Sentencia 4087 de abril 8 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CORRECCIÓN MONETARIA DE OBLIGACIONES LABORALES

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Jiménez Díaz

Ref.: Expediente Nº 4.087. Acta Nº 18.

Bogotá, abril ocho de mil novecientos noventa y uno.

El señor Hernán Hoyos Ochoa, demandó a la sociedad Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. “Fabricato”, para que previo el trámite de proceso ordinario laboral de primera instancia fuera condenada a reconocer y pagar al actor las siguientes pretensiones:

“I. Indemnización convencional por despido injustificado, debidamente actualizada conforme a la desvalorización de nuestra moneda.

II. Salarios insolutos como consecuencia del deficitario reajuste convencional.

III Cesantías consolidadas a diciembre 31 de 1962.

IV. Reajuste del saldo de cesantías posterior al consolidado.

V. Indemnización por mora en el pago de lo debido.

Vl. Costas del proceso”.

Conoció en primera instancia el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, Antioquia, y en sentencia del día 12 de marzo de 1990 resolvió:

“CONDÉNASE a la empresa Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A., Fabricato, a reconocer y pagar en favor de Hernán Hoyos Ochoa las siguientes sumas y por concepto de indemnización por despido injusto la suma de $ 3.353.099.88. Por revaluación monetaria la suma de $ 875.829.66; y por el saldo consolidado de cesantías la suma de $ 3.682.61.

ABSUÉLVESE a la misma demandada de las demás peticiones de la demanda.

Costas en un 80%”.

Los apoderados de las partes presentaron el recurso de apelación de los cuales conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y en sentencia del día 11 de mayo de 1990, resolvió:

“CONFIRMA el fallo objeto de apelación, a excepción de la condena que se hizo por concepto de saldo consolidado de cesantías, aspecto sobre el cual se revoca, para en su lugar declarar probada la excepción de pago en relación con el mismo.

Con costas en la primera instancia a cargo de la demandada en un 60% y sin costas en la segunda instancia por no haberse causado”.

La parte demandada por conducto de su apoderado judicial interpuso el recurso extraordinario de casación laboral, el que una vez concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación se procede a su estudio conforme al siguiente

“Alcance de la impugnación

Pretendo en este recurso que la H. Sala case el fallo recurrido en cuanto confirmó la condena impuesta a Fabricato en la primera instancia a pagarle al demandante Hoyos “revaluación”, es decir, corrección monetaria sobre el valor de la indemnización por despido, a cuyo pago también se condenó a la empresa, y que luego, ya en instancia, la H. Sala revoque la susodicha condena para absolver, en cambio, a Fabricato del pago de la revaluación o corrección monetaria impetrada por el demandante.

La acusación

Invoco la causal primera de casación del trabajo establecida por el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el 60 del Decreto Ley 528 de 1964 y otras disposiciones ulteriores, la última de las cuales es el ordinal 7º de la Ley 16 de 1969, para formular la siguiente acusación:

Primer cargo

La sentencia acusada aplicó indebidamente los artículos 8º, inciso 4, ordinal d) del Decreto Legislativo 2351 de 1965, 19, 135, 146, 147, 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887 como consecuencia de la infracción directa, por falta de aplicación, de los artículos 2º de la Ley 46 de 1933, 3º de la Ley 167 de 1938, 874 del Código de Comercio, 3º del Decreto 677 de 1972, 1º del Decreto 678 de 1972, y 2º del Decreto 1319 de 1988, lo que llevó también a la aplicación indebida de los artículos 1613 a 1617, 1627 y 1649 del Código Civil, y 1º del Decreto 1229 de 1972.

Demostración

Con sobra de razón ha dicho esa H. Sala que no existe ningún precepto que regule o establezca el sistema de la corrección monetaria, indexación o indización para las obligaciones laborales.

Ha sido entonces mediante construcciones jurisprudenciales como se ha aceptado la aplicabilidad de aquel sistema en el campo del Derecho del Trabajo, con lo que algunos llaman la “revaluación judicial”. Así lo ha hecho la Sección Primera de esa H. Sala en la sentencia del 31 de mayo de 1988 (juicio de Francisco Bohórquez vs. Fabricato, Magistrado Ponente Dr. Palacio), uno de cuyos apartes transcribe el fallo recurrido como fundamento para mantener la condena al pago de corrección monetaria impuesta por el juez a Fabricato y en favor del demandante Hoyos Ochoa.

Funda pues el Tribunal ad-quem la decisión que impugnó en los razonamientos que contiene la dicha sentencia del 31 de mayo lo que exige para la debida sustentación del presente cargo un análisis profundo del contenido de esta sentencia en su integridad.

Una lectura cuidadosa de la susodicha providencia deja ver que, después de un interesante recuento de doctrinas y legislaciones extranjeras y del impacto económico que producen los fenómenos inflacionarios en las naciones que los sufren, se inspira en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, en el principio de equidad y en algunos fallos de la Sala de Casación Civil de la H. Corte que han aceptado la aplicabilidad del sistema de la corrección monetaria a las obligaciones civiles, para concluir de allí que el mencionado sistema también es aplicable a las obligaciones laborales.

El haber acogido la sentencia del 31 de mayo, que comento, y también de manera implícita el Tribunal ad-quem, doctrinas de la H. Sala de Casación Civil que aluden al sistema de la corrección monetaria para aplicarlo a las obligaciones civiles, impone, así mismo, que en este cargo se haga un análisis de normas relativas a las obligaciones civiles en que se apoyan tales doctrinas, de las reguladoras del sistema que acabo de mencionar y de otros preceptos incluidos en la proposición jurídica del ataque.

Atodo ello procedo mediante las consideraciones siguientes:

1. La equidad es un principio y una sana fuente de inspiración para aplicar o interpretar la ley. Pero la equidad pura y simple no suple la inexistencia absoluta de un precepto que regule una materia o un caso determinados y concretos. Esto es lo que acontece en la hipótesis de la indexación o corrección monetaria para las obligaciones laborales, conforme lo ha sostenido en repetidas ocasiones esta H. Sala.

2. Los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo sólo dan pautas para la aplicación de la ley al resolver litigios judiciales. Pero tales preceptos no pueden ni autorizan suplir la carencia absoluta de la ley, ni permiten aplicar a un caso determinado unas normas cuyo alcance ha determinado el legislador en forma clara y expresa para otro caso específico y distinto de aquel donde se pretende aplicar tales normas; así sucede cuando se aplica el sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales, como se verá más adelante. Luego el fundarse en los artículos 8º de la Ley 153 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo para introducir la indexación en el ámbito de aquellas obligaciones, equivale a darles aplicación indebida a tales artículos.

