Sentencia 40692 de julio 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP8917-2014

Radicación 40692

Aprobado Acta 216

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D. C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones.

1. Precisiones iniciales.

1.1. Según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 (CPP aplicable al presente asunto), en armonía con lo previsto en el numeral 2º del artículo 76 de idéntico estatuto, la Corte es competente para conocer en segunda instancia la apelación del fallo de condena que por el delito de prevaricato por acción profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra GRCC, persona que para la época de los hechos atribuidos por el organismo instructor se desempeñaba como Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.

Igualmente, según el principio de limitación consagrado en el artículo 204 del estatuto procesal penal, el análisis del caso se extenderá a lo que fue objeto de impugnación por parte del recurrente, así como a los aspectos relacionados con el mismo que sean imposibles de escindir.

1.2. En aras de cumplir con el fin anterior, es de precisar que algunos de los planteamientos obrantes en la sustentación carecen de relevancia jurídico penal para que sean resueltos de fondo.

En efecto, aunque en términos generales la controversia aducida por el profesional del derecho giraba en torno de la configuración para el caso concreto del tipo penal señalado en el artículo 413 del Código Penal, igualmente propuso a lo largo de su discurso dos temas que la Corte advierte por completo inanes. Veamos:

1.2.1. El primero de ellos se encuentra circunscrito al estado mental del acusado cuando fue interrogado durante la audiencia pública. De acuerdo con la defensa, el tribunal debió aplazar tal diligencia debido a la condición psiquiátrica por la cual él atravesaba en ese entonces, pero en lugar de ello utilizó lo allí relatado para deducirle responsabilidad.

Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad. Si bien es cierto que al inicio de la audiencia pública de 27 de abril de 2012 el defensor le dijo al juez plural que GRCC «compareció a la audiencia a pesar de contar con incapacidad psiquiátrica que va desde el 5 de abril hasta el 8 de mayo de 2012»(9), a la vez que aportó los respectivos soportes, también lo es que el a quo adelantó la audiencia pública e interrogó al procesado sin caer en la arbitrariedad ni en el desconocimiento de las garantías judiciales, pues lo hizo fundado en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal allegado el 13 de enero de ese mismo año, que por lo demás le fue leído al abogado en aquella oportunidad(10), de acuerdo con el cual los problemas depresivos que le fueron diagnosticados al Juez de Ejecución no le impedían atender sus compromisos con la justicia. En palabras del peritaje:

Se solicita valoración para emitir dictamen pericial sobre la condición mental y física del dr. GRCC, conceptuando como fue solicitado por el defensor si se encuentra en condiciones mentales para afrontar el presente proceso, debido a la crisis que ha tenido que afrontar a consecuencia de su trabajo y esta causa, a raíz del cumplimiento estricto de su labor”. Se dictaminará sobre capacidad para atender asuntos legales.

[…] Conclusión

1. El examinado GRCC presenta al examen mental actual signos y síntomas compatibles con un trastorno depresivo mayor, episodio actual moderado, sin síntomas psicóticos, de acuerdo con las clasificaciones internacionales.

2. En la evaluación del examinado GRCC no se evidencia sintomatología de tipo psicótico que implique un compromiso del juicio del examinado y que le impida asumir las diligencias judiciales en el proceso que se adelanta en su contra(11).

Por otro lado, no es cierto que el contenido de lo dicho por el servidor público acusado durante la audiencia pública haya sido el sustento principal de la decisión condenatoria del tribunal, como lo sugirió el apelante. Por el contrario, el juez plural de primer grado únicamente aludió a tal interrogatorio a la hora de analizar la categoría de la culpabilidad, como dato indicativo (pero de ninguna manera el único) de que GRCC era imputable al momento de realizar la conducta. Según el a quo:

Además de lo anotado en precedencia, la Sala observa que el hecho es atribuible al doctor GRCC, en la medida en que se trata de persona imputable para la época en que fue cometido y del cual es consciente, pues tanto en la indagatoria como posteriormente en la audiencia insistió en la licitud de la decisión mediante la cual le concedió la prisión domiciliaria a WJYA, esto a pesar de que puso en duda que la referida decisión hubiese sido producida en su despacho, aspecto superado en la audiencia con la declaración de MEVV, quien bajo juramento manifestó que efectivamente dicha providencia fue la que proyectó.

Téngase en cuenta que el procesado fue sometido a examen psiquiátrico por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde el médico especialista concluyó que el examinado GRCC no evidencia sintomatología de tipo psicótico que implique un compromiso de su juicio que le impida asistir a diligencias judiciales en el proceso que se adelanta en su contra, lo que refuerza la idea de que para la época de los hechos tampoco padecía enfermedad que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos y determinarse de acuerdo con esa comprensión(12).

En este orden de ideas, la Sala no advierte anomalía sustancial alguna ni la necesidad de adoptar decisiones de invalidación de lo actuado, ni de excluir de apreciación el interrogatorio de GRCC, pues lo actuado en relación con estos supuestos es ajustado a derecho.

1.2.2. El segundo aspecto tiene relación con el supuesto trato irrespetuoso que según el recurrente recibió del tribunal en la motivación de la sentencia impugnada, tras ser calificado de ‘ladino’. En palabras del abogado:

[E]l defensor ante todo es un ciudadano, si espera tener por seguridad jurídica una sola posición respecto de una situación jurídica determinada, como lo alegue [sic] efectivamente al término del proceso, lo que no me convierte en un ladino, como me califica el tribunal en su providencia, incurriendo incluso quienes la suscriben en una falta en mi contra, ya que respecto de mi posición jurídica podrán disentir, pero por ello no me hago merecedor a que me descalifiquen, me ultrajen, como lo han hecho, ya que no soy un marrullero, como traduce el término ladino, ya que mi alegato fue frente a los magistrados, con quienes además a lo largo del juicio tuve algunas confrontaciones que considero propias de cualquier proceso, pero en manera alguna constituyen afrenta a tan alta institución judicial, la que de pronto por lo encumbrada sus integrantes creen que están en libertad de insultar y descalificar a quienes actuamos ante esos despachos judiciales(13).

