Sentencia 40866 de marzo 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40866

SL3952-2014

Acta 7

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C. cinco de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Recurso de casación

Con apoyo en la causal primera de casación, el recurrente pretende la casación total de la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del juez a quo, y en su lugar “absuelva al Banco Cafetero en Liquidación de las pretensiones solicitadas en la demanda”.

Con tal fin presentó tres cargos, que no fueron replicados, de los cuales y teniendo en cuenta que el segundo está llamado a la prosperidad, la Sala limitará su estudio a este, en tanto los otros dos, buscan idéntica finalidad.

VII. Segundo cargo

Lo presenta en los siguientes términos:

“La sentencia impugnada viola, por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida, el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 28 de la Ley 789 de 2003 y 1º del Decreto 92 de 2.000, infracción que condujo a la infracción directa del artículo 8º, ordinal 5º, del Decreto Ley 2351 de 1965”.

Para demostrar su acusación, en esencia, señala que el tribunal aplicó indebidamente las disposiciones relacionadas en el cargo, toda vez que procedió a ordenar una improcedente reliquidación de la indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, pese a que la situación se soluciona bajo las previsiones del ordinal 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965, norma que aplicó el Banco Cafetero, hoy en Liquidación, para atender la indemnización legal a la que tenía derecho el demandante.

VIII. Consideraciones

Dada la vía directa escogida por el recurrente y conforme a las consideraciones del tribunal, no se discute que el actor a la fecha en que empezó a regir la Ley 50 de 1990 era trabajador oficial; que desde el 5 de julio de 1994 hasta el momento del despido unilateral y sin justa causa, hecho ocurrido el 11 de febrero de 2005, tenía la misma condición pero amparado por las normas propias del sector particular; tampoco se controvierte que el demandante inició su relación laboral con la entidad demandada, el 27 de abril de 1978.

La esencia de la controversia radica en establecer si la indemnización a la que tiene derecho el actor, debe liquidarse conforme a los lineamientos del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, al que se arriba en virtud del parágrafo transitorio del artículo 28 de la ley 789 de 2002, como lo concluyó el Tribunal; o si por el contrario y como lo sostiene la censura, la indemnización debe hacerse siguiendo los parámetros previstos por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Como el tema objeto de la controversia ha sido abordado en múltiples oportunidades por esta Sala de la Corte, pertinente es remitirnos a lo dicho en sentencia del 21 de julio de 2010, que resolvió un caso similar al aquí debatido, reiterada en sentencia del 13 de marzo de 2013. Rad. 41991, en la cual se precisó:

“Le corresponde a la Sala resolver si la indemnización por despido injusto del demandante está regulada por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, como lo alega el recurrente, o si lo está por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, en virtud del parágrafo transitorio establecido por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, como lo resolvió el ad quem, partiendo de los supuestos fuera de contienda en el sub lite de que el actor laboró con la demandada desde el 2 de julio de 1976 hasta el 31 de enero de 2005, fecha de terminación del contrato de trabajo, y que, a partir del 5 de julio de 1994, cambió su condición de trabajador oficial a la de trabajador particular hasta el momento de terminación del contrato.

De acuerdo con la situación anotada, se repite, fuera de controversia, para el momento del despido del actor estaba vigente el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 que modifica el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual regula las obligaciones del empleador en el caso del despido injusto del trabajador particular, en cuyo parágrafo transitorio dispuso:

PAR. TRANS.—Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.

Tal parágrafo consagra un régimen de transición en razón a que el nuevo régimen de protección a la estabilidad que consagra dicha ley reduce el monto de la indemnización por despido injusto comparado con el contenido en la Ley 50 de 1990, por lo que dicha norma busca proteger la condición más beneficiosa que tenían aquellos trabajadores con más de 10 años de servicio a su entrada en vigencia, permitiendo la aplicación ultractiva de la Ley 50 de 1990 de manera excepcional; como también la del ordinal 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1964 en atención a lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, en su momento, por la misma razón.

El demandante, para cuando entró en vigencia la Ley 50 de 1990, no era trabajador particular, por lo que su protección frente al despido no estaba regulada por el citado artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1964, de tal manera que mal podía conservar un régimen que no tenía, como lo entiende el empleador equivocadamente.

