Sentencia 40639 de julio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40639

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 023

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte actora, quien al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con que lo sustenta, que fue replicada, pretende que se case “totalmente la sentencia impugnada ... en cuanto confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia”.

Con tal propósito formula tres cargos, los cuales se resolverán conjuntamente el 1º y el 3º, dado que la normativa que singulariza como infringida es análoga, y persiguen el mismo objetivo. El 2º se estudiará por separado.

VI. Primer cargo

Dice que por vía indirecta se infringió el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

Como error de hecho señala:

“No dar por probado a pesar de estarlo que Martha Luidina ... convivió de manera constante e ininterrumpida durante más de cinco años anteriores al fallecimiento de su esposo Carlos Julio Martínez Cardozo”.

De lo que puede extractarse de la demostración del cargo, para la recurrente el tribunal no valoró los elementos probatorios de “folios 17, 20, 21 y 22”.

Afirma que la certificación expedida por el jefe de personal de Coonalcetece y el reporte de semanas cotizadas al ISS, acreditan plenamente la convivencia real y efectiva de la actora con el causante, y que este laboró como mensajero para la Coonalcetece del 18 de agosto de 1992 al 12 de agosto de 2004, documento que sostiene, asegura que a la actora y al causante se les conoció siempre como compañeros permanentes, con convivencia bajo el mismo techo como marido y mujer, por lo que no merece reparo la inferencia del tribunal de que los esposos Martínez convivieron desde el 30 de octubre de 2001, fecha del matrimonio, hasta el 21 de octubre de 2004 cuando aquel falleció.

Precisa, que para completar el requisito de convivencia de cinco años, basta con examinar la certificación de trabajo de Martínez Duarte y el reporte de semanas cotizadas al ISS, probanzas que evidencian que antes del 21 de octubre de 1999 al 30 de octubre de 2001, aquel y Marta Martínez convivieron como marido y mujer, por lo que insiste que con el fallo el tribunal incurrió en quebranto de la ley, causando a su vez lesión injustificada a la recurrente.

VIII. Tercer cargo

Dice que se infringieron indirectamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Señala como errores de hecho los siguientes:

1. “No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que ... Martha Luidina ... convivió con ... Carlos Julio Martínez Cardozo, los últimos cinco años continuos anteriores a la muerte” de aquel.

2. “Dar por demostrado sin estarlo, que ... Martínez Cardozo, no convivió con ... Martha Luidina ...”.

3. “No dar por demostrado a pesar de estarlo, que ... Martha Luidina ... es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de ... Martínez Cardozo”.

Afirma que el tribunal “desconoció” los testimonios de Álvaro Beltrán, Flor Alba Rincón, María Quintero de Álvarez y Parmenio Burgos, a quienes les consta la convivencia de la actora con el causante Carlos Julio.

Sostiene que no comparte la decisión del tribunal de no tener en cuenta el contrato celebrado entre la actora, el causante y Álvaro Beltrán al detectarle una “enmendadura”, pues Beltrán declaró que la demandante y Carlos Julio convivieron en su casa desde 1992 hasta el 2002 y que el señalado contrato se celebró. Agrega, que en el interrogatorio de parte aclaró la situación del contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad al deceso de su compañero, y que Burgos propietario del bien, declaró que el contrato lo redactó su esposa para constatar la convivencia que se argumenta.

Insiste en que con los testimonios allegados por la parte actora, con el registro civil de matrimonio, con la certificación expedida por Coonalcetece y con el testamento abierto se demuestra la convivencia de la actora con el causante Martínez Cardozo, entre el 21 de octubre de 1999 y el 21 de octubre de 2004.

IX. La réplica

Sostiene que el alcance de la impugnación es incompleto, pues no señala qué debe hacerse en instancia con la sentencia del juzgado. Que como lo constató el tribunal, no se acreditó que la actora reuniera los cinco años de convivencia exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dado que las pruebas aportadas estaban afectadas de falsedad, como lo reconoció la demandante en el interrogatorio. Que respecto a los testimonios, no es prueba calificada en casación.

Agrega, que solo se acreditó convivencia de la actora con el causante durante la vigencia del matrimonio.

X. Consideraciones de la Corte

Se tiene que para el tribunal, la decisión del a quo que denegó las pretensiones de la demanda inicial, al no acreditar la actora la convivencia con el causante conforme a la exigencia legal, no le mereció reparo alguno.

Por su parte la censura dice que el tribunal no valoró la certificación expedida por Coonalcetece el 8 de mayo de 2007, ni el reporte de semanas cotizadas por Martínez Cardozo al ISS, probanzas que a su juicio acreditan la convivencia de la actora con aquel.

