Sentencia 40591 de febrero 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 40591

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil doce.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Electrificadora del Caribe S.A. ESP contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 28 de noviembre de 2009 en el proceso adelantado por Justo Agapito Fontalvo Cervantes contra la recurrente.

I. Antecedentes

Interesa al recurso indicar que el demandante reclama se ordene a la empresa demandada incluir como factor de salario, a los efectos de liquidar prestaciones sociales y pensión, las sumas de $ 1.191.31, $ 971,673, $ 1.448.890, $ 1.448.666, $ 1.415.046, $ 334,974, $ 92.116, $ 29.731, $ 19.686 por concepto de: subsidio de transporte y auxilio de transporte municipal; prima de servicio; prima de navidad; subsidio de energía; sueldos; dominicales y festivos; prima de vacaciones; prima de antigüedad; auxilio de compensación, devengadas por el actor en el lapso comprendido entre el 28 de noviembre de 2000 al 28 de noviembre de 2001, respectivamente; se condene a la demandada a reconocer como salario promedio para el referido periodo la suma de $ 2.308.649,91; efectuar las correspondientes reliquidaciones y pagos que se deriven de lo anterior; se condene a la demandada a reconocer y pagar el reajuste de su pensión en un 15% sobre su valor en el año inmediatamente anterior, tal como lo consagra el parágrafo del artículo primero de la Ley 4ª de 1976, disposición legal (...) a la cual se remite el parágrafo tercero del artículo 106 de la compilación de los convenios colectivos (...) al pago de salarios moratorios e intereses de mora por el no pago oportuno de los derechos y factores dejados de pagar.

En el propósito de sustentar sus pretensiones afirma haber ingresado a la empresa Electrificadora del Atlántico el 20 de junio de 1979 hasta el 28 de noviembre de 2001 día anterior al cual Electricaribe reconoció pensión de jubilación convencional al reunir los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación sin que en su liquidación se hubieran tenido en cuenta los factores salariales a los que alude la demanda; que estuvo afiliado a Sintraelecol, Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad durante la práctica totalidad del tiempo en el que se desarrolló la relación laboral.

Al oponerse a las reclamaciones del demandante, niega la demandada el carácter salarial de las prestaciones a las que refiere la demanda; en cuanto al señalado incremento pensional, subraya, no se encuentra dentro de los derechos reconocidos por la empresa en la convención colectiva que suscribieran Electranta y Sintraelecol; para formular las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, pago legal y oportuno, compensación y prescripción.

El juez del conocimiento condena a la demandada al pago de $ 3.194.850,16 por concepto de prestaciones sociales; ordena a la electrificadora a reajustar la pensión de jubilación a $ 1.321.112,22 a partir del 1º de diciembre de 2001; a liquidar de nuevo las mesadas causadas a partir del 1º de enero de 2002 con aplicación del 7,35% “y la que corresponda a los años subsiguientes conforme viene ordenado por la Ley 4ª de 1976; condenar a la demandada a salarios moratorios (...) a partir del 1º de diciembre de 2001 (...) y hasta cuando se haga efectivo....

II. Sentencia del tribunal

En la determinación que revoca la decisión condenatoria del a quo, para absolver a la demandada del reajuste pensional que pretendiere el demandante; modificar la condena impuesta, por concepto de diferencia de cesantía e intereses, en la suma de $ 747.005,02 cantidad que se encuentra debidamente indexada hasta la fecha de segunda instancia y confirmar las demás disposiciones; precede la reflexión del tribunal que, a partir de acotar el campo de la controversia conforme al recurso de apelación propuesto por la demandada, indaga si dichos conceptos constituían o no factor salarial tanto para la liquidación de prestaciones sociales, como de la pensión y si en consecuencia había lugar a la reliquidación ordenada por el a quo.

En el examen que realiza en torno a la conclusión del juez de no haber sido incluido dentro de los conceptos salariales constitutivos del ingreso base para liquidar la pensión de jubilación del actor el subsidio de transporte intermunicipal y subsidio de transporte, el ad quem, establece su origen convencional al verter el artículo 49, visible en la compilación de los convenios colectivos vigentes 1998-1999 (fls. 44-114) para derivar de su texto que para hacerse acreedor al mencionado auxilio de transporte intermunicipal, el trabajador debe residir fuera del perímetro urbano de la ciudad.

