Sentencia 40603 de marzo 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta 69

Bogotá D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida por la magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento solicitada por el postulado Dicson Giovanny Botía Jácome.

La Ley 1592 expedida el 3 de diciembre de 2012 introdujo profundos cambios a la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, uno de los cuales consiste en permitir la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad cuando el postulado cumpla las exigencias consagradas en el adicionado artículo 18 A, cuyo tenor literal indica,

“ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustentación de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso de que trata la presente ley. El Magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

(...).

PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley” (resaltado fuera de texto).

Dicha preceptiva constituye el marco normativo dentro del cual debe determinar la Corte si, tal como lo afirma Dicson Giovanny Botía Jácome y su defensora, procede la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que actualmente pesa en su contra o si, como lo aduce la magistratura a quo, resulta improcedente tal beneficio.

Los impugnantes sostienen que:

a) Dicson Giovanny Botía Jácome se entregó el 4 de junio de 2003, en virtud del llamado efectuado a través de la Ley 782 de 2002 por el Gobierno Nacional para la incorporación a la vida civil;

b) Luego de pasar 7 días en un albergue para desmovilizados, el 11 de junio de 2003, fue privado de su libertad por cuenta del proceso penal donde se investigaba el homicidio de Guillermo Torres Valdivieso.

c) Esta última fecha es la que debe servir de punto de partida para efectos de sustituir la medida de aseguramiento, en tanto el artículo 18 A establece que cuando el postulado se haya desmovilizado estando en libertad, el término de 8 años debe contarse desde cuando quedó detenido en establecimiento sujeto a las normas sobre control penitenciario. Para el caso, añaden, ello ocurrió el 11 de junio de 2003, razón por la cual ya superó el lapso previsto en la ley y se hace merecedor a la sustitución de la medida privativa de la libertad, pues, además, cumple los restantes requisitos legales.

Pues bien, la Corte encuentra que no les asiste razón a los impugnantes en tanto realizan un análisis fraccionado de la norma en cuestión, motivo por el cual ratificará la decisión apelada, en atención a las siguientes consideraciones:

La lectura sistemática del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 permite colegir que para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el postulado debe haber estado detenido mínimo 8 años en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, contados así:

i) Desde el inicio de la privación de la libertad en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, cuando el postulado se hallaba libre al momento de la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció;

ii) Desde la postulación por el Gobierno Nacional si el desmovilizado se encontraba privado de la libertad “al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció”, con independencia de que se hubiese entregado con antelación al amparo de otros ordenamientos jurídicos, conforme lo precisa el parágrafo de la citada norma, cuando preceptúa,

“En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”.

Entonces, la misma Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012, establece el parámetro para determinar si la entrega, para efectos de los beneficios allí contemplados, se produjo en libertad o no. Dicho baremo lo constituye la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al que perteneció el postulado, que para el caso examinado, Bloque Central Bolívar, se concretó el 12 de diciembre de 2005.

En otras palabras, la lectura integral del artículo 18 A de la Ley 975 impone concluir que para efectos de esa preceptiva, se encontraba en libertad el postulado cuya entrega se produjo en el acto público de dejación de armas del grupo armado al margen de la ley al que perteneció o cuando, con posterioridad a ese evento, individual y voluntariamente se entregó para hacer parte del proceso de Justicia y Paz.

Por el contrario, para las mismas finalidades, si al momento de la dejación de armas del grupo ilegal al que perteneció, el postulado se encontraba detenido, cualquiera fuera la causa, no es posible afirmar que su desmovilización se produjo en condiciones de libertad física, ni siquiera considerando una entrega voluntaria efectuada a la luz de anteriores ordenamientos como el contenido en la Ley 782 de 2002.

Esta interpretación se ajusta tanto al tenor literal de la norma como al querer del legislador. Así, obsérvese la justificación otorgada por los ponentes en Congreso de la República en torno a la necesidad de incluir en la Ley 1592 de 2012 la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento,

“Partiendo de la base de que el proyecto realza la discrecionalidad que le asiste al Gobierno Nacional en la postulación de los desmovilizados que participarán finalmente en Justicia y Paz, con el objetivo de que solo sean aquellos que en verdad quieren contribuir a la paz y la reconciliación, el articulado incluye una audiencia ante magistrado de control de garantías para evaluar, en casos particulares y de manera individualizada, cuándo procedería la sustitución de la medida de aseguramiento.

7 años después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz solo se ha proferido sentencia contra 13 postulados. De ahí que haya 1.900 postulados que se encuentran privados de la libertad, a la espera de ser condenados. La demora en los procesos y la existencia de mejores garantías en el sistema ordinario ha generado que más de 1.600 postulados renuncien a los procesos de Justicia y Paz.