Pues bien, la certificación expedida por Coonalcetece muestra que el causante y la actora laboraron para dicha Cooperativa del 18 de agosto de 1992 al 12 de agosto de 2004 el primero, y del 1º de febrero de 1990 al 1º de marzo de 1996 la segunda, y que “durante el tiempo de la ejecución, siempre se les conoció como compañeros permanentes, convivían bajo el mismo techo como marido y mujer ayudándose mutuamente”.

Tal probanza constituye documento declarativo emanado de terceros, carente de autenticidad, que si bien en los términos del artículo 27 de la Ley 794 de 2003, que modificó el 277 del estatuto procesal civil, no requiere la ratificación de su contenido mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos, ni su apreciación debe hacerse en la misma forma que los testimonios, no varían el criterio pacífico de la Corte, en cuanto que al ser de naturaleza intrínseca testimonial, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que su valoración está supeditada a que se evidencie desatino solamente cuando provenga de la falta de apreciación o de la valoración respecto de un elemento probatorio que sí lo sea, tal como un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección ocular.

Frente al reporte de semanas cotizadas por Martínez Cardozo al ISS dice la recurrente que constata que laboró y que era afiliado “para la empresa Coonalcetece Ltda.”, y que junto con la certificación antes examinada, acreditan la convivencia real y efectiva de la actora con aquel. Empero, si bien el fallador de segundo grado no realizó ninguna lectura de tal probanza, tal decisión no afecta en lo mínimo el fallo atacado, pues es incuestionable que tal elemento de convicción no acredita la convivencia entre la actora y el afiliado al ISS, como tampoco la dependencia económica de aquella respecto del causante en los términos de la ley aplicable, demostración de convivencia y dependencia que precisamente echó de menos el tribunal al examinar el tema.

Por otra parte, se tiene que la recurrente no muestra inconformidad con la inferencia del tribunal, según la cual todas las circunstancias que rodearon la prueba documental como la testimonial aportada por la demandante, no le merecieron credibilidad a la luz de la sana crítica, con la connotación de que “adicionalmente a la falsedad de la documental” allegada para acreditar que convivían bajo el mismo techo para la fecha del fallecimiento, y la aceptación de la demandante que el “contrato de arrendamiento aportado, fue firmado con posterioridad a la muerte del causante”, vicio que ratificó “afecta la certificación de la Fundación Eudes, que aportó la demandante”, la cual fue “desconocida en su contenido por el director” de la citada fundación, así como la “confesión” de la actora sobre los motivos que la llevaron a declarar extrajuicio que convivía con el causante, soportes fundamentales del fallo atacado que al no merecer reproche de la censura, hacen inmodificable tal decisión al punto examinado, dada la presunción de legalidad y acierto que la ampara en casación.

Tampoco reveló desconcierto la censura al punto de que adicionalmente la actora no acreditó la “dependencia económica de este” ni “los demás hechos que demuestran las demás connotaciones sociológicas y legales propias de una familia”.

Por otra parte, tal como lo ha precisado esta Sala de la Corte, el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le permite al fallador de instancia formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del juicio y la conducta procesal observada por las partes, lo que simboliza que están investidos de un relativo margen de discrecionalidad en el mérito que le concedan a las pruebas incorporadas al proceso, ya sea para darles mayor credibilidad a unas o para restarles eficacia a otras, libertad de apreciación que se respeta en sede de casación, excepto que la parte recurrente acredite que las aserciones fácticas del sentenciador de segundo grado, evidencien una realidad procesal indiscutiblemente desigual a la que coligió el tribunal, pues, la labor de la Corte, al resolver el recurso extraordinario, no es la de establecer a cuál de las partes se le asigna la razón, sino la de cotejar la sentencia del ad quem con la ley aplicable al asunto sometido a consideración, con el fin de determinar si el sentenciador de alzada incurrió en las equivocaciones que singulariza la parte impugnante.

Así, no se observa, en la motivación de la sentencia recurrida, que el tribunal hubiera incurrido en los yerros que con el carácter de ostensibles le atribuye la censura, y ello descarta igualmente que hubiera cometido un desatino jurídico.

Por el contrario, la apreciación que hizo de los elementos escritos y la conclusión que de los mismos extrajo, se muestran razonables y formalmente admisibles.

En ese orden, se reitera, al considerar el fallador de segundo grado que “tanto la prueba documental como testimonial” allegada por la actora no le “merecía credibilidad a la luz de la sana crítica”, pues adicionalmente a la “falsedad de la documental” aportada para acreditar la convivencia, así como la aceptación de la demandante que el “contrato de arrendamiento aportado, fue firmado con posterioridad a la muerte del causante”, vicio que ratificó afectaba “la certificación de la Fundación Eudes, que aportó la demandante”, la cual fue “desconocida en su contenido por el director” de la citada fundación, así como la “confesión” de la actora sobre los motivos que la llevaron a declarar extrajuicio que convivía con el causante, no incurrió en equivocación alguna, por lo que el cargo no prospera.

