Sentencia 40702 de julio 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 232

Magistrada Ponente:

Dr. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

Por razones lógicas, la Sala se ocupará primero de examinar el segundo cargo de la demanda, pues de prosperar el mismo la consecuencia sería la absolución del procesado, tornándose así inane la discusión sobre si los falladores vulneraron el principio de legalidad al determinar el monto de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Para resolver el problema jurídico planteado en la censura en mención, la Corte analizará los siguientes temas: (i) precisará los fundamentos basilares de los fallos de instancia, (ii) se ocupará de la eficacia probatoria que revisten los testimonios de oídas en la sistemática procedimiental contemplada en la Ley 600 de 2000 y (iii) examinará el caso concreto.

1. Los fallos impugnados:

a) Primera instancia:

— La masacre fue cometida por milicianos de las FARC, entre ellos, aquellos conocidos con los alias de “Piquiña”, “El Mellizo”, “Garganta”, “Pacho” y “El negro Víctor”.

— Las víctimas eran señaladas por la comunidad como los “presuntos” autores de diversos hurtos cometidos en la vereda en la cual acaecieron los hechos.

— Dos de esos hurtos ocurrieron en la tienda de propiedad del procesado, en el último de los cuales también se produjo la agresión sexual sufrida por la cónyuge de Héctor Jaime Correa Restrepo, según así “se comenta”. De esa manera, los homicidas llegaron a las casas de los afectados preguntando por los nombres de “Diego, Jhon y los demás involucrados en los hurtos y al no encontrarlos procedieron a ejecutar a sus padres, hermanos y demás parientes...”.

— Luego de ser víctima del segundo atentado contra su patrimonio y de la agresión sexual, “situación que no se comprobó”, tanto él como su cónyuge abandonaron de manera intempestiva la vereda, apenas con horas de anticipación a la masacre.

— Entre el acusado y los milicianos de las FARC existía una estrecha relación, tanto que en su tienda se reunían alias “Garganta” y el “Negro Víctor”, en compañía de otros milicianos, no solo a planear sus acciones sino también a celebrar sus cometidos, reuniones en las cuales Correa Restrepo no era simple espectador sino que, por el contrario, participaba en ellas.

— El acusado guardó silencio al momento de ser citado a indagatoria, actitud que repitió días después cuando nuevamente se le requirió para el efecto, “situación que causa extrañeza”, “pues la lógica enseña que una persona que se considera inocente o que no se encuentra relacionada con los hechos que se le imputan, al contrario de la conducta desarrollada por Correa Restrepo, aprovecha la oportunidad brindada en su injurada, para defenderse de los hechos enrostrados...”.

— El prenombrado incurrió en contradicciones cuando finalmente, en diligencia realizada el 17 de diciembre de 2007, ofreció su versión de los hechos, pues allí negó haber conocido a algún miliciano de las FARC, pese a que “la totalidad de testimonios y declaraciones” demuestran lo contrario. Además, inicialmente manifestó que abandonó la vereda entre el 5 y 6 de noviembre de 2002, para después afirmar que lo hizo el día miércoles previo al ataque.

Con base en lo anterior, el sentenciador edificó en contra del procesado los indicios de oportunidad para delinquir, “manifestaciones o justificaciones erradas posteriores al delito”, actividades anteriores al delito y móvil para delinquir.

Admitió el juzgado que la responsabilidad penal deducida al procesado “parte de declaraciones de testigos de oídas”. Sin embargo, estima que su relación con las FARC sí parece demostrada a través de testigos directos.

b) Segunda instancia:

— Correa Restrepo desocupó su casa un día antes de la masacre y no volvió a aparecer, razón por la cual, según lo relató María Queli Zapata, “la gente decía que había llegado huyendo, porque había hecho muchas muertes”. De esa manera, erigió en su contra el indicio de huida.

— El procesado tenía inclinación a dar información a la guerrilla acerca del lugar donde se hallaban posibles víctimas, tal como ocurrió con un muchacho que en anterior oportunidad pretendían matar las FARC, según así lo declaró Hermilda Zapata Candelo. Además, el martes después de ser víctima del segundo hurto, se reunió en su casa con alias “Garganta”, conforme lo relató Evenis Yureidi Candelo Mina, de lo cual también se infiere que “informaba sobre los nombres y localización de las posibles víctimas”.

— Del testimonio de la misma Candelo Mina, se extracta que luego de ocurridos los latrocinios y la tentativa de violación de su esposa, el acusado acudió a la guerrilla de las FARC “para ponerles en conocimiento los hechos referidos y cobrar de esa manera una venganza”.

