Sentencia 2004-00005 de noviembre 17 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 41001 2331 000 2004 00005 01

Consejero Ponente:

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Roberto Ramírez Parra

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

1. El artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

2. Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y a la realización de construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales se estiman vulnerados en razón al vertimiento de aguas negras en el alcantarillado contiguo a la parte norte de la Urbanización Portales de Varantá del municipio de Neiva, sin que Empresas Públicas de Neiva ESP haya dado una solución al problema de contaminación e insalubridad que genera esa situación.

En ese contexto, solicitó el accionante que se ordene a la empresa demandada hacer las apropiaciones presupuestales necesarias y ejecutar las obras que se requieran para que el alcantarillado que desemboca en la parte norte, contiguo a las viviendas de la Urbanización Portales de Varantá de la ciudad de Neiva, sea suspendido o trasladado al lugar determinado por esa empresa. Así mismo, de modo expreso solicitó que se reconozca y pague en su favor el incentivo económico establecido en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

3. El a quo en la sentencia impugnada amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas, en virtud de lo cual ordenó a Empresas Públicas de Neiva ESP que adoptara los correctivos técnicos necesarios para garantizar dichos derechos.

No obstante, en el numeral 4º de la parte resolutiva del fallo impugnado negó al actor el incentivo económico, por las siguientes razones: a) Que el accionante después de instaurar la demanda no mostró interés ni realizó actividad procesal alguna, ni siquiera prestando su concurso para realizar la diligencia de pacto de cumplimiento; b) Que la empresa demandada deberá hacer unas erogaciones para cumplir la decisión; c) Que el fin primordial de la acción no es la retribución patrimonial y, d) Que la comunidad por su falta de conciencia ambiental contribuye a los factores de contaminación.

El motivo de la instancia se limita a la decisión del a quo de negarle al accionante el incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

4. En orden a resolver lo pertinente, se tiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 “El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales”; según esta norma, cuando el actor sea una entidad pública el incentivo se destinará al fondo de defensa de intereses colectivos.

El artículo 34 ibídem prevé que “la sentencia que acoja las pretensiones del demandante ... igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”, lo que significa, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala (1) , que hay lugar al incentivo en caso de dictarse sentencia estimatoria, no así entratándose de sentencia aprobatoria de un pacto de cumplimiento.

La finalidad del incentivo está recogida en su propia denominación, esto es, motivar a las personas, naturales o jurídicas, para que se interesen por la efectividad de este mecanismo de defensa judicial de los derechos colectivos, habida cuenta de que por tratarse de derechos difusos usualmente no hay quienes estén dispuestos a remunerar el ejercicio de dicha acción, siendo cuestión muy distinta la de la tasación del mismo, la cual dependerá de la actividad y dedicación que el actor hubiere desplegado en función del desarrollo del proceso.

En efecto, el legislador al crear la figura del incentivo económico buscó fundamentalmente ofrecer un estímulo a los demandantes en las acciones populares por haber procurado la defensa de los derechos colectivos consagrados en la ley y, de esta forma, conseguir que las demás personas naturales o jurídicas ejerzan ese mecanismo judicial para efectivizar los derechos e intereses de la comunidad.

Ahora bien, debe precisarse que el estímulo económico previsto en la ley para el actor no está concebido como un castigo para la entidad o persona renuente a cesar en la vulneración de los derechos e intereses colectivos, sino como una compensación por la labor altruista del actor, así dicha suma deba pagarse a costa de la entidad o persona responsable de la vulneración.

Además, también es claro que para que surja el derecho del actor a recibir el incentivo no solo debe haberse producido una violación del derecho colectivo imputable a la entidad obligada a su protección, bien por acción o por omisión, sino que además debe verificarse que dicha protección se obtuvo gracias a la intervención del actor. Por lo tanto, cuando la entidad obligada venía adelantando actuaciones eficaces tendientes al restablecimiento del derecho colectivo con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la acción popular, sin que la intervención del actor popular sea determinante para la ejecución de dichas actividades, no surge el derecho al incentivo.

5. En la Sentencia C-459 de 2004 mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, dicha corporación precisó lo siguiente en torno a la naturaleza del incentivo en la acción popular y a los criterios para su fijación:

“6.1. El artículo 39 de la Ley 472 de 1998 establece un incentivo a favor del demandante triunfante en una acción popular, cuyo monto debe ser fijado por el juez dentro de un rango que oscila entre los diez (10) y los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales. Por lo tanto, se trata de un incentivo que no queda atado a la mera discrecionalidad del juez, toda vez que dentro de los topes fijados, en cada proceso él debe ponderar tanto la trascendencia que la sentencia a dictar puede tener en torno a los derechos e intereses colectivos reivindicados efectivamente, como la mayor o menor diligencia desplegada por el actor durante todo el proceso. A lo cual concurre eficientemente el acