Sentencia 40966 de octubre 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40.966

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 37

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VII.Consideraciones de la Corte

Para concluir que entre demandante y demandada no se acreditó un vínculo laboral subordinado, sino otros distintos, esto es, relaciones jurídicas tituladas por estos como ‘contratos de cuentas en participación’ y ‘contratos de prestación de servicios’ de carácter financiero, mediante los cuales aquél asumió la administración de la discoteca ‘El Chócolo’ de la ciudad de Medellín, el tribunal, se recuerda, tuvo en cuenta la confesión contenida en las respuestas a las preguntas dos y siete del interrogatorio que a instancia de parte el actor absolvió, en las que contestó que los dichos contratos se extendieron para que la administración del citado establecimiento de comercio la ejerciera “de una forma autónoma y libre”, y ser verdad que recibía “como partícipe gestor un 16% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal de cada año, durante en el cual estuvo vigente el mencionado contrato”.

El recurrente no desconoce que eso fue lo que contestó a los dichos interrogantes, o que en ellos se contenga la confesión observada por el tribunal; lo que sencillamente plantea es que la primera respuesta fue desvirtuada posteriormente cuando contestó al cuarto interrogante al decir que la autonomía en su administración no se dio en realidad, ya que la demandada asumía también esa administración impartiendo órdenes a los trabajadores del establecimiento, inclusive a él, y, por tanto, esa ‘confesión’ debía aceptarse con las explicaciones, adiciones y aclaraciones concernientes al hecho confesado, como lo dispone el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, salta de bulto el desatino del recurrente al creer derruida la confesión sobre la cual edificó el juzgador su fallo al remitirse a otras de las respuestas que dio en el mismo interrogatorio de parte y que frente a la respuesta asertiva constituyen hechos claramente aislados del hecho explícitamente confesado, por lo cual no es dable predicar la indivisibilidad de la confesión que alega. Menos aún, cuando respecto del hecho de haber percibido ‘como partícipe gestor’ un 16% sobre las utilidades generadas en cada anualidad de vigencia del contrato mercantil que le unió a la demandada nada dice, dejando incólume la percepción probatoria del tribunal que le permitió concluir que a despecho de la prueba del contrato de trabajo alegado, lo que sí le quedaba claro era que “la relación entre estas (sic) se rigió por contratos civiles”.

En consecuencia, por no acreditarse por el recurrente yerros con la entidad de manifiestos respecto de los razonamientos probatorios que fueron esenciales al fallo, estos continúan soportándolo, por ser sabido que al juez del trabajo no está atado a un tarifa de pruebas pudiendo formar libremente su convencimiento, en los términos y condiciones del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Lo dicho sin desatenderse que el único cargo de la demanda de casación adolece de defectos técnicos insuperables, entre ellos, el de mayor importancia, el que no precisa, como lo exige el artículo 87 del estatuto procedimental anteriormente anunciado, el defecto de valoración probatoria que se imputa al juzgador de la alzada en relación con los medios de prueba que se enlistan, esto es, si lo fueron por haber sido dejados de apreciar, o por apreciarse pero con error, o aún por suponerse, por cuanto, como ya se dijo, al efecto lo que se señala por el recurrente es que se trata de “documentos indebidamente apreciados o dejados de apreciar”, situación probatoria que termina siendo excluyente, pues si un medio de prueba no fue apreciado, no puede al mismo tiempo haberse apreciado con error. De esa suerte, las alegaciones probatorias del recurrente son las propias de la instancia judicial pero no del recurso extraordinario, dado que, en éste, compete al recurrente, si endilga al tribunal que la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, citarlas singularizándolas y expresando qué clase de error se cometió respecto de cada una de ellas.

Como tampoco, que las alegaciones del recurrente en cuanto a la permanencia del partícipe gestor o activo en el establecimiento de comercio exigido en los contratos de cuentas en participación lo desnaturalizan para convertirlo en uno laboral, o porque se conociera la identidad de la partícipe inactiva u oculta, o porque ésta fuera la propietaria del establecimiento de comercio, o porque se requiriera acreditar para la ejecución de tales operaciones o contratos la calidad suya de comerciante no tienen asidero, dado que, como lo dijera la Corte, en sentencia de su Sala de Casación Civil de 4 de diciembre de 2008 (Ref. 09354-01),

“… El contrato de cuentas en participación, regulado en los artículos 507 a 514 del Código de Comercio, bien se sabe, es un negocio de colaboración de carácter consensual, en virtud del cual se permite que unas personas participen en los negocios de otras, mediante el aporte de dinero u otra clase de bienes, para desarrollar una o varias operaciones mercantiles determinadas, cuya ejecución deberá ser adelantada por una de ellas, llamada partícipe gestor, en su propio nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuentas a los partícipes inactivos, quienes ante terceros permanecerán ocultos, y dividir entre todos las ganancias o pérdidas en la forma convenida.