De los 1.900 privados de la libertad, por lo menos 51 cumplirán 8 años de privación de la libertad (lo equivalente a la pena alternativa máxima) en diciembre de 2014, y se estima que a partir de entonces cerca de 60 postulados cumplirán 8 años de privación de la libertad cada año, según la fecha de su ingreso al centro de reclusión del INPEC.

Si bien podría argumentarse que los desmovilizados pueden permanecer privados de la libertad hasta el tiempo máximo de la pena principal (entre 40 y 60 años), no es menos cierto que la expectativa con base en la cual estas personas confiaron en el Estado y en el proceso, y a partir de la cual decidieron confesar los hechos en los que participaron, está fundada en una pena privativa de la libertad de máximo 8 años.

Adicionalmente, dado que salir en libertad será uno de sus principales intereses, es posible canalizar ese interés en un incentivo para la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y de reparación de las víctimas. Y, al mismo tiempo, desincentivar el deseo de tramitar su caso a través de la justicia ordinaria, donde la posibilidad de las víctimas de conocer la verdad se reduce”(1).

Como se ve, el cómputo de 8 años de privación de la libertad efectuado por los legisladores para considerar la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad se hace desde época posterior a la suscripción de la Ley 975 de 2005, coincidiendo con las desmovilizaciones de los grupos armados organizados al margen de la ley ocurridas a finales del año 2005 y durante el año 2006.

En suma, resulta evidente que cuando el Bloque Central Bolívar se desmovilizó (dic. 12/2005), Dicson Giovanny Botía Jácome se encontraba privado de la libertad por cuenta de las diversas condenas que la justicia permanente le había impuesto con ocasión de los delitos comunes que cometió durante su permanencia en ese grupo armado ilegal.

En ese contexto, la regla aplicable al caso es la contenida en el parágrafo del artículo 18 A, por cuya razón el término de 8 años para conceder la sustitución de la medida de aseguramiento debe contabilizarse desde el momento de la postulación de Botía Jácome, esto es desde el 10 de mayo de 2007, resultando que no ha permanecido privado de la libertad dicho lapso desde su inclusión por el Gobierno Nacional en el listado de aspirantes a las prerrogativas de la Ley de Justicia y Paz.

La anterior situación comporta que el peticionario no reúne la referida exigencia objetiva, razón por la cual acertó la magistratura a quo al negar la sustitución invocada.

De otra parte, aunque las Leyes 782 de 2002 y 975 de 2005 son estatutos complementarios y por tanto, herramientas jurídicas con las que el Estado colombiano ha tratado de superar el conflicto que agobia a la nación, lo cierto es que cada uno contiene un ordenamiento legal distinto con institutos y ámbitos de aplicación diversos.

En tal sentido, la corporación ya ha dilucidado el punto en los siguientes términos,

“Indudablemente las disposiciones de la Ley 975 de 2005 no se oponen a la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, sino que se complementan.

En efecto, las reglas previstas en las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002 prorrogada por la Ley 1106 de 2006 y la Ley 975 de 2005, funcionan como normas complementarias. Así lo consagró expresamente el legislador en el artículo 62 de la Ley de Justicia y Paz al estipular que: “...Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”.

Además los objetivos de dichos ordenamientos encaminados a: “facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley” y “dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales”, si bien en sentido estricto difieren indudablemente guardan una relación no excluyente.

Ahora bien, sobre la base de esa complementariedad de las leyes no puede sostenerse que los diálogos y acuerdos entre las partes en conflicto o la desmovilización, aisladamente considerados, garantizan o constituyen elemento primordial de acceso a los beneficios de pena alternativa, indulto, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación, resolución inhibitoria, o suspensión condicional de la pena, porque tanto la Ley 782 de 2002 como la 975 de 2005 consagraron procedimientos y condiciones administrativas y judiciales que deben agotarse con absoluto rigor para el otorgamiento de los beneficios jurídicos que contemplan.

(...).

2.2. Por otra parte, como ha tenido oportunidad la Corte de advertirlo en múltiples pronunciamientos(2), existen sustanciales diferencias entre los ordenamientos mencionados(3), que se destacaron en el siguiente pronunciamiento(4):

“1. El Estado colombiano, con el objetivo de alcanzar la desmovilización de los grupos armados ilegales y la consolidación de un proceso de paz, ha diseñado diversos mecanismos y proferido distintas normas, entre las que se destacan:

— Ley 418 de 1997 (dic. 26), “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.