La aserción del tribunal censurada por el recurrente fue aquella conforme a la cual el profesional del derecho actuó en forma ‘ladina’ cuando arguyó que la providencia de 13 de junio de 2002 era ajustada a derecho porque no fue recurrida por el representante del Ministerio Público. Es del siguiente tenor:

A partir de tal circunstancia se inicio [sic] la investigación contra GRCC, pues la decisión mediante la cual concedió la prisión domiciliaria a WJYA lamentablemente no fue recurrida por el Ministerio Público, representado por quien prestó un flaco servicio frente a la defensa de los intereses de la sociedad, pues los cuestionamientos fáctico jurídicos que le cabían a la aludida decisión saltan a la vista, máxime para cuando ese tiempo la jurisprudencia, después de algo más de 11 meses de vigencia de la Ley 599 de 2000 había fijado los derroteros que merecían tenerse en cuenta para sustituir la prisión intramural por la domiciliaria.

Luego no puede afirmarse, como ladinamente lo hizo el defensor en los alegatos de audiencia, que la decisión adoptada por su procurado fue avalada por el Ministerio Público en cuanto no la recurrió y, con menor razón, que se le haya investigado y acusado por virtud de haber operado un cambio en la jurisprudencia, toda vez que ninguna de esta [sic] circunstancias controvierte la ilicitud de su decisión. En efecto, la postura procesal de quien representa los intereses de la sociedad no tiene por fin conferir licitud a las decisiones del funcionario judicial, porque esta surge en cuanto lo resuelto se corresponda con la Constitución y la ley(14).

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término ‘ladino’ significa «[a]stuto, sagaz, taimado»(15). A su vez, ‘astuto’ quiere decir «[a]gudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin»(16); ‘sagaz’, «[a]stuto y prudente, que prevé y previene las cosas»(17); y ‘taimado’, «[b]ellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo»(18).

En el contexto de lo aludido por el tribunal, la expresión ‘ladinamente’ debe entenderse como un reproche al defensor por utilizar un argumento agudo, artificioso o calculado, pero intrascendente. No obedeció a un calificativo injurioso ni a la afirmación de haber cometido una ‘marrullería’, como lo dijo el apelante, que quiere decir «astucia tramposa o de mala intención»(19).

1.3. En este orden de ideas, el problema jurídico que la Corte analizará en este caso se circunscribirá a la realización del tipo objetivo y subjetivo imputado en la resolución de acusación, en la medida en que fue a este aspecto en especial a donde se dirigieron las demás apreciaciones del apelante.

2. De la realización de la conducta punible.

2.1. El delito de prevaricato por acción de que trata el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 señala que el «servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley» incurrirá en sanciones de prisión, multa e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El tipo objetivo, por consiguiente, contiene un sujeto activo calificado («servidor público»), un verbo rector («proferir») y dos ingredientes normativos: «dictamen, resolución o concepto», por un lado, y «manifiestamente contrario a la ley», por el otro.

En lo que a este último aspecto atañe, la Sala ha sido enfática y reiterativa en considerar que su configuración no sólo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos o procesales que el servidor público expone en el acto judicial o administrativo cuestionado (o la ausencia de aquellos), sino también el análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo adoptó, así como de los elementos de juicio con los que contaba al momento de proferirlo:

[L]a ley, a cuyo imperio están sometidos los funcionarios judiciales en sus decisiones, no surge pertinente al caso concreto de manera automática, sino como fruto de un proceso racional que le permite al juez o al fiscal determinar la validez, vigencia y pertinencia de la norma a la que se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver.

Pero esa que es, o intenta ser, la verdad jurídica es apenas una parte del contenido de una providencia judicial. Esta se halla igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto corresponde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la prueba recaudada, siendo necesario que entre esta y aquella exista una correspondencia objetiva en cuanto las específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el acontecimiento fáctico, [que deben] estar demostradas con el material probatorio recaudado en la actuación. El prevaricato puede entonces ocurrir en uno de los dos aspectos de la solución del problema jurídico. En el fáctico o en el jurídico. O en los dos simultáneamente, pero, en todo caso, el uno no puede desligarse del otro en cuanto la función judicial consiste precisamente en determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos(20).

Por consiguiente, el carácter manifiestamente ilegal del dictamen, resolución o concepto puede comprender, además de temas jurídicos (relativos a la interpretación de la ley o al trámite adelantado), problemas fácticos, es decir, que no solo concierne a caprichosas discordancias con la ley, también a apreciaciones probatorias sesgadas u opuestas a la realidad de lo actuado que propendan por brindar una apariencia de adecuada motivación a un pronunciamiento que, en últimas, es tan ilícito como grosero y ostensible en dicho aspecto.

2.2. En este asunto, no es objeto de discusión la calidad de servidor público por parte de GRCC en la fecha en que ocurrió su comportamiento (jun. 13/2002). Dicha cualificación, por lo demás, se halla suficientemente acreditada con los medios de prueba obrantes en el expediente, entre otros, con los certificados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, según los cuales el procesado se desempeñaba como Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá desde el 1º de enero de 1995 hasta mucho después de la época en la que profirió el auto cuestionado(21), circunstancia de la cual se deriva sin lugar a equívocos que para aquel entonces conservaba la condición especial requerida por el tipo objetivo.

Tampoco es materia de debate que la repartición del expediente del condenado WJYA al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas estuvo precedida de actos fraudulentos por parte de los servidores públicos del Centro de Servicios Administrativos, particularmente del escribiente HMEC, persona a la que, en otra actuación penal, la Fiscalía le atribuyó (i) recibir el expediente del despacho del Juez Doce de Ejecución con el fin de remitirlo al reparto de los juzgados de Villavicencio; (ii) en lugar de ello, asignarle un nuevo número de radicación para repartirlo de nuevo entre los de Bogotá; y (iii) enviarlo al Juzgado Tercero de manera incompleta, entregando solo seis (6) de los ocho (8) cuadernos que lo integraban, de suerte que ocultó los dos (2) restantes, siendo estos encontrados en una diligencia de allanamiento practicada el 20 de noviembre de 2003 en el sitio que había sido su lugar de residencia(22).

Lo que controvierte el profesional del derecho es, por un lado, que la decisión emitida por el juez GRCC fue ajustada a derecho y, por otro, que él no tuvo conocimiento alguno acerca de los actos irregulares que precedieron el reparto a su despacho y que imposibilitaban la emisión de tal pronunciamiento.

