Sentencia 40884 de agosto 24 de 2010

 

Sentencia 40884 de agosto 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Eduardo López Villegas

Ref.: Exp. 40884

Acta Nº 30

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de GLORIA AMPARO QUINTERO VELÁSQUEZ quien actúa en nombre propio y de sus menores hijas LEYDI JOHANA, ELIZABETH, RUTH y ANA MARÍA VIÁFARA QUINTERO contra la sentencia de 12 de marzo de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por las recurrentes contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

I. ANTECEDENTES

1. Las citadas demandantes convocaron a proceso al Instituto con el fin en lo que interesa al recurso extraordinario, de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 9 de diciembre de 2006, en su condición de cónyuge supérstite e hijas respectivamente, del afiliado fallecido Simón Viáfara Iter. Pidieron asimismo, intereses moratorios y costas.

Como apoyo de su pedimento indicaron que el causante era afiliado al Instituto y en toda su vida laboral cotizó 275 semanas. El de cujus convivió por más de 12 años de manera continua y permanente con su esposa y de esa unión nacieron cuatro hijas. El Instituto negó la prestación alegando que el causante no cumplió el requisito de fidelidad de cotizaciones al Sistema previsto en la Ley 797 de 2003. Sin embargo, el afiliado satisfizo las exigencias del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, por lo que debe darse aplicación al principio de la condición más beneficiosa.

2. El Instituto admitió unos hechos y negó otros; se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que el causante no cumplió los requisitos exigidos en la normatividad aplicable para que sus beneficiarios pudieran gozar de la pensión deprecada. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema, improcedencia de los intereses moratorios, prescripción, falta de causa, buena fe, entre otras.

3. Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2008, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira condenó al Instituto al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes, desde el 9 de diciembre de 2006, más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Pereira al conocer en segunda instancia en virtud de la apelación de la parte convocada a proceso, revocó la sentencia de primer grado en su integridad y absolvió al Instituto de todos los cargos.

En lo que interesa a los efectos de esta decisión, sostuvo el Juzgador de segundo grado que el afiliado falleció el 9 de diciembre de 2006, por lo que la norma aplicable para efectos de determinar la concesión de la pensión de sobrevivientes es la Ley 797 de 2003, “por ser la vigente al momento de la ocurrencia del infortunio, sin que sea posible ni por aplicación del principio de condición más beneficiosa ni por aplicación del principio de progresividad de los derechos laborales, acudir al artículo 46 original de la Ley 100 de 1993 como pretende la parte actora, porque i) con relación al principio de condición más beneficiosa sólo es posible su aplicación por cambio de legislación de un sistema de seguridad social a otro pero no por el mero tránsito de una norma a otra dentro del mismo sistema; y, ii) con relación al principio de progresividad de los derechos laborales, sólo tiene cabida cuando hay una proximidad entre la fecha del fallecimiento del pensionado o afiliado con la entrada en vigencia de la nueva ley, lo que no ocurre en este caso toda vez que entre una y otra hubo una diferencia de casi tres años.

“Aclarado lo anterior, basta decir que, tal como lo explicó el A quo en su fallo (fl. 59), el causante no cumplió con el requisito de la fidelidad al sistema en al menos el 20%, por cuanto debiendo haber cotizado 295,2571 semanas durante el lapso comprendido entre el 25 de marzo de 1978 (fecha en la que cumplió 20 años de edad) y el 09 de diciembre de 2006 (fecha del fallecimiento), apenas alcanzó a cotizar 287,1428 semanas, de acuerdo a su historia laboral”.

III. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia del Tribunal y en sede de instancia, condene a la demandada en todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Con tal fin formula un único cargo, así:

CARGO ÚNICO. Acusa la sentencia por vía directa “por indebida aplicación de la Constitución Nacional en su artículo 48 y 53; de la Ley 100 de 1993 en su artículo 46 original, de la Ley 797 de 2003 en su artículo 12 y de la Ley 860 de 2003, en su artículo primero”.