3. El sistema de la indexación o corrección monetaria, llamado también del valor constante, fue establecido por primera vez en Colombia por los Decretos 677, 678 y 1229 de 1972. Pero no para aplicarlo de manera general a todos los actos u obligaciones de contenido pecuniario sino única y exclusivamente a las cuentas y depósitos de ahorro y a los préstamos que se hagan en o por las corporaciones de ahorro y vivienda, cuya creación se autoriza (Decreto 678 de 1972, artículo 1º), todo con el fin de canalizar el ahorro privado hacia la industria de la construcción, según lo dicen repetidamente los dichos decretos. Para la operancia práctica del dicho sistema, el artículo 1º del Decreto 1229 de 1972 creó la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, en la cual se calculan los montos de los depósitos hechos en las corporaciones de ahorro y vivienda y de los préstamos otorgados por ellas para efecto de liquidar periódicamente la corrección monetaria, cuyo valor no puede exceder del 24% anual, según lo prevé el artículo 2º del Decreto 1319 de 1988. La UPAC no es entonces un nuevo signo monetario que reemplace al peso colombiano como elemento de curso forzoso para todos los negocios que se realicen en el país con poder liberatorio pleno para satisfacer todas las obligaciones de contenido pecuniario. La UPAC es apenas un instrumento, que siempre se traduce en pesos, para que aquellas corporaciones, y solamente ellas, hagan sus cuentas encaminadas a mantener el valor constante de sus depósitos y préstamos. Inclusive el valor de la corrección monetaria no es ilimitado sino que tiene un tope fijado por el dicho artículo 2º del Decreto 1319.

De lo anterior se desprende con absoluta claridad que si el legislador estableció de manera expresa el sistema de la corrección monetaria única y exclusivamente para los depósitos y los préstamos hechos a través de las corporaciones de ahorro y vivienda, el extender ese sistema o generalizarlo para el pago de otra u otras especies de obligaciones pecuniarias, equivale a infringir directamente los preceptos reguladores del sistema UPAC y, específicamente para el caso sub judice, los artículos 3º del Decreto 677 de 1972, 1º del Decreto 678 del mismo año y 2º del Decreto 1319 de 1988, ya que solamente al ignorar su contenido e imperio expreso pudo extender el sentenciador ad-quem el sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales. Y equivale también a infringir por aplicación indebida el artículo 1º del Decreto 1229 de 1972, por las razones que en su momento expuse.

4. Dentro de la búsqueda de un apoyo legal para la aplicabilidad del sistema de la corrección monetaria a las obligaciones, se ha creído hallarlo en el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 146 del mismo código o en las normas que establecen la reajustabilidad anual de las pensiones de jubilación, invalidez y vejez. Pero acontece que el artículo 135 no prevé ni en forma directa ni indirecta la indexación para las obligaciones laborales, pues regula una materia muy distinta, como lo es la convertibilidad a pesos colombianos del salario pactado en moneda extranjera, conversión que unas veces puede ser favorable a la divisa foránea (v.gr. el peso frente al dólar) y otras favorables a la moneda nuestra (v.gr. el peso frente al sucre ecuatoriano), sin que del principio establecido en el dicho artículo 135 pueda desprenderse nada que tenga nexo con la aplicabilidad del sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales nacidas en Colombia y tasadas, por lo tanto, en nuestro peso.

Tampoco los artículos 146 y 147 del código dan un piso jurídico para aplicar la indexación a las obligaciones susodichas, puesto que regulan única y exclusivamente el caso concreto de la reajustabilidad periódica del salario mínimo, no sólo con fundamento en las variaciones del costo de la vida sino también con “la capacidad económica de las empresas y patronos”. O sea que ni siquiera para la fijación del salario mínimo se aplica un sistema de indexación rígida sino atenuada por la capacidad económica del deudor de ese salario.

Luego inspirarse en los artículos 135, 146 y 147 del Código Sustantivo para admitir la vigencia del sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales equivale a darle una aplicación indebida a tales preceptos.

Los mismos razonamientos anteriores son predicables también a las normas que regulan específicamente el reajuste anual para las pensiones de vejez, jubilación e invalidez.

5. Como la sentencia del 31 de mayo de 1988 que el cargo ha venido analizando y en la cual se inspira la decisión del Tribunal ad-quem, acusada en este ataque, acoge doctrinas de la Sala de Casación Civil, resulta imperioso hacer un breve examen de los preceptos del Código Civil en que tales doctrinas se apoyan.

A ello se procede a continuación:

Los artículos 1613 a 1616 del Código Civil regulan lo referente a la indemnización de perjuicios por el incumplimiento o el retardo en cumplir obligaciones, señalan como factores de la indemnización, el daño emergente y el lucro cesante, y el alcance que debe tener la reparación correspondiente. El artículo 1617 prevé lo relativo a la mora en satisfacer la obligación de pagar una suma de dinero y estatuye que el reconocimiento del perjuicio causado por la dicha mora consiste en el pago de intereses. El artículo 1627 del código dice que el pago debe hacerse de conformidad con el tenor de la obligación. Y su artículo 1649 dispone que el pago total de la deuda comprende el de los intereses y el de las indemnizaciones que se deban.

Como se ve, ninguno de tales preceptos da una base jurídica sólida y clara para aceptar la aplicabilidad del sistema de la corrección monetaria a obligaciones distintas de las contraídas con corporaciones de ahorro y vivienda, que va se estudiaron anteriormente.

Por otra parte, si la fuente de una obligación concreta es una condena judicial, con pagarla de acuerdo con el tenor de la condena (C.C. artículo 1627), necesariamente quedará extinguida para siempre esa obligación, sin que sea dable añadirle otros elementos, como la corrección monetaria, por ejemplo. Y si, ya dentro del campo laboral, la condena se refiere al pago de indemnización de perjuicios por la ruptura de un contrato de trabajo, con el pago de tal indemnización le quedará completa y definitivamente resarcidos los daños que sufrió la víctima del despido injusto, sin que pueda pensarse que de aquella indemnización surja una nueva, la de indexar el monto de la reparación, como una extraña forma de indemnizar lo de antemano indemnizado. Una indemnización por sí sola no puede engendrar otra nueva indemnización, como lo es, claro está, la corrección monetaria aplicada al monto de la indemnización primitiva.

De lo anterior se desprende que introducir el régimen de la corrección monetaria al campo de las obligaciones indemnizatorias, como la por despido injusto, con fundamento en los textos del Código Civil que ya se analizaron, equivale a infringir esos textos por indebida aplicación.

6. En el caso específico del artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, su simple lectura deja en evidencia que justiprecia de manera total o plena el valor de los perjuicios derivados de la ruptura ilegal del contrato de trabajo, sin que sea posible jurídicamente rebajar o ampliar su cuantía en las distintas hipótesis que contempla la norma. Luego si el que incumple el contrato paga la suma predeterminada por el artículo 8º, fatalmente debe entenderse que ya le reparó a plenitud a la víctima del incumplimiento contractual los perjuicios sufridos.

Si, como queda visto, el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 tasa de modo absoluto, pleno y rígido el valor de las indemnizaciones por despido, su indexación, como resarcimiento adicional, está vedada por el propio artículo 8º.