Como el primer aspecto alude a la configuración del tipo objetivo, y de manera más concreta al elemento normativo «manifiestamente ilegal», y como el segundo también apunta a la demostración del elemento subjetivo del tipo (dolo), la Sala los abordará en el referido orden.

2.3. El auto de 13 de junio de 2002, por medio del cual el juez GRCC dispuso concederle la prisión domiciliaria a WJYA, contiene, además de las apreciaciones acerca de la procedencia del requisito objetivo contemplado en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 (respecto del cual no hay discusión alguna), una motivación relacionada de manera exclusiva con el aspecto subjetivo, en el sentido de que el condenado no representa un peligro para la comunidad porque la conducta punible por él realizada no era de una gravedad evidente y los documentos aportados por la defensa señalaban un buen comportamiento personal y familiar.

En palabras del Juzgado Tercero de Ejecución:

Así las cosas, considera este Despacho que WJYA es acreedor a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, toda vez que, además de permitirlo así el factor objetivo cuántico de la pena imponible, su personalidad, como aspecto subjetivo y social, al igual que los supuestos relativos al aspecto familiar, como lo demuestran los documentos allegados al expediente, permiten deducir fundadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena impuesta, pues en verdad, a pesar de haber cometido un delito de entidad grave, hay que admitir que no ha desbordado su conducta descendiendo al bajo fondo de lo atroz como modalidad reprochable y de necesario tratamiento penitenciario, amén que el espíritu del legislador en la nueva ley penal y de procedimiento fue el de descongestionar las cárceles y darle a las personas que no son abesados [sic] delincuentes, como en el presente evento, la oportunidad de sustituir la cárcel por su residencia, en donde tendrá mejores condiciones de vida y dignidad, no obstante continuar en su condición de persona privada de la libertad, razón por la que, al no encontrar fundamento válido que lo impida, se procederá a conceder al señor WJYA la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, que será cumplida en el lugar de su residencia, previa suscripción de diligencia de compromiso en los términos del numeral 3º del artículo 38 del Código Penal […](23).

Los documentos a los cuales aludió el juez procesado en la sustentación acerca de la procedencia del mecanismo sustitutivo fueron los siguientes:

(i) Certificado de la Junta de Acción Comunal del barrio La Trinidad, de acuerdo con el cual WJYA es «una persona honesta, responsable y cumplidora con sus deberes ciudadanos»(24) y «no se constituye como un peligro para nuestra comunidad»(25).

(ii) Escrito firmado por el capellán de la clínica San Rafael, en el que sostiene que el condenado es una «persona honesta, trabajadora, responsable, de buenos principios éticos y morales, al igual que de buena conducta individual, familiar y social»(26).

(iii) Declaración ante notario de JFMM según la cual WJYA «es un buen ciudadano, solidario y colaborador con la comunidad, además de ser un buen hijo, hermano, esposo y padre»(27).

(iv) Documento suscrito por el sacerdote de la parroquia Los Doce Apóstoles de Pueblo Rico (Antioquia), en el que anotó que el sentenciado «reside en este barrio»(28).

(v) Certificado de la Junta de Defensa Civil La Trinidad conforme a la cual WJYA es persona «cumplidora de su deber, buen ciudadano, colaborador con la junta y la comunidad»(29).

(vi) Escrito firmado por la jefe de personal de la empresa Multinversiones S. A., en el sentido de que el condenado es «un buen ciudadano que en absoluto representa peligro para la comunidad»(30).

Y (vii) declaración ante notario de HMVM, de acuerdo con la cual WJYA es «de una conducta intachable tanto individual, familiar y social, un hijo ejemplar, buen hermano, un padre y esposo de admirar; en general, una persona ajena a cualquier tipo de problema»(31).

Por otra parte, en el fallo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá de 19 de mayo de 1998, se advierte que WJYA fue condenado por las conductas punibles de hurto agravado y falsedad en documento privado, ambas en concurso homogéneo y sucesivo, tras haberse apoderado en 1992 de un total de $526’359.618, aprovechándose de su condición de empleado del Banco Ganadero, para lo cual alteró el contenido de los documentos y certificados contables que manejaba la institución crediticia. Así lo describió el juez de conocimiento:

Los [hechos] se remontan a los meses de octubre y noviembre de 1992, época en que el aquí procesado laboraba para el Banco Ganadero, sucursal Indumil, entidad en la que tenía cuenta corriente el Ministerio de Defensa nacional; en razón de lo anterior, esta ordenó hacer traslados de fondos a nivel nacional, situación que aprovechó WJYA, después de cuadrado el movimiento diario, para hurtar los documentos originales correspondientes al cuadre contable de sucursales y agencias de la oficina de Indumil, y los sustituía por consignaciones nacionales que abonaba irregularmente a través del sistema SAFE y RJE como a continuación se plasma: para la cuenta corriente XXXX de la ciudad de Medellín, la cantidad de $305’224.387,30; de ahorros Ganadiario en esta misma ciudad XXXX, la suma de $64’734.655,27; para la cuenta de ahorros Ganadiario XXXX de la ciudad de Pereira, $21’452.890,41; y, finalmente, para la ciudad de Cali a la cuenta XXXX, $134’947.685,80; de las dos primeras era titular JEOW y de la última este y GBT; fue así como transfirió ilícitamente fondos por un gran total de $526’359.618,78, que debería haber hecho legalmente para las ciudades de Leticia, Yopal, Saravena, Puerto Berrío y Barrancabermeja, es decir, que estas sucursales quedaron pendientes por conciliar en cantidades de $59’934.460, $48’599.750, $130’464.053,17, $237’393.387,20 y $49’967.968,41, respectivamente, pues para esa época él era el encargado del trámite de las consignaciones nacionales, de preparar los comprobantes contables de sucursales y agencias para las oficinas que no tinnian [sic] sistema SAFE y RJE; posteriormente debía pasar esos documentos para la firma de los funcionarios respectivos e, igualmente, tenía entre sus funciones el aplicar las tablas de control de giros para las transacciones(32).

