Sentencia 4097 de marzo 21 de 1991

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Radicación 4097

Acta 18

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Suescún Pujols

Bogotá, D.E., veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y uno.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 11 de mayo de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

I. Antecedentes

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado conoció del juicio que Luis Ángel Ocampo Santamaría siguió contra la empresa Tintorería Industrial Crystal S.A., para que fuera condenada a pagarle indemnización plena de perjuicios por invalidez debida a un accidente de trabajo, indexación y las costas del proceso. Pretensiones que fundó en los servicios que venía prestando a la demandada el día 26 de abril de 1986, fecha en la que sufrió el accidente de trabajo al introducir tela en la máquina decatizadora “Montti” y quedarle aprisionada la mano derecha del trabajador dentro de los rodillos; que al presentarse el accidente ningún trabajador pudo prestarle auxilio por desconocer el funcionamiento de la máquina y para desconectarla se vieron obligados a buscar al supervisor de turno, quien no se encontraba presente en el salón; que como secuelas de este accidente le quedaron al trabajador limitaciones para extender los dedos de la mano derecha y cicatrices en su antebrazo, muslos y la ingle debidas a los injertos que fue necesario hacer para evitar la amputación de su brazo derecho; que el accidente se produjo por culpa del patrono por falta de la debida protección e indiferencia en la observación de las normas de seguridad al no existir reglamento ni se lo dieron a conocer a los trabajadores, por no haber tomado la más mínima precaución para protección del personal; que al ingresar al empleo gozaba de perfecta salud y devengaba un salario de $ 650.00 diarios.

La demandada se opuso a las pretensiones del actor y al contestar aceptó el hecho de que al momento del accidente el demandante trabajaba a su servicio, pero aclaró que llevaba varios años laborando en esa máquina, también aceptó que el salario diario era el aseverado por el extrabajador. Negó los demás hechos afirmados en la demanda y propuso las excepciones de falta de causa, pago y compensación.

Trabada la litis, el juzgado del conocimiento la dirimió por fallo de 13 de febrero de 1990 que fue complementado el 27 de febrero siguiente, en el cual condenó a la demandada a pagar al actor la suma de $ 522.38 por concepto de indemnización consolidada con ocasión del accidente de trabajo padecido por culpa patronal; la suma de $ 4.348.544 por concepto de indemnización futura a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo; la suma de $ 500.000 por perjuicios morales y declaró configurada la excepción de compensación hasta por la suma de $ 975.942. El a quo impuso costas a la demandada.

Por apelación de ambos litigantes se surtió la alzada, que concluyó con la sentencia aquí acusada, mediante la cual el Tribunal confirmó el fallo de su inferior. No condenó en costas.

II. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada, el Tribunal lo concedió y la Sala lo admitió, al igual que la demanda que sustenta el recurso extraordinario (fls. 7 a 19), la que fue replicada (fls. 23 a 31).

Según lo declara al fijar el alcance a su impugnación, la recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, para que constituida en Tribunal de instancia revoque las condenas del a quo y en su lugar absuelva totalmente a la demandada y condene en costas al demandante.

En procura de su objetivo formula a la sentencia dos cargos, así:

Primer cargo:

“La violación de la ley sustancial —afirma textualmente el recurrente— se produce por vía indirecta y aplicación indebida de las siguientes disposiciones: Artículos 1º, 18, 19, 22, 193, 199, 204 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 63, 1603, 1604, 1613, 1614, 1615, 1616, 2341, 2342, 2347, 2357 del Código Civil y artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Según el impugnador, la sentencia incurrió en siete errores de hecho consistentes en:

“1. Dar por demostrado no estándolo, que la máquina operada por el actor en el momento del accidente era de “tan difícil manejo”.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que la máquina decatizadora “Montti” es de manejo fácil, que no ofrece riesgo por sí sola.

“3. Dar por demostrado sin estarlo, que la máquina operada por el actor en el momento del accidente requería para su manejo “personas expertas y sabedoras del oficio”.

“4. No dar por demostrado estándolo que el actor tenía el conocimiento, instrucciones y experiencias suficientes para operar sin riesgo la máquina decatizadora “Montti”.

“5. No dar por demostrado estándolo, una conducta laboralmente negligente del demandante.

“6. Dar por demostrado sin estarlo, que el accidente se produjo por culpa suficientemente comprobada del patrono.

