Auto 4071 de septiembre 24 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MATRIMONIO CANÓNICO

CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES

EXTRACTOS: «Como es bien sabido, el artículo 42 de la Constitución Nacional, en sus incisos 9º a 12, sienta los fundamentos de un nuevo sistema matrimonial pluralista y por tanto imposible de igualar a la ligera con el de sentido dualista a elección de los contrayentes que ha venido imperando en el país bajo la égida del Concordato de 1973 y la Ley 1 de 1976, y es justamente en vista de esa radical disparidad que no puede predicarse de aquellas normas constitucionales, y en particular de la que expresa que “...los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil...”, que sean de aplicación inmediata, como acontece con el común de las de su género siempre y cuando haya materia suficientemente desarrollada por cl propio constituyente, y de ahí que tampoco sea de recibo sostener que por virtud de los preceptos superiores en cuestión, se modificaron en forma implícita todos los textos legales sustanciales y procesales de conformidad con los cuales puede solicitarse y llevarse a la práctica el divorcio “quoad vinculum” en matrimonios civiles desplegándose los alcances de tales textos, por consiguiente, frente a toda clase de matrimonios religiosos, inclusive el celebrado según el rito canónico y regido de suyo, en sus elementos constitutivos, por la ley de la Iglesia. Para llegar hasta este extremo, ninguna duda cabe, los innovadores mandatos constitucionales requieren por lo menos de cuidadoso desarrollo en la legislación civil y por eso, acogiendo este criterio que se juzga de simple lógica, en reciente pronunciamiento la Corte tuvo ocasión de advertirlo al puntualizar que las normas contenidas en la Ley 1 de 1976, así como las procedimentales consagradas en los Decretos 2272 y 2282 de 1989, “...aún bajo la vigencia de la Constitución de 1991, son las básicas para regular con sentido restrictivo y mientras no sean modificadas, entre otras cosas, la naturaleza del matrimonio objeto del divorcio civil, las causas, la acción, la jurisdicción, la competencia, los procedimientos, los recursos, etc., en materia de divorcio de matrimonios, no aplicables por lo tanto a los matrimonios católicos mientras el legislador no desarrolle la norma programática constitucional contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pues conforme a los antecedentes jurídicos y al exacto alcance de su contenido, la calidad normativa de este programa institucional (recogido en la Carta Política) no le atribuye la aptitud para operar por sí solo, de manera inmediata, sino por el contrario, mediante su desarrollo legislativo... “ (C. S. J. Auto de 29 de enero de 1992, sin publicar).

3. Pues bien, ubicadas en ese punto las cosas y ante la necesidad preceptiva de dirimir el conflicto de competencia de cuyos términos estos autos dan razón, imperioso resulta así mismo no perder de vista que en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas mediante la Ley 30 de 1987 y constituyendo para muchos la culminación de un largo proceso emprendido hace más de tres lustros para imprimirle plena autonomía en el país al derecho de familia, el gobierno Nacional puso en vigencia el Decreto Ley 2272 de 1989 por cuya virtud se creó y organizó la “magistratura” especializada en asuntos de familia, concibiéndola dicho estatuto, en términos generales, como una verdadera jurisdicción con perfiles orgánicos propios y materia exclusiva a ella reservada, materia ésta que por lo tanto quedó sustraída del conocimiento de los jueces ordinarios, en todos los ámbitos, y desde el punto de vista objetivo aparece definida fundamentalmente en los artículos 5º y 7º del citado decreto en concordancia con el artículo 349 del Decreto Ley 2737, también expedido en 1989 y llamado Código del Menor.

Así, entonces, dentro de este marco legal de referencia son los juzgados de familia, comunes y promiscuos, junto con las Salas que llevan la misma denominación de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, autoridades judiciales cuyo círculo de atribuciones está orientado al conocimiento de causas de determinada especie donde, a juicio del legislador, adquieren preponderancia aquellas normas de marcado interés público que regulan la constitución, el desenvolvimiento y la extinción de los vínculos que de la existencia misma de la familia se derivan para las personas físicas, bien sea asignándoles deberes de inevitable observancia o ya otorgándoles derechos en no pocas veces de alcance patrimonial, luego es claro que los procesos sobre cuestiones matrimoniales en sentido estricto, atendida la naturaleza de la causa a través de ellos propuesta en juicio, son por definición “asuntos de familia” que no podían ser sustraídos de ese círculo de atribuciones especializadas según lo muestra en varios de sus apartes el artículo 5º del Decreto 2272 (v. gr., los literales b) y c) del primer inciso, junto con los numerales 1º, 3º, 4º y 12 del segundo inciso) y, por eso, tuvo razón el Juzgado 5º Civil del Circuito de Cartagena al entender, contra el criterio sobre el particular expuesto por el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma ciudad, que en el conocimiento del asunto objeto de la litis en el caso presente, en tanto atañe a la cesación mediante decreto judicial de los efectos civiles del matrimonio canónico que liga a las partes, no puede intervenir la jurisdicción civil común, intervención esta última que por lo demás y como se desprende de lo expresado en el párrafo precedente, tendrá que reducirse a una escueta abstención por parte de las autoridades judiciales mientras no cambien las circunstancias normativas existentes en la actualidad y no sean puestas en vigencia, tanto las disposiciones de derecho sustancial aplicables al fondo del conflicto planteado como los preceptos adjetivos que definan las reglas de competencia, observables en el interior de dicha jurisdicción especializada para decidir sobre asuntos de esa misma índole, y los procedimientos de acuerdo con los cuales puedan ser ellos ventilados válidamente.

4. Tomando pie en las consideraciones que anteceden y en el entendido que, hasta tanto no exista la “ley civil” con arreglo a la cual, en desarrollo del artículo 42 de la Constitución Nacional, sea posible obtener de la jurisdicción del Estado el divorcio de los casados bajo forma religiosa católica o acatólica, no pueden recibir trámite de ninguna naturaleza demandas de la estirpe de la que a esta actuación le dio principio, entabladas según su tenor literal con el exclusivo propósito de lograr mediante sentencia judicial la “suspensión” de todos los efectos civiles que por fuerza del régimen concordatorio vigente le son reconocidos al matrimonio canónico, la conclusión que se sigue es que si de hecho esas demandas se presentan, son los jueces de familia los llamados a adoptar las determinaciones a que de acuerdo con las circunstancias hubiere lugar».

(Auto de septiembre 24 de 1992. Expediente 4071. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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