Sentencia 41001 de julio 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41001

Acta 21

SL 451 - 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case parcialmente la sentencia recurrida, “... en cuanto confirmó la proferida el 30 de octubre de 2008 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, que condenó a la Compañía Colombiana Administradora de Pensiones y Cesantías S.A. “Colfondos” a “pagar a favor de la señora María del Carmen Bedoya Peña, por concepto (...) el valor del bono pensional correspondiente”. Una vez constituida en sede de instancia, aspiro que revoque la sentencia condenatoria proferida por el señor juez a quo, en cuanto a la condena referida por “el valor del bono pensional” y en su lugar se absuelva de la pretensión”.

Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que no fueron replicadas y que pasan a ser analizados por la Corte.

Primer cargo

Acusa la sentencia del tribunal de haber incurrido en una violación “... por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 66 y 279 de la Ley 100 de 1993; lo que condujo a la infracción directa de los artículos 113, 118, 119 y 121 del mismo estatuto de seguridad social; 1º del Decreto 1299 del 22 de junio de 1994 y 128 de la Carta Política”.

Para fundamentar su ataque, el censor precisa que en el cargo no discute los supuestos fácticos asumidos por el tribunal, que se relacionan con que la demandante estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida y se trasladó al de ahorro individual con solidaridad; que cumplió 57 años de edad en el año 2004; que cuenta con una pensión como docente oficial, reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio; y que, por no reunir el capital suficiente para financiar una pensión, decidió libremente dejar de realizar aportes a la entidad.

Luego de ello, afirma que el tribunal aplicó a la controversia los artículos 66 y 279 de la Ley 100 de 1993, pero les impartió una interpretación equivocada. Para sustentar dicha afirmación, explica:

“La razón de ser del sistema de seguridad social integral radica en dar a todas las personas y a las familias la tranquilidad de saber que las eventuales contingencias serán cubiertas por él, pero con el cumplimiento de las regulaciones establecidas en dicho estatuto de seguridad.

El tribunal invocó el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 que regula ‘La devolución de saldos’, pero lo hizo de cara a las precisas circunstancias allí previstas como son, el haber arribado la demandante a las edades exigidas en el artículo 65 ibídem y no contar con acumulado del capital necesario para financiar la pensión, coligiendo que ello trae consigo el derecho a reclamar la devolución de ese capital acumulado y sus rendimientos. Esa exégesis implica que escindió indebidamente la norma en comento al disponer la devolución del bono pensional sin consideración al expreso condicionamiento del precepto que reza ‘si a este hubiere lugar’, lo cual en sano entendimiento no es automático sino está sujeto a circunstancias particulares, que militan en el caso objeto de estudio donde existe el disfrute de una pensión docente por la accionante y su deseo de no seguir cotizando a partir del febrero de 2004, por no contar en su cuenta individual con el capital acumulado necesario para la pensión de vejez.

La circunstancia de que no se evidencien cuotas partes de entidades diferentes a las deducidas por el juzgador, ni ninguna de las otras circunstancias fácticas inferidas por el tribunal, hacen que las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, puedan edificar un bono pensional, porque este legalmente es excluyente con la devolución de saldos impetrada en este juicio, en la medida en que los bonos pensionales están inextricablemente vinculados a una pensión y no son concurrentes con la alternativa opuesta de la devolución de saldos del RAI ni con las indemnizaciones sustitutivas del régimen de prima media.

El artículo 279 de la misma Ley 100 de 1993, al regular las excepciones de quienes no quedan bajo el manto de dicho estatuto de Seguridad social integral, en el inciso segundo exceptúa ‘los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, haciendo compatibles sus prestaciones con pensiones o cualquier clase de remuneración’, en el entendido de respeto por esos derechos adquiridos al entrar en vigencia el régimen de la susodicha Ley 100 de 1993, pero cuestión diferente, y es donde radica el otro error de entendimiento, al validar el juez de alzada lo generado en tiempos sucesivos, ello en pensamiento armónico con el postulado supralegal del artículo 128 de la Constitución Política.

Se afirma lo anterior, porque con la nueva afiliación a seguridad social y con base en la movilidad dentro de sus regímenes, se reclaman sus efectos bajo la Ley 100 de 1993, intentando que simultáneamente se devuelvan —lo ahorrado en la cuenta individual, sus rendimientos financieros y el bono pensional—, sin reparar que este último tipo A, solo operaba en el evento de que la demandante hubiera reunido el capital necesario en Colfondos para acceder a la pensión de vejez.