Igualmente, en dicha providencia se sostuvo dentro de la parte motiva que el procesado ‘emprendió la huida’ después de realizar las conductas objeto de reproche, de manera que ni siquiera ejerció su derecho a la defensa material en la aludida actuación. Es decir, que en ningún momento atendió a los llamados de la administración de justicia.

En palabras del Juzgado Cuarto Penal del Circuito:

WJYA, luego de agotada la anterior actividad orientada a defraudar los intereses del Banco para el que trabajaba, resolvió emprender la huida, y hasta la fecha no ha sido posible que se ponga a derecho, por lo que el instructor hubo de declararlo persona ausente previo el agotamiento de emplazamiento. De lo anterior y de los varios elementos de juicio se demuestra lo que viene de puntualizarse, esto es, que se está frente a una conducta que vulneró el bien jurídico tutelado por el legislador, que no es otro que el del patrimonio económico, como quiera que existió apoderamiento de $526’359.618,79(33).

2.4. Le asiste la razón al tribunal cuando sostuvo en el fallo impugnado que dicha decisión riñe de manera evidente con el derecho.

En primer lugar, en el auto de 13 de junio de 2002, el juez GRCC, más allá de aserciones genéricas acerca de la gravedad del delito o de la intención del legislador en materia del régimen de privación de libertad, tan solo trajo a colación, en su discurso acerca del requisito subjetivo previsto en el artículo 38 del Código Penal, los documentos aportados por la defensa a modo de sustento objetivo (esto es, como datos susceptibles de verificación o refutación) para la procedencia del mecanismo sustituto.

Lo anterior implicaba que el funcionario encargado de la ejecución de la sanción no tuvo en cuenta circunstancias de evidente relevancia jurídica para los fines de determinar si WJYA representaría un peligro para la comunidad o evadiría el cumplimiento de la pena, como la naturaleza y modalidad de los injustos por él perpetrados, el daño a los bienes jurídicos protegidos (por ejemplo, apoderarse de $526’359.618 en 1992, suma equivalente, en la actualidad, a $4.973’731.012(34)), los medios fraudulentos empleados, etc., al igual que la conducta de renuencia y evasión asumida por el procesado en la actuación penal, aspectos que sobresalían de la sola lectura del fallo de condena ejecutoriado.

En segundo lugar, es cierto, como lo sostuvo el tribunal, que para la época en que fue proferida la providencia debatida (jun. 13/2002) la jurisprudencia de la Corte ya había decantado de manera suficiente el tema de la valoración que debía efectuar el juez en aras de establecer la procedencia o no del requisito contemplado en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 («[q]ue el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir, fundada y motivadamente, que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena»), en el sentido de que para ello debía ser objeto de apreciación judicial la gravedad, modalidades y circunstancias bajo las cuales se incurrió en el comportamiento, así como los antecedentes de todo orden del reo, pero analizados a la luz de las funciones de la pena (prevención general —positiva y negativa—, prevención especial, reinserción social, retribución justa y protección al condenado).

De esta manera lo explicó la Sala en el auto CSJ AP, 16 ago. 2001, Rad. 18506:

El examen de las características familiares, laborales y sociales del acusado, en orden a la sustitución de que se trata, es un procedimiento exigente que debe adelantarse de manera seria y ponderada, en cuanto que su finalidad se encuentra enmarcada en la necesidad de que el procesado no vuelva a colocar en peligro la comunidad, aparte, claro está, de establecer que el domicilio constituya un ambiente propicio para el cumplimiento de los fines de la pena y garantizar su efectivo descuento.

Lo anterior significa tener como norte, entre otras funciones de la pena, la de prevención general, como mecanismo de protección a la sociedad de la comisión de nuevos delitos, pues una concesión ligera del beneficio, basada en un errado pronóstico, puede dar al traste con esta función (C.P., art. 4º), la que obviamente por sí misma no puede neutralizar la consecución de las restantes.

En el subjúdice, el examen debe efectuarse a partir del juicio de responsabilidad que realizó el Tribunal en la sentencia de primera instancia […]

La gravedad de los hechos es puesta de manifiesto en la sentencia de primera instancia al calificar como evidente el desprecio absoluto de los actores por el respeto a la función pública que confiadamente se les había encomendado, y señalar que mostraron indiferencia y desconsideración por los derechos de los semejantes a cambio de imponer su lucro personal.

[…] En ese sentido, el legislador establece en el artículo 38 del Código Penal una orientación sobre la ejecución de las sanciones, al tener como primordiales los fines de protección de la sociedad y prevención general, por encima de consideraciones relacionadas con la retribución y resocialización.

O, igualmente, en el auto CSJ AP, 18 sep. 2001, Rad. 15610:

Este último presupuesto obliga a realizar un análisis objetivo sobre el entorno laboral, personal, familiar o social del sentenciado, en orden a producir un diagnóstico-pronóstico sobre las condiciones en que se desenvolverá el condenado en caso de posibilitarse que la ejecución de la pena continúe en el lugar de su residencia.

El examen de las características familiares, personales, laborales y sociales del condenado, de cara a la medida, significa tener como norte las funciones de la pena y las antinomias que entre ellas se presentan.

E incluso, en la providencia CSJ AP, 16 ago. 2001, rad. 16444, la Sala adujo que la no comparecencia del procesado a la actuación era un factor suficiente para la improcedencia del mecanismo en su aspecto subjetivo o personal:

No ocurre lo mismo con el elemento subjetivo, pues de conformidad con las constancias procesales, una vez se dictó sentencia de primera instancia contra la procesada negándole la ejecución condicional de la pena y disponiendo la revocatoria de la detención domiciliaria y su traslado a un centro de reclusión, abandonó su residencia con paradero desconocido, haciendo imposible la notificación personal de esa decisión y la privación efectiva de su libertad no empece(sic) haberse contado con el concurso del DAS, actitud de abierta rebeldía con las decisiones judiciales que impiden a la Corte deducir seria, fundada y motivadamente que no evadirá el cumplimiento de la pena de prisión descontándola en su residencia.

No sobra recordar que éstos u otros pronunciamientos de similar índole fueron transcritos en la sentencia de primera instancia(35).

