Sentencia 40811 de junio 26 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40811

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 22

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

Se estudian conjuntamente los cargos propuestos por las recurrentes, en razón de que se orientan por la misma vía directa, denuncian un conjunto similar de preceptos legales, se valen de unos argumentos comunes o complementarios, pretenden un idéntico resultado y, particularmente, por permitirlo el numeral 3º del artículo 51 del Decreto extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

En lo que respecta al fondo de los ataques formulados por los recurrentes, la acusación está básicamente cimentada en que, al no haberse dado comunicación del traslado de la afiliación por parte del trabajador al empleador, prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, esta no produjo efecto alguno, por lo que la obligación del reconocimiento de la pensión debe estar a cargo del ISS, que fue la entidad que recibió los aportes. Además, sostiene que la sola afiliación no produce efectos sino se dan las cotizaciones, como, aducen los recurrentes, se dio en este caso en que estas fueron hechas al ISS.

En cuanto a lo primero, debe señalarse que si bien, conforme al artículo 11 del Decreto 692 de 1994, la manifestación escrita del afiliado, de su elección al momento de la vinculación o traslado, que debe hacer el trabajador a su empleador, tiene como objeto que este efectúe las cotizaciones a que haya lugar; y no por su falta el respectivo acto carece de validez, pues, en este caso, no se discute que la afiliación se dio, mediante el diligenciamiento del formulario previsto en el mencionado artículo, de donde, según lo dispone el artículo 12, ibídem, la administradora debía comunicar al solicitante y al empleador, dentro del mes siguiente, si la vinculación no cumplía con los requisitos mínimos establecidos y “Si dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación, la respectiva administradora no ha efectuado la comunicación prevista en el inciso anterior, se entenderá que se ha producido dicha vinculación por haberse verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para el efecto”.

Como quiera que la administradora no hizo comunicación alguna, dentro del mes siguiente de la afiliación, según el artículo 14, ibídem, modificado por el Decreto 1161 de 1994, esta empezó a producir efectos “... desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se efectuó el diligenciamiento del correspondiente formulario”.

Ahora bien, la administradora no puede trasladar al afiliado la responsabilidad por no haber efectuado el recaudo de los aportes, así no le hubiere informado su traslado al empleador, pues conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, esa es su responsabilidad, así el empleador, como ocurre en este caso, no se encuentre en mora por haber efectuado el pago a un tercero, pues esta circunstancia no enerva la obligación que tenía la administradora de adelantar las gestiones necesarias para que el empleador le efectuara directamente los pagos y para que el ISS le hiciera el traslado de los que legalmente le correspondían.

Por el mismo motivo que el trabajador se encontraba cotizando, así los pagos se hubieren efectuado a quien no correspondía, no podía hablarse, como lo pretenden las recurrentes, de que había dejado de cotizar al sistema y que, por ende, se encontraba inmerso dentro del literal b) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual no cumplía con el requisito de las 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento.

Tan no se encontraba cesante en el pago, que, según lo dispone el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, que fue el que aplicó el tribunal, en el caso de la múltiple afiliación, como es el presente “... será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria”. (Destacado fuera de texto).

Por lo anterior, es claro que el tribunal no incurrió en los dislates jurídicos que le imputa la censura, por lo que los cargos son infundados y no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de las entidades recurrentes y a favor de la única opositora. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000.00) para cada una.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral de Descongestión, de fecha 30 de octubre de 2008, y su adicional de 18 de diciembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que María Gloria Vargas Aristizábal le sigue al Instituto de Seguros Sociales, departamento del Valle del Cauca y Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A., al que fue vinculada como llamada en garantía AIG Colombia Seguros de Vida S.A.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de las entidades recurrentes y a favor de la única opositora. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) para cada una.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».