Podría pensarse entonces que el apoyarse en el dicho artículo 8º, de manera directa o derivada, para indexar el valor de las indemnizaciones por despido que regula, equivale a darle a esa norma una interpretación errónea. Pero como en este caso ni el fallo acusado ni la sentencia del 31 de mayo de 1988, que lo inspira, interpretan el mencionado artículo 8º, sólo cabe acusar su quebranto por el camino de la aplicación indebida, al tenerlo en cuenta el sentenciador para una hipótesis no regulada por él: la corrección monetaria. Ese quebranto atañe para el caso al inciso 4º, ordinal d), en razón de la antigüedad.

Como en el asunto subjudice la disposición convencional que tuvieron en cuenta los falladores de las instancias para fijar el monto de la indemnización a favor del demandante Hoyos Ochoa, disposición cuya existencia y validez el cargo no discute, conserva el mismo principio establecido por el artículo 8º del Decreto 2351 y simplemente aumenta el valor de las indemnizaciones por despido, la existencia de ese precepto convencional no desvirtúa en modo alguno las reflexiones anteriores.

De lo que se deja expuesto surge también que el fallo acusado les dio una indebida aplicación a los artículos 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, reguladores de las convenciones colectivas de trabajo.

7. Según lo ha dicho esa H. Sala, con absoluto realismo, no existe ningún precepto que consagre la corrección monetaria o indexación para las obligaciones laborales. Pero, en cambio sí existen los artículos 2º de la Ley 46 de 1933, 3º de la Ley 167 de 1938 y 874 del Código de Comercio que le dan pleno poder liberatorio para el pago de obligaciones contraídas o nacidas en Colombia a la moneda legal colombiana, o sea el peso, representado actualmente por los billetes que emite el Banco de la República. Luego ignorar los dichos preceptos, o negarles su imperio en el tiempo o en el espacio, al no admitir su vigencia, ya sea de modo implícito o explícito, y entender que el pago en pesos del valor que le corresponde a una indemnización por despido no libera completamente al deudor de esa obligación, sino que debe añadírsele la corrección monetaria para que el pago pueda calificarse como completo, implica un desconocimiento frontal de las normas aludidas, o sea un evidente quebranto de ellas por infracción directa.

8. Por su parte, esa H. Sala en reiteradas decisiones ha dicho con absoluta claridad que hoy en día no es legalmente posible la indexación de las obligaciones laborales. Así lo hizo primeramente en la sentencia del 11 de abril de 1987 (Radicación Nº 12 de la cual fue ponente el H. Magistrado doctor Rafael Baquero Herrera) y luego de manera más extensa en el auto del 7 de mayo del mismo año (Radicación Nº 0481, del cual fue ponente el H. Magistrado doctor Jacobo Pérez Escobar). A esta última providencia pertenecen los siguientes apartes:

“4. La corrección monetaria de obligaciones laborales. La corrección monetaria como solución al problema de la desvalorización de la moneda en las deudas de origen laboral que deben satisfacer en dinero, ha sido tenida en cuenta tanto por la jurisprudencia como por el legislador.

“La Sección Primera de la Sala de Casación Laboral de la Corte ha acogido teóricamente el criterio jurídico expuesto por la Sala de Casación Civil para resolver el mencionado problema de la depreciación monetaria. Se dice que teóricamente, por cuanto en los casos que han dado lugar a su pronunciamiento se concluyó absolviendo al demandado de las peticiones sobre corrección monetaria, bien por fallas probatorias o de otra índole. Las providencias en las que se ha expresado que en materia laboral también cabe hacer reajuste monetario han sido especialmente las siguientes:

“La sentencia del 18 de agosto de 1982, radicación Nº 8448, de la cual fue ponente el Magistrado Fernando Uribe Restrepo. En ella se dice, entre otras cosas, que “El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de la producción —el trabajo, el capital y la empresa—, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimación de este grave problema, por la ley, por la doctrina y por la jurisprudencia en Colombia, ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica, el salario mínimo se reajusta periódicamente, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada ni automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)”.

“Luego al referirse al ataque del censor se expresa en el fallo lo siguiente: “Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, debe reconocer la Sala que este aspecto del cargo único formulado por el casacionista cuenta con un sólido respaldo doctrinal y plantea —por primera vez que se sepa— ya un problema jurídico de singular trascendencia y actualidad en el derecho del trabajo. Sin embargo, el ataque en concreto no tiene suficiente respaldo legal ni fundamento sólido en la equidad. No es estimable ni admisible, entonces, ni tampoco sería eficaz”.

“Otro importante pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral es el contenido en el auto de 29 de junio de 1984, en el cual se afirma que la indexación debe aplicarse no sólo en las obligaciones civiles y comerciales sino también en las laborales, “pues los principios generales sobre reajuste de obligaciones también son aplicables en el campo del derecho del trabajo”. Luego agrega que no comparte la sala “la motivación del a quo, pero está de acuerdo con su decisión por motivos distintos, que por inadvertencia se dejaron de explicar en las sedes de instancia. Y que consisten básicamente en que de acuerdo con las modernas doctrinas sobre indexación y con el buen sentido de ella no procede sobre conceptos que ya reciben el beneficio de reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida, como ocurre según nuestra legislación con las pensiones de jubilación (Leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)”.

“Si bien se ha estimado que en materia laboral también debe aplicarse la corrección monetaria como solución jurídica a la integridad del pago de las obligaciones que se concretan en una suma de dinero, resulta no menos cierto que en nuestra legislación ya se ha previsto la indemnización compensatoria por todos los perjuicios que se causen a los trabajadores por la mora en el pago de sus salarios, y aun de indemnizaciones, como se pasa a ver a continuación.

“a) En relación con los salarios no sólo se ha previsto por nuestras leyes un mecanismo de reajuste periódico del salario mínimo (arts. 146, 147, 148 C.S.T., 2º de la Ley 187 de 1959), sino que además se tiene que en caso de mora injustificada en su pago, se prevé una indemnización especial tan alta que la jurisprudencia ha estimado que ella cubre todos los perjuicios posibles, incluyendo desde luego, el proveniente de la desvalorización de la moneda (arts. 65 C.S.T.; 11 de la Ley 6ª de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949).

“b) En materia de pensiones el art. 2º de la Ley 10 de 1972 preceptuó que “las pensiones de jubilación, invalidez y vejez se reajustarán automáticamente cada dos (2) años en proporción igual al porcentaje de variación que haya experimentado el índice nacional de precios al consumidor durante el bienio inmediatamente anterior”; luego el art. 1º de la Ley 4ª de 1976 vino a establecer que “las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio cada año” en la forma indicada en la misma disposición, la cual tiene en cuenta en todo caso el incremento de los salarios para establecer el monto del reajuste pensional.