Conviene recordar que conforme a los artículos 11 y 279 de la Ley 100 de 1993, por la época de los hechos aquí debatidos, el régimen del magisterio estaba exceptuado del SGP, razón por la cual no era posible mezclar factores de aquel con los de dicho sistema, para ningún efecto.

Como consecuencia, el sentenciador de segunda instancia incurrió en la infracción directa, por falta de aplicación del artículo 1º del Decreto 1299 del 22 de junio de 1994, pues ignoró el objetivo esencial del (sic) tal preceptiva y la razón de ser del bono pensional que tiende a nutrir el ahorro en la cuenta individual del afiliado, con el fin de reunir el capital necesario para proveer las pensiones de los afiliados. En efecto, la preceptiva en mención prevé que los bonos pensionales ‘constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones’, por lo que, en ese orden, es evidente la equivocación del ad quem, pues al partir del supuesto fáctico no discutido de que la actora ‘no poseía el capital necesario para acceder a su pensión de vejez en dicho régimen’, sin embargo confirmó la condena de primera instancia al punto en estudio.

Significa lo anterior, que tribunal (sic) incurrió en el error jurídico endilgado al dar un entendimiento equivocado a los preceptos primeramente reseñados en la proposición jurídica; al dejar de lado los restantes, como atrás se explicó, vicios que también condujeron a que se impusiera a Colfodos[sic] la ilegal obligación automática del cubrimiento del bono pensional”.

Consideraciones de la Corte

En esencia, en el cargo se reprocha al tribunal por haber dispuesto la inclusión del valor del bono pensional dentro de la devolución de saldos, por virtud de que: i) de acuerdo con las normas incluidas dentro de la proposición jurídica, los bonos pensionales solo son compatibles con la financiación de una pensión de vejez y no con una devolución de saldos; ii) y porque, en todo caso, en vigencia de la Ley 100 de 1993, no resulta posible mezclar las prestaciones de sus dos regímenes, con factores propios de un régimen exceptuado como el del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En torno a la primera cuestión planteada, el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 establece claramente que “... quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho” (destacado fuera de texto).

Por su parte, los artículos 113, 118 119 y 121 de la Ley 100 de 1993 regulan la naturaleza, clases y formas de emisión de los bonos pensionales. Así también lo hace el artículo 1º del Decreto 1299 de 1994, norma que en el artículo 11 prevé que “... el bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional. 2. Cuando se cause la pensión de invalidez de sobrevivencia. 3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993” (destacado fuera de texto).

De acuerdo con las disposiciones trascritas, el raciocinio del censor es abiertamente infundado, puesto que los bonos pensionales deben ser incluidos dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que se reintegra al afiliado, a través de la devolución de saldos que regula el artículo 66 de la Ley 100 de 1993. Por lo mismo, las dos erogaciones —bono pensional y devolución de saldos— no son excluyentes, ni el bono pensional está contemplado únicamente para financiar una pensión de vejez, como equivocadamente se denuncia en el cargo.

Ahora bien, aunque la meta ideal del sistema de seguridad social es que los bonos pensionales contribuyan, en principio, a la financiación de una pensión de vejez, pues lo deseable es que todas las personas adquieran una, como fruto de su trabajo, lo cierto es que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle reintegrada cuando no alcanza los límites legales para pensionarse.

Por lo mismo, cuando la norma condiciona la inclusión del bono pensional dentro de la devolución de saldos, a través de la expresión “si a este hubiere lugar”, no hace cosa diferente a prever que su cómputo debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una eventual pensión de vejez. En otras palabras, cuando es viable pagar un bono pensional para financiar una potencial pensión de vejez, porque se dan las condiciones legales necesarias para esos efectos, esa erogación también puede ser comprendida dentro del cálculo de una devolución de saldos, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro de su cuenta de ahorro individual.

Sería irracional y contrario a la justicia pensar en que, como lo propone la censura, si el afiliado no alcanza las condiciones para pensionarse, que entre otras es una realidad derivada de las arduas exigencias legales necesarias para ello y del azaroso mercado de trabajo, debe perder también el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, que ha sido el fruto de su trabajo y de sus contribuciones al sistema.