De igual manera se detiene en la constancia del jefe de la unidad de salarios de Electricaribe, que obra a folio 115 del cuaderno principal, en la que relaciona los factores salariales tenidos en cuenta para liquidar prestaciones sociales y/o liquidaciones para pensión (...) e inferir que para efectos de liquidación de prestaciones sociales y de la jubilación se debe tener en cuenta lo devengado por concepto de subsidio de transporte toda vez que el mismo es considerado como factor salarial”.

Al considerar necesario aludir a otras determinaciones respecto a asunto similar debatido en procesos contra la misma entidad, señala que si bien en ellos al referido auxilio no le es reconocida condición salarial ello ocurre en razón a expresa disposición convencional en la cual se indica que sustituye al auxilio legal de transporte, lo que no sucede bajo estudio, porque en la demanda se persigue se incluya para liquidar prestaciones sociales y pensión tanto el subsidio de transporte, como el transporte intermunicipal, lo que no resulta procedente en virtud que solo puede incluirse el primero de ellos dado que en este caso opera la previsión contenida en el artículo 7º de la Ley 1ª de 1963.

Se sirve de la documental visible a folios 343 a 348, que da cuenta de las sumas recibidas por el demandante en su último año de servicio, para destacar que en ellas se encuentran los conceptos de subsidio de transporte factor s y “transporte intermunicipal”.

Observa que en la liquidación de prestaciones sociales del actor (fl. 22) “en la que se detallan cada uno de los factores salariales que sirvieron de base para la liquidación de las mismas (...) no figura el subsidio de transporte y siendo el mismo por orden legal y de conformidad con las certificaciones arriba mencionadas constituye factor salarial...”.

Encuentra entonces parcialmente probado el derecho reclamado por el actor pues el a quo de manera equivocada dispuso la inclusión como factor salarial de “transporte intermunicipal” pues este concepto “solo viene a tomarse como factor salarial en eventos en los cuales no se reconozca el subsidio de transporte legal (...)”.

Como corolario de los razonamientos anteriores efectúa las operaciones matemáticas, incluyendo el concepto no relacionado como factor salarial del subsidio de transporte, para reliquidar el auxilio de cesantías y establecer las diferencias entre las sumas reconocidas y el valor total de estas.

Para finalizar advierte el ad quem que en lo que fuera objeto de sus deliberaciones, respecto al carácter salarial de los conceptos examinados, se circunscribe a estos en razón a constituir los únicos reparos del apelante.

III. Recurso de casación

La discrepancia de la empresa electrificadora, con la resolución de segunda instancia, la conduce a incoar demanda de casación con la finalidad de que esta sala de la Corte “case parcialmente la sentencia del a quo en cuanto mantuvo la condena por concepto de diferencia de cesantías, intereses a las cesantías e indexación de tales sumas, y confirmó las condenas dispuestas (...) y una vez constituida la honorable corte en sede de instancia, revoque las condenas impuestas por el juzgador de primera instancia; en consecuencia se servirá absolver a la parte demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda...”.

Con la anunciada intención dispone la acusación en dos cargos, que no encuentran la réplica del actor, respecto a los cuales se efectuarán los siguientes pronunciamientos:

Primer cargo: La resolución acusada, señala, viola de manera indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 65, 127, 128, (modificados el primero por la L. 789, art. 29/2002 y los dos últimos por la L. 50, art. 14-15/90), 249, 260, 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975, 2º de la Ley 15 de 1959; 7º de la Ley 1ª de 1963 y artículo 1º del decreto 797 de 1949.

La trasgresión, indica, se produce como consecuencia de incurrir el colegiado en los que denomina “errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el subsidio de transporte legal es factor salarial, por el hecho de figurar como tal a folio 115.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandada, apeló la totalidad del fallo dictado en primera instancia.

3. No tener por demostrado, estándolo, que la demandada expresó razones atendibles en relación con la no inclusión del auxilio de transporte como factor salarial.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada actuó de buena fe con las condenas que se le impusieron en las instancias.