Ya esta Sala, en una situación similar, donde el ad quem no aplicó el régimen anterior a la Ley 50 de 1990, de quien era trabajador oficial para su entrada en vigencia y luego pasó a ser trabajador particular, sostuvo que “[e]n esas condiciones, resulta palmar que el sentenciador de la alzada no se apartó del verdadero sentido que se desprende del parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, sino que encontró que el actor no tenía derecho al reintegro solicitado, porque en el momento en que entró en vigencia, no tenía ni el tiempo de servicios exigido, ni la condición de trabajador particular, ajustándose así a la exégesis correcta de la norma” (Sent. 20290 de jul. 11/2003). De donde se deduce que para conservar el régimen anterior de estabilidad es indispensable tener la condición de trabajador particular y el tiempo de servicio requerido, faltándole al actor el primero de estos presupuestos.

Por otra parte, si el actor pasó a ser trabajador particular solo a partir de 1994 y mantuvo esta condición hasta la terminación del contrato, según lo establecido por el tribunal sin objeto de refutación alguna en el recurso de casación, su situación tampoco se encuadra en el supuesto del parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 no pudiendo tampoco beneficiarse, por tanto, del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, dado que a la vigencia de la Ley 789 no completaba los 10 años de servicio como trabajador particular con Ley 50 que le dieran el derecho a conservar este régimen, por lo que, efectivamente, se ha de concluir que el ad quem aplicó indebidamente esta disposición, dejando de aplicar la tabla de indemnizaciones contenida en el artículo 28 citado que sí le era aplicable al actor, si nos atenemos a su situación establecida en las instancias; lo que conlleva a que se deba casar totalmente la sentencia impugnada...” (subrayas de la Sala).

En este orden de ideas, como el contrato de trabajo de Germán Fernando Girón Girón pasó a ser regulado por las normas del sector particular solo a partir del 5 de julio de 1994 y mantuvo esta condición hasta la terminación del contrato, según lo establecido por el Tribunal, su situación no puede enmarcarse dentro del supuesto previsto por el parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, en tanto no cumple con los 10 años de servicios, como trabajador amparado por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, al momento de entrar en vigencia esta normativa, que precisamente es el requisito esencial para poder beneficiarse de la indemnización prevista por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, por lo que, efectivamente, se ha de concluir que el ad quem aplicó indebidamente esta disposición.

Asimismo y para resolver la controversia, tampoco podía darse cabida al principio de favorabilidad previsto por el artículo 53 Constitucional, en tanto no hay duda sobre la aplicación de la norma que imperaba al momento del despido, que lo es el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 y no el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, y aunque no es dable desconocer el cambio de naturaleza jurídica que sufrió el Banco, con la correlativa incidencia en el régimen laboral aplicable a sus trabajadores, lo que trasluce, es que al entrar en vigor la ley 50 de 1990, el actor y como lo da por establecido el propio Tribunal, no estaba amparado por esa normativa, pues tal amparo solo lo adquiere a partir del 5 de julio de 1994.

En ese contexto surge evidente que el juzgador de segundo grado incurrió en la aplicación indebida del artículo 6º de la ley 50 de 1990, y por ello el cargo prospera.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia, además de lo dicho en el estadio de la casación, debe señalarse que procede la revocatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar absolver a la entidad demandada, pues y conforme con el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, se itera, vigente al momento del despido —11 de febrero de 2005—, la liquidación que por concepto de indemnización que le había correspondido a Girón Girón, conforme a esta perceptiva, es inferior a la que le otorgó la entidad demandada, según se observa a folios 15 a 16 del plenario.

Sin costas en el recurso extraordinario, las de primera y segunda instancia estarán a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia del 13 de marzo de 2009, proferida por una Sala de Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por GERMÁN FERNANDO GIRÓN GIRÓN contra el BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada el 2 de febrero de 2007, por el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá,

2. ABSOLVER a la entidad demandada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por el señor GERMÁN FERNANDO GIRÓN GIRÓN.

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».