“Por otro lado se tiene que el art. 8º de la Ley 10 de 1972 ha dispuesto que “si noventa (90) días después de acreditado legalmente el derecho a disfrutar de pensión de jubilación, invalidez o retiro de vejez, tal derecho no ha sido reconocido ni pagado, la empresa o patrón obligado a efectuar dichos reconocimientos y pagos, deberá cubrir al interesado, además de las mensualidades pensionales, hasta el día en que el pago de la pensión se verifique, suma igual al salario que el beneficiario de la prestación venía devengando”.

“c) En cuanto se refiere a las prestaciones sociales, si el patrono no las pagó a la terminación del contrato hay lugar al pago de indemnización de perjuicios, consistentes en los llamados salarios caídos por todo el tiempo en que sin razón alguna que lo justifique persista el retardo. Esta indemnización incluye, en opinión a la Sala, todos los perjuicios que se puedan causar al trabajador, como sería también el ocasionado por la desvalorización de la moneda (arts. 65 C.S.T. y 1º del Decreto 797 de 1949).

“d) En lo que se refiere al pago de indemnizaciones de perjuicios ocasionados por causas distintas a las anteriores, la ley laboral no ha previsto para los trabajadores particulares ninguna compensación monetaria por la mora en su cubrimiento, en tanto que para el sector público existe la norma del art. 1º del Decreto 797 de 1949 que obliga al pago de salarios moratorios.

“Considera la Sala que en el caso de los trabajadores particulares se presentan dos situaciones diferentes. Una, cuando se discute con razones atendibles el derecho a la indemnización, caso en el cual sólo se hace exigible con el pronunciamiento de la sentencia judicial que ordena el pago; la otra, cuando el patrono o el trabajador deudor aceptan la deuda por estar conscientes de haber realizado el hecho o el acto que ha causado el perjuicio, como cuando el patrono da por terminado el contrato sin justa causa, prometiendo pagar la correspondiente indemnización. En el primer caso no puede haber mora sino a partir de la ejecutoria del fallo que condena al pago de la indemnización, y en el segundo evento desde cuanto se produjo el hecho que le da origen a su reconocimiento y pago. Sólo en estos casos podría pensarse que cabe la corrección monetaria, pero no hay ley que la ordene. Conforme a jurisprudencia reciente de esa sección no puede darse la solución de la “revaluación judicial”. En efecto, en sentencia de 11 de abril de 1987, radicación Nº 12, de la cual fue ponente el Magistrado Rafael Baquero Herrera, se precisó por la sala “que no existe texto legal positivo que consagre la llamada “indexación” o corrección monetaria como forma de resarcir los perjuicios al acreedor. En cambio, sí está que la moneda colombiana es el peso y que tiene pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones contraídas o exigibles en dinero”.

“En esta oportunidad la sala considera, sin embargo, que la corrección monetaria en obligaciones de origen laboral no se da no sólo por lo antes afirmado en el fallo del 11 de abril del presente año que se acaba de citar, sino también porque a la misma conclusión se llega teniendo en cuenta que la propia ley laboral se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios en los casos de mora en el pago de salarios, pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones de trabajadores oficiales, pues “de acuerdo con la moderna doctrina sobre indexación y con el buen sentido de ella no procede sobre conceptos que ya reciben el beneficio de reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida” (auto de 29 de junio de 1984 de la Sección Primera de Casación Laboral).

“De otra parte se tiene que aplicando el criterio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la cual se ha hecho mención, en el caso de la indemnización de perjuicios en las relaciones laborales de carácter particular no se ve claro en ciertas hipótesis el daño emergente por el no pago oportuno de la correspondiente indemnización, ni menos puede hablarse de que se trata de restituciones recíprocas en la que deba darse la equivalencia de los valores restituidos. Por ello no es de recibo hablar de la indexación como resarcimiento adicional de la indemnización, que sería algo así como hablar de intereses de intereses o una especie de extravagante anatocismo indemnizatorio. Es tal vez esta la razón por la cual la misma Sala de Casación Civil advierte que debe tenerse cautela en la aplicación de los criterios sobre corrección monetaria en las relaciones obligacionales, porque su generalización inconsulta, lejos de lograr una solución en el tráfico jurídico, lo hace inseguro y peligroso, en menoscabo de la justicia misma (sentencia de 19 de marzo de 1986). Es que las mismas razones de justicia y equidad que se han invocado como fundamento de la corrección monetaria en las obligaciones de dinero, hacen que no pueda haber lugar a ella en aquellas que se originan en virtud de relaciones reguladas por las leyes laborales, puesto que éstas ya han previsto la forma completa de resarcir los perjuicios que se puedan ocasionar por la mora en la solución de las deudas en dinero. Y en lo que hace a la ruptura injusta del contrato de trabajo, tema concreto de esta providencia, el art. 8º del Decreto 2351 de 1965 tabula rígidamente su monto sin que el juez bajo ningún pretexto pueda modificar o apartarse de la evaluación impuesta por el legislador con fundamento exclusivo en el tiempo de servicio de la víctima del despido.

“5. El caso sub-judice. Como ya se ha visto, la petición segunda de la demanda inicial pretende que como consecuencia de la condena al pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo producida sin justa causa por el patrono, se le condene igualmente al pago de los perjuicios causados por la devaluación monetaria, apoyado en la jurisprudencia de la Corte sobre el particular que por cierto no fue reconocida tampoco en los casos decididos mediante las providencias cuya orientación no está modificando ahora. Pero conforme a la doctrina sentada en las anteriores consideraciones del presente fallo, no hay lugar a la indexación solicitada, razón por la cual deberá absolverse de esta petición así como la de los intereses moratorios a la sociedad demandada”.

9. Todas las reflexiones anteriores y, especialmente, las muy doctas y actualizadas de la H. Sala que me he permitido transcribir, me llevan de nuevo a solicitarle que se sirva casar la sentencia acusada en cuanto confirmó la condena impuesta a Fabricato en la primera instancia a pagarle al demandante Hoyos corrección monetaria sobre el valor de la indemnización por despido, a cuyo pago también se condenó a la empresa y a pedirle también a la H. Sala que, en instancia, revoque la susodicha condena para absolver, en cambio, a Fabricato del pago de la corrección monetaria impetrada por el demandante”.

Consideraciones de la Corte

El recurrente afirma que la decisión del Tribunal que impugna se funda en los razonamientos que contiene la sentencia del 31 de mayo de 1988 (juicio de Francisco Bohórquez B. vs. Fabricato. Magistrado Dr. Jorge Iván Palacio P.), la cual después de “un interesante recuento de doctrinas y legislaciones extranjeras y del impacto económico que producen los fenómenos inflacionarios en las naciones que los sufren, se inspira en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, en el principio de la equidad y en algunos fallos de la Sala de Casación Civil de la Corte que han aceptado la aplicabilidad del sistema de la corrección monetaria a las obligaciones civiles, para concluir de allí que el mencionado sistema también es aplicable a las obligaciones laborales”.