A los señalados errores, destaca, llega el juez de la apelación al apreciar de manera equivocada las siguientes pruebas:

• “Compilación de las convenciones colectivas vigentes actualizada con el acta final del acuerdo marco sectorial 1998-199 (…) (fls. 44-114)...”.

• “Escrito de apelación de la parte demandada (...) (fls. 401-402)”.

• “Escrito de contestación de la demanda (fls. 33-38)”.

• “Liquidación de prestaciones sociales (fl. 22)”.

Destaca el recurrente, al iniciar su demostración, el razonamiento que empleara el tribunal para atribuir al subsidio de transporte carácter salarial y desprender de allí la reliquidación que ordenara.

De manera seguida destaca que el dislate se presenta, cuando si bien el subsidio de transporte es de creación legal, su naturaleza y objetivo no es salarial, porque en verdad no corresponde a una retribución directa del trabajo, sino que está destinado a cubrir los costos del desplazamiento del servidor a su sitio de trabajo, razón por la cual expresamente el artículo 7º de la Ley 1ª de 1963, destaca su naturaleza no salarial.

Refiere luego al segundo de los errores fácticos que le asigna al ad quem que condujo a este, en su criterio, a desechar el examen de las demás condenas impuestas a la demanda puesto que, dice, es evidente que en el último inciso del recurso de apelación expresamente solicita que “se absuelva a mi representada de todos los cargos contra ella formulados”; en consecuencia el tribunal se encontraba en la obligación de revisar la legalidad de las condenas impartidas en los numerales tercero y cuarto del fallo impugnado.

Luego, agrega, debió tener en cuenta, el juez de la apelación, “en cuanto a la indemnización moratoria, los argumentos plasmados en el escrito de contestación a la demanda, en el sentido de que Electrificadora del Caribe sustituyó a Electrificadora del Atlántico en el pago de las obligaciones laborales, cancelando al demandante en forma puntual los salarios y demás prestaciones que le correspondían, incluida la liquidación final cuando solicitó el reconocimiento de la pensión convencional”.

Suma a las razones expuestas las que a su juicio se desprenden del examen a la liquidación de prestaciones sociales (fl. 22) en la que el tribunal no reparó en la cancelación que la demandada hiciera de todas las acreencias, pago que evidencia la buena fe y actuar recto de la empresa.

Lo anterior, agrega, teniendo en cuenta que la misma complejidad de lo debatido procesalmente y, aunque no hay mérito para condena alguna, la cuantía de lo que injustificadamente aparece en la decisión de instancia, ponen de presente que el empleador en modo alguno actuó de manera torticera o intencionada para dañar al trabajador; máxime si se tiene en cuenta que el tribunal expresamente manifiesta que las diferencias de primas de servicios, navidad y del monto inicial de la pensión de jubilación’ (...) no estaban llamadas a prosperar”.

IV. Consideraciones de la Corte

Como el recurso no demuestra los errores de hecho que en calidad de manifiestos asigna al tribunal, el cargo no se encuentra llamado a prosperar:

En primer término, debe señalarse, que no obstante reclamar el apelante en el señalado recurso: “Por las razones anteriormente expuestas, respetuosamente solicito se revoque la sentencia de fecha 30 de abril de 2008 y en su lugar se absuelva a mi representada de todos los cargos contra ella formulados”. De ello no se desprende su inconformidad con relación a la totalidad de las disposiciones del a quo en virtud a que las razones (...) expuestas en la sustentación no aluden a tópico diferente al del carácter salarial que se le atribuyera al subsidio de transporte intermunicipal; bastando esta reflexión para encontrar razonable la consideración según la cual los referidos aspectos constituían los únicos reparos del apelante que inhibió al tribunal para examinar la fundamentación de la sanción moratoria que se impusiera por el juez.