Por lo mismo, la devolución de saldos debe ser pensada y entendida como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, que buscaban soportar financieramente su jubilación, como el bono pensional.

Así las cosas, el tribunal no entendió de manera errónea las normas incluidas dentro de la proposición jurídica, cuando ordenó que dentro la devolución de saldos, debía incluirse el valor del bono pensional.

En lo que tiene que ver con la segunda cuestión planteada en el cargo, en este caso era perfectamente posible emitir el bono pensional para financiar una eventual pensión de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas a través del mismo, fueron hechas al Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados por la demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad, y que, en todo caso, eran diferentes a los tiempos de servicio que sirvieron de base al reconocimiento de la pensión oficial.

En tales condiciones, no existía incompatibilidad alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, como bien lo concluyó el tribunal, ni se está prohijando una mezcla inadecuada entre dos regímenes, como lo denuncia de manera confusa la censura.

En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del sistema integral de seguridad social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional.

En sentencias como la del 6 de diciembre de 2011, Rad. 40848, la Sala ha dicho que no existen razones jurídicamente válidas para concluir que la pensión de jubilación oficial que se reconoce a un docente, resulta incompatible con la pensión de vejez que puede obtener el Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados a instituciones de naturaleza privada. Ha dicho la Sala:

“A su vez, el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, consagra la posibilidad de que los profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “... que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes”; precepto reglamentario que solo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo.

Además, los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales no restringen la viabilidad de que los profesores de establecimientos educativos de orden particular, aporten para obtener la pensión de vejez, sino que, más bien, de su examen lo que se colige es que son afiliados forzosos al régimen de prima media con prestación definida, de suerte que a sus empleadores se les impone el deber de vincularlos y sufragar las cotizaciones causadas, mientras permanezca vigente la relación laboral, como sucedió en el evento bajo examen, en el que los colegios Salesiano San Medardo, desde febrero de 1969 hasta junio de 1972, y La Presentación desde febrero de 1977 hasta noviembre de 2004, honraron la obligación de realizar los aportes para pensión.

Y es que lo que se discutió en esta contención no fue el derecho del accionante a obtener la pensión de vejez, sino la falta de inclusión de un número importante de cotizaciones por parte del Instituto de Seguros Sociales, efectuadas por los empleadores dentro del lapso comprendido entre febrero de 1969 y noviembre de 1979, tal cual lo sostuvo en la demanda inicial, y lo reclamó previamente ante el demandado. En ese orden, si el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció pensión de jubilación por los servicios prestados entre el 1º de enero de 1969 y el 28 de marzo de 2000, resulta inexplicable que el instituto haya calculado el monto de la pensión de vejez con base en las cotizaciones efectuadas entre septiembre de 1991 y junio de 2004, que comprende un importante periodo tomado en cuenta por aquel fondo para concederle la prestación jubilatoria, y no haya incluido los aportes que reclama el demandante.

Sobre el problema jurídico debatido, el criterio de la Sala se ha orientado en sentido contrario al estimado por el ad quem, por ejemplo en la sentencia 28164, de 19 de junio de 2008, en la que se expuso:

“Las alegaciones expuestas por la Institución demandada (al contestar la demanda) para oponerse al derecho pensional solicitado no son admisibles.

La circunstancia de que la demandante se encontrara afiliada por cuenta de un colegio oficial al sistema a cargo de la Caja Nacional de Previsión no exoneraba a la institución demandada de la obligación de afiliarla a la seguridad social, pues esa obligación es de carácter general y no estaba contemplada como excepción en el Acuerdo 049 de 1990 ni en las normas que la antecedieron. La regla allí consignada se limita a prescribir que los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje son afiliados forzosos. No consagra ese acuerdo la incompatibilidad de que habla la institución demandada. En el mismo sentido, las normas citadas en su defensa por la demandada en la inspección judicial, artículo 134 del Decreto Ley 1650 de 1977 y el 57 del Decreto 3063 de 1989 no consagran esa excepción (fl. 202).

Importa anotar que el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, establece sobre el particular la posibilidad de acumulación de cotizaciones de los docentes que deban ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que además reciban remuneraciones del sector privado, para que sean administrados en ese fondo o en cualquiera de las administradoras de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, lo que corrobora la obligación de la demandada de efectuar cotizaciones a ese sistema por razón de la vinculación laboral de la actora.