Según el censor la equidad es un principio y una sana fuente de inspiración para aplicar o interpretar la ley, pero ella no suple la inexistencia absoluta de un precepto que regule una materia o un caso determinado o concreto. Los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del C. S. del T., sólo dan pautas para la aplicación de la ley al resolver litigios judiciales, pero no pueden suplir su carencia absoluta, ni se pueden tener en cuenta para un caso específico y concreto distinto para el que se dictó, como sucede cuando se extiende el sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales, la que conlleva una aplicación indebida de los textos legales acusados.

Antes de examinar los diversos cuestionamientos en que se fundamenta el ataque, es importante hacer un recuento sucinto de los aspectos doctrinales y jurisprudenciales relacionados con fenómenos como la inflación, la desvalorización de la moneda, la corrección monetaria y la aplicabilidad de los principios de la equidad y la justicia en los conflictos de carácter laboral.

Antecedentes doctrinales.

Como lo sostiene tanto la doctrina nacional como la extranjera, el fenómeno de la inflación produce entre sus consecuencias más importantes la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que conlleva lógicamente su incidencia en los campos social y económico y también en el jurídico. Para buscar ese equilibrio, cuando ya no existe, porque una de las partes contratantes queda en estado de inferioridad, se impone la necesidad de reajustar su monto original, por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para lo cual se deben tomar los correctivos necesarios.

Esas medidas las pueden realizar las partes, la propia ley o la decisión de los jueces; en todo caso, la finalidad es la misma o sea remediar el desequilibrio económico existente o su restitución cuando se ha roto en perjuicio de alguna persona y se logra imponiendo la obligación de reajustar el pago de la deuda inicial, teniendo en cuenta el sistema de la corrección monetaria, llamado también indexación.

En todo caso y cualquiera sea la denominación que se le quiera dar, se está ante una forma de protección de la moneda, sustrayéndola del ámbito del nominalismo, porque su valor intrínseco se ha deteriorado y es una consecuencia de un proceso económico, que altera incuestionablemente las relaciones existentes entre los contratantes.

Por eso con mucha razón se ha sostenido que

“El dinero es una medida de valores o de bienes para facilitar la circulación o trueque de éstos, lo que interesa es su poder adquisitivo, de modo que si éste se deteriora por fenómenos inevitables, lo justo es que se les restaure, en lo posible, mediante los reajustes en estudio, tendientes a dar realidad a los principios de equidad y justicia...” (Corrección monetaria y pago legal, pág. 24 - Fernando Fueyo Laneri - Editorial Temis - Bogotá - 1978).

De igual manera, se afirma por la doctrina, que si el medio económico, lejos de favorecer la estabilidad de la moneda nacional, provoca una alteración tan alarmante que llega a destruir el equilibrio de las prestaciones, resulta evidente que se trata de un caso no previsto en la ley, por lo que llevaría a aplicar las disposiciones contenidas en leyes análogas o remitirse a los principios generales del derecho y precisamente entre ellos la equidad, como base fundamental de todo sistema legal, por lo que el juez al fundamentar su resolución judicial acoge favorablemente la demanda por reajuste de una obligación dineraria. Ello no implica reconocer facultades judiciales extraordinarias que transformen al juez en legislador y que el principio de la equidad sea utilizado como excusa para apartarse del derecho positivo vigente, pero resulta importante no perder de vista los objetivos de la propia ley.

Por último, se asevera que el derecho laboral tampoco ha podido escapar a los múltiples problemas que origina la gradual y constante pérdida del poder adquisitivo de la moneda a consecuencia de la inflación. En relación con este asunto, la doctrina afirma:

“Es indudable, como bien lo recuerda Sagües, que si existe un crédito que merece ser reajustado es el proveniente de las relaciones laborales... La inflación repercute muy especialmente en esta materia, pues incide en forma directa sobre las perspectivas socioeconómicas del trabajador y su núcleo familiar. Es muy negativo que, dentro de un panorama favorable a la “indexación” los créditos laborales permanezcan relegados, pues por esa vía, se lleva a las clases de menores recursos a una situación de “ahogo” casi insostenible, cuyas proyecciones futuras pueden ser muy graves”. (Inflación y Actualización Monetaria - Págs. 169 y 170 - Editorial Universidad de Buenos Aires - 1981).

Jurisprudencia de la Sala Civil.

Es incuestionable la labor jurisprudencial de la Sala Civil de la Corte, que en numerosos fallos, se ha referido al fenómeno de la corrección monetaria como una forma de encontrar el equilibrio perdido entre los contratantes, por la desvalorización del peso colombiano.

Además de las sentencias ya conocidas, por haberse incluido también en decisiones anteriores de la Sala Laboral, es pertinente mencionar dos de las últimas. En la primera de ellas, fechada el 29 de julio de 1987, se dice lo siguiente:

“En múltiples sentencias la Corte teniendo en cuenta la notoria y apreciable desvalorización del poder adquisitivo de la moneda, cuya incidencia ha tocado no sólo el ámbito económico sino también el jurídico, con apoyo en la regla de la simetría que debe regir en los contratos bilaterales y con fundamento en los principios generales del derecho ha dicho que la equidad y la justicia imponen aceptar la corrección monetaria de determinadas obligaciones dinerarias” . 

En la segunda, de agosto 10 de 1988, al referirse al mismo punto, se expresa:

“La Corte, en todos los eventos que ha hecho prosperar la corrección monetaria, ha partido de la noción de que la desvalorización de la moneda nacional de Colombia, desde hace varios años, constituye hecho notorio y público, que como tal exime de cualquier prueba sobre el particular. La afirmación, pues, cae en el campo de los hechos, en sí mismo considerados, que se exteriorizan abiertamente, sin necesidad de entrar a buscar su demostración, bajo el entendido que la simple pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano encierra un daño de fácil y ostensible advertencia por el juzgador”.

Puede decirse, como una especie de síntesis, que la Sala de Casación Civil, a través de sus numerosas decisiones ha mantenido el criterio que aquellas obligaciones que no fueron solucionadas en su debida oportunidad, deben cancelarse teniendo en cuenta la corrección monetaria, como consecuencia de la pérdida de su poder adquisitivo, con fundamento en la equidad y la igualdad de la justicia, como principios universales que no deben ser desconocidos y que permiten que su pago se efectúe por su valor real, con lo que el orden jurídico se restablece.

Se sostiene por esa misma Sala, que la atención a esos principios superiores, y con fundamento en una interpretación realista del derecho, aspectos como el nominalismo y el formalismo de la ley, que parecían motivos insalvables que hacían imposible su aplicación, tuvieran que ceder ante la realidad de los hechos, cuando en las relaciones contractuales por el simple transcurso del tiempo se depreció la moneda, por lo que había ya que acudir a su restablecimiento a través del sistema antes mencionado.