“Como otra característica de ese contrato es que su existencia, en principio, no se revela ante terceros, pues el partícipe gestor es reputado único dueño de la empresa propuesta, es claro que unas son las relaciones externas entre éste y aquéllos, y otras, las internas entre los partícipes. Estas últimas, que son las que interesan en el caso, se rigen por las cláusulas de la participación o en su defecto los partícipes tendrán los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple confiere e impone a los socios entre sí, y en subsidio, las generales del contrato de sociedad.

“No se trata, desde luego, del surgimiento de una sociedad propiamente dicha, porque a diferencia de ésta, el contrato de cuentas en participación, como se anunció, es de naturaleza consensual, y porque amén de que carece de patrimonio propio, distinto del de los partícipes, no puede haber autonomía patrimonial, precisamente al no existir personalidad a quien se le pueda atribuir ese patrimonio. El partícipe gestor, por lo tanto, como lo tiene explicado la Corte, es el único que se “obliga y contrae derechos frente a terceros, puesto que es él y sólo él quien interactúa con ellos, en su propio nombre y bajo su crédito personal”, salvo que los partícipes ocultos revelen o autoricen que se conozca su calidad de tales, en cuyo caso responderán con aquél ante terceros en forma solidaria” (subrayas fuera del texto).

El anterior criterio jurisprudencial permite entender que la permanencia del partícipe gestor o activo en el sitio de la operación mercantil, su calidad o no de comerciante ‘profesional’, la propiedad de los bienes donde se desarrollan esas operaciones en cabeza de algunos de los partícipes, o el reconocimiento público de quien por su naturaleza contractual es dado en llamar ‘partícipe inactivo’, no tornan per se el contrato mercantil en laboral, sino que frente a cada una de esas específicas situaciones se generan las consecuencias jurídicas que de las normas que gobiernan esa materia se desprenden, sin que por ello dicha relación contractual pierda su identidad.

Igualmente, que es otro desatino sostener que las relaciones entre las partes contratantes de vínculos jurídicos distintos al del contrato de trabajo impiden a éstas exigirse determinados comportamientos contractuales hasta el punto de conducirlas por sus resultados a la terminación, rescisión, resciliación y/o resolución de las dichas relaciones, según corresponda, comportamientos que, obviamente, no es dado confundir con la llamada ‘subordinación jurídica’ que distingue a aquél de los demás, por ser apenas obvio que siendo dichas relaciones, por regla universal, sinalagmáticas, esto es, que comportan obligaciones recíprocas, lo mínimo que puede permitirse a cada una de ellas es la de exigirse el mutuo cumplimiento de sus particulares obligaciones, como en este caso ocurrió, la permanente rendición de cuentas ‘de la gestión’ del administrador, partícipe gestor o partícipe activo.

No debe dejarse pasar por desapercibido, de la misma manera, que la vinculación a la seguridad social no es hoy un elemento exclusivo de las relaciones contractuales laborales subordinadas, habida cuenta del carácter universal de la normativa que regula esta materia que permite y a la vez reclama, la participación de todos los habitantes del territorio nacional, entre ellos, sin lugar a duda, de los llamados ‘trabajadores independientes’ (L. 100/93, art. 15).

Además, para este caso, que el documento obrante a folio 25, dirigido a la embajada de los Estados Unidos de América por la demandada, inequívocamente referencia al actor como ‘socio industrial y gerente’ del establecimiento de comercio discoteca ‘El Chócolo’, es decir, en la calidad que en los mentados contratos de cuentas en participación se le reconoce, de suerte que de él por sí sólo no es dable concluir la condición de trabajador subordinado que pregona el cargo.

En síntesis, siendo que los yerros probatorios que se atribuyen al fallo no aparecen acreditados, sin dejarse de lado los desatinos técnicos y sustanciales resaltados, éste se declara impróspero.

Sin costas en el recurso porque no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso promovido por Ramiro de Jesús Saldarriaga Zapata contra Caridad Eugenia Uribe Álvarez.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».