La alegación de que la profesora demandante solicitó que no se le efectuaran cotizaciones para el régimen de seguridad social no es admisible, pues los derechos que surgen de la seguridad social, al igual que los laborales, son irrenunciables. Y la alegación consistente en que el establecimiento educativo no tiene carácter de empresa tampoco es atendible, como que empresa, según se hallaba definida por el Código Sustantivo del Trabajo para la época de los hechos, es toda unidad de explotación económica, condición que sin duda reúne la entidad demandada al ejercer una actividad educativa con fines de lucro”.

El debate sobre el carácter de los dineros con que el Instituto de Seguros Sociales paga las prestaciones que concede, hace rato fue superado en el sentido de colegir que no tiene la calidad de asignación proveniente del tesoro público, en tanto los aportes que sirven para su financiación no tienen origen en fondos de naturaleza pública, dado que son realizados por empleadores y trabajadores, distinción que tampoco hizo el juez de la alzada, en desmedro de la posibilidad de acierto de la providencia gravada. Basta aludir al fallo de casación 24062, de 14 de febrero de 2005, en el cual se adoctrinó:

“Pero sucede, que tratándose de las pensiones que administra para su pago el Instituto de Seguros Sociales, ya sea el afiliado un trabajador particular o uno oficial que se someta al régimen solidario de prima media con prestación definida, no es factible colegir, de la misma manera, que se sufragan con dineros del tesoro, por las siguientes razones:

— El fondo económico de donde se cancelan las pensiones de vejez, invalidez o de sobrevivientes no resulta ser de propiedad del Instituto de Seguros Sociales, por ser este instituto un mero administrador, lo que significa que en virtud de la naturaleza jurídica del Instituto de Seguros Sociales, no es dable estimar a dicho fondo común como bien del tesoro haciendo parte de la prohibición del canon 128 de la Carta Política.

— En cuanto a las cotizaciones que recibe el Instituto de Seguros Sociales de una entidad oficial, si bien provienen del Tesoro, constituyen un patrimonio de afectación parafiscal, por estar destinados exclusivamente a engrosar el fondo común para el pago de las pensiones conforme a la ley, pues su finalidad es contribuir con el financiamiento de ese régimen, y por tanto los dineros que en un comienzo fueron propios del erario público dejan de serlo al quedar trasladados a la entidad de seguridad social, entrando a engrosar una reserva parafiscal que por ficción legal y constitucional dejan de ser propiedad de la entidad, a más de que una parte de esos aportes o cotizaciones sale del patrimonio del trabajador.

En este orden, la pensión legal concedida por el Instituto de Seguros Sociales a uno de sus asegurados, como consecuencia de las cotizaciones o aportes que efectuó el Estado o los particulares, no tiene el carácter de pública”.

En idéntica dirección pueden verse las sentencias del 12 de agosto de 2009, Radicado 35374 y 3 de mayo de 2011, Radicado 39810.

Como conclusión, no existía incompatibilidad alguna entre la pensión de jubilación oficial reconocida a la demandante y la pensión de vejez derivada del sistema de seguridad social, por lo que, tampoco existía alguna objeción para que, por esta razón, se dejara de incluir el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales, dentro de la devolución de saldos.

El cargo es infundado.

Segundo cargo

Acusa la sentencia del tribunal por violar “... en forma directa, en la modalidad de infracción directa, los artículos 121 de la Ley 100 de 1993 y 46 del Decreto 1748 de 1995 (modificado por el D. 1513/98, art. 19), lo que condujo a la interpretación errónea del artículo 66 de la Ley 100 de 1993”.

En desarrollo del cargo, el censor plantea:

“El juez de apelación, luego de sentar los presupuestos fácticos ya enunciados en el primer cargo, para confirmar en su integridad la sentencia condenatoria de primera instancia, transcribió los artículos 66 y 279 de la Ley 100 de 1993, para concluir que no existía ninguna incompatibilidad entre el hecho de percibir la demandante pensión oficial y acceder a las súplicas de la demanda inicial.

