Sentencia 4061 de enero 23 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez

Ref.: Exp. 4061

Actor: Alfonso Eliécer Rivero

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete

EXTRACTOS: «Rasgos

1. Como lo afirma el tribunal, la jerarquía normativa de nuestro régimen jurídico implica que un acto general de una determinada categoría, puede ser modificado o derogado por otro de la misma categoría, con la limitación de que dichas modificaciones o derogatorias sólo tendrán vigencia a partir del momento en que, a su vez, entre en vigencia el acto que las contiene.

2. En el caso de autos se cuestiona el hecho de que mediante la ordenanza 042 de 1995 se derogan varios artículos de la ordenanza 045 de 1993, con base en los cuales se le había reconocido un derecho al actor. Sin embargo, como también lo hace notar el tribunal, dicha derogatoria sólo produce efectos a partir de la promulgación de la ordenanza 042 de 1995, según ella misma lo advierte en su artículo séptimo, promulgación que se produjo el 26 de septiembre de 1995 (fl. 78).

3. En consecuencia, si como resulta de la resolución 003492 del 5 de diciembre de 1994, al actor le fue reconocido su derecho antes de la expedición de la ordenanza 042 de 1995, lo decidido en esta última no afecta la situación particular del mismo, sin que sea válida la afirmación del tribunal en el sentido de que el derecho del actor le fue conculcado con la derogación de los artículos invocados en la ordenanza 045 de 1993, aunque reconoce que es procedente la nulidad de la ordenanza 042 de 1995, lo cual constituye una contradicción. En efecto, para la Sala es claro que si no es procedente la declaratoria de nulidad de la ordenanza acusada (núm. 042/95), como lo reconoce el tribunal y lo ratifica esta Sala, no puede afirmarse que ella desconoce derechos del actor y, por consiguiente, que proceda el restablecimiento de estos últimos, pues es evidente, como lo hace notar la señora agente del Ministerio Público, que el restablecimiento de los derechos desconocidos por un acto administrativo se fundamenta necesariamente en la nulidad del mismo.

4. Lo anterior implica que si la administración no cumple una obligación vigente contenida en un acto administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sólo será viable contra la decisión expresa o presunta resultante del silencio administrativo que niega el cumplimiento, la cual no ha sido demandada en el presente proceso. A su vez, si no existe acto ni expreso, ni tácito de incumplimiento, la controversia fundada en la omisión deberá necesariamente tramitarse a través de una acción de reparación directa, por lo menos mientras no se regule y ponga en práctica la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser revocada para, en su lugar, denegar todas las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

(...).

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