“7. No dar por demostrado que el accidente se produjo por culpa del trabajador al hacer “uso de método inherentemente peligroso””.

La demandada sostiene que los errores de hecho se produjeron como consecuencia de la apreciación equivocada del informe patronal del accidente de trabajo (fls. 6 y 69), del informe de investigación del Instituto de Seguros Sociales (fls. 49 y 50), de la Resolución 1934 de 12 de junio de 1977 proferida por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 52 y 53), del oficio 7378856 proferida por el mismo Instituto de Seguros Sociales (fls. 49 y 50), de la Resolución 1934 de Omar Arroyave, Guillermo Delgado, Luis Fernando Restrepo y Jorge I. Velásquez y del dictamen pericial (fls. 148 a 150) y de la falta de apreciación de los informes patronales del accidente de trabajo visibles a folios 56 y 61.

En la demostración de su cargo el recurrente afirma que el primer soporte de la decisión acusada, o sea, que la máquina en la cual se accidentó el demandante era de difícil manejo, carece de fundamento puesto que no hay elemento probatorio alguno del cual pueda inferirse dicha conclusión. El documento de folios 49 y 50, que sirve de fundamento para determinar el origen del accidente, “no hace mención alguna de la dificultad del manejo de la máquina”. El dictamen pericial de folios 148 a 150 demuestra que el manejo de la máquina corresponde a una “labor sencilla que no implica riesgos para el operario siempre y cuando cumpla con los procesos que he mencionado”.

Analiza luego el recurrente los testimonios de Fabio de Jesús Montoya (fl. 35), Luis Omar Arroyave (fl. 37), Guillermo Delgado (fl. 41), Luis Fernando Restrepo (fl. 43) y Jorge I. Velásquez (fl. 44) para concluir que todos los declarantes “concuerdan en la facilidad de manejo de la máquina”.

Sobre el segundo error de hecho que atribuye a la sentencia, dice el impugnador que “es una consecuencia del anterior y por ello no requiere explicaciones particulares pues ellas están involucradas en lo expuesto anteriormente” (fl. 13, cdno. de la Corte).

En cuanto al tercer yerro fáctico, el recurrente afirma que el Tribunal, sin ningún respaldo probatorio, concluyó que para el manejo de la máquina se requería “personas expertas y sabedoras del oficio”. Sostiene que no hay prueba calificada que se refiera a este aspecto y que las pruebas no calificadas demuestran precisamente lo contrario. Observa que aún aceptando que fuera cierta la necesidad de experiencia para manejar la máquina, con el documento del folio 6 se acredita que el demandante laboró en el mismo oficio por dos años que le daban experiencia suficiente y que según el documento de folios 49 y 50 la inexperiencia del operario no incidió en el accidente. Estas evidencias, según el impugnador, se corroboran con los testimonios de Fabio de Jesús Montoya, Luis Omar Arroyave, Jorge Ignacio Velásquez y Guillermo Arturo Delgado.

Para demostrar los últimos errores de hecho que atribuye a la sentencia, argumenta el recurrente que según el informe del Instituto de Seguros Sociales de folios 49 y 50 el “uso de método inherentemente peligroso” es circunstancia imputable exclusivamente al demandante a quien se había brindado suficiente información y conocimientos para ejecutar su trabajo sin riesgos y que el Instituto de Seguros Sociales estaba legitimado para intervenir en la investigación del mencionado accidente tal como lo demuestran los documentos que acreditan el reconocimiento de la pensión de invalidez (fls. 51 a 53).

Sostiene finalmente que aunque el informe del Instituto de Seguros Sociales sobre el infortunio que sufrió el demandante se refiere a una “condición ambiental peligrosa”, esa es una alusión a la “causa genérica” del accidente pues su “razón específica” fue el “uso de método inherentemente peligroso”, según se deduce de la forma como fue redactado el documento y se corrobora con el informe patronal del accidente (fls. 6 y 69), así como con los testimonios de Luis Omar Arroyave, Guillermo Arturo Delgado y Jorge Ignacio Velásquez.

Se considera

El Tribunal llegó a la conclusión de que el accidente ocurrió por culpa del empleador, luego de efectuar una crítica razonada de toda la prueba testimonial recibida en el proceso.