En fin, para el tribunal, la responsabilidad de Correa Restrepo surge clara porque “se fue del lugar un día antes de la masacre, informaba acerca del lugar donde se encontraban las posibles víctimas y hacía reuniones en su casa con los miembros de las FARC”. Además, añade, tenía motivos fundados para pedir se llevara a cabo la masacre, es decir, “el hurto por parte de pobladores de la región y la violación a la que fuera sometida su compañera sentimental”, de lo cual emerge demostrado el indicio de móvil para delinquir.

2. Los testigos de oídas en la Ley 600 de 2000:

Sobre el llamado testimonio indirecto, de referencia, de oídas o ex auditu, en el marco de la sistemática procesal regulada en la Ley 600 de 2000, la Corte ha elaborado una consolidada jurisprudencia acerca de su eficacia probatoria, cuyo contenido fue acopiado en la sentencia del 21 de mayo de 2009(1). Y así se ha dicho que ese medio de prueba es susceptible de estimación por el juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de la sana crítica, en particular, sin desatender los criterios específicos para apreciar el testimonio (L. 600/2000, arts. 238 y 277), en orden a recrear, de la manera más aproximada posible, la verdad histórica que origina la controversia.

Lo anterior, lo ha expresado también la Sala, por cuanto en el referido régimen instrumental, como sucedía también en las anteriores codificaciones procedimentales —Decreto 2700 de 1991 y 050 de 1987— el legislador no contempló veda en algún sentido respecto de aquel medio de conocimiento, como, contrario sensu, sí lo hizo en la Ley 906 de 2004, al definir qué se entiende por “prueba de referencia” y regular su excepcional admisibilidad, así como al limitar el poder suasorio de la misma, prohibiendo que la sentencia condenatoria esté soportada “exclusivamente en pruebas de referencia” (arts. 437 a 441 y 381, inc. 2º).

De todas maneras y a pesar de esa ausencia de reglamentación de la “prueba de referencia” en los estatutos procesales anteriores al últimamente citado, la jurisprudencia también ha sentado una pacífica doctrina acerca de la naturaleza del llamado testigo indirecto y las exigencias inherentes a su valoración. Al respecto la Sala ha señalado lo siguiente:

“El testigo de oídas, lo único que puede acreditar es la existencia de un relato que otra persona le hace sobre unos hechos, pero no, como sucedería con un testigo presencial, la verificación de los acontecimientos objeto de investigación; por eso del declarante de viso se espera una exposición más o menos fiel de las circunstancias que rodearon el hecho y los motivos por los cuales resultó conocedor directo del asunto objeto de investigación, en tanto de aquel no basta con acreditar las circunstancias que permitan dar credibilidad al dato por él conocido sino que hay que indagar hasta dónde es verídico lo por él escuchado.

”Generalmente, este concreto elemento de convicción no responde al ideal de que en el proceso se pueda contar con pruebas caracterizadas por su originalidad, que son las inmediatas, y ello conduce a que cuando se cuenta con una o varias de ellas (pruebas directas), se haga improbable derrumbarlas con simples datos de oídas, esto es, con pruebas de segundo grado o mediatas.

”No implica lo anterior que dicho mecanismo de verificación (el testigo de referencia) deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las especiales características en precedencia señaladas, es necesario estudiar cada caso en particular, analizando de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las circunstancias personales y sociales del deponente, así como las de la fuente de su conocimiento, si ha de tenerse en cuenta que el testigo de oídas no fue el que presenció el desarrollo de los sucesos y que por ende no existe un real acercamiento al hecho que se pretende verificar”(2).

De esa forma, se ha concluido que aun cuando el testigo de oídas no es de por sí prueba deleznable, el operador jurídico está en la obligación de dedicar especial cuidado al ejercicio valorativo que implica esa clase de medios de prueba, ya que esta especie de testimonio adquiere preponderancia en aras de reconstruir la verdad histórica y hacer justicia material, únicamente cuando es imposible obtener en el proceso la declaración del testigo o testigos que tuvieron directa percepción del suceso. Por eso, la Sala ha establecido, según surge de sus precedentes jurisprudenciales, cuatro presupuestos a aplicar con ocasión de la apreciación del referido medio de persuasión(3):

En primer lugar, se requiere que se trate de un testigo de referencia de primer grado, entendiendo como tal quien sostiene en su declaración que lo narrado lo escuchó directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, en contraste con el testigo de segundo grado o de grados sucesivos, que es quien al deponer afirma que oyó a una persona relatar lo que esta, a su turno, había oído a otra, y así sucesivamente(4). Tal exigencia se justifica porque en el análisis de esa prueba de orden testimonial, el de primer grado ofrece mayor fiabilidad y fortaleza que el de segundo, tercero, etc., dado que lo conocido no es de una tercera o cuarta fuente, sino de la inicial respecto de lo afirmado o narrado por el testigo directo(5).

