Sentencia 40629 de marzo 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40629

Acta 7

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

En esencia, tres son los aspectos que la censura discute de la sentencia impugnada, a saber: i) la absolución frente a la pretensión referida al pago de auxilio de cesantías e intereses, ii) la revocatoria de la decisión de primer grado que condenó al pago de la indemnización por despido injusto, para en su lugar absolver por tal concepto y, iii) la absolución de la condena al pago de la indemnización moratoria. La Sala abordará en el mismo orden el estudio de recurso.

1. Del auxilio de cesantía e intereses, objeto de absolución.

Quedó dicho al historiar los antecedentes que el Tribunal absolvió de la condena al pago de las cesantías e intereses, porque: i) la demanda fue ambigua en tanto el trabajador solicitó el pago total causado durante toda la vigencia del contrato de trabajo y al mismo tiempo la reliquidación de las pagadas; ii) en razón del extremo inicial de la relación laboral al trabajador no lo cobija el régimen de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, de manera que la accionada no tenía la obligación de consignarlas anualmente en un fondo de cesantías; iii) en el plenario halló probado que la accionada efectuó pagos parciales que fueron debidamente autorizados por el ministerio del ramo; y iv) también encontró establecido que el actor obtuvo préstamo para vivienda de la sociedad accionada, que pignoró con sus cesantías.

Por su parte el recurrente, al estructurar la sustentación de los dos primeros yerros denunciados en el cargo, deja libre de ataque los dos primeros fundamentos arriba reseñados, concentra el ataque en el tercero y sutilmente se refiere al último, con lo cual deja incólume la decisión que vienen amparada de la presunción de legalidad y acierto, dado que como lo ha pregonado con insistencia esta Sala, en el recurso extraordinario es deber del litigante para lograr su cometido, combatir a plenitud todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y fácticas de la decisión gravada.

Adicionalmente, el impugnante no expone de manera clara y razonada qué es lo que las pruebas denunciadas por equivocada estimación o por su no valoración, acreditan en contra de lo inferido por el Tribunal y cómo incidieron tales falencias en los yerros denunciados, mientras que al revisar la Corte, tanto las calificadas que se acusan como las que le sirvieron de fundamento al juez de apelaciones, observa lo siguiente:

La de folios 53 y 176 que contiene la liquidación de prestaciones sociales que la accionada le canceló al actor al momento de finalizar el vínculo laboral, acredita, sin dubitación alguna, que el actor causó cesantías por todo el tiempo laborado, que recibió pagos parciales y que se le pagó al final el saldo correspondiente, en las sumas que sin error y con estricta sujeción indicó el ad quem.

Las probanzas de folios 61 a 67, evidencian que al demandante la sociedad accionada le pagó la liquidación antes referida; así consta en el depósito judicial y en los oficios remitos al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Bogotá y a los bancos Agrario y Bancolombia. Eso y nada diferente fue lo que adujo el Colegiado.

Adicionalmente, no es ajeno a la Corte que la afirmación del recurrente, por demás sin respaldo probatorio, según la cual, “el demandante nunca” pudo retirar el título judicial, constituye un medio nuevo en casación, y es por tal razón inaceptable.

En lo que corresponde a las autorizaciones ministeriales que echa de menos la censura, para el pago parcial de las cesantías del actor durante la vigencia del contrato de trabajo, encuentra la Sala que las inferencias del ad quem, según las cuales sí se surtieron, tienen respaldo inequívoco en las documentales de folios 54, 55 56, 233, 234, 236, 237, 230 y 229 del cuaderno principal, en las que constan, que el entonces Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social sí las autorizó, que el demandante le solicitó a la empresa tramitar dichas autorizaciones, y que al efecto la compañía las canceló. Sin embargo el recurrente para debatirlas, aparte de afirmar que de ellas emana lo mismo que leyó el Tribunal, agrega que la Vidriería Fenicia S.A., sí las canceló, antes de la autorización y no aportó copia de cada resolución ministerial. En breve, el ataque es contradictorio en su desarrollo, se desvía a cuestiones diferentes de las sostenidas en la sentencia acusada, e involucra aspectos nuevos que no fueron puestos de manifiesto en las piezas procesales de la demanda inicial y la apelación.