Dice así, en efecto, la motivación de la sentencia:

“Vale destacar que a ninguno de los deponentes les consta directamente el momento del insuceso y como bien lo analizó el señor Juez a quo, de la prueba testimonial, no es posible deducir una conclusión lógica y persuasiva para establecer la culpa patronal, puesto que los testimonios son reñidos y contradictorios, pues unos insisten en destacar la condición insegura del sitio de trabajo, así como el ambiente por el ruido que producen las máquinas y el demasiado calor, la peligrosidad de aquéllas. Estos aspectos son relievados por los deponentes del trabajador y a contrario sensu, los de la demandada se refieren a la bondad tanto de la sección como de toda su maquinaria para concluir que el ambiente no es peligroso ni nocivo para la salud de quienes lo ocupan. Ciertamente. Los testimonios rendidos como se dijo antes, no resultan uniformes, porque cada cual, conforme al cargo que desempeña trata por todos los medios de atribuir culpa a la empresa, al paso que los llamados por el trabajador o mejor, estos últimos descargan todo el peso de la responsabilidad a la demandada y los de ésta, al demandante por haber operado la máquina en funcionamiento en lugar de apagarla antes de introducir la tela de los rodillos.

“A pesar de la polarización que presenta la prueba testimonial sí se revela en ésta, una carencia de capacitación para el uso de la maquinaria, al igual que un descuido en la provisión de elementos de seguridad industrial para los trabajadores” (fls. 201 y 202).

Debe la Sala precisar, en primer término, si es verdad que las conclusiones del ad quem sobre el manejo de la máquina en la cual se accidentó el actor carecen por completo de fundamento probatorio, como lo afirma el recurrente, teniendo en cuenta que la sentencia se apoya principalmente en la prueba testimonial que no es medio calificado para producir error de hecho en casación laboral. El testigo Jaime Arturo Salazar Hidalgo afirmó: “Tengo entendido que el único que sabía el mecanismo de esa máquina era el supervisor” (fl. 31 vto.). Y agrega: “Yo digo que en la empresa no hay un folleto sobre el manejo de esa máquina, por lo tanto los operarios... la operan de acuerdo a los operarios anteriores, pero no porque la empresa haya dicho que el manejo de esa máquina sea correcto o no en esa forma” (fl. 132 vto.). Fabio de Jesús Montoya declaró que la máquina “no tiene ningún dispositivo de emergencia y para mí creo que sí debiera tener un suiche de emergencia para evitar que si de pronto se le va a uno la mano por la resistencia y el fieltro por donde va la tela, pararla con ese dispositivo de emergencia. No tiene la máquina guarda de seguridad”. Más adelante continúa el testigo: “No me he dado cuenta de que haya personal en la empresa para dar instrucciones sobre el manejo de las máquinas” (fl. 36). Luis Fernando Restrepo Estrada declaró que: “En la empresa no hay personas calificadas encargadas de asesorar a los trabajadores sobre el manejo de las máquinas (fl. 42 vto.) y agrega “yo digo que el entrenamiento era regular porque por ejemplo como me entrenaron a mí han entrenado a casi todos los operarios” (fl. 44). Y el jefe de planta, Jorge Ignacio Velásquez Gallego declaró que no sabía manejar la máquina y que las instrucciones al operario se deban(sic) en forma general (fl. 45).

Por otra parte, en lo relacionado con el requerimiento de “personas expertas y sabedoras del oficio” para el adecuado manejo de la máquina, el declarante Carlos Arturo Salazar afirmó: “Yo diría que la empresa necesita un poquito de más entrenamiento a los trabajadores para más seguridad. En la empresa sí ha habido varios accidentes como el que le ocurrió a Gonzalo Ríos... comentan los compañeros de esa sección que era por falta de explicarle al compañero como se operaba esa máquina y otros casitos por ahí uno le pregunta a los compañeros y ellos dicen que nadie les había advertido que no se podía operar en esa forma” (fl. 32). Fabio de Jesús Montoya declara que “para mí esa máquina sí es peligrosa porque ya tengo mi experiencia en un accidente que sufrí en la misma máquina en el mes de noviembre del 73 y cuando iba a entrar la punta de una piesa (sic) de tela me cogió la mano y me la llevó hasta la muñeca”. Más adelante agrega: “Yo diría que ese entrenamiento que dan los compañeros no es completamente adecuado, debido a que como yo conozco esa máquina, la conciencia de quien está entrenando a uno no es igual. Me refiero a lo siguiente: A mí me dicen entréneme a este señor en esta máquina. Yo recibo la orden y paso a entrenarlo, pero a pesar de esto, a mí se me puede olvidar algún detalle y en mi caso yo procuro mucho no olvidar detalles, pero todos no somos iguales” (fl. 37). Luis Fernando Restrepo Estrada, por su parte declara que “en la empresa no hay personas calificadas encargadas de asesorar a los trabajadores sobre el manejo de las máquinas” (fl. 42 vto.).