Jurisprudencia de la Sala Laboral.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala, se ha referido en varias ocasiones al problema de la desvalorización de la moneda en las obligaciones de carácter laboral, para lo cual ha tenido en cuenta lo resuelto por nuestra legislación positiva.

Así, en sentencia de la Sección Primera del 18 de agosto de 1982, al examinar la incidencia de la inflación en el campo laboral, se decía:

“Sin embargo justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley, por la doctrina y por la jurisprudencia en Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula, se reduciría al hecho de que, en la práctica, el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada ni automática. Ya que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)”.

Por su parte, esta sección segunda, en sentencia del 11 de abril de 1987, Rad. 12, señaló que no se puede dar la solución de la revaluación judicial, al precisar que “no existe texto legal positivo que consagre la llamada “indexación” o corrección monetaria como forma de resarcir los perjuicios al acreedor. En cambio, sí está que la moneda colombiana es el peso y que tiene pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones contraídas o exigibles en dinero”.

Posteriormente, la misma sección en fallo del 7 de mayo de 1987, Rad. 0481, examinó en forma detenida y prolija las consecuencias de la desvalorización del peso colombiano y la incidencia de la corrección monetaria en las obligaciones civiles y laborales cuando sostuvo que

“Si bien se ha estimado que en materia laboral debe aplicarse la corrección monetaria como solución jurídica a la integridad del pago de las obligaciones que se concretan en una suma de dinero, resulta no menos cierto que en nuestra legislación ya se ha previsto la indemnización compensatoria por todos los perjuicios que se causen a los trabajadores por la mora en el pago de sus salarios, prestaciones sociales y aun de indemnizaciones...”

A continuación, en el mismo fallo se hace una relación detenida de la legislación nacional, en los casos en que se ha venido actualizando a través de un reajuste periódico el salario mínimo (arts. 146, 147 y 148 C.S.T., 2º de la Ley 187/59), las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de todos los sectores (art. 2º de la Ley 10 de 1972 y 1º de la Ley 4ª de 1976), o se sanciona al deudor moroso por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores (arts. 65 C.S.T., 11 de la Ley 6ª de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949), o de las pensiones de jubilación, invalidez o vejez (art. 8º de la Ley 10 de 1972) o de las indemnizaciones de los trabajadores oficiales (art. 1º del Decreto 797 de 1949).

En la mencionada sentencia, además de que se acoge la decisión de esta sección antes anotada (abril 11/87), considera que

“... a la misma conclusión se llega teniendo en cuenta que la propia ley laboral se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios en los casos de mora en el pago de salarios, pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones de trabajadores oficiales pues “de acuerdo con la moderna doctrina sobre indexación y con el buen sentido de ella no procede sobre conceptos que ya reciben el beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida” (auto jun. 29/84 de la Sección Primera de Casación Laboral)”.

Finalmente, la Sección Primera en sentencia del 31 de mayo de 1988 - Rad. 2031, después de hacer un recuento de las numerosas providencias dictadas por la Sala Civil y de mencionar algunas de la Sala Laboral, como también la incidencia de la doctrina extranjera y nacional y las diversas disposiciones legales donde se ha venido aplicando la indexación como una solución a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, concluye que

“... con base en los principios filosóficos del derecho que consagran los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, los postulados que se han dejado analizados, son aplicables al presente asunto (corrección monetaria a una indemnización por despido injusto), toda vez que no es justo que el trabajador soporte sobre sí todo el riesgo de la depreciación monetaria y que se le obligue a recibir un pago con moneda que evidentemente tiene un poder adquisitivo menor, máxime que el mismo Gobierno Nacional, a través de las normas atrás citadas reconoce el reiterado y permanente fenómeno de la desvalorización monetaria, persiguiendo con esas medidas la corrección monetaria”.

Caso debatido. 

Para el recurrente, los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del C.S. del T., sólo dan pauta para la aplicación de la ley al decidir los litigios judiciales, pero tales preceptos no suplen la carencia absoluta de la ley, ni permiten aplicar a un caso determinado unas normas cuyo alcance el legislador en forma clara y expresa determinó para otro caso específico y distinto al cual se le quiere emplear, como el sistema de la corrección monetaria a las obligaciones laborales.

Sin lugar a dudas los textos legales mencionados, señalan las pautas para que frente a una situación concreta y objetiva y ante la ausencia de la norma exacta aplicable, se pueda acudir a otras disposiciones que regulen materias semejantes y a falta de ellas a las reglas generales del derecho.

El artículo 19 del C.S.T., establece perentoriamente que si no existe una norma laboral aplicable al caso controvertido, se acuda a las análogas del propio código y en defecto de ellas, a la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los convenios y recomendaciones internacionales y a los principios del derecho común que no sean contrarios al derecho del trabajo, todo dentro de un principio de equidad.

De vieja data, la jurisprudencia de esta Sala, ha preceptuado que es factible acudir por recepción a las normas del derecho común, si el punto no ha podido ser resuelto por analogía con las propias disposiciones laborales y se han agotado las demás fuentes del derecho del trabajo (casación, mayo 25/63 - D. del T. Vol. XXXVlll - Núms. 223 - 225 - pág. 66).

De aceptarse la posición contraria, o sea la propuesta por la censura, que las disposiciones acusadas sólo contienen declaraciones de carácter general y abstracto, sin ninguna otra posibilidad y que no sirven de soporte para resolver el caso litigioso, llegaríase a la conclusión simple que frente a una controversia laboral y ante la ausencia de norma expresa no es procedente buscar su solución a través de otra u otras fuentes del derecho del trabajo.

Si la ley laboral no consagra una norma positiva que regule el punto controvertido, el artículo 19 del Código le enseña que debe hacerlo adoptando otras semejantes o similares dentro de las propias leyes sociales y si ello no es posible, ir más allá hasta los principios generales del derecho, que no se opongan a las primeras, respetando siempre el principio de la equidad.

Es cierto que el sistema de la corrección monetaria fue establecido en Colombia en el año de 1972, con la finalidad de promover el ahorro privado y de canalizarlo hacia la industria de la construcción, dentro del sistema del valor constante, como lo determina el artículo 1º del Decreto 678 de ese año, y que la UPAC no es un nuevo signo monetario que reemplace al peso colombiano como elemento de curso forzoso con poder liberativo para satisfacer todas las obligaciones de contenido pecuniario; pero no es cierto que sea el único, en que se viene utilizando ese sistema, para tal efecto es suficiente recordar que el artículo 44 de la Ley 14 de 1984, implantó la corrección monetaria al actualizar en términos reales el valor de los pagos tributarios al Estado, el artículo 16 de la Ley 75 de 1986, al hablar de los valores absolutos expresados en moneda colombiana relativos a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas y también el artículo 10 de la Ley 56 de 1985, en cuanto a la indexación de los cánones de arrendamiento.