XI. Segundo cargo

Dice que por vía directa se infringió el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, que modificó el 1º de la Ley 44 de 1980.

En su desarrollo reproduce el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, para luego sostener que por rebeldía o por ignorancia el tribunal no aplicó tal normativa, incurriendo en infracción directa, pues de haberla aplicado dice, le hubiese sustituido la pensión a quien el causante señaló en el testamento abierto, pues el ISS conocía la voluntad del beneficiario.

Afirma que conforme al documento de folios 15 y 16 el ISS conoció el testamento abierto otorgado en la Notaría 38 del Círculo de Bogotá el 5 de noviembre de 2003, en el que el causante manifestó que el 30 de octubre de 2001 contrajo matrimonio con Marta Martínez Duarte, y que era su voluntad que su esposa fuera la beneficiaria de la pensión que le pagada tal Instituto; que sin embargo, el tribunal se rebeló contra el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, lo que evidencia el quebranto endilgado y consecuencialmente la lesión injustificada a la recurrente.

XI. La réplica

Sostiene que a pesar de formular la acusación por la vía de puro derecho, convoca al examen del documento contentivo del testamento abierto. Que el cargo no tiene prosperidad, dado que la normativa que señala la recurrente, simplifica el trámite de la sustitución pensional, pero de ninguna manera regla los requisitos legales para obtener ciertas pensiones.

XIII. Consideraciones de la Corte

Para confirmar la absolución de las pretensiones de la demanda inicial, el tribunal precisó que acogía plenamente los argumentos de la decisión del a quo, es decir, que hizo suyas las reflexiones del fallador de primer grado al examinar entre otros temas, el de la decisión testamentaria del causante de que su “esposa sea la beneficiaria” de la pensión que aquel disfrutaba del ISS. Así, se tiene que al punto el fallador de primera instancia infirió que la pensión reclamada correspondía a la persona que la ley estipulara y no a la voluntad de las partes.

La impugnante al discutir tales aserciones, sostiene que si el tribunal hubiera aplicado el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, habría sustituido la pensión a quien se señaló en el testamento.

Pues bien, el artículo 1º de la Ley 1204 del 4 de julio de 2008, prevé que:

“Para simplificar el trámite de sustituciones pensionales ante cualquier operador, sea público, privado o de un empleador que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones, sean estas legales o convencionales y asegurar el pago oportuno de la mesada pensional a quienes tienen derecho a ello, el pensionado al momento de notificarse del acto jurídico que le reconoce su pensión, podrá solicitar por escrito, que en caso de su fallecimiento, la pensión le sea sustituida, de manera provisional, a quienes él señale como sus beneficiarios, adjuntando los respectivos documentos que acreditan la calidad de tales”.

“La solicitud deberá presentarse por duplicado, cuyo original se adjuntará al acto jurídico a través del cual se reconoció la pensión ...”.

Tal como se señaló en los antecedentes del proceso, la actora manifestó que su cónyuge en el testamento abierto que hizo, la había señalado como beneficiaria de la pensión de que aquel disfrutaba. Ahora, examinado el texto legal en precedencia, la posibilidad de la sustitución pensional está circunscrita, en principio, al momento en que se le notifica al pensionado el acto jurídico de reconocimiento de la prestación, pues es en ese instante cuando debe hacer la manifestación en favor de las personas que señale como beneficiarios, sin perjuicio de que pueda realizarlo posterior y antes de su muerte, acreditando con los respectivos documentos su calidad.

Como se observa al rompe, la situación fáctica que aquí acontece, no encaja dentro de las previsiones del artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, pues una cosa es el otorgamiento de un testamento abierto, y otra muy distinta la hipótesis que contempla dicho texto legal de permitir la sustitución provisional de una pensión para los beneficiarios que el pensionado considere como tales en el momento en que se le notifica el acto de reconocimiento de la prestación, para lo cual debe acompañar los documentos que acrediten esa condición.

Y debe advertirse que en la situación regulada por el precepto legal en comento, la sola manifestación del pensionado y la acreditación de los documentos correspondientes, no confiere per se la titularidad del derecho, pues el reconocimiento de la sustitución es apenas provisional, de manera que podría ser enervado posteriormente si se demuestra que los beneficiarios designados no ostentaban esa calidad de acuerdo con la ley.

Por tanto, no se evidencia que el tribunal hubiere infringido directamente la norma legal tantas veces mencionada, por lo que el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la demandante, dado que hubo réplica. En la liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que Martha Luidina Martínez Duarte adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».