Sentencia 40951 de abril 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 106

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil trece (2013).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El artículo 83 de la Ley 599 de 2000 establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena establecida en la ley si fuere privativa de la libertad, sin llegar a ser inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20), salvo si se trata de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, en cuyo caso el máximo será de treinta (30) años.

El artículo 1º de la Ley 1154 de 2007 estableció otra excepción a la regla general, la cual se refiere a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y al punible de incesto, cuando recaen sobre menores de edad, en cuyo evento la acción penal prescribe en veinte (20) años, término que se cuenta a partir del cumplimiento de la mayoría de edad por parte de la víctima.

Ahora bien, si se trata de punibles sancionados con pena no privativa de la libertad, señala el inciso cuarto de la mencionada disposición, el término de prescripción será de cinco (5) años.

De otra parte, de acuerdo con las previsiones del artículo 86 ibídem, con la ejecutoria de la resolución de acusación se interrumpe el término prescriptivo inicial, el cual empieza a correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, si es privativa de la libertad, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10). Si se trata de delitos para los cuales se ha previsto sanción no privativa de la libertad, el término será de cinco (5) años.

En el evento materia de estudio, Leandro Pastor Ruíz Morales fue acusado como autor del punible de lesiones personales culposas respecto de las cuales resultaron víctimas Yamile Beatriz Muñoz Feria y Yuliza Paola Cabrera Muñoz, constituyendo el comportamiento más grave el recibido por la primera de las mencionadas, cuyas lesiones le ocasionaron secuelas que, de acuerdo con el respectivo dictamen médico-legal, consistieron, entre otras, en deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, lo cual implica su encuadramiento en la descripción típica prevista en el inciso segundo del artículo 113 del Código Penal de 2000.

La referida disposición penal establece pena de prisión cuyo máximo es de siete (7) años. Sin embargo, atendido que se trata de lesiones personales culposas, procede aplicar la disminución establecida en el artículo 120 del Código Penal de 2000, esto es, las tres cuartas partes, operación aritmética que arroja veintiún (21) meses.

Por lo anterior, forzoso resulta concluir que el término llamado a tener en cuenta en la etapa del juicio para efectos de la prescripción de la acción penal corresponde a cinco (5) años, esto eso, el mínimo permitido por el artículo 86 arriba citado.

En el presente evento, los cinco (5) años comenzaron a contabilizarse el 23 de marzo de 2006, fecha en la cual se impartió confirmación a la resolución de acusación de primera instancia, cobrando la misma ejecutoria en esa fecha, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y de acuerdo con el alcance que le viene dando a esa disposición esta Sala, a cuyo tenor las providencias proferidas por vía de apelación, queja, consulta o en sede de casación adquieren firmeza el día en que son suscritas por el respectivo funcionario, salvo en el último caso cuando se sustituye la sentencia materia de la impugnación extraordinaria(1).

Significa lo anterior que el lapso prescriptivo se cumplió el 23 de marzo de 2011, esto es, mucho antes de que el proceso arribara a esta corporación.

Lo expuesto constituye razón suficiente para proceder a declarar la prescripción de la acción penal derivada del delito de lesiones personales culposas, al resultar evidente que la potestad punitiva del Estado se ha extinguido en el presente evento.

De otra parte, como de acuerdo con el artículo 98 del estatuto penal, la acción civil cuando se ejercita dentro del proceso penal prescribe “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal”, la Sala declarará también su prescripción respecto de la perjudicada reconocida dentro de la actuación como parte civil, esto es, la señora Yamile Beatriz Muñoz Feria.

Es de anotar que la declaratoria de prescripción no cobija a los terceros civilmente responsables porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal, la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. Con arreglo a la misma normativa, en los demás casos se aplican las normas pertinentes de la legislación civil. La Sala en precedente decisión(2) recordó el alcance de la esta disposición en los siguientes términos:

“En el primer cargo, la demandante parte de un presupuesto absolutamente cierto: la prescripción de la acción civil contra el tercero civilmente responsable se rige exclusivamente por los preceptos de esa legislación, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

“Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.

Los “demás casos” a los que se refiere la norma, solo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (L. 599/2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (L. 600/2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a “las normas pertinentes de la legislación civil”(3).

La Corte se abstendrá de ordenar la compulsación de copias de lo actuado para investigar la evidente mora que se presentó en este caso al permanecer el proceso inactivo durante casi 3 años, luego de presentarse el recurso extraordinario de casación; ello por cuanto dicha orden la dispuso el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla en auto del 16 de octubre de 2012(4). La secretaría de la Corte, sin embargo, verificará si las copias efectivamente se compulsaron.

Finalmente, se dispondrá en la parte resolutiva que contra esta decisión procede el recurso de reposición, según el nuevo criterio de la Sala plasmado en la decisión del 6 de marzo de 2013(5).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR prescrita la acción penal derivada del delito lesiones personales culposas por el cual se acusó al procesado Leandro Pastor Ruíz Morales, según las razones expuestas en la motivación de la presente decisión.

2. ORDENAR, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en contra del mencionado ciudadano, así como el archivo de la actuación.

3. DECLARAR prescrita la acción civil en relación con la perjudicada Yamile Beatriz Muñoz Feria.

4. PRECISAR que la declaratoria de prescripción no cobija a los terceros civilmente responsables, de acuerdo con lo expresado en esta providencia.

5. DISPONER que por conducto del juez de primera instancia se proceda a expedir las comunicaciones correlativas a la determinación de cesación de procedimiento aquí dispuesta.

6. Procédase por la secretaría de la Corte de conformidad con lo dispuesto en el parte final del presente proveído.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Cfr. Auto del 12 de septiembre de 2012, Radicación 38126 y sentencia del 29 de septiembre de 2010, Radicación 29174, entre otras decisiones.

(2) Auto del 31 de marzo de 2008, Radicación 29168.

(3) Sentencia del 23 de agosto de 2005, Radicación 23718.

(4) Folio 284.

(5) Radicación 40474.