Como dicha ley tenía una vigencia de dos años a partir de su promulgación y no alcanzaron a lograrse sus cometidos, fue prorrogada sucesivamente, con la Ley 548 de 1999 y con la Ley 782 de 2002, normas estas que, a su vez, introdujeron algunas modificaciones.

— La Ley 782 de 2002, contempla el indulto, como beneficio posible para los condenados con sentencia ejecutoriada; y para los procesados, según el estadio procesal, la resolución inhibitoria, la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento (arts. 23 y 24, que modificaron los arts. 57 y 60, respectivamente, de la L. 418/97”).

Esos beneficios están previstos para conductas constitutivas de delito político, salvo actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión. (L. 418/97, art. 50, modificada L. 782/2002).

Como lo estipula la misma Ley 782:

“Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la solicitud al tribunal correspondiente, o a la Dirección de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los términos legales, observando el principio de celeridad”. (L. 418/97, art. 60, modificada por la L. 782/2002).

Como se observa, quien aspire a los beneficios de la Ley 782 de 2002, debe iniciar el trámite correspondiente ante el Ministerio del Interior y de Justicia, con el lleno de los requisitos que esa norma exige. Solo después de ese trámite, la autoridad judicial competente, en ejercicio de sus funciones, determinará si el beneficio concreto (indulto, resolución inhibitoria, preclusión o cesación) es o no procedente.

(...).

2. Vino posteriormente la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones”.

La Ley 975 de 2005, denominada comúnmente “de justicia y paz”, no prevé beneficios como el indulto, la resolución inhibitoria, la preclusión o la cesación de procedimiento; sino una pena simbólica alternativa, muy inferior a la que correspondería a los delitos si se juzgaran por fuera del proceso de paz con la legislación ordinaria.

Quien pretenda los beneficios que la Ley 975 de 2005 ofrece, debe sujetarse a los requisitos establecidos en los artículos 10 y siguientes de la misma; y son competentes para su conocimiento, exclusivamente la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de Justicia y Paz —en primera instancia—.

3. Con relación a la diferencia de los beneficios que estatuyen la Ley 782 de 2002 y la Ley 975 de 2005, en auto del 28 de septiembre de 2006, la Sala de Casación Penal indicó:

“Una segunda conclusión que se deriva de la filosofía de la ley 975 de 2005, es la de que la amnistía, el indulto y otros beneficios establecidos en la Ley 782 de 2002, se rigen por lo dispuesto en esta última legislación, como lo reafirma el aparte final del artículo 2º de la ley primeramente mencionada en los siguientes términos:

‘La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.

“Lo anterior, porque la Ley 975 de 2005 regula un proceso específico dentro del modelo propio de una justicia de transición que debe concluir ordinariamente con una sanción, a diferencia de lo que ocurre con la 782 de 2002 define procedimientos destinados a la realización del indulto (por parte del gobierno), la amnistía, la inhibición de la investigación o la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, según sea el caso, con intervención de las autoridades judiciales (fiscales o jueces).

(...).

Por manera que incurren en error trascendental quienes argumentan que la prórroga dispuesta en la Ley 1106 de 2006 para las disposiciones de las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002 hasta el 21 de diciembre de 2010, también afecta a la Ley 975 de 2005 —incluido el artículo 72— porque, se insiste, son ordenamientos diferentes con objetivos relacionados pero diversos y con ámbitos de aplicación también distintos” (resaltado fuera de texto)(5).

En ese orden, no puede asimilarse, como lo pretenden los impugnantes, la dejación de armas individual acaecida al amparo de la Ley 782 de 2002 con la desmovilización efectuada a la luz de la Ley 975 de 2005 porque cada una obedece a un marco normativo diferente y da paso a prerrogativas diversas con disímiles consecuencias jurídicas.

Así, la Ley 782 permite acceder a los beneficios de indulto, amnistía, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento, según sea el caso, respecto de los delitos políticos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado ilegal, más no así respecto de los punibles de naturaleza común, los cuales deben investigarse y juzgarse por la justicia permanente. Esa es la expectativa razonable generada en quienes voluntariamente deciden dejar las armas y someterse a ese régimen jurídico.

Por ello, a pesar de su entrega voluntaria, Dicson Giovanny Botía Jácome continuó siendo procesado por la justicia ordinaria respecto de los delitos comunes que cometió mientras estuvo vinculado a las AUC, al punto que fue objeto de siete condenas diferentes(6).