De otra parte, en lo que al pagaré que obra a folios 59 y 246 del expediente, con el cual el demandante respaldó el préstamo para vivienda que por valor de $ 8.000.000 le hiciera la compañía, que no discute el recurrente y por el contrario acepta en su literalidad, observa la Sala que le sirvió de fundamento al Tribunal para deducir el pago parcial de cesantías y su pignoración a favor de la compañía, que era lo alegado en la demanda y en la alzada, y no como sorpresivamente se plantea en casación al acusar que esa probanza no demuestra, “cuantas cuotas semanales le faltó pagar al actor por éste préstamo que pudiera determinar el saldo insoluto de cesantías objeto de pignoración; argumento novedoso en esta sede, que por tal razón impone su desestimación.

Finalmente, en cuanto al hecho 16 de la demanda, referido a que al actor no se le cancelaron sus cesantías a la finalización del contrato de trabajo, para desvirtuar sin más consideraciones la supuesta confesión que aduce la censura, basta con decir que fue replicado por la accionada al contestar la demanda (fl. 75) negando dicha afirmación con la categórica expresión: “No es cierto.”

En suma, no logró el recurrente demostrar que el sentenciador de alzada incurrió en los dos primeros yerros denunciados y por tanto no prosperan.

2. De la revocatoria de la condena impuesta por el juez de primer grado, al pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo.

Como se reseñó en los antecedentes, el juez ad quem revocó la condena impuesta en la primera instancia, previo análisis de la carta de despido (fls. 6 a 7), de los descargos rendidos por el trabajador Wilson Laguna ante la empresa (fls. 45 a 47), y del(sic) declaración que este mismo testigo rindió ante el juzgado (fls. 198 a 201), examen probatorio que no le dejó duda alguna de que el actor sí estaba sustrayendo soldadura de las instalaciones de la empresa, con lo cual configuró la justa causa del despido, al tenor de los dispuesto en el reglamento interno de trabajo y del literal 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

Para derruir las conclusiones del tribunal acusa la censura la falta de apreciación de unas pruebas y la errónea valoración de otras, que la Corte procede a examinar a fin de resolver.

En lo que corresponde al acta descargos rendidos por el señor Wilson Laguna ante la empresa (45 a 47), cabe decir que el tribunal no distorsionó su contenido, pues de lo que de su literalidad emana, es que Laguna, de manera expresa, acusó a Santos Pérez de haberle entregado un pote de soldadura para sustráelo de las instalaciones de la empresa.

Respecto a las comunicaciones de la empresa dirigidas al actor, una para interrumpir las vacaciones por necesidades del servicio (fl. 2), y otra para citarlo a diligencia de descargos (fl. 3), si bien no fueron apoyo de la sentencia fustigada, la verdad es que ninguna desvirtúa las inferencias del tribunal según las cuales, conforme al examen probatorio, sí se configuró la justa causa del despido.

De otra parte, si bien no se menciona en la sentencia que el juez de alzada hubiere analizado el acta de descargos que el accionante le rindió a la sociedad accionada (fls. 4, 5 y 49), esa omisión no tiene la fuerza para derruir la conclusión, toda vez que como tantas veces lo ha dicho esta Sala, los jueces en las instancias, conforme al artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, tienen la potestad de apreciar libremente los diferentes medios probatorios aducidos al juicio, de modo que para formar su propio convencimiento pueden evaluar algunas pruebas en forma prevalente o excluyente frente a otras, sin que la decisión así adoptada pueda acusarse de error por falta de valoración, a menos que surja incontrastable, protuberante, manifiesto y evidente, que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la colegida por el juez de segunda instancia.

En punto al interrogatorio absuelto por el demandante, que según el recurrente constituye una confesión, (fls. 181 y 182), ha de señalarse que si bien no fue determinante para el sentenciador de segundo grado, su falta de apreciación no sustenta el yerro que supone la censura, dado que en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, se configura la confesión cuando versa sobre hechos que producen consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorecen a la parte contraria, y resulta que en este caso no ocurre ni lo uno ni lo otro, en razón a que la respuesta con la que el demandante aceptó que el cargo que desempeñaba era el de “ajustador de recuperación de moldes”, no fue pilar ni fundamento de la decisión absolutoria en la alzada, ni derruye las conclusiones de la alzada que hallaron respaldo a las justas causas de despido.