En segundo término, es preciso que el testigo de oídas señale cuál es la fuente de su conocimiento, esto es, al testigo directo del evento de quien recibió o escuchó la respectiva información, identificándolo con nombre y apellido o con las señales particulares que permitan individualizarlo, condición que resulta sustancial, de una parte, para que en el curso del proceso el funcionario intente por todos los medios legales que este asista a declarar acerca de su cognición personal del suceso, indistintamente de que por razones debidamente justificadas (muerte, enfermedad, localización, etc.) resulte imposible obtener tal comparecencia; y de otra, porque de no ser así, es decir, de acoger o conceder mérito a la declaración de un testigo de referencia que no precisa quién es su referente, o que atribuye la ciencia de su dicho al comentario público o rumor popular —divulgado por personas desconocidas, creado, alimentado y dirigido por intereses inciertos, transformado por fenómenos de psicología colectiva, y difundido sin dirección ni sentido de responsabilidad—, en la práctica equivaldría a admitir una prueba testimonial anónima, cuya validez es contraria a elementales postulados que sustentan el Estado social de derecho(6).

En tercer lugar, es imperioso establecer las condiciones en que el testigo directo transmitió los datos a quien después va a dar referencia de esa circunstancia, de manera que sea posible evidenciar que lo referido de modo indirecto por el declarante ex auditu es trasunto fiel de la información vertida a este por el cognoscente directo.

Y, en cuarto término, es fundamental para otorgar poder suasorio a la especie de prueba en comento la confluencia de otra clase de medios de persuasión, así sean indiciarios, con la capacidad de reforzar las atestaciones del testigo de oídas, pues valorados en conjunto pueden suministrar elementos aptos para acreditar que lo referido al testigo indirecto se le transmitió en la forma como este lo señaló y que efectivamente el suceso debatido ocurrió de conformidad con su narración(7).

En conclusión, el testimonio de oídas se erige como medio de persuasión idóneo, serio y creíble cuando, además de reunir los dos primeros presupuestos, “aparece corroborado o respaldado por otros elementos de convicción que no permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo”(8), lo cual implica afirmar que la prueba testifical de referencia única, por sí sola, es decir, huérfana de otros medios probatorios que la confirmen y robustezcan, en cualquier caso carece de eficacia suficiente para desvirtuar la presunción constitucional y legal de inocencia(9).

Es necesario anotar, en esta oportunidad, que los presupuestos en alusión surgen a partir de los propios criterios de la sana crítica que deben considerarse cuando se asume la tarea de apreciación de las pruebas, en particular de reglas de la experiencia, como aquella según la cual a medida que un relato va transmitiéndose de persona en persona, generalmente al mismo progresivamente se le suman o suprimen detalles que terminan distorsionando sustancialmente el original, convirtiéndose en rumor público, cuya principal característica, como se ha dicho por la doctrina, precisamente “consiste en que no puede comprobarse la fuente de donde proviene”(10).

De modo, pues, que la apreciación de un testimonio referencial, desconociendo los presupuestos mencionados en precedencia, conlleva a la configuración de un falso raciocinio que, entonces, puede ser perfectamente denunciado en sede de casación por vía del error de hecho.

3. El caso concreto:

Los sentenciadores de instancia coinciden en señalar que Héctor Jaime Correa Restrepo huyó un día antes de ocurrida la masacre, luego de pedirle a la guerrilla de las FARC cometer esa acción delictiva en venganza por dos atentados contra su patrimonio económico acaecidos días anteriores y por el abuso o violación sexual sufrido por su cónyuge, hechos estos últimos perpetrados por familiares de los occisos.

Observa la Sala, empero, que varios de los hechos indiciarios con los cuales arribaron a la referida conclusión se fundamentan en testimonios de oídas, que incluso no son de primer grado.

En efecto, no hay duda que el procesado, pues así lo reconoció este en su indagatoria, abandonó la vereda un día antes de sucedidos los homicidios, como también que fue objeto con anterioridad de dos latrocinios. Sin embargo, son los propios juzgadores quienes admiten que la aseveración según la cual Correa Restrepo huyó del lugar porque estaba relacionado con la masacre tiene sustento en un testimonio referencial. Al efecto ambos coinciden en atribuir esa versión a María Queli Zapata Candelo. Y, ciertamente, así lo manifestó está en la declaración que rindió el 7 de noviembre de 2003 cuando dijo:

“...Nosotros el día miércoles un día antes de la masacre, estábamos donde un primo mío que se llama Eduardo Cantillo y vimos que el señor Héctor desocupó la casa y se fue como a las diez de la noche, iba bajando de Corinto para abajo, en un camión grande y este señor no volvió a aparecer y por eso la gente dice que este señor tuvo que ver con la masacre...”(11) (destacado la Corte).