De esta manera, desconoció en su decisión el tribunal la normatividad que regula las entidades emisoras de bonos pensionales; es así como no advirtió que el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, al referirse a bonos pensionales y cuotas partes establece que está a cargo de la nación, cuando la responsabilidad correspondiere al Instituto de Seguros Sociales, y que para el efecto la OBP (oficina de bonos pensionales) es la responsable de ‘liquidar, expedir y administrar todos los bonos pensionales, cuya emisión corresponda a la nación’, en los precisos términos del artículo 46 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 19 del Decreto 1513 de 1998, significando ello que la AFP actúa solamente en labor de gestión de dicho propósito y es claro que en el sub iúdice, según el recuento histórico consignado en la sentencia impugnada, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, reporta: ‘no emitible existe indicio de pensión de vejez con la Caja de Previsión Social Cajanal (sic)’, pronunciamiento motivante de la negativa de Colfondos’, por lo cual la gestión de medio de la entidad demandada sí se desplegó, pues la misma no era de resultado.

El anterior desconocimiento llevó a que se dejara de lado en la decisión judicial la previsión expresa prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, al expresar que el bono igualmente se entregará “si hubiere lugar”, condicionamiento que fue mal entendido en sus efectos jurídicos, pese a ser supuesto fáctico admitido por el mismo ad quem el que en la pensión reconocida a la demandante participaron únicamente con cuotas partes el Fondo Educativo Regional Risaralda, La Caja de Seguridad Social de Risaralda y el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (foli (sic), 11 cdno. del tribunal). En ese orden, interpretó erróneamente el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, en el aparte del condicionamiento ‘si a este hubiere lugar’, predicable de los bonos pensionales”.

Consideraciones de la Corte

En este cargo, el censor aduce que la responsabilidad por la emisión del bono pensional está en cabeza de la nación y que, por lo mismo, el tribunal no podía imponerle a la entidad demandada la carga de pagar su valor, dentro de la devolución de saldos.

Para darle una respuesta adecuada a las acusaciones planteadas, basta con advertir que la demandada funge como administradora del fondo de pensión de la demandante y que, por tal virtud, tiene a su cargo el reconocimiento de las prestaciones del régimen de ahorro individual con solidaridad que contempla la Ley 100 de 1993, entre otras, como en este caso, la devolución de los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual.

Lo anterior implica que, por la misma calidad de administradora, la demandada tiene el deber de adelantar todas las diligencias necesarias para obtener de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor del bono pensional, con el que se completa el capital acumulado de la demandante en su cuenta de ahorro individual y que debe ser materia de devolución de saldos.

La Sala ha expresado en este punto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, es a las administradoras de fondos de pensiones a quienes corresponde ejercer todas aquellas acciones encaminadas a completar el capital de la cuenta de ahorro individual de sus afiliados, como las que tienen que ver con la emisión de los bonos pensionales (ver la sent. de mayo 19/2009, Rad. 34810).

Por lo mismo, a pesar de que las normas que el censor considera infringidas directamente, contemplan la obligación para la nación de expedir los bonos pensionales como el que aquí se trata, la responsabilidad por la conformación del capital de la cuenta de ahorro individual de la demandante y por el pago de la prestación reclamada, indudablemente es de la sociedad demandada.

Resta advertir que, a través de la providencia del 5 de octubre de 2006, el tribunal definió que no era necesaria la participación en el proceso de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que ese es un tema procesal que quedó definitivamente resuelto en las instancias, no susceptible de controversia por la vía del recurso de casación.

Por lo anterior, el tribunal tampoco incurrió en error jurídico alguno al establecer que la devolución de saldos, incluido el bono pensional, estaba a cargo de la entidad demandada.

El cargo es infundado.

Tercer cargo

Acusa la sentencia del tribunal por violar “... por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 66 y 279 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 46 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 19 del Decreto 1513 de 1998”.

Dice que la infracción descrita se produjo como consecuencia del error de hecho de “... dar por demostrado, sin estarlo, que no se allegó prueba demostrativa de la inclusión del bono pensional en la pensión reconocida a la demandante por Cajanal”. Asimismo, sostiene que las pruebas equivocadamente apreciadas fueron las resoluciones 0649 del 31 de julio de 1997 y 04221 del 26 de febrero de 2000.

Para fundamentar su acusación, el censor arguye:

“En la Resolución 0649 del 31 de julio de 1997 se consideró que la actora laboró para el Fondo Educativo Regional de Risaralda por un lapso de 29 años, 11 meses y 4 días, y estuvo afiliada a la Caja de Seguridad Social de Risaralda y al Fondo Nacional de Prestaciones. Igualmente se refiere a las cuotas partes en que deben aportar la referida Caja de Seguridad y el Fondo Nacional de Prestaciones.