Pero aún más, también lo encontramos en varias de nuestras codificaciones actuales, así por ejemplo: en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84) se dispone que “la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor”, o más recientemente el artículo 308 del C.P.C. (D. 2282/89), indica que “la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario, en el lapso comprendido entre la fecha de la sentencia definitiva y el día del pago se hará en el proceso ejecutivo que se adelante para su cobro”.

De tal manera, que no es pertinente afirmar escuetamente que el sistema de la corrección monetaria fue establecido de manera única y exclusiva para los depósitos y préstamos que se hacen través de las corporaciones de ahorro y vivienda, ya que otras leyes posteriores ampliaron su radio de acción, teniendo en cuenta indudablemente el fenómeno de la desvalorización de la moneda y su necesaria actualización.

Comparte la Sala la apreciación del distinguido casacionista, cuando se refiere a que en eventos anteriores, se ha querido encontrar sin mayor respaldo la aplicabilidad de la corrección monetaria en el artículo 135 del C.S.T., ya que ese ordenamiento regula una materia distinta, como es la convertibilidad a pesos colombianos del salario pactado en moneda extranjera, y la corrección se aplica siempre en moneda nacional de curso legal.

Sostiene también el recurrente que los artículos 146 y 147 del mismo código, que señalan el reajuste periódico del salario mínimo legal o las normas que establecen en forma específica el reajuste anual de las pensiones de vejez, jubilación e invalidez, no traslucen una indexación rígida, porque se tienen en cuenta otros factores. Disposiciones posteriores, sin embargo, sí regulan el fenómeno, para lo cual es pertinente mencionar entre otras, el artículo 1º de la Ley 171 de 1988, que al determinar el aumento de las pensiones, establece:

“Serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

PAR.—Este reajuste tendrá vigencia simultáneamente a la que se fije para el salario mínimo”.

Según la censura los artículos 1613 a 1617, 1627 y 1649 del C.C., que se refieren a la indemnización de perjuicios por el incumplimiento o el retardo en cumplir obligaciones, a los factores que ella conlleva, al alcance de la reparación correspondiente, al reconocimiento del perjuicio causado por la mora consistente en el pago de intereses, a que el pago debe hacerse de acuerdo con la obligación y al pago total de la deuda que comprende el de los intereses y el de las indemnizaciones, no son base jurídica sólida y clara para aceptar la aplicabilidad de la corrección monetaria a obligaciones distintas a las contraídas por el sistema del valor constante.

La Sala Civil de la Corte por el contrario, sobre este punto ha sostenido:

“El pago, para que tenga entidad de extinguir la obligación, debe hacerlo el deudor al acreedor en las condiciones establecidas por la ley, entre las cuales merece destacarse el de que se debe efectuar en forma completa, o sea que mediante él se cubra la totalidad, a virtud de que el deudor no puede compeler al acreedor a que lo reciba por partes, salvo estipulación en el punto, pues sobre el particular establece el inciso 2º del artículo 1626 del Código Civil que el “pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, y, para que sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además, con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza el inciso 2º del artículo 1649 ibídem, cuando dispone que “El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban””. (Casación, mar. 30/84).

Como bien lo afirma dicha Sala en la sentencia transcrita, es indudable que el pago debe ser completo o íntegro para que cumpla su cometido, en especial respecto del deudor moroso que cancela su obligación con moneda desvalorizada, ya que se estaría frente a una situación ilusoria y se impone la necesidad de su reajuste para que represente su verdadero valor y se cumpla con el requisito de la integridad del pago.

El ataque hace referencia expresa al artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, afirmando que comprende de manera total los perjuicios derivados de la ruptura ilegal del contrato de trabajo, sin que sea posible rebajar o ampliar su cuantía en las distintas hipótesis que contempla la norma y que como el fallo acusado y la sentencia de la Corte de 31 de mayo de 1988, que lo inspira, no lo interpretan, debe entenderse que se está frente a una aplicación indebida, al tenerlo en cuenta el sentenciador para una hipótesis no regulada por esa norma.

Entonces, es pertinente que la Corte entre decidir si es aplicable la indexación o corrección monetaria a la indemnización por despido injusto consagrada en el mencionado artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Para ese efecto debe observarse que el antecedente inmediato de dicha disposición, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, distinguía dentro de la indemnización de perjuicios por ruptura unilateral del contrato de trabajo por el patrono el daño emergente y el lucro cesante, tarifando este último en el monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo. El daño emergente se determinaba por el monto de los perjuicios que el trabajador hubiera efectivamente sufrido y demostrado en el juicio. Similar situación se encuentra prevista para los trabajadores oficiales en los artículos 11 de la Ley 6ª de 1945 y 51 del Decreto 2127 del mismo año.

Con criterio esencialmente práctico, el legislador de 1965 tarifó conjuntamente los perjuicios correspondientes al daño emergente y al lucro cesante teniendo en cuenta la modalidad del contrato y la antigüedad del trabajador.

Según las voces del artículo 1614 del Código Civil, se entiende “por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haber cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse ratardado su cumplimiento; y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haber cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente o retardado su cumplimiento” (subrayas de la Corte).

Ahora bien, cuando el patrono incumple su obligación de mantener vigente el contrato de trabajo en los términos convenidos y lo rompe sin justa causa, se hace automáticamente responsable y deudor de una obligación distinta: la de pagar el valor de la indemnización correspondiente, que en la actual normatividad legal para el sector privado comprende, por regulación previa, el daño emergente y el lucro cesante.

En tales condiciones, esa obligación, la de pagar la indemnización, debe satisfacerse por el empleador en el mismo momento en que unilateralmente le pone fin al contrato. Es al producirse el despido entonces, y no después, cuando el monto de la indemnización debe salir del patrimonio del patrono para ingresar al del trabajador que se ha perjudicado con el incumplimiento del contrato y la pérdida de su empleo; la oportunidad del pago de la indemnización no es materia de convenio entre las partes y, tarifada como está ab initio, tampoco es objeto de determinación posterior, razones por las cuales si el patrono deudor no la cubre al momento del despido se coloca en mora.

Es obvio entonces que el daño o perjuicio que por la depreciación monetaria sufre el trabajador como consecuencia del retardo o mora patronal en el cumplimiento de la obligación de pagar la indemnización que cuantificada previa y precisamente por la propia ley debió pagársele a la terminación del contrato, corresponde a la modalidad del daño emergente prevista en la primera parte del artículo 1614 del Código Civil.

De lo anterior se concluye que el pago de la indemnización por despido injustificado que se realiza efectivamente después del momento de su causación sólo será completo si comprende la corrección monetaria correspondiente al lapso del retardo o la mora en su incumplimiento.

De esta manera, si en el caso que se examina se dispuso que el pago se realizara en su totalidad o sea por su monto real, incluyendo la corrección monetaria, no se aplicaron indebidamente las normas sustanciales relacionadas en la formulación del cargo, como lo pretende el ataque en casación y por el contrario, el sentenciador se atemperó a la realidad de los hechos controvertidos.