En tercer lugar, aunque el juez de ejecución procesado aludió a los documentos aportados por la defensa, en realidad no estableció las razones fácticas o jurídicas por las cuales éstos servirían para establecer la procedencia de mecanismo de sustitución por el aspecto subjetivo. De esta manera, la sola mención de escritos en los cuales figuran afirmaciones acerca de lo buen vecino, padre, esposo, amigo, etc., que era WJYA, sin un análisis serio y fundado desde una perspectiva jurídica (como la de las funciones de la pena), no deja de ser una referencia a juicios morales que, en tanto tales, carecen de solidez para el reconocimiento del mecanismo de la prisión domiciliaria.

2.5. Los argumentos empleados por la defensa en la sustentación de la apelación con el fin de desvirtuar la anterior postura (que en términos generales fue la sostenida por el tribunal) y por el contrario afirmar que el auto de 13 de junio de 2002 fue ajustado a derecho, resultan poco convincentes.

En efecto, además de la aserción de acuerdo con la cual la decisión del servidor público fue acertada al fundarse tan solo en los documentos allegados por la defensa —criterio que en forma contundente ya fue refutado en el apartado anterior (2.4)—, manifestó el recurrente que respaldaba la legalidad de la providencia el hecho de que WJYA cumplió la sanción impuesta desde su lugar de residencia sin problema alguno, lo que significa que él no representaba un peligro para la comunidad ni pretendía evadir la pena.

Esta circunstancia, sin embargo, era irrelevante, pues la apreciación acerca de la sujeción a la ley de la concesión del mecanismo sustitutivo debe efectuarse en forma ex ante, es decir, con fundamento en los elementos de juicio que tenía el funcionario a la hora de adoptar su determinación, y no de manera ex post, esto es, a la luz de todos los datos a la postre conocidos (como lo sería el efectivo cumplimiento o no de la pena por parte del condenado). Solo así era posible establecer si GRCC creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la administración de justicia, dadas las exigencias legales para el otorgamiento de la prisión vigentes.

Sugirió asimismo el defensor que la decisión proferida por el aquí procesado se ajustaba a la ley porque reconocía una mejor situación jurídica al admitir la sustitución de la pena privativa de la libertad. No obstante, con la entrada en vigencia de los artículos 38 de la Ley 599 de 2000 y 477 numeral 2º de la Ley 600 de 2000 (preceptos que facultaban al juez de ejecución para sustituir la prisión en centro carcelario por reclusión en el lugar de residencia, aun para los eventos sometidos al Decreto-Ley 100 de 1980 y el Decreto 2700 de 1991), la obligación del funcionario se reducía a estudiar la solicitud de prisión domiciliaria proveniente del condenado, no necesariamente a concedérsela, pues para ello él tenía que satisfacer los requisitos contemplados en la primera norma (C.P., art. 38), circunstancia que, como se analizó, no acontecía en este caso.

Adujo igualmente que las citas jurisprudenciales traídas a colación por el tribunal no eran aplicables en el presente asunto porque se referían a delitos más graves y distintos a los de hurto agravado y falsedad en documento privado por los cuales había sido condenado WJYA. Pero la tesis jurídica que se extraía de los precedentes no tenía relación directa con la naturaleza de los injustos atribuidos, sino con el deber funcional de abordar el factor subjetivo del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 teniendo en consideración los antecedentes de todo orden del procesado analizados bajo la perspectiva de los fines de la pena, obligación que dejó de cumplir el juez GRCC.

También manifestó la defensa que el funcionario de ejecución no tenía que analizar los antecedentes ni demás aspectos discutidos en la fase del proceso, pues de lo contrario se vulneraría el principio de no recaer dos veces en lo mismo. Sin embargo, la Corte, en providencias como CSJ SP, 28 nov. 2001, rad. 18285, y CSJ AP, 14 mar. 2002, rad. 7026 (es decir, en decisiones anteriores a la fecha de los hechos que aquí nos ocupan), ya había señalado que no se desconoce tal garantía si el juez, una vez valoradas las funciones de la pena para efectos de fijar el monto de la sanción punitiva, vuelve a apreciarlas en aras de establecer si procede la sustitución de la prisión por la reclusión domiciliaria:

Significa lo anterior que tanto para imponer como para ejecutar la prisión domiciliaria en sustitución de la prisión carcelaria deben tenerse en cuenta también las funciones de la pena que tienen que ver con la prevención general y la retribución justa(36).

Por otro lado, adujo el profesional del derecho que las declaraciones de MHVV, JHTM y AJCH apoyaban la correspondencia de la decisión adoptada por el juez GRCC con el orden jurídico.

Durante la audiencia pública de juzgamiento, MHVV(37), asistente jurídica del Juzgado Tercero de Ejecución, manifestó, además de aspectos concernientes al reparto de los asuntos propios del despacho, las razones por las cuales proyectó el auto de 13 de junio de 2002 de la forma en que quedó escrito. Lo expresado por esta persona en este último aspecto es irrelevante, en la medida en que la sujeción a la ley de una decisión judicial no debe fundarse en la opinión de las personas, sino en lo que las normas regulan al respecto.

Por su parte, JHTM(38), Juez Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se refirió a (i) los problemas de congestión de los juzgados, el alto volumen de expedientes y la imposibilidad por parte de los funcionarios de controlar debidamente los procesos que tenían a su cargo; (ii) la ausencia de comunicación por parte del Inpec acerca de los traslados de los presos; (iii) las dificultades en la repartición de los asuntos y su radicación; (iv) los distintos criterios de los juzgados a la hora de adoptar decisiones; (v) la ausencia de jueces de ejecución de penas en la ciudad de Girardot; (vi) el hecho de que para resolver las peticiones no se subían las actuaciones a los despachos, medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura; (vii) las distribuciones de las cargas laborales entre los empleados de cada juzgado; y (viii) la competencia de los jueces de ejecución cuando el condenado está recluido en un establecimiento carcelario adscrito a otro distrito judicial.

Los anteriores aspectos no eliminan la ilicitud del auto de 13 de junio de 2002. Aun en el evento de congestión por el volumen de trabajo, ello no lo exoneraba del deber de analizar la procedencia del mecanismo sustitutivo con fundamento en la naturaleza y modalidades bajo las cuales el agente perpetró la conducta por la cual fue sentenciado, así como las demás circunstancias obrantes en las decisiones de instancia que tuvieren relevancia para efectos de valorar su desempeño en la sociedad. En otras palabras, la obligación del juez (deber ser) no podía ser excluida o alterada por la forma como en realidad ejercía sus funciones (ser).