“Como se observa, y lo admite el tribunal al analizar la Resolución 0649 de 1997, para el reconocimiento y reajuste de la pensión de jubilación de la demandante, se tuvieron en cuenta ‘los tiempos cotizados en el Fondo Educativo Regional Risaralda, Caja de Seguridad Social de Risaralda y Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio’, inferencia que corrobora el desatino del ad quem cuando (a fl. 12) colige que se reúnen los presupuestos para la devolución de saldos, incluido el bono pensional, dado que ‘no se allegó prueba dentro de las presentes diligencias que demostrara la inclusión de este en la pensión ya reconocida’, lo que evidencia que la prueba que echó de menos, había sido considerada por el mismo fallador cuando dedujo que ‘no se evidenciaron cuotas partes de entidades diferentes a las ya mencionadas, como lo sería el Instituto de Seguros Sociales’, para rematar que, las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales ‘no hacen parte de la pensión reconocida ni de su liquidación’.

‘Igual cabe inferir de la Resolución 04221 de 26 de febrero de 2000, mediante la cual se ordenó reliquidar la pensión de Bedoya Peña, en la que se ratifica que se cotizó para la pensión en el departamento de Risaralda, sin que por parte alguna se mencione a cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales.

“Como consecuencia, queda demostrado el error del ad quem, pues contrario a su inferencia, sí se acredito (sic) con los elementos probatorios antes mencionados, que los aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales, que constituirían el bono pensional, no hicieron parte de las pensiones reconocidas a la demandante, tal como lo admitió el mismo tribunal a folio 11 de su decisión”.

Consideraciones de la Corte

El tribunal no incurrió en el error de hecho denunciado por la censura puesto que, un análisis objetivo de las resoluciones 0649 de 1997 y 04221 de 2000, que se consideran equivocadamente apreciadas, no permite deducir, en manera alguna, que dentro de los tiempos de servicio que sirvieron de fundamento al reconocimiento de la pensión de jubilación oficial de la actora, se hubieran incluido las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, o que se hubiera reclamado el valor del bono pensional, con el fin de financiar esa prestación.

Contrario a ello, en las citadas resoluciones se menciona como tiempo de servicio relevante para la pensión de jubilación, únicamente el prestado por la actora al departamento de Risaralda, en el Fondo Educativo Regional, y nunca se hace referencia, como tiempo computable, el cotizado en el Instituto de Seguros Sociales.

Adicional a lo anterior, a lo largo del proceso, la propia entidad demandada aceptó que los tiempos cotizados por la actora al Instituto de Seguros Sociales provenían de la prestación de sus servicios a entidades privadas como el Colegio La Salle y que, en todo caso, eran diferentes a los que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación oficial. Así lo dijo en el oficio obrante a folios 28 y 29 y en el momento de contestar la demanda, en la que dijo que “... en concepto de esta administradora la solicitud de devolución de saldos presentada por la señora Bedoya Peña es compatible con la pensión de jubilación que se encuentra disfrutando”.

Siendo ello así, no le resultaba legítimo mudar su posición y, en sede de casación, ir en contra de sus actos propios, so pena de quebrantar el derecho fundamental al debido proceso de su contraparte.

Así las cosas, el tribunal no incurrió en algún error de hecho al decir que “... que la Resolución 0649 de julio de 1997 (fl. 129-131) reconoció la pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a la petente, teniendo en cuenta los tiempos cotizados en el Fondo Educativo Regional Risaralda, en la Caja de Seguridad Social de Risaralda y en el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, participando únicamente las entidades enunciadas con cuotas partes dentro de la reconocida prestación; posteriormente se reliquidó la citada pensión a través de la Resolución 004221 del 21 de febrero de 2000 (fl. 126-128) en la cual no se evidenciaron cuotas partes de entidades diferentes a las ya mencionadas, como lo sería el Instituto de Seguros Sociales para el caso que nos interesa, de lo cual se infiere que las cotizaciones efectuadas al mencionado instituto a partir del 4 de marzo de 1986 hasta el 30 de noviembre de 1994, que constituyen el bono pensional, no hacen parte de la pensión reconocida, ni de su reliquidación”.

El cargo es infundado.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de febrero de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora María del Carmen Bedoya Peña contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. “Colfondos”.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».