Por su parte, la Ley 975 permite a las personas que el Gobierno Nacional postule, obtener una pena alternativa de hasta 8 años de prisión por todos los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal, siempre y cuando contribuyan efectivamente al esclarecimiento de la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, sin distingo de la naturaleza de los delitos concretados.

De esta forma, los ordenamientos jurídicos no son iguales, al punto que para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005 los aspirantes a la misma, así hubiesen dejado las armas en vigor de la Ley 782 de 2002, deben manifestar por escrito su interés de participar en ese trámite, requieren estar certificados como miembros de una organización al margen de la ley y, además, tienen que ser postulados por el Gobierno Nacional.

En tal sentido, el parágrafo del artículo 6º del Decreto 3391 del 29 de septiembre de 2006, reglamentario de la Ley 975 de 2005, es claro en determinar tal aspecto,

“PAR. 2º—Los miembros de grupos armados la margen de la ley, que se hallen privado de la libertad, y se hubieren desmovilizados previamente de conformidad con la Ley 782 de 2002, podrán solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional su postulación, siempre y cuando entreguen información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuya al desmantelamiento de la organización armada a la que perteneció” (resaltado propio).

Dicha regla refiere con claridad que la dejación de armas concretada al amparo de la Ley 782 de 2002 es diferente de la consagrada en la Ley de Justicia y Paz y, además, que no permite acceder en forma automática a los beneficios contenidos en este último estatuto. Por tanto, resulta razonable afirmar que la entrega contemplada en el artículo 18 A como realizada “estando en libertad” es la efectuada con ocasión de la expedición de la Ley 975 y no la que se llevó a cabo en virtud de preceptivas anteriores.

Lo expuesto en precedencia permite desestimar la favorabilidad normativa sugerida por la defensa porque a pesar de su complementariedad, en tanto mecanismos jurídicos orientados a la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, las leyes en mención regulan situaciones diversas.

En ese contexto, debe recordarse que dicho principio aplica frente a supuestos de hecho similares que reciben soluciones diferentes en estatutos sucesivos en el tiempo, constituyendo requisito sine qua non para pregonar su concreción, la identidad en el objeto de regulación, situación no concurrente en el caso examinado donde las figuras de la privación de la libertad y la sustitución de la misma no están contenidas en la Ley 782 mientras que sí hacen parte de la Ley de Justicia y Paz.

Además, como quedó expuesto, la revisión integral del canon 18 A, introducido al estatuto transicional por la Ley 1592 de 2012, permite dilucidar con claridad el momento a partir del cual se debe contar el lapso de ocho años allí previsto, resultando innecesario acudir a ordenamientos anteriores (L. 782/2002) que, además, no regulan la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento.

En los anteriores términos, la Sala concluye que ninguno de los planteamientos de la defensa y del postulado están llamados a prosperar, imponiéndose confirmar la decisión materia de alzada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 25 de enero de 2013 emitida por la magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Exposición de motivos de las modificaciones introducidas por los ponentes el 8 de octubre de 2012 en el segundo debate en el Senado al proyecto de Ley 193 de 2011; Gaceta del Congreso de la República 681 de 2012.

(2) Sentencias 25.830 del 28 de septiembre de 2006, 26.154 del 19 de octubre de 2006, 26.939 del 11 de abril de 2007 y 27.463 del 20 de junio de 2007.

(3) Ley 975 de 2005 y 782 de 2002.

(4) Sentencia 27.213 de mayo 23 de 2007.

(5) Providencia del 24 de febrero de 2009, Rad. 30999.

(6) Los procesos en que Dicson Giovanny Botía Jácome fue condenado, acorde con lo plasmado en la carpeta anexa, son: i) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 083-04, homicidio de Guillermo Torres Valdivieso, condenado a 18 años y 4 meses de prisión; ii) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 2009-0025, homicidio de Héctor Javier Sánchez y Edward Alonso Sánchez, condenado a 19 años y 1 mes de prisión; iii) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 2005-411, homicidio de Armando Beleño Lobo, Jesús Manrique Figueroa, Óscar Sarmiento Pérez y Simón Sequeda Ríos, condenado a 18 años y 6 meses y 4 días de prisión; iv) Juzgado Tercero Especializado de Bucaramanga, radicado 2009-209, homicidio de Farito Edgardo María, condenado a 24 años de prisión; v) Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2005-0108, homicidio de Luis Alberto Salazar, condenado a 201 meses de prisión; vi) Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2006-0483, homicidio de Ferney Barajas Ochoa y Jesús Álvarez Maldonado, condenado a 306 meses y 20 días de prisión; vii) Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2004-464, homicidio de Karol Viviana y Orquídea Ramos, condenado a 29 años y 4 meses de prisión.