Por lo demás la argumentación colegiada que conduce al carácter salarial que le asigna al auxilio de transporte convencional aparece plausible, por lo que no podría estructurarse error de hecho como repetidamente lo expresa esta sala en relación a la interpretación de estas disposiciones, más aún si se tiene en cuenta su conformidad con las consideraciones que respecto al mismo canon del acuerdo colectivo hiciera esta corporación en sentencia de Radicación 35493 de 8 de febrero de 2011:

Debe comenzar la Sala por advertir que, conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha reiterado la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

El cargo persigue quebrar la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó el fallo parcialmente condenatorio del a quo, y para esto el censor endilgó tres errores de hecho, tendientes a demostrar que el tribunal se equivocó, al concluir que el beneficio convencional denominado ‘transporte intermunicipal’ era factor salarial para el cálculo de prestaciones sociales y la pensión de jubilación, cuando en verdad fue acordado como una ayuda de naturaleza no salarial. Que, por consiguiente, la demandada Electricaribe S.A. ESP, a contrario de lo sostenido por la alzada, sí cumplió con lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1998–1999, al determinar la base salarial a favor del demandante, siendo improcedente el reajuste impetrado. Para lo anterior denunció la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras.

La cláusula cuestionada que contiene el beneficio convencional llamado “transporte intermunicipal”, es del siguiente tenor literal:

ART. 49.— Transporte intermunicipal.

A partir de la firma de la presente convención, la empresa reconocerá el valor del transporte en bus, de acuerdo con la tarifa del INTRA a aquellos trabajadores que vivan fuera del perímetro urbano de la ciudad, dentro del departamento y presten sus servicios en cualquiera de las instalaciones de la entidad en la ciudad de Barranquilla.

El anterior auxilio de transporte sustituye el auxilio legal de transporte y exonera a la empresa de prestar este servicio a los citados trabajadores. En ningún caso el mencionado auxilio de transporte que se le concede a estos trabajadores deberá ser inferior al auxilio legal que autoriza el Gobierno (CONV. 89-91) (destaca la Sala, fl. 30 del cdno. ppal., compilación de los convenios colectivos vigentes para los años 1998-1999).

Del contenido de la cláusula transcrita, no se desprende que el citado auxilio de transporte intermunicipal se hubiera pactado según lo asegura la censura, como una ayuda de naturaleza no salarial, que permita excluir este factor para efectos de liquidar prestaciones sociales, ya que al respecto no se dice nada; y conforme se puede leer, lo que estipula dicho precepto convencional es el pago de ese beneficio, para aquellos trabajadores que viven dentro del departamento pero fuera del perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla donde prestan sus servicios, habiéndose acordado expresamente que ese auxilio extralegal sustituye el auxilio de transporte legal, sin que en ningún caso su monto pueda ser inferior a este.

Lo anterior significa que, al estar equiparado el mencionado auxilio de transporte intermunicipal convencional al auxilio legal de transporte, para el tribunal debe tenerse ese beneficio extralegal como factor salarial, para efectos de la liquidación de prestaciones sociales y la pensión de jubilación que corresponden al actor, en los términos del artículo 7º de la Ley 1ª de 1963, máxime que su pago fue habitual por habérsele siempre cancelado en ‘todas las quincenas y/o meses’, de acuerdo a lo que muestran las nóminas del último año de servicios, obrantes a folios 453 a 460 y 583 a 590 del cuaderno del juzgado. Todo lo cual no resulta descabellado y sí razonado y ajustado al citado material probatorio, lo que descarta de plano la comisión de un error de hecho con el carácter de manifiesto u ostensible.

De suerte que, como lo pone de presente la réplica, la aludida cláusula convencional no prescindió de la base de cómputo para la liquidación de prestaciones u otros derechos sociales, del denominado subsidio extralegal de transporte intermunicipal que entró a reemplazar al auxilio legal de transporte.

Se reitera entonces la ausencia de prosperidad del cargo.

En cuanto al segundo de los cargos que acusa a la sentencia por violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida, artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, en razón a la interpretación y aplicación del artículo 106 de la convención colectiva de la compilación de 1998-1999 (fls. 44-114), la Sala no efectuara consideración alguna en virtud, como se expresó, al no ser causa de inconformidad del recurrente en apelación y por tal motivo objeto de deliberación del tribunal.

No se casará la sentencia.

Sin costas ante la ausencia de oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 28 de noviembre de 2009 en el proceso adelantado por Justo Agapito Fontalvo Cervantes contra Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Sin costas en el recurso ante la ausencia de acusación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.