Es evidente que el aludido testimonio no es de primer grado, pues la declarante nunca señaló que el vínculo del acusado con la masacre lo conoció directamente de quien presenció ese hecho. Tampoco identificó la fuente de su conocimiento, pues se limitó a afirmar “la gente dice”. Mucho menos narró las condiciones en las cuales el testigo directo le habría transmitido los datos que relató en su declaración.

Situación similar ocurre con la imputación acorde con la cual el procesado determinó las muertes en venganza por los hurtos de que había sido objeto y por la agresión sexual sufrida por su cónyuge, delitos estos perpetrados por familiares de los occisos. Los juzgadores soportan la demostración de estos hechos con el testimonio de Evenis Yureidi Candelo Mina, en cuanto ella mencionó lo relativo al abuso sexual(12) y manifestó, además, que tres días después del segundo latrocinio Correa Restrepo se reunió con alias “Garganta”, miliciano de las FARC.

También la aludida declarante, en los aspectos antes referidos, es testigo de oídas. Obsérvese lo que relató sobre el afirmado atentado contra la integridad sexual:

“... Como cuatro meses después volvieron a robar a don Héctor, en esa ocasión se llevaron el equipo de sonido, la moto, plata y abusaron de la esposa de él, de nombre María Eugenia y dicen que ella al que la abusó le alcanzó a quitar el pasamontañas y lo reconoció...”(13) (destacado nuevamente la Sala)

De la manifestación que se destaca surge evidente que la declarante no fue testigo presencial del abuso sexual que relata, pues al referir acerca de un hecho ocurrido, según su versión, concomitante a la agresión, como lo es la reacción de la víctima del mismo para identificar a su atacante, acude a la expresión “dicen” para significar así que el conocimiento lo obtuvo de una tercera persona. Pero, en esa misma medida, se advierte que su testimonio ex auditu no es de primer grado, pues no identificó la fuente de la información. Tampoco indicó las condiciones en las cuales obtuvo ese conocimiento.

En cuanto a la reunión ocurrida con el miliciano “Garganta”, la deponente dijo:

“... El hurto fue un domingo, el martes siguiente en la casa en donde vivía Héctor, se reunieron alias Garganta, quien era un miliciano de las FARC... yo nunca los vi, sé eso porque mi cuñado de nombre Yesid, me comentó esto y mencionó que las cosas se iban a dañar”(14) (destacado la Sala).

Si bien la testigo suministró la fuente de su conocimiento (su cuñado Yesid), es lo cierto que no indicó de qué manera esa persona se enteró de dicho suceso, por cuya razón no es dable predicar que se trata de un testigo de oídas de primer grado. Por ese mismo motivo, tampoco es factible determinar las circunstancias en las cuales el testigo directo le habría transmitido los datos que relató en su declaración.

Ahora bien, los falladores dieron por sentado, a manera de petición de principio(15), que los autores de los latrocinios cometidos en la tienda del acusado fueron familiares de los occisos. Sobre el particular, el tribunal no ofreció fundamento fáctico ni probatorio alguno. El a quo, a su turno, se limitó a señalar:

“... el día de la masacre los miembros de las guerrillas llegaron a las casas preguntando por los nombres de Diego, Jhon y los demás involucrados en los hurtos y en la tentativa de violación, y al no encontrarlos procedieron a ejecutar a sus padres, hermanos y demás parientes, con las consecuencias fatídicas ampliamente conocidas”(16).

La anterior afirmación, empero, el juzgado tampoco la soportó con elemento probatorio alguno. Al revisar la actuación procesal, encuentra la Sala que la señora Élida Mina, en declaración rendida el 27 de octubre de 2007, manifestó que a la casa de Erlinda Zapata(17)los homicidas llegaron preguntando por su hijo Diego y su sobrino Jonny Zapata Candelo(18) y luego se dirigieron a su vivienda (la de Élida Mina) donde igualmente preguntaron por Diego. Versión similar, es de advertir, brindó Evenis Yureidi Candelo Mina cuando expresó que a su casa arribaron los victimarios preguntando también por Diego(19).

De las testigos antes mencionadas, empero, solamente la primera concretó la finalidad que perseguían los agresores al preguntar por Diego. Al efecto relató:

“Es que la gente decía que Diego, un tal Carlos, un sobrino mío de nombre Carlos Alberto Reinoso y otros que vivían en Cali, habían ido hasta la vereda a hacer atracos, primero a una tienda de un señor Héctor, que no me sé el apellido, pero que vivía en el Alto del Palo, y al mes volvieron allí estos mismos a robar otra vez la tienda de ese señor Héctor y decían que el tal Diego el hijo de Erlinda Zapata, había abusado de la esposa de don Héctor, entonces dicen que por este asunto él había mandado una lista a la guerrilla, y por eso los mataron, pero como el día que fueron a buscarlos no los encontraron, entonces terminaron matando al hermano de Diego a Alexis y al primo Yesid Cantillo, pero estos muchachos no tenían nada que ver con estos hurtos que hicieron al señor Héctor, lo que digo es que en verdad esos hurtos sí ocurrieron y lo que le hicieron a la mujer de don Héctor también fue cierto, pero de los que mataron en la casa ninguno tenía que ver”(20) (subrayas y negrilla no son del texto original).