Y, a su vez, AJCH, citador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, habló acerca de la frecuencia con la que no podía notificar los autos en los establecimientos penitenciarios de esta ciudad debido a que los internos habían sido trasladados a centros adscritos a otras jurisdicciones. Esta circunstancia no solo es inane frente al tema de lo que aquí se discute, sino también en relación con la ausencia de competencia del juez, como será tratado más adelante.

En este orden de ideas, es acertado argüir que la decisión adoptada por el servidor público en ejercicio de sus funciones, consistente en concederle la prisión domiciliaria a WJYA, fue parcializada e inmotivada, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, conforme lo estimó el cuerpo colegiado a quo.

2.6. Un tema de mayor relevancia consiste en establecer si la determinación adoptada en el auto de 13 de junio de 2002 por el juez de ejecución, que resulta contraria al orden jurídico, puede ser catalogada como ‘manifiestamente ilegal’ en los términos del artículo 413 de la Ley 599 de 2000.

La constancia de 14 de junio de 2002 suscrita por el procesado GRCC, como Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al asesor jurídico del establecimiento penitenciario de Girardot, por medio de la cual le informó acerca de la medida sustitutiva que le reconoció al condenado WJYA, es del siguiente tenor:

El suscrito juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santafé de Bogotá D. C.,

Al señor

Asesor jurídico de la Penitenciaría Nacional de Girardot,

Hace saber

Que dentro del proceso XXXX fallado en contra de WJYA, identificado con cédula de ciudadanía XXXX expedida en Puerto Rico (Antioquia), se profirió auto en el que se dispuso comisionarlo para efectos de suscribir diligencia de compromiso en los términos del artículo 38 del Código Penal, la cual se adjunta y tramitar la boleta de prisión domiciliaria al interno en mención, quien en adelante cumplirá la pena principal impuesta en la carrera XXXX de Bogotá.

El sentenciado en mención se halla privado de la libertad en esa Penitenciaría, según lo indicado en la Sala de Detenidos del DAS.

Para los fines legales consiguientes, se libra el presente, adjuntando copia de la providencia en mención, en Bogotá D.C., a los catorce (14) ías [sic] del mes de junio de dos mil dos (2002).

El juez,

GCC(39).

Dicho escrito indica que el funcionario judicial adoptó la decisión de otorgar el mecanismo sustitutivo sabiendo que carecía de competencia para ello, pues teniendo su sede en Bogotá había decidido un asunto que no pertenecía a su órbita territorial dado que el condenado estaba privado de la libertad en Girardot.

En efecto, el inciso final del artículo 81 de la Ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos, consagra que, por el factor territorial, la competencia radica para «[l]os jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad en el respectivo distrito».

Así mismo, el parágrafo transitorio del artículo 79 de este estatuto adjetivo señala que «[e]n aquellos distritos judiciales donde no se hayan creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, cumplirán estas funciones, mientras tanto, los jueces de instancia respectivos».

Circunstancias como la señalada por el juez JHTM, según las cuales el Inpec no les informaba a los funcionarios de ejecución de los traslados de los presos de una jurisdicción a otra, o la del citador AC, de acuerdo con la cual era frecuente que la notificación a los internos resultaba fallida debido a que habían sido enviados a cárceles por fuera de Bogotá, terminan siendo irrelevantes en este asunto, toda vez que, de haber sido ese el caso, el deber del funcionario de ejecución, en virtud de los principios de juez natural y estricta legalidad, consistía, una vez enterado del hecho que le excluía de competencia, en remitir de manera inmediata al respectivo funcionario la actuación para resolver lo que en derecho correspondiera, según lo establecido por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.

Lo anterior incluso fue reconocido por el testigo de la defensa JHTM. En palabras de este juez de ejecución:

Donde no hay… lo normal es que donde esté el preso debe estar el proceso. Si allá no hay juez de ejecución de penas, entonces se remite, y desde Bogotá o desde donde esté el fallador de ahí conoce el proceso(40).

Tampoco es relevante que en Girardot no hubiera jueces de ejecución de penas, como lo advirtió el juez TM, dado que el artículo 79 de la Ley 600 de 2000, arriba transcrito, le asigna en estos casos el conocimiento del asunto al funcionario de instancia, condición de la cual carecía el procesado; por lo tanto, en el presente evento, cuando el defensor, una vez notificado del auto de 13 de junio, informó al día siguiente que «actualmente, el señor Yepes Ardila se encuentra en la Penitenciaría Nacional de Girardot»(41), tal como consta en la actuación procesal, el juez GRCC, en lugar de librar un despacho comisorio informándole al director de la institución acerca de la medida sustitutiva adoptada, debió remitir el expediente de manera inmediata al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, autoridad que había dictado el fallo condenatorio.

En este orden de ideas, el carácter manifiestamente ilegal del proveído de 13 de junio de 2002 suscrito por el procesado no solo se revela a partir de la decisión de concederle la prisión domiciliaria a WJYA pese a no concurrir el aspecto subjetivo previsto en el artículo 38 del Código Penal, sino además por cumplir tal decisión sabiendo que carecía de competencia territorial para hacerlo, pues el condenado estaba recluido en un centro carcelario de Girardot (Cundinamarca), y no en uno de Bogotá.

2.7. Es cierto que, por motivos que la Corte no alcanza a dilucidar, el tribunal de primera instancia no consideró en la providencia impugnada el anterior aspecto, fundamental para concluir que el auto de 13 de junio de 2002 fue prevaricador.

Ello, sin embargo, no constituye obstáculo para que tal circunstancia sea abordada por la Sala, en la medida en que, por un lado, esta fue imputada en la resolución de acusación, además de debatida en audiencia pública, como se desprende de los testimonios reseñados en precedencia (2.5). De acuerdo con el pliego de cargos de primera instancia:

De los cargos atribuidos en la indagatoria, se desprende que la decisión cuestionada por las cuales se atribuye la conducta punible denominada prevaricato por acción corresponde al auto del 13 de junio de 2002 proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dentro del proceso radicado con el número XXXX —o XXXX— contra WJYA, mediante el cual otorgó prisión domiciliaria de una condena de ochenta y cuatro (84) meses de prisión por el delito de hurto agravado en concurso con falsedad en documento privado que había emitido el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, según sentencia de 19 de mayo de 1998.

