Sentencia 40919 de septiembre 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad.: 40919

Acta 33

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Primeramente es de advertir, que como la censura contrajo el ataque en sede de casación, al punto relativo a la prescripción que declararon los jueces de instancia, atinente al incremento pensional por personas a cargo, queda incólume la absolución del Instituto de Seguros Sociales por motivo de la reliquidación de la pensión de vejez, con base en el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral del afiliado demandante.

En segundo lugar, no le asiste razón a la réplica en cuanto al reproche del alcance de la impugnación, ya que el mismo se encuentra debidamente formulado, pues la censura especificó que la casación era “parcial” y solo en lo atinente a la súplica de los incrementos por personas a cargo; en sede de instancia, al pretender que se imparta condena por este concepto, debe entenderse que una vez quebrada parcialmente la sentencia recurrida, se ha de revocar la absolución impartida por a quo por dicho pedimento.

Pues bien, dada la orientación del cargo propuesto por la vía directa, ninguna discusión existe en torno a los fundamentos fácticos que dio por demostrado el tribunal, esto es, que el ISS le concedió al demandante pensión de vejez a partir del 12 de diciembre de 1995; que éste “tenía derecho al incremento aquí reclamado por tener cónyuge a cargo, la señora María Rosalba Gutiérrez, con quien había contraído nupcias el 3 de enero de 1970”; y que presentó la reclamación administrativa para acceder a tal incremento, el 11 de febrero de 2005.

En ese contexto, el aspecto controvertido en la esfera casacional, se centra en determinar jurídicamente si el derecho al incremento pensional por personas a cargo se encuentra prescrito, tal como lo coligió el tribunal, o si por el contrario, por la circunstancia de que se pague con la misma regularidad con que se cancelan las mesadas pensionales, él no puede verse afectado por la prescripción, toda vez que solamente prescribirían aquellos incrementos “que van quedando cobijados por el espacio cronológico del fenómeno prescriptivo”, según lo asevera la censura.

Al confrontar los fundamentos que le sirven de soporte a la decisión acusada, observa la Corte que el sentenciador de alzada no incurrió en la transgresión de las normas relacionadas en la proposición jurídica, al confirmar la declaración de la prescripción de los derechos reclamados por concepto de incremento pensional por personas a cargo, dado que la jurisprudencia de esta Sala así lo ha adoctrinado.

En efecto, ha señalado la corporación que la calidad del pensionado es permanente y vitalicia, y es en consecuencia imprescriptible la acción para impetrar su reconocimiento. Pero igualmente ha precisado que, una es esa condición del individuo cuya titularidad del derecho pensional no fenece con el transcurrir del tiempo y otra diferente la constituyen los derechos derivados de ese status, tales como el pago de las mesadas pensionales o, en el caso en estudio, los incrementos reclamados, pues estos últimos sí prescriben, en criterio de la Corte, según los términos del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así lo dijo, y ahora se reitera, en la sentencia del 12 de diciembre de 2007 radicado 27923, que en lo pertinente puntualizó que la decisión final del tribunal que declaró prescrito el derecho a reclamar los incrementos por personas a cargo, era acertado, por lo siguiente:

“(...) el artículo 22 del Acuerdo 49 de 1990 prevé que los incrementos por persona a cargo ‘no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales’ es lógico que no pueden participar de los atributos y ventajas que el legislador ha señalado para éstas, entre ellas el de la imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado y que se justifican justamente por el carácter fundamental y vital de la prestación, reafirmado por la Constitución de 1991, y además por el hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general, y de carácter vitalicio.

No puede negarse que los incrementos nacen del reconocimiento de la pensión de vejez, pero ello no quiere decir que formen parte integrante de la prestación, ni mucho menos del estado jurídico del pensionado, no solo por la expresa disposición normativa, como ya se apuntó, sino porque se trata de una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho estado, pues está condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que pueden presentarse o no.

La alusión normativa atinente a que el derecho a los incrementos ‘subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen’, antes que favorecer la imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto implícitamente parte de la hipótesis de que se trata de un derecho que no es vitalicio en tanto su persistencia requiere que se sigan dando las causas que le dieron origen, de modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de estas provoca su extinción.

De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos de estos incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez”.

En este orden de ideas, a la luz de la jurisprudencia antes citada, que no hay razón para variar y que por eso en esta oportunidad se reitera, es entonces razonable afirmar la extinción del derecho a incrementar la pensión en los porcentajes señalados en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, por personas a cargo, por el acaecimiento de la prescripción. Ello al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley, al punto que no es posible considerar su existencia para ningún efecto, porque al desaparecer del ámbito jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como sabe, no tienen fuerza vinculante.

En suma, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos endilgados por la censura al aplicar la normatividad que regula el fenómeno jurídico de la prescripción en materia laboral y de la seguridad social, y por ende no se configura la “aplicación indebida” que se invocó.

De otro lado, en lo que concierte a la “falta de aplicación” que igualmente se está acusando, se tiene que en el desarrollo del cargo no se explicó en qué consistió dicha transgresión legal, que se asimila a la “infracción directa”, que consiste en no aplicar una norma por desconocimiento o rebeldía a un caso determinado. Por el contrario, en la sustentación se alude al errado “entendimiento que le da el fallador de segundo grado” a los preceptos legales denunciados, valga decir, a la “interpretación errónea” de la ley sustancial, que supone su aplicación y, que se presenta cuando se le da a la norma aplicable, una inteligencia o alcance que no le corresponde, o desconociendo su genuino y cabal sentido, lo cual muestra la confusión del recurrente en cuanto a los conceptos de violación.

Por todo lo dicho, el cargo no prospera.

Como hubo réplica, costas en sede de casación a cargo del recurrente, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($3’000.000.00 m/cte.).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 30 de marzo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, en el proceso ordinario promovido por Francisco José Arroyave contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».