A pesar de la aseveración que se lee al final de la transcripción, es lo cierto que a Élida Mina no le consta directamente si Diego y las demás personas que menciona intervinieron en los hurtos cometidos a la tienda de Correa Restrepo, como tampoco que este hubiese contactado a la guerrilla para solicitar la muerte de aquellos. De su versión, en cuanto de manera insistente utiliza la expresión “decían”, surge claramente que se trata de un testigo ex auditu, pero ni siquiera de primer grado, pues su conocimiento no provino de quien apreció esos hechos. Más aún, tampoco identificó la fuente de la información. Por lo mismo, de su declaración no es posible determinar las condiciones en las que el testigo directo le habría transmitido los datos que relató.

Es más, la versión de la señora Élida Mina se opone a la ofrecida el 20 de enero de 2004 por la señora Hermilda Zapata Candelo, en cuanto al motivo de la masacre, pues esta última manifestó que el problema se generó porque sus hijos habían amenazado a don Héctor para que abandonara el lugar. Obsérvese lo que sobre el particular dijo:

“El problema que había ahí era que estaban vinculando a unos hijos de nosotros que lo habían estropeado, que lo habían amenazado, que ellos eran paras, para que se fueran de ahí, a mi me dijeron después de la masacre que los del problema habían sido Jhon, Diego que eran los que estaban amenazando a Héctor”(21).

De todas maneras, la declaración de Hermilda Zapata, como surge de su relato, también es de oídas y lejos está de ser de primer grado; además no identificó la fuente de su conocimiento y, como era de esperar, tampoco refirió las condiciones en que se enteró de lo relatado.

Es de acotar que la antes mencionada testificó, igualmente, que ocho días después de ocurrida la masacre Víctor Manuel Ariza le comentó que quien había mandado matar a esa gente había sido Héctor. Al respecto manifestó:

“... Ya como a los ocho días después de la masacre, Pacho que es Víctor Ariza volvió y me llamó y me dijo con lágrimas en los ojos, que él no iba a pagar por otros, que el que había mandado matar a esa gente había sido Héctor”(22).

Tal afirmación, empero, es también de oídas, y si bien allí la declarante identifica la fuente de su conocimiento, lo cierto es que no indica las circunstancias en que Víctor Ariza se enteró de tal situación, luego no resulta factible predicar que se trata de un testigo referencial de primer grado. Tampoco, por ende, expresó las condiciones en que el testigo directo le habría transmitido la información por ella narrada.

Por lo demás, dígase desde ya, la testigo rindió una primera declaración el 12 de diciembre de 2002, es decir, algo más de un mes después de ocurridos los hechos, y en esa oportunidad extrañamente nada dijo acerca de la supuesta revelación que le hizo Víctor Ariza, no obstante señalar que ello ocurrió ocho días después de sucedida la masacre.

La señora Hermilda Zapata en la declaración del 20 de enero de 2004 dio cuenta, igualmente, acerca de una reunión realizada el lunes, antes de los hechos, en la casa de Arnulfo Bedoya, en la cual —dijo— participó el aquí procesado, así como el miliciano “Negro Osama”. Según la testigo, luego de esa reunión el primero de los aludidos le comentó a Orany (sic) que “iban a tumbar cinco casas”(23). Es de anotar que esta aseveración de la deponente sirvió al a quo, así mismo, como fundamento para inferir que Correa Restrepo intervino, a modo de determinador, en el acaecer delincuencial objeto de juzgamiento.

Pues bien, en cuanto a la ocurrencia de la reunión, encuentra la Sala que la declarante no es precisa en indicar si la presenció o no, y el fiscal interrogador tampoco hizo nada para clarificar ese aspecto. Antes bien, al formularle la pregunta sobre si sabía que en la vereda iba a suceder un acontecimiento de esa naturaleza, expresamente le inquirió responder sobre “qué comentarios escuchó” al respecto, con lo cual pareciera entonces que en ese tópico su versión también es de oídas, con la circunstancia adicional de no haber precisado la fuente de su conocimiento ni las condiciones en que habría obtenido la información.

Lo que sí resulta enteramente claro es que la información relativa al comentario hecho por Arnulfo Bedoya acorde con el cual “iban a tumbar cinco casas” corresponde a un versión referencial, pues así lo reconoció la deponente cuando manifestó: “Yo le dije a Martillo lo que Orany me había dicho, que iban a tumbar cinco casas...”(24).

