Sentencia 40656 de febrero 20 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 51

Magistrado Ponente

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación y, en su lugar, ordenará cesar el procedimiento a favor del procesado, porque, tal como a continuación se expone, la acción penal ha prescrito.

2. Según el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, sin que sea menor de 5 años, ni exceda de 20, salvo las excepciones allí señaladas (etapa de instrucción). Conforme al artículo 86 ibídem, ese tiempo se interrumpe por la resolución de acusación debidamente ejecutoriada y comienza nuevamente a correr por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10 (etapa del juicio).

El delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 109 del Código Penal de 2000, está sancionado con una pena de 2 a 6 años de prisión. De manera que, en juicio, la prescripción sería de 5 años.

3. En este caso se tiene lo siguiente:

La resolución de acusación se profirió el 5 de septiembre de 2005 y fue confirmada en segunda instancia el 11 de octubre de 2007, cuando cobró ejecutoria. Luego, a partir del día siguiente —el 12 de octubre— empezó a contabilizarse el término de prescripción, que se completó el 12 de octubre de 2012, esto es, después de dictada la sentencia de segunda instancia pero antes de que llegara el proceso a esta corporación para resolver sobre la demanda de casación(7).

Es evidente, entonces, que transcurrieron más de 5 años durante la etapa del juicio sin que el fallo adquiriera ejecutoria.

La jurisprudencia ha sostenido que cuando la verificación de esa causal de cesación de procedimiento no requiere, por parte de la Corte, esfuerzo alguno, sino que se deduce cómodamente del expediente, su reconocimiento debe hacerse de manera inmediata.

Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación y, en su lugar, declarará la prescripción de la acción penal por el delito de homicidio culposo y cesará todo procedimiento a favor de Deison Abonia.

4. La declaratoria anterior conlleva también la de la acción civil, pero sólo respecto del procesado Deison Abonia, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 600 de 2000(8), la prescripción de la acción civil, en relación con el tercero civilmente responsable, no sigue la misma suerte del proceso penal, sino que se rige por las reglas del derecho civil.

En ese orden, si bien no se declara la prescripción de la acción civil respecto de la empresa Productos Industriales del Cauca S.A. Proinca, vinculada como tercero civilmente responsable dentro de la actuación, lo cierto es que tampoco puede ser obligada a cancelar los perjuicios morales determinados en las sentencias condenatorias, habida cuenta que éstas no cobraron ejecutoria por ocurrir el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

En punto a este tema, en sentencia del 23 de agosto de 2005 (rad. 23.718), la Sala sostuvo(9):

“…la demandante parte de un presupuesto absolutamente cierto: la prescripción de la acción civil contra el tercero civilmente responsable se rige exclusivamente por los preceptos de esa legislación, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

(…).

Los ‘demás casos’ a los que se refiere la norma, sólo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (L. 599/2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (L. 600/2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a ‘las normas pertinentes de la legislación civil’”.

5. En atención a lo expuesto, se declarará prescrita la acción penal y la acción civil con relación al procesado y se cesará, en su favor todo procedimiento.

El juzgado de primera instancia devolverá las cauciones que se hubiesen prestado, tanto por Deison Abonia como por el tercero civilmente responsable; y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que el primero tenga por razón exclusiva de este proceso.

6. Por la prescripción detectada, se ordenará compulsar copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado de Deison Abonia.

2. Declarar prescritas las acciones penal y civil derivadas de la conducta punible de homicidio culposo, atribuida a Deison Abonia, en los términos señalados en la parte considerativa de este proveído. Por consiguiente, decretar a su favor la cesación de procedimiento.

3. El juzgado de primera instancia devolverá las cauciones que se hubiesen prestado, tanto por Deison Abonia como por el tercero civilmente responsable; y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que el primero tenga por razón exclusiva de este proceso.

4. Contra esta decisión no cabe recurso alguno(10).

Notifíquese y cúmplase.»

(7) El expediente fue remitido con oficio de fecha 5 de febrero de 2013.

(8) “La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.

(9) Postura reiterada en el auto del 20 de febrero de 2008 (rad. 29.235).

(10) Así se concretó la Sala en auto del 7 de noviembre de 2012 (rad. 39.843).