Decisión cuestionada por haber conocido de este proceso y tomado decisiones sin tener la competencia ni haber realizado un estudio jurídico de las actuaciones que antecedía la petición y con ello realizar un juicio de valor jurídico y fáctico conforme a derecho, para verificar si era o no procedente la solicitud.

[…] Ahora bien, de lo anterior y de lo evidenciado en la inspección judicial que ordenó practicar la Delegada 52 en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al proceso seguido contra WJYA (fls. 105 y ss. cdno. 5), se tomaron copias de un cuaderno del cual se allegó en el anexo número cuatro (4) a esta investigación, y se encontró a folio 53 del anexo 4 la existencia de un memorial del abogado defensor RFM, donde informa que el señor WJYA cumplía con el pago de la caución ordenada en su decisión del 13 de junio de 2002 y al tiempo comunicaba que el condenado se encontraba cumpliendo descuento de pena física en la Penitenciaría Nacional de Girardot y en folio seguido el Juez Tercero ordena en despacho comisorio al asesor jurídico de la penitenciaría de Girardot suscribir acta de compromiso y diligenciar boleta de prisión domiciliaria, significando lo anterior el evidente conocimiento del doctor CC respecto a que el condenado no se encontraba en la ciudad de Bogotá y, en consecuencia, la carencia de competencia para tomar decisiones al respecto(42).

Y, por otro lado, el funcionario GRCC fue interrogado al respecto desde la diligencia de indagatoria, frente a lo cual otorgó respuestas poco convincentes, pues no explicó las razones por las cuales brindó efectos a lo ordenado en la providencia de 13 de junio de 2002, en lugar de subsanar la irregularidad presentada con el tema de la competencia, pese a reconocer en un principio que los jueces de ejecución de penas sólo tenían atribuciones para conocer de asuntos de personas privadas de la libertad en la respectiva jurisdicción. En palabras del sindicado:

Preguntado. Infórmenos por favor la jurisdicción de los jueces de ejecución de penas de Bogotá. Contestó. Vigilamos ejecución de la pena de sentencias dictadas por jueces de Bogotá y de otras ciudades del país para personas privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá y personas no privadas de la libertad, pero cuya sentencia fue dictada también por un juez de esta capital. […]

Preguntado. Dentro de la investigación radicada bajo el número 107 adelantada por la Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Grupo de Trabajo para Investigación de funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía, se le investiga porque en su condición de Juez Tercero de Ejecución de Penas, sin ser competente para ello por cuanto el proceso había sido asignado previamente al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y además físicamente se encontraba el condenado en la Colonia Penal de Oriente de Acacías, Meta [sic], usted, con fecha 13 de junio de 2002, otorgó prisión domiciliaria a favor de WJYA […] ¿Qué dice al respecto? Contestó. No es cierto que el Juzgado a mi cargo no tuviera competencia para aprehender el conocimiento de la actuación que se menciona, toda vez que el proceso fue asignado de manera legal y a través de software de gestión judicial al juzgado de mi cargo. Si existió un doble reparto, esa situación no le puede ser achacada al suscrito por cuanto los jueces nunca intervenimos en esa clase de diligencias. Y si se tomaron decisiones dentro del mismo, fue porque el suscrito Juez tenía competencia para ello, no solo antes de que se supiera que había sido aparentemente repartido también al Juzgado Doce, sino después de que se tuviera conocimiento de ello, porque las decisiones las debe tomar el juez en manos de quien esté el proceso y si no se remitió al Juzgado Doce fue porque precisamente la radicación válida[mente] registrada en el sistema era la que había correspondido al despacho a mi cargo. Por otra parte, los jueces de ejecución de penas de esta capital tenemos competencia para resolver todo lo concerniente a los procesos dentro de los cuales es colocado a disposición un condenado o condenada que haya sido privado de la libertad. Quiero aclarar que en el sistema de gestión judicial no estaba radicado el proceso inicialmente asignado de manera gradual al Juzgado Doce, sino el asignado a mi despacho a través del software de gestión una vez que la firma contratada por el honorable Consejo Superior de la Judicatura ingresó al mismo todos los datos del proceso o de los procesos cuya ficha técnica fue elaborada por personas ajenas a Ejecución de Penas. Por otra parte, el honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial, por vía de tutela, nos ha ordenado resolver en otros eventos peticiones de las partes cuando el proceso está en conocimiento del juzgado, así la persona condenada esté privada de la libertad en otra ciudad y el despacho que eventualmente podría tener la competencia por esa situación no sea el mismo que está tomando la decisión(43).

Por consiguiente, tal aspecto materia de atribución fue conocido y además controvertido por la defensa a lo largo de todo el proceso. Adicionalmente, de manera vaga e imprecisa aludió el juez procesado que una tutela del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al Juzgado Tercero Penal del Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad resolver una petición de libertad de un condenado recluido en un centro carcelario perteneciente a otra jurisdicción, esto, a pesar de no estar suficientemente fundado, tampoco implicaba que debía acogerlo de manera sistemática para el resto de los asuntos, no sólo porque las decisiones de tutela únicamente tienen fuerza vinculante entre las partes, sino porque adoptar una política en tal sentido representaría un abierto menoscabo de la órbita funcional de los jueces y, en general, de la legalidad en el Estado de Derecho.

2.8. Ahora bien, el defensor tiene razón cuando adujo que en el proceso no había medio de prueba alguno que estableciese el conocimiento por parte de GRCC acerca de la situación irregular que precedió el reparto de las diligencias al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Pero dicha circunstancia no incide para nada en la conclusión de la manifiesta ilegalidad del auto de 13 de junio de 2002 por él proferido, sobre todo cuando esta persona actuó a sabiendas de que carecía de competencia para resolver una solicitud de sustitución de prisión en establecimiento carcelario a prisión domiciliaria.