Pero la atestación de oídas en tal sentido hecha por Hermilda Zapata no es de primer grado, pues su fuente provino de Orany (sic) que a su vez la escuchó, según expresó, de Arnulfo Bedoya. A este respecto, encuentra la Sala que al proceso se allegó la declaración de Dorany Noscué Zapata, a quien, según se concluyó en la actuación, se refirió aquella como la fuente de su conocimiento, pero esta última dijo no recordar exactamente qué le dijo Bedoya en relación con esos hechos(25).

Es necesario anotar que el tribunal sustentó la responsabilidad del acusado, igualmente, sobre la base de inferir que este tenía inclinación a proporcionar información a la guerrilla acerca del lugar donde se hallaban posibles víctimas. Tal imputación la soportó, de la misma manera, en el testimonio de Hermilda Zapata Candelo, en cuanto esta manifestó:

“Uno a don Héctor lo veía como buena persona, pero luego nos dimos cuenta que él trabajaba con la guerrilla porque un día que iban a matar a un muchacho, fue y le dijo a Víctor Ariza, dónde se encontraba y al rato llegó el Negro Víctor que le dicen Osama y le disparó al muchacho que iban a matar...”(26).

Sin embargo, al igual de lo ocurrido con la afirmación de la misma testigo referente a la afirmada reunión realizada en la casa de Arnulfo Bedoya, aquella no es clara en precisar si presenció directamente tales hechos, y ello a pesar de que el fiscal interrogador le solicitó en la siguiente pregunta ampliar lo relativo a ese suceso, pues en esa oportunidad, si bien indica haber visto cuando Héctor Correa se reunió con “Pacho”(27), en momento alguno refiere las circunstancia en que estos últimos suministraron al “Negro Víctor” o algún otro guerrillero la ubicación de la supuesta víctima.

Es decir, también en ese aspecto la examinada declaración es referencial, sin que se sepa tampoco cuál fue la fuente de su conocimiento.

En esas condiciones, se impone concluir que los sentenciadores incurrieron en un falso raciocinio cuando edificaron inferencias en contra del acusado a partir de testimonios de oídas que no satisfacen plenamente los presupuestos de eficacia a los cuales se hizo referencia en precedencia, pasando por alto, por tanto, que su ausencia les hace perder fuerza probatoria de manera sensible.

Así vista la situación, lo pertinente ahora es examinar si obran en el plenario otras pruebas con las cuales pueda soportarse la condena.

Pues bien, como ya se dijo, no se remite a duda que la tienda de propiedad de Correa Restrepo fue objeto de dos hurtos previo a la ocurrencia de la masacre e, igualmente, que un día antes de ese lamentable episodio aquel abandonó la vereda, junto con su esposa. Tales sucesos, como también se señaló en precedencia, los admitió el acusado. Es de anotar, eso sí, que ellos negaron rotundamente el acaecimiento del abuso o violación sexual(28).

Sea como fuere, para la Sala los hurtos y la mudanza del procesado, desprovistos de consistentes elementos de juicio indicativos de que los autores de esas ilicitudes tenían vínculos familiares con quienes murieron en la mencionada masacre y, en fin, sin la existencia de soporte suficiente para inferir que ese execrable acaecer delincuencial se cometió en venganza por la ocurrencia de los latrocinios, pierden fuerza probatoria en orden a edificar en contra de aquel los indicios de móvil y huida.

Lo anterior tanto más cuando en el paginario afloran, a manera de contraindicios, algunas circunstancias a favor de Correa Restrepo. En primer lugar, es necesario tener en consideración que la acción armada no obedeció a un acto indiscriminado sino que se hizo de manera selectiva. Si ello fue así, no se comprende la razón por la cual el procesado tenía necesidad de huir del lugar, máxime cuando la incursión se habría perpetrado por solicitud suya. Es evidente que, en esas condiciones, no existía riesgo alguno de resultar afectado por los homicidas. En ese sentido, para la Corte, cobra fuerza su exculpación, en cuanto señaló que en el último atentado contra su patrimonio económico lo amenazaron de muerte para que abandonara el lugar junto con su esposa(29).

En segundo lugar, se tiene que en la actuación se recepcionaron también las declaraciones de Andrés Campos Jascué, Jhon Éider Sánchez Otero y José Gerardo López López, quienes atribuyeron el móvil de la masacre a situaciones distintas a la de la retaliación supuestamente emprendida por el aquí acusado. En efecto, los aludidos coincidieron en aceptar su pertenencia al VI frente de las FARC y que, en esas condiciones, se enteraron que quienes ordenaron, planearon y ejecutaron la acción delictiva fueron miembros de esa facción de la citada organización guerrillera, entre quienes se encontraba alias el “Negro Víctor”(30).

