Sentencia 40798 de junio 13 de 2013 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 181

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Si bien es cierto que la Sala ha señalado que cuando se ha admitido una demanda de casación no viene al caso abordar el cumplimiento de los requisitos de lógica y fundamentación en el escrito, también lo es que ello no la exonera del deber de reconocer, una vez examinado a fondo el asunto, la ausencia de un requisito de procedibilidad como lo es el del interés por la cuantía, para de la misma manera obrar como en derecho corresponda.

En efecto, según el artículo 208 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal aplicable para el presente asunto, si la casación sólo tiene como objeto lo atinente a la indemnización de perjuicios, como sucede en este caso, tendrá que fundarse en las causales y la cuantía que dispone el estatuto procesal civil, sin consideración a la pena señalada para el delito.

Al respecto, el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 592 de 2000, señala que la casación procede “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Así mismo, la Sala ha indicado que el valor de la afectación patrimonial susceptible de comparación con la norma es aquél que se encuentra vigente al momento en el cual ha sido proferida la sentencia de segunda instancia. De acuerdo con la Corte:

“(...) La cuantía del interés para recurrir en casación se determina para la fecha del fallo de segunda instancia, que es la decisión objeto de impugnación extraordinaria, en tanto que allí se decide si se impone la afectación patrimonial cuya cuantía habrá de determinar la viabilidad jurídica de censurar el fallo en este puntual aspecto”(3).

Y, por último, la Sala ha precisado que, en los eventos en los cuales hay varias víctimas, la determinación del interés para recurrir en razón de la cuantía debe ser considerada en forma independiente en relación con cada una de ellas. Es decir, no puede derivarse de la suma de las condenas por perjuicios, incluso cuando el recurrente pretenda con el recurso debatir la legalidad de todas aquéllas:

“De manera insistente esta Sala de Casación ha señalado, en torno al tema de la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de víctimas múltiples, que se integra por los montos de las condenas en perjuicios materiales y morales que por cada una se haya decretado, pero que es equivocado sumar los perjuicios para tener ese resultado total como una sola cuantía, pues tal forma de proceder pasa por alto que la pretensión de cada víctima —o de sus legitimados— es individual y, por tanto, la condena es de similar estirpe, no colectiva, aunque el llamado a sufragarlo sea una sola persona, natural o jurídica”(4).

2. En el presente asunto, el Tribunal Superior de Popayán, en su decisión de segunda instancia, concretó la condena por daños y perjuicios derivados de la ejecución de las conductas punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas de la siguiente manera:

2.1. Víctima uno. Évelyn Grajales Zemanate:

Perjuicios morales: 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Total víctima uno: 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2. Víctima dos. El menor de edad:

Lucro cesante consolidado: $49’540.513.

Lucro cesante futuro: $57’649.800(5).

Daños morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(6).

Ahora bien, como el salario mínimo, para el año en el cual fue emitido el fallo objeto de ataque (2012), equivalía a $566.700, dichos rubros corresponden a:

Lucro cesante consolidado: 87.419 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lucro cesante futuro: 101.728 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Total víctima dos: 289.147 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.3. Víctima tres. Nubia Ismenia Vidal Astaíza:

Lucro cesante consolidado: $49’540.513.

Lucro cesante futuro: $83’006.149.

Daños morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

O, lo que es lo mismo:

Lucro cesante consolidado: 87.419 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lucro cesante futuro: 146.472 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Total víctima tres: 333.891 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. En este orden de ideas, tanto Wilson Alfredo Vargas Osorio como la Cooperativa Integral de Taxis Taxbelalcázar fueron condenados a pagar solidariamente, en el fallo de segunda instancia, las siguientes sumas:

A la víctima uno: 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima dos: 289.147 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Y a la víctima tres: 333.891 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En su momento, cuando la demanda fue ajustada a derecho, se tuvo en cuenta que el reclamo de ambos demandantes superaba los 425 salarios mínimos a los cuales alude la norma del estatuto procesal civil, teniendo en cuenta la diferencia entre la suma total de los valores por los cuales fueron estos condenados a pagar en forma solidaria en el fallo de segunda instancia y la suma de la sanción indemnizatoria reconocida por el juez a quo, que en su momento no fue impugnada por los aquí recurrentes.

Pero como el criterio de la Sala cuando hay víctimas múltiples consiste en calcular el interés por la cuantía para recurrir en casación de manera independiente, salta a la vista que en ninguno de estos tres casos (víctimas uno, dos y tres) se cumple el parámetro exigido por el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ahora bien, en aquellos eventos en los que se ha admitido una demanda de casación que, sin embargo, no satisface los requisitos de procedibilidad como el del interés por la cuantía, la Sala ha optado por dos soluciones. La primera, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que declaró ajustada a derecho la demanda para, en su lugar, dictar la inadmisión que en derecho correspondía. Y, la segunda, desestimar en el fallo el escrito de demanda.

Tras analizar nuevamente el tema, la Corte se inclina en esta oportunidad por la desestimación, por lo siguiente:

“En punto a la falta de interés, tiene dicho la Sala que cuando aquélla se hace ostensible en el instante de entrar a proveer de fondo, el libelo habrá de desestimarse, ‘pues siendo que la decisión que correspondería es del fallo para decidir sobre las pretensiones del casacionista y para ello tiene que haberse cumplido las exigencias sustantivas y procesales previstas por la ley como supuestos, la subsistencia generadora del vicio lo impide, ya que, como sucede en casos como el presente, la falta de interés para recurrir por parte del demandante para formular un ataque como el que ha presentado continúa produciendo, material y jurídicamente, los mismos efectos negativos atribuibles desde el momento en que se recurrió el fallo del tribunal, no quedándole otra alternativa a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple inadvertencia de la causa a la hora de concederse el recurso o de admitirse la demanda no hace que el vicio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o inadmisión se convierta en causa de desestimación, ya que todo depende de la fase procesal en que se tome la decisión, pues el auto de admisión erróneamente proferido no obliga a tomar decisión alguna al estudiar los reparos hechos a la sentencia del tribunal y determinar el vicio o la índole de la pretensión, dado que carece de fuerza vinculante no porque se estime ilegal, sino porque carece de efecto, y pensar en atribuirle capacidad saneadora al auto de admisibilidad equivaldría, como se ha dicho, a comprometer a la Corte en el nuevo error de asumir una competencia de que carece, la cual queda limitada exclusivamente a tomar esta decisión, dado que el objeto del fallo, como es la demanda, no puede proferirse ante su ineptitud”(7).

En consecuencia, la Sala desestimará las dos demandas de casación interpuestas tanto en representación del procesado como del tercero civilmente responsable.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DESESTIMAR las demandas de casación.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(3) Auto de 16 de junio de 2004, radicación 20625.

(4) Auto de 12 de diciembre de 2012, radicación 39986. En este caso, el demandante era el defensor del procesado y, a la vez, el apoderado del tercero civilmente responsable. En el mismo sentido, autos de 11 de diciembre de 2003, radicación 19058, y 26 de septiembre de 2007, radicación 27934, entre otros.

(5) Folio 32 ibídem.

(6) Folio 58 ibídem.

(7) Sentencia de 20 de abril de 1999, radicación 10391. En el mismo sentido, fallos de 14 de noviembre de 2001, radicación 15216, 24 de abril de 2002, radicación 15581, y 22 de septiembre de 2005, radicación 21807, entre muchos otros.