Sentencia 4075 de abril 28 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEMANDA DE FILIACIÓN CONTRA HEREDEROS

EFECTOS RELATIVOS DEL FALLO

EXTRACTOS: «Si la parte que sufre una lesión o menoscabo a causa de la irregularidad procesal es aquella a quien la ley habilita para alegarla, resulta obvio inferir que sólo aquel que no ha sido emplazado o notificado en debida forma dentro de un proceso es el llamado a alegar tal circunstancia con el propósito de invalidar la actuación adelantada sin su presencia.

Cuestión distinta es que quien estando legitimado para los efectos dichos convalide, en la forma dispuesta por la ley, la irregularidad. En este supuesto no otra cosa se ha de decir sino que respecto a esta persona, y solo de ella, la nulidad queda saneada, sin que tal convalidación enerve la petición de terceros lesionados por la misma anomalía.

Con lo dicho se pone, pues, en evidencia, la regla según la cual, sólo el perjudicado con la actuación anómala se encuentra legitimado para alegar la nulidad, y a su vez, sólo él puede convalidarla, quedando a salvo, eso sí, la posibilidad de que el juez de instancia en ejercicio de las atribuciones ex officio que la ley le otorga, decrete la nulidad en los casos a que a ello haya lugar.

En consecuencia, en lo atañedero a la causal 9ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil , se tiene que si bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual sólo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado en debida forma al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley.

En tal orden de ideas, en el asunto sub júdice carece de interés legítimo para alegar la nulidad la parte recurrente, toda vez que desde un comienzo fue citada y notificada como parte demandada en el litigio, razón por la cual no está comprendida entre los supuestos herederos indeterminados del señor Jorge Iván Sierra Álvarez. Huelga decir que carece la Corte, dado el carácter eminentemente dispositivo del recurso de casación, de facultades de oficio que le permitan hacer un pronunciamiento como el exigido por el censor.

No obstante que lo dicho es suficiente para desestimar el cargo, el singular silogismo que plantea el censor, por cuya virtud el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil , actualmente vigente, impone la necesidad de citar a los herederos indeterminados del causante cuando se encuentra en curso el proceso de sucesión, justifica que se hagan algunas precisiones, orientadas a esclarecer si dentro de los proceso destinados a fijar la filiación cuando los demandados son los herederos del presunto padre, se le debe dar aplicación al actual artículo 81 del Código de Procedimiento Civil , y, subsecuentemente, convocar mediante emplazamiento a quienes indeterminadamente tengan tal calidad.

A tal fin, se debe empezar por señalar que, como no podría ser de otra manera, tal convocatoria no tendría otra misión que la de que quienes resulten cobijados por el llamamiento edictal queden vinculados a los efectos del fallo. Es decir, que aquellos que siendo herederos del presunto padre y no habiendo sido citados personalmente al proceso por ignorarse su existencia, al ser convocados mediante emplazamiento, pueden verse afectados por la decisión que allí llegue a tomarse.

La anterior conclusión —que sería la que corresponde sacar por estimar aplicable a asuntos como este el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil — conduciría a decir, entonces, que las sentencias proferidas en procesos de investigación de la paternidad extramatrimonial adelantados con llamamiento de los herederos indeterminados del presunto padre, producen efectos de cosa juzgada erga omnes, con lo que resultaría radicalmente modificado el criterio anterior —plasmado, entre otros, en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968— según el cual tales fallos no generan sino efectos relativos, o sea, entre quienes han sido parte en el respectivo proceso.

Empero, encuentra la Sala que de por medio existen dos factores que, concatenados, impiden que en la realidad las cosas ocurran de ese modo.

En efecto, el actual artículo 81 del Código de Procedimiento Civil , es el producto de la reforma que al texto anterior se le introdujo por el Decreto 2282 de 1989 (mod. 33). La reforma tuvo como finalidad primordial ampliar y clarificar los supuestos en los cuales deben ser convocados los herederos indeterminados de alguien en los procesos de conocimiento y de ejecución. Y visto el carácter generalizador o totalizante que se le imprimió al precepto, con lógica aparente bien se pudiera pensar que allí quedaron comprendidos supuestos como el que ahora considera la Sala. Sin embargo, no se ha de olvidar que el Decreto 2282 fue expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias que al Gobierno Nacional le confiriera la Ley 30 de 1987, entre otras cosas, para “simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlos a la informática y las técnicas modernas”, de acuerdo con lo que reza el literal f) del artículo 1º de la citada ley, lo que quiere decir que, al quedar la reforma referida al campo procesal exclusivamente, no se podía ocupar de problemas propios del derecho sustantivo. Por lo mismo, las normas correspondientes, entre ellas el artículo 81, no caben ser interpretadas con esta orientación.

El otro aspecto, que le sirve de complemento a lo que se acaba de señalar, radica en que de acuerdo con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil , en su inciso 4º, “los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias”.

Pues bien: como quiera que la citación a los herederos indeterminados del presunto padre no podría tener por objeto más que el vincularlos a las resultas del fallo, cuestión esta que atañe al Código Civil y a las disposiciones complementarias, se debe seguir que la exigencia del artículo 81 de Código de Procedimiento Civil no rige para asuntos como el que aquí se considera, lo que, desde luego, entraña que su no cumplimiento no genera nulidad del proceso; pero también que, si de hecho, se produce la citación de esos herederos indeterminados, no por tal circunstancia se dará la vinculación al fallo para quien siendo en realidad heredero no haya sido citado de manera directa al proceso, y se le pretende encadenar con base en el genérico llamamiento edictal.

No sobra, en fin, anotar que es vano el argumento conforme al cual debe ser hecha, de todas maneras, la citación de los herederos indeterminados para que así se acate lo prescrito en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil , sin que ello comporte una injerencia en los efectos propios de la cosa juzgada pues estos seguirían regulados por las disposiciones sustantivas, porque entonces ello pondría de presente que se está ante un trámite inútil, sin repercusión en la relación material, cuando, como bien se sabe, las normas procesales deben apuntar hacia la realización de los derechos instituidos en la ley sustancial y, claro ésta, dentro de los términos en que ésta los establezca.

Se concluye entonces, que no puede alegarse la falta de citación de los herederos indeterminados a este proceso como causal de nulidad, toda vez que ni la naturaleza del asunto, ni las normas legales exigen el emplazamiento obligatorio de los herederos indeterminados del presunto padre Jorge Iván Sierra Álvarez, sin que, por lo demás, el artículo 81 íb., tenga el alcance que propone el casacionista».

(Sentencia de casación, abril 28 de 1995. Expediente 4075. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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