Los dos primeros aseveraron conocer lo ocurrido porque el propio “Negro Víctor” les comentó sus incidencias en algunas conversaciones, en cuyas oportunidades les dijo también que la masacre la cometieron porque esa gente “colaboraba con el ejército”(31). López López, a su turno, relató que se enteró de lo sucedido por cuanto quien ordenó la acción armada fue el Comandante “Zeplin”, respecto de quien era su escolta, con ocasión de lo cual, por tanto, supo que este designó para la planeación de la incursión a alias el “Negro Arturo”, alias el “Negro Víctor” y alias “Garganta”, entre otros, y que lo hicieron porque los hoy occisos eran “auxiliadores de los paramilitares”(32).

Es cierto que tanto Campos Jascué como Sánchez Otero son testigos de oídas. Sin embargo, son de primer grado pues el conocimiento de lo relatado proviene de, entre otros, alias “Negro Víctor”, quien intervino directamente en la planeación de la masacre. Por lo demás, sus versiones encuentran corroboración en la declaración de José Gerardo López López, quien ha de considerarse testigo directo, como quiera que era el escolta de quien ordenó la acción delictiva.

Frente a los deponentes en mención asiste razón al demandante cuando sostiene que los falladores incurrieron en falso juicio de identidad y falso juicio de existencia, el primero de esos errores por cuanto si bien el juez de primer grado valoró el testimonio de Campos Jascué, omitió apreciar los aspectos antes mencionados, suprimiendo así un segmento trascendente del mismo. Y el segundo porque tanto el a quo como el ad quem dejaron de ponderar la totalidad de las declaraciones rendidas por Sánchez Otero y López López.

No escapa a la Corte que el mismo Andrés Campos Jascué, como lo reseñó el juez de primer grado, declaró lo siguiente cuando se le preguntó si conocía al aquí procesado:

“Sí sé quién es ese señor, arrimé una vez con John Jairo y Pocillo a la tienda de él y me dijo Jhon Jairo que cuando necesitara algún favor que le pidiera que él me lo hacía, allí guardé una moto, dejábamos guardando cosas como revólveres y cosas, él nos guardaba, él además nos avisaba dónde estaba el ejército y dónde se hacían los retenes”(33).

Sin duda, en ese tópico el referido testimonio tiene naturaleza directa, y de allí se deriva la existencia de una relación o vínculo del acusado con guerrilleros de las FARC.

Ahora bien, también el a quo edificó en contra de Correa Restrepo el indicio de manifestaciones posteriores al delito. Y para el efecto, aun cuando no de manera explícita, se refirió a la actitud asumida por el aludido cuando se le citó a indagatoria, en cuanto optó por guardar silencio, y a las contradicciones en que incurrió cuando, finalmente, ofreció su versión de los hechos, pues, de una parte, negó conocer a algún miliciano de las FARC, pese a que “la totalidad de testimonios y declaraciones” demuestran lo contrario y, de la otra, porque inicialmente dijo que abandonó la vereda entre el 5 y 6 de noviembre de 2002, para después afirmar que lo hizo el día miércoles previo al ataque.

En cuanto se refiere al silencio inicial asumido por el procesado, es evidente que el juzgador incurre en el yerro denunciado por el actor (falso juicio de convicción) cuando de esa actitud deriva el indicio de manifestaciones posteriores al delito, pues el artículo 337 de la Ley 600 de 2000 le prohíbe al funcionario judicial proceder de esa manera, fijando así una tarifa legal negativa. Ciertamente, carecería de sentido que mientras el artículo 33 de la Constitución Política consagra el derecho de no autoincriminación, la ley o el juzgador pudieran extraer consecuencias negativas en contra de quien, ejerciendo ese derecho, guarda silencio ante una imputación de carácter penal.

Ahora bien, resulta bastante discutible el tercero de los supuestos de hecho que sirvieron de sustento a la construcción del referido indicio, pues si los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2002, significa que el aludido no acertó inicialmente en uno o dos días respecto de la fecha en que abandonó la vereda, situación esta ocurrida el 7 de los mencionados mes y año, lo cual es apenas explicable si se tiene en cuenta que la indagatoria la vino a rendir más de 5 años después de sucedidos los ominosos episodios en cuestión, cuando los recuerdos, como es apenas natural, ya están bastante disminuidos.

Sea como fuere, la pregunta que queda por formular es si con base en las afirmadas relaciones de colaboración que el procesado tenía con la guerrilla y con el indicio de manifestaciones posteriores al delito fundado en su negativa a aceptar esos vínculos, puede construirse válidamente una sentencia de condena por los graves delitos que se le atribuyen en este proceso. Y la respuesta necesariamente debe ser negativa, pues de esos nexos y de esa actitud procesal no es factible afirmar, con la certeza exigida por la ley, que Correa Restrepo instigó los homicidios y las lesiones personales. Con esos elementos de juicio perfectamente sería dable procesarlo y hasta formularle juicio de reproche a título de cómplice del delito de rebelión, pero nada más.