Las anteriores citas textuales de la prueba testimonial arrimada al proceso demuestran con toda evidencia cómo el Tribunal Superior sí tenía fundamentos probatorios para concluir que la máquina en la cual se accidentó el actor era de difícil manejo y que debía ser operada por personas expertas y conocedoras del oficio. No es cierto entonces, como lo pretende el impugnador, que esos presupuestos fácticos de la sentencia acusada carezcan en absoluto de respaldo probatorio.

Si por otra parte testimonios diferentes a los que se han citado afirman que la máquina era de fácil manejo y su operación no requería de personas expertas y sabedoras del oficio, el Tribunal estaba facultado para darle mayor credibilidad a unos declarantes que a otros. E igualmente estaba facultado para desechar, como desechó, el dictamen pericial que obra a folio 148 para darle en cambio credibilidad al proveniente del Instituto de Seguros Sociales. Y es que debe anotarse aquí que el informe de la investigación del accidente de trabajo y sus causas que obra a folios 49 y 50 del expediente, que la demanda de casación califica para los efectos del cargo como documento auténtico, es más bien un dictamen pericial, y como tal carece, al igual que los testimonios, de capacidad legal para producir por sí solo error de hecho en la casación del trabajo, según lo ha precisado esta misma Sala de la Corte (rad. 4129, juicio de Amanda Sanclemente contra Diners Club de Colombia S.A.).

En cuanto a los informes patronales del accidente de trabajo que obran a folios 56 y 61 del expediente y que el cargo indica como no apreciados por el Tribunal, aparte de ser documentos provenientes de la demandada y de su exclusiva elaboración, en nada desvirtúan las conclusiones que dedujo el Tribunal con apoyo en la prueba testimonial y el dictamen proveniente del Instituto de Seguros Sociales.

No se produjeron, en consecuencia, con el carácter de ostensibles que exige la ley, los errores de hecho que el cargo atribuye a la sentencia, el cual, por tanto no prospera.

Segundo cargo

La segunda impugnación, cuyo objetivo es el de atacar la confirmación de la condena por “indemnización de futuro” está presentada así:

“La sentencia acusada es violatoria de la ley sustantiva de carácter nacional, por la vía directa, a causa de aplicación indebida de las siguientes normas jurídicas: Artículos 9º y 72 de la Ley 90 de 1946; artículos 1º, 6º, 63 y 64 del Decreto 433 de 1971; 1º, 2º, 9º, 16, 21, 23, 71, 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales aprobado por el Decreto 3170 de 1964, artículos 1º y 2º; Ley 4ª de 1976, artículos 1º y 2º; Ley 71 de 1988, artículos 1º y 2º y Decreto reglamentario 1160 de 1989, artículos 1º y 9º; lo que a su vez condujo a la aplicación indebida también de los artículos 1º, 18, 19, 22, 193, 199, 204 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 63, 1603, 1604, 1613, 1614, 1615, 1616, 2341, 2342, 2347, 2357 del Código Civil y artículo 8º de 153 (sic) de 1887”.

Afirma el cargo que el Tribunal partió del hecho cierto de que el Instituto de Seguros Sociales reconoció al demandante una pensión de invalidez, cuyo objeto es precisamente el de cubrirle los perjuicios que hacia el futuro pudieran derivarse de la incapacidad para trabajar que le sobrevino como consecuencia del accidente; que no puede subsistir perjuicio alguno indemnizable hacia el futuro pues el que pudiera generarse ya está cubierto por la pensión; y que mal podía suponer el ad quem un incumplimiento futuro de sus obligaciones por parte del Instituto de Seguros Sociales.

Reconoce el recurrente, sin embargo, la provisionalidad de la pensión de invalidez que se le reconoció al actor y afirma que ante un hipotético incumplimiento futuro la entidad de seguridad social “el trabajador tendría las acciones pertinentes ante ese Instituto a fin de obtener la continuidad en el pago de su pensión de invalidez” (fl. 19).

