atendiendo la naturaleza y gravedad de los delitos por los cuales fue sentenciado el acusado, así como las circunstancias que rodearon su ejecución, las cuales permiten entender que consultando los fines de la pena de conformidad con el artículo 4º del Código Penal, se hace necesario la aplicación eficiente de la sanción privativa de la libertad impuesta a Héctor Manuel Esguerra con miras a proteger a la víctima y a la comunidad.

(...).

Se reitera que Héctor Manuel Esguerra vulneró los bienes jurídicos tutelados por el legislador consistentes en la fe pública y contra la eficaz y recta impartición de justicia; aprovechando su especial situación dentro del centro de servicios y la confianza en él depositada por la secretaria del mismo, para la época de comisión de los hechos, que le llevaron a ocultar dos cuadernos de una actuación judicial para someterlos de nuevo a reparto y dejar el expediente en la ciudad de Bogotá.

Estas circunstancias llevan a concluir la necesidad de un tratamiento penitenciario, porque no se puede permitir que servidores estatales abusando de su condición falten a los deberes profesionales que el cargo les impone, para generar precisamente zozobra en la comunidad que con estos actos, pierde cada vez más la confianza en los operadores de la justicia.

De manera entonces que deviene imperioso el cumplimiento intramural de la pena con el fin de que las funciones de prevención, reinserción social y protección del delincuente se cumplan eficazmente...”.

7. Así las cosas, irrefutable la destacada lesividad que para el bien jurídico de la administración de justicia desde la afectación directa de otros bienes tutelados ha representado la conducta de Héctor Manuel Esguerra Cáceres, orientada a incidir en el reparto de expedientes y manipular consecuentemente las decisiones que debían adoptarse dentro de los mismos, gravedad de la conducta que incrementa el injusto cuando quiera que, como sucede en estos casos, se trata no de uno cualquiera de los servidores públicos, sino de uno con un plus de responsabilidad en la pulcra misión integrada de la administración de justicia, al margen que se aluda a un “simple escribiente grado 6”, como en sus diversos escritos lo calificó el defensor, índole de lo público que amerita siempre y sin excepciones un tratamiento riguroso y ejemplarizante, máxime hoy en día en que el ejercicio de la función pública exige en desarrollo de su dinámica cotidiana una precisa deontología, transparencia y mecanismos que la pongan a salvo de la corrupción y del riesgo que representa que pueda prestarse, como en este caso, al cometido de influir directa o indirectamente en las decisiones judiciales, por fuera de los únicos parámetros que constitucional y legalmente las deben orientar.

El cargo no prospera.

En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencias del 21 de agosto de 2002 y 30 de marzo de 2006, radicados 16.519 y 23.972, respectivamente.