Así mismo, hay elementos de juicio suficientes para establecer, en grado de certeza, que el aquí procesado obró con conocimiento de todos los aspectos que de manera objetiva integran el tipo del artículo 413 del Código Penal, así como con la intención de vulnerar el bien jurídico de la administración pública.

Lo anterior no sólo se deriva de la situación típica atrás estudiada, sino también de la hoja de vida del juez GRCC, una persona que, como ya se advirtió (2.2), ejercía como Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá desde el 1º de enero de 1995, y antes de eso como Juez Cuarenta y Uno Penal del Circuito de esta misma ciudad, desde el 13 de diciembre de 1994(44).

Así se refirió el funcionario a su propia hoja de vida en la diligencia de indagatoria:

[H]ice […] en el año como 60 o 70 Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia, terminé en el año 78 y me gradué en el año 80, hice un posgrado en la Universidad Libre en derecho procesal en el año 1979, no recuerdo exactamente el año del grado, un posgrado en la Universidad Nacional de Ciencias Penales y Criminológicas, no recuerdo en qué año, después del año 84, 85 más o menos; he hecho varias capacitaciones, una que recuerde con ICITAP que la dictaron los norteamericanos en derechos humanos hace como unos 10 años, otras capacitaciones, pero en el momento no las tengo presentes. […] Yo empecé como desde citador del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá, eso fue en el año 1972, posteriormente fui escribiente del Juzgado 15 Superior, asistente judicial de la Fiscalía 20 Superior cuando en esa época se denominaba Fiscalía pero dependía de la Procuraduría General de la Nación, auxiliar de magistrado, juez en varias ciudades del país, en la ciudad de Cúcuta fui Juez Primero de Distrito Penal Aduanero, no recuerdo exactamente fechas, eso fue del año 80 al 82, en Santa Marta fui juez de instrucción penal aduanera, se llamaba así entonces, esos juzgados ya se extinguieron […] y aquí en la ciudad de Bogotá, desde aproximadamente mayo de 21.991 [sic] me nombraron Juez Penal del Circuito hasta finales de 1994 cuando el juzgado a mi cargo fue convertido en ejecución de penas y medidas de seguridad, cargo que desempeño desde esa fecha hasta la actualidad(45).

Con tales antecedentes, que indican una vida dedicada al derecho y al servicio público, es sumamente difícil pensar que la emisión del auto de 13 de junio de 2002 por parte del juez procesado obedeció a error, ignorancia, descuido o actuación fraudulenta de un tercero. En otras palabras, también le es atribuible al juez GRCC la realización del tipo subjetivo de prevaricato por acción de que trata el artículo 413 del Código Penal y le fuera atribuido en la resolución de acusación.

3. Conclusiones.

En este orden de ideas, y dado que en el comportamiento típico del inculpado no medió cumplimiento de deber jurídico alguno, ni cualquier otra circunstancia o precepto permisivo que justifique o devengue en lícita la conducta, aunado a que GRCC es una persona imputable, esto es, que en el momento de vulnerar el bien jurídico tuvo capacidad para comprender la licitud de su acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión, la Corte, por las razones expuestas, confirmará el fallo de condena emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Finalmente, sería del caso corregir la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta por el a quo, que está prevista como sanción principal en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, toda vez que ésta oscila de cinco (5) a ocho (8) años o, lo que es lo mismo, de sesenta (60) a noventa y seis (96) meses, y el tribunal la individualizó como si fuese idéntica al lapso de privación de la libertad, es decir, en cincuenta y un (51) meses, aplicando de manera incorrecta el artículo 52 inciso 3º del Código Penal(46).

Sin embargo, la Sala no hará pronunciamiento alguno en tal sentido, puesto que la defensa fue recurrente único y, por lo tanto, impera el principio de la prohibición de reforma en perjuicio.

V. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar el fallo impugnado.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(9) Folio 83 del cuaderno II del Tribunal

(10) Ibídem.

(11) Folios 22 y 30 ibídem.

(12) Folios 131-132 ibídem.

(13) Folio 153 ibídem.

(14) Folios 119-120 ibídem.

(15) Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, 2001, tomo h/z, p. 1341.

(16) Ibídem, tomo a/g, p. 234.

(17) Ibídem, tomo h/z, p. 2007.

(18) Ibídem, p. 2124.

(19) Ibídem, tomo h/z, p. 1459.

(20) CSJ SP, 8 nov. 2001, rad. 13956. En el mismo sentido, CSJ SP, 25 abr. 2007, rad. 27062; CSJ SP, 22 abr. 2009, rad. 28745; y CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 35037, entre otras.

(21) Cf. folio 15 del cuaderno XIII de anexos, entre otras constancias.

(22) Cf. folios 1-26 del cuaderno V de la actuación procesal. Debido a tales comportamientos, HMEC fue llamado a juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público agravado.

(23) Folios 39-40 del cuaderno IV de la actuación principal.

(24) Folio 14 ibídem.

(25) Ibídem.

(26) Folio 15 ibídem.

(27) Folio 16 ibídem.

(28) Folio 17 ibídem.

(29) Folio 18 ibídem.

(30) Folio 19 ibídem.

(31) Folio 20 ibídem.

(32) Folios 80-81 del cuaderno XI de anexos.

(33) Folio 88 ibídem.

(34) El salario mínimo legal mensual vigente para 1992 ascendía a $65.190. En el 2014, corresponde a $616.000.

(35) Cf. folios 120-125 del cuaderno II del tribunal.

(36) CSJ SP, 28 nov. 2001, rad. 18285.

(37) Disco rotulado con la fecha 27 de abril de 2012, archivo terminado en ‘-1’, 1:03 a 2:22.

(38) Ibídem, archivo terminado en ‘-3’, 0:00 a 0:53.

(39) Folio 50 del cuaderno IV de anexos.

(40) Disco rotulado con la fecha 27 de abril de 2012, archivo terminado en ‘-1’, 0:53.

(41) Folio 48 del cuaderno IV de anexos.

(42) Folio 255 y 257 del cuaderno VII de la actuación principal.

(43) Folios 125 y 134-135 del cuaderno V de la actuación principal.

(44) Folio 15 del cuaderno XIII de anexos.

(45) Folios 120-121 del cuaderno V de la actuación principal.

(46) Cf. folio 135 del cuaderno II del tribunal.