Finaliza su argumentación el recurrente en los siguientes términos que se copian textualmente: “De conformidad con el contenido del artículo 83 del mismo Acuerdo citado antes, el reconocimiento por parte del Instituto de Seguros Sociales de las prestaciones allí previstas en favor del trabajador, exonera al patrono de toda otra indemnización y ello significa que no puede imponérsele ninguna carga en casos como el presente en el que está claramente establecido y aceptado por el ad quem por lo cual no se discute que el Instituto de Seguros Sociales asumió las prestaciones que tienen a resarcir totalmente el daño sufrido por el demandante.

“Es más, si llegare a existir alguna obligación a cargo de la empleadora, según lo enseña la misma disposición, no sería respecto del trabajador sino frente al Instituto de Seguros Sociales quien tiene la posibilidad de repetir contra aquél las sumas que deba cancelar al afectado.

“Lo que se está produciendo con la sentencia acusada es una doble indemnización por un mismo daño porque por un lado se impone al patrono el pago de una suma indemnizatoria y por el otro subsiste el reconocimiento de la pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales, hecho este último que no se discute y por tanto subsiste por el proceso, circunstancia que permite concretar esta censura por la vía directa. Es claro pues que tal como están las cosas hay un enriquecimiento sin causa, pues el ad quem ordenó que de las sumas que debía pagar la demandada se dedujeran las canceladas por el Instituto de Seguros Sociales pero sólo hasta un determinado momento y no de manera permanente como ha debido hacerlo, lo que conduce a que el demandante reciba tanto del empleador como del Seguro Social dos sumas de dinero, la primera en una sola oportunidad y la segunda en mensualidades, pero obedecen a la misma causa jurídica: El lucro cesante del trabajador demandante” (fl. 19).

El opositor, por su parte, observa que “el soporte de la decisión del Tribunal no estriba solamente en la dificultad de detectar los pagos futuros por parte del Instituto de Seguros Sociales, sino también en lo que manda la ley en el sentido de descontar del monto de la indemnización total y ordinaria de perjuicios el valor de las prestaciones en dinero pagadas” (fl. 31).

Se considera

Es evidente que el recurrente y el Tribunal Superior parten de supuestos distintos. Mientras para el segundo la incapacidad laboral le sobrevino al demandante como consecuencia de un accidente de trabajo imputable a culpa del empleador, el recurrente supone que esto no ocurrió así. Por eso precisamente afirma el impugnador, colocándose dentro de la primera hipótesis del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (D. 3160/64, art. 1º), que el reconocimiento por parte del Instituto de Seguros Sociales en favor del trabajador de las prestaciones previstas en el mismo Acuerdo, y concretamente de la pensión de invalidez a que alude su artículo 23, “exonera al patrono de toda indemnización y ello significa que no puede imponérsele ninguna carga en casos como el presente...” (fl. 19).

Sin embargo la hipótesis de hecho que encontró demostrada el Tribunal Superior fue la regulada por la segunda parte del primer inciso y por el segundo inciso del ya citado artículo 83 que prevén la consecuencia del accidente imputable a culpa del patrono. Cuando esto ocurre, y por la simple y potísima razón de que nadie puede asegurar su propia culpa, prevé la norma en primer término la posibilidad de que el Seguro Social demande al patrono el pago de la indemnización que se cause como consecuencia del accidente, hasta el monto de las prestaciones que el Instituto reconociere al trabajador accidentado o sus beneficiarios y les entregue el saldo, si lo hubiere, sin que ello impida naturalmente que la víctima y sus causahabientes puedan instaurar contra el empleador culpable del accidente las acciones pertinentes para obtener la indemnización total de los perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con su reglamento.

Como el cargo acusa la sentencia por haber aplicado indebidamente por vía directa las normas que cita bajo el supuesto de que el Instituto de Seguros Sociales asumió en su totalidad el riesgo correspondiente al accidente que sufrió el actor, mientras que el Tribunal Superior aplicó la normatividad pertinente a un accidente de trabajo por culpa del empleador, no pudo producirse la infracción de la ley en la forma como lo propone la acusación.

El cargo en consecuencia, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 11 de mayo de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por Luis Ángel Ocampo Santamaría contra Tintorería Industrial Crystal S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Hugo Suescún Pujols, Rafael Baquero Herrera, Ernesto Jiménez Díaz.

Consuelo Garbiras Fernández, Secretaria.