En el desarrollo dijo el censor que el tribunal debió aplicar el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993 y no el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma que fue declarada inexequible, en lo que tiene que ver con el porcentaje de fidelidad al sistema mediante Sentencia C-556 de 2009, toda vez que viola el principio de progresividad y no regresividad de la legislación laboral y porque es contraria al Pacto de Costa Rica.

El opositor señaló que son muchos los fallos en los cuales la Sala de Casación Laboral ha explicado las razones por las cuales no es procedente invocar el principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del pensionado o del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, y cita jurisprudencia al respecto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El tribunal dio como supuestos fácticos en el sub lite que no se discuten dada la orientación jurídica del cargo, que el causante falleció el 9 de diciembre de 2006; que cotizó al seguro social para los riesgos de invalidez, vejez y muerte en toda su vida laboral 287,1428 semanas, 158,5714 de las cuales en los tres años anteriores al fallecimiento y que no acreditó una fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de la muerte.

El censor cuestiona la decisión absolutoria del tribunal, porque en su criterio la pensión suplicada debió concederse con fundamento en el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, por ser una normatividad más favorable.  

Al respecto se ha de indicar que como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala y bien lo anotó el opositor, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 9 de diciembre de 2006, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, disposiciones acertadamente aplicadas en la sentencia gravada. 

Frente a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes señala el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que tendrán el derecho:

“… 

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: 

“a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 

“…”. (Se ha de tener en cuenta que por Sentencia C-1094-03, el porcentaje se redujo al 20% y por la C-556 de 2009 fue declarado inexequible).  

En este proceso no se discute que el causante dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento cotizó 158,5714 semanas, pero no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso vigente en su caso puesto que la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009 que declaró inexequible tal requisito fue dictada el 20 de agosto de ese año con efectos hacia el futuro, pues en su parte resolutiva no se previó que tuviese efectos retroactivos. Esto significa que no se cumplieron los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que las demandantes pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes. 

Tampoco puede concederse el derecho deprecado en aplicación del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 reformado por la Ley 797 de 2003, toda vez que no se demostraron los supuestos normativos allí previstos, dado que el afiliado no cotizó el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la prestación por vejez. 

Ahora bien, no es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues acorde con el criterio de esta Sala de la Corte asentado en fallo de 3 de diciembre de 2007, radicación 28876, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, es esta la normatividad aplicable para efectos de dirimir el derecho a la pensión de sobrevivientes; esa postura fue reiterada en sentencia de 28 de mayo de 2008 rad. Nº 30064. En la primera de las decisiones citadas, puntualizó la Sala: 

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LLANOS TOLE <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Sentencia C-1094 de 2003. 

“Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en impugnante”. 

El principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 del ISS, no cumplían con las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la legislación anterior.

Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la Ley 797 de 2003 frente al artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, por cuanto esta última exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos para acceder a la pensión de sobrevivientes en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición. 

Por lo demás, se insiste, la situación del sub lite no queda comprendida dentro de las previsiones del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la prestación en los términos allí contemplados.

Finalmente, en lo relacionado con el principio de progresividad en materia de seguridad social, resulta oportuno recordar las enseñanzas de la Sala plasmadas en sentencia de 2 de septiembre de 2008, radicación 32765:

“… no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema. 

“El juicio de progresividad comparando lo que ofrece la legislación nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer mañana. 

“Según señalan los convenios internacionales que fundan la seguridad social, ésta debe entenderse como una economía del bienestar justa que comprenda a las generaciones presentes, pasadas y futuras. A manera de ilustración, el numeral 3º del artículo 12 del Código Iberoamericano de Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999 establece que ‘3. Los Estados ratificantes recomiendan una política de racionalización financiera de la Seguridad Social basada en la conexión lógica entre las diferentes funciones protectoras de ésta, la extensión de la solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades económicas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de financiación y la protección otorgada’.  

“La deliberada voluntad del legislador en las reformas introducidas al sistema pensional con las leyes 797 y 860 de 2003, propenden a asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo”. 

Por lo dicho, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de marzo de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por GLORIA AMPARO QUINTERO VELÁSQUEZ quien actúa en nombre propio y de sus menores hijas LEYDI JOHANA, ELIZABETH, RUTH y ANA MARÍA VIÁFARA QUINTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.