Por otra parte, es necesario observar que al disponer el fallo cuestionado la indemnización por despido injusto y su revaluación monetaria, no infringió directamente por desconocimiento o rebeldía las disposiciones acusadas o sea los artículos 2º de la Ley 46 de 1933, 3º de la Ley 167 de 1938 y 874 del Código de Comercio, que dan pleno poder liberatorio para el pago de las obligaciones contraídas en nuestro país en moneda legal colombiana; sino por el contrario, se limitó a ordenarlo dentro del ámbito normal regulado por dichos textos legales.

De todas maneras cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la indexación, con ella no se busca establecer un incremento, o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador, por el simple transcurso del tiempo y su depreciación monetaria, con lo cual fundamentalmente se está restableciendo la equidad y la justicia.

También es importante anotar que el pago de la corrección monetaria no depende de que el empleador haya actuado de buena o mala fe, ya que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una situación ajena al cumplimiento de sus obligaciones con el trabajador y lo que se busca a través de ella es mantener su verdadero valor a través de la adaptación de ese sistema.

Por último, es conducente resaltar, que la corrección monetaria debe aplicarse como solución jurídica para el pago integral de las obligaciones que se concretan en una suma de dinero, cuando deban cubrirse aquellas donde la propia ley laboral no se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en su solución, o porque ya reciban el beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida, situación que no se da en el caso debatido.

A pesar de las reflexiones serias y ponderadas de la parte recurrente, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Ernesto Jiménez Díaz—Rafael Baquero Herrera, con salvamento de voto—Hugo Suescún Pujols.

Consuelo Garbiras Fernández, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Pongo a salvo mi voto en este asunto que, en mi opinión, debió ser de casación del fallo acusado por el extremo del reajuste monetario decretado conjuntamente con los perjuicios compensatorios, por las razones que se expresan a continuación:

Lo dicho por la Corte -Sección Segunda-, a propósito de la improcedencia de la corrección monetaria en las obligaciones de origen laboral en la sentencia de 7 de mayo de 1987 (G.J., CXC, número 2429, págs. 250-262) tiene aplicación en el caso sub-judice, orientación jurisprudencial que debe mantenerse por los razonamientos que consignó en esa oportunidad:

“Considera la Sala en el caso de trabajadores particulares se presentan dos situaciones diferentes. Una, cuando se discute con razones atendibles el derecho a la indemnización, caso en el cual sólo se hace exigible con el pronunciamiento de la sentencia judicial que ordena el pago; la otra, cuando el patrono o el trabajador deudor aceptan la deuda por estar conscientes de haber realizado el hecho o el acto que ha causado el perjuicio, como cuando el patrono da por terminado el contrato sin justa causa, prometiendo pagar la correspondiente indemnización. En el primer caso no puede haber mora sino a partir de la ejecutoria del fallo que condena al pago de la indemnización, y en el segundo evento desde cuando se produjo el hecho que le da origen a su reconocimiento y pago. Sólo en estos casos podría pensarse que cabe la corrección monetaria, pero no hay ley que la ordene. Conforme a jurisprudencia reciente de esta sección no puede darse la solución de la “revaluación judicial”. En efecto, en sentencia de 11 de abril de 1987, radicación número 12, de la cual fue ponente el Magistrado Rafael Baquero Herrera, se precisó por la Sala “que no existe texto legal positivo que consagre la llamada “indexación” o corrección monetaria como forma de resarcir los perjuicios al acreedor. En cambio, si está que la moneda colombiana es el peso y que tiene pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones contraídas o exigibles en dinero”.

En esta oportunidad la sala considera, sin embargo, que la corrección monetaria en obligaciones de origen laboral no se da no sólo por lo antes afirmado en el fallo de 11 de abril del presente año que se acaba de citar, sino también porque a la misma conclusión se llega teniendo en cuenta que la propia ley laboral se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios en los casos de mora en el pago de salarios, pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones de trabajadores oficiales, pues “de acuerdo con la moderna doctrina sobre indexación y con buen sentido de ella no procede sobre conceptos que ya reciben el beneficio de reajuste automático y regular en relación con el costo de vida” (auto de 29 de junio de 1984 de la Sección Primera de Casación Laboral).

De otra parte se tiene que aplicando el criterio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la cual se ha hecho mención, en el caso de la indemnización de perjuicios en las relaciones laborales de carácter particular no se ve claro en ciertas hipótesis el daño emergente por el no pago oportuno de la correspondiente indemnización, ni menos puede hablarse de que se trata de restituciones recíprocas en la que deba darse la equivalencia de los valores restituidos. Por ello no es de recibo hablar de la indexación como resarcimiento adicional de la indemnización, que sería algo así como hablar de intereses de intereses, o una especie de extravagante anatocismo indemnizatorio. Es tal vez esta la razón por la cual la misma Sala de Casación Civil advierte que debe tenerse cautela en la aplicación de los criterios sobre corrección monetaria en las relaciones obligacionales, porque su generalización inconsulta, lejos de lograr una solución en el tráfico jurídico lo hace inseguro y peligroso, en menoscabo de la justicia misma (sentencia del 19 de marzo de 1986). Es que las mismas razones de justicia y equidad que se han invocado como fundamento de la corrección monetaria en las obligaciones de dinero, hacen que no pueda haber lugar a ella en aquellas que se originan en virtud de relaciones reguladas por las leyes laborales, puesto que éstas ya han previsto la forma completa de resarcir los perjuicios que se puedan ocasionar por la mora en la solución de las deudas en dinero. Y en lo que hace a la ruptura injusta del contrato de trabajo, tema concreto de esta providencia, el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 tabula rígidamente su monto sin que el juez bajo ningún pretexto pueda modificar o apartarse de la evaluación impuesta por el legislador con fundamento exclusivo en el tiempo de servicio de la víctima del despido”.

De otro lado, obsérvese que bajo el imperio del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945 se estableció la cláusula resolutoria propia de los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, lo que impone a la parte incumplida la indemnización de perjuicios a favor del otro contratante.

Esa norma legal fue el antecedente legislativo inmediato del artículo 64 del C.S.T., que solamente tasó el lucro cesante, el cual, a su turno, fue subrogado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, norma esta última que optó por señalar con absoluta claridad y en forma específica, los valores que han de pagarse al trabajador, como indemnización compensatoria, cuando se termina unilateralmente el contrato de trabajo por decisión del patrono.

Así las cosas, no puede predicarse que opera en este caso el pago adicional de la corrección monetaria con los perjuicios por daño emergente y lucro cesante, como lo sostiene sin apoyo legal la sentencia impugnada.

Se cumple así la preceptiva del artículo 1626 del C.C. que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe y para que sea íntegro, cabal, y completo, ha de hacerse con las indemnizaciones debidas que no son otras que las tasadas rígidamente por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Rafael Baquero Herrera. 

_________________________