Tampoco se encuentra razonable acusar al Colegiado de la falta de apreciación de las documentales de folios 179 y 180, menos para unirlas a la supuesta e inexistente confesión antes aludida, de una parte, porque dichos folios a más de ilegibles no fueron decretados como medios probatorios, y de otra, porque no guardan relación ni congruencia alguna con el interrogatorio absuelto por el demandante.

En cuanto al interrogatorio rendido por el representante legal (fls. 183 a 186) de la accionada, si bien no fue soporte de la decisión acusada, la verdad es que su falta de valoración no conduce a ninguno de los yerros acusados, en cuanto no comprende confesión alguna que permita inferir que el tribunal se equivocó al estimar, que el despido lo fue con justa causa, que es en últimas lo que se le cuestiona a la sentencia.

En lo que respecta al reglamento interno de trabajo y a su resolución ministerial (fls. 195 a 237) que el recurrente impugna por errónea apreciación, en tanto para la fecha de despido ya se había operado la sustitución patronal entre Conalvidrios y Vidriería Fenicia S.A., exótica resulta su argumentación, porque esa documental fue aportada por la convocada al juicio con la contestación de la demanda (fl. 85) y fue decretada como prueba en la primera de trámite (fl. 160), sin que en la oportunidad correspondiente la hubiere tachado o cuestionado el demandante. Por manera que resulta extemporáneo y ajeno a la lealtad procesal el reproche que ahora se profiere, no siendo por tanto estimable.

No obstante, destaca la Sala, que el Tribunal al sustentar su decisión en ese medio probatorio adujo que fue aportado por la sociedad con la contestación de la demanda y que era conocido por el accionante “pues en la cláusula 10 del contrato de trabajo visible al folio 38, el trabajador confiesa conocerlo y aceptarlo”, aseveración que al contrastarla con el contrato de trabajo (fl. 38), en verdad resulta incuestionable y redunda en las razones para desestimar el ataque.

En lo que atañe a la prueba de la convención colectiva cuyos folios ni siquiera relata la censura, que se acusa de falta de valoración para unirla a la de la liquidación final de prestaciones, observa la Sala que el mismo recurrente en su memorial de alzada afirmó que no fue aportada en la primera instancia en la oportunidad procesal correspondiente, al punto que la anexa con el memorial de apelación (fl. 318), de modo que esa circunstancia procesal le impide a la Corte su examen en atención a los postulados constitucionales del debido proceso y el derecho del defensa.

Por último, en lo que corresponde al testimonio rendido por Wilson Laguna, que el impugnante acusa de errónea valoración, queda la Corte relevada de su estudio, porque previamente no logró el recurrente estructurar los errores de hecho propuestos con prueba apta en casación, conforme a lo consagrado en el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, esto es, mediante documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial.

En breve, no logró el recurrente demostrar que el ad quem cometió los yerros que le achaca en los numerales 3º, 4º, 5º y 6º. En consecuencia, no prosperan las acusaciones.

3. De la absolución de la condena al pago de indemnización moratoria.

La acusación inserta en el 7º error fáctico que se le endilga al Colegiado, no tienen de donde prosperar, porque proferidas por el juez ad quem las absoluciones por las acreencias reclamadas en tanto coligió su inexistencia, no se equivocó al absolver del pago de la indemnización moratoria deprecada.

En conclusión, los razonamientos del juez de alzada no lucen irracionales o absurdos y menos configurativos de un yerro fáctico manifiesto, porque como bien lo ha sentado en incontables oportunidades esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los falladores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y su estimación no puede acusarse válida y eficazmente en casación, sino por haberse incurrido en un error de derecho o en uno de hecho que aparezca de modo evidente o protuberante, al punto que se dé por establecido un hecho que no lo esté, o, al contrario se considere como inexistente uno que si esté suficientemente probado en el juicio; o dicho con mayor énfasis, cuando surja con evidencia incontrastable que la verdad real del juicio es radicalmente distinta de la que creyó establecer el sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evalúa o deja de analizar por defectuosa percepción.

En estas condiciones y conforme a lo expuesto, no puede calificarse como desacertada la decisión del colegiado y en consecuencia el cargo no prospera.

Como hubo réplica, costas en sede de casación a cargo de la parte recurrente, las cuales se estiman en cuantía de tres millones de pesos. ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 31 de octubre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Gabriel Santos Pérez, contra Cristalería Peldar S.A. y Vidriería Fenicia S.A.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».