Desde luego, se podría afirmar que el procesado, por razón de esos nexos, participó de alguna forma, incluso a título de determinador, en la masacre en cuestión. Pero se trata de una mera posibilidad que a lo sumo serviría para construir un indicio de carácter leve, sin fuerza probatoria, por tanto, para apoyar el proferimiento de una condena por esa acción delincuencial. Las dudas así evidenciadas imponen entonces la aplicación en este caso del principio de presunción de inocencia, tal como lo solicita el demandante.

Prospera el cargo. En consecuencia, se casará la sentencia impugnada y, en su lugar, se absolverá a Héctor Jaime Correa Restrepo respecto de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales agravadas objeto de acusación.

Como el antes aludido no se encuentra privado de la libertad ni tiene vigente orden de captura(34), la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento en lo atinente a esos aspectos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada.

2. ABSOLVER a Héctor Jaime Correa Restrepo de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.

3. ABSTENERSE de emitir pronunciamiento en relación con la libertad, por cuanto el aludido no se encuentra privado de ese derecho y en su contra no pesa orden de captura vigente.

4. COMUNICAR a las autoridades respectivas lo pertinente, con el fin de cancelar las anotaciones que le generó al procesado la iniciación de este proceso.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Radicación 22825.

(2) Cfr. Auto de 21 de abril de 1998, radicación 10923; sentencias de 29 de abril y 29 de julio de 1999, radicaciones 12966 y 10615, respectivamente; 2 de octubre de 2001, radicación 15286; 11 de abril y 7 de noviembre de 2002, radicaciones 11356 y 16330, respectivamente.

(3) En similar sentido se pronunció la Sala en la providencia del 19 de octubre de 2001, Radicación 30682.

(4) Cfr. Parra Quijano, Jairo. “Tratado de la Prueba Judicial” “El Testimonio”, Tomo I, pág. 161 a 166. Ed. El profesional, Bogotá.

(5) Cfr. Sentencias de 2 de octubre de 2001 y 26 de abril de 2006, radicaciones 15286 y 19561, respectivamente.

(6) Cfr. En ambos sentidos: Climent Duran, Carlos, “La prueba Penal” “Testigos de referencia”, pág. 174 a 177. Ed. Tirant lo blanch. Valencia (España) 1999. Y Jacobo López Barja de Quiroga, Jacobo, “Tratado de Derecho Procesal Penal” “El testigo de referencia”, pág. 1326 a 1329. Thomson Aranzadi, Navarra (España) 2004.

(7) Cfr. Sentencia de 5 de octubre de 2006, Radicación 23960.

(8) Cfr. Sentencia de 18 de octubre de 1995, Radicación 9226, criterio reiterado en sentencias de 2 de octubre de 2001, Radicación 15286, y 5 de octubre de 2006, Radicación 23960.

(9) Ídem, obras citadas.

(10) Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo 2, primera edición colombiana, Biblioteca Jurídica DIKE, pág. 78.

(11) Folio 48 del cuaderno # 4.

(12) Aunque, al respecto, debe ponerse de presente la contradicción en que incurre el a quo cuando en uno de los apartes del fallo sostiene que este delito (el abuso sexual) “no se comprobó” (pág. 20).

(13) Folio 113 cuaderno ídem.

(14) Folio 113 cuaderno ídem.

(15) Acorde con esta regla de carácter lógico, no se puede dar por probado lo que se tiene que probar.

(16) Página 13 del fallo de primera instancia.

(17) Parece ser que se refiere a la señora Hermilda Zapata Candelo, pues, como más adelante se verá, los nombres de sus hijos coinciden en gran medida con los mencionados por la declarante.

(18) Folio 165 cuaderno # 2.

(19) Folio 114 cuaderno ídem.

(20) Folio 166 cuaderno ibídem.

(21) Folios 84 y 85 mismo cuaderno.

(22) Folio 84 ídem.

(23) Folio 87 del mismo cuaderno.

(24) Folio ídem.

(25) Folio 250 cuaderno 4.

(26) Folio 85 cuaderno ibídem.

(27) Así llama a Víctor Ariza.

(28) Folios 133 y 140 del cuaderno # 4.

(29) Folio 131 cuaderno ídem.

(30) Folios 137 cuaderno 2, 33 cuaderno # 4 y 244 cuaderno # 3.

(31) Folios ídem.

(32) Folios 244 y 245 cuaderno 3.

(33) Folios 32 cuaderno 4.

(34) En el curso del juicio se le concedió la libertad provisional, y aunque en el fallo de primer grado se dispuso su aprehensión, las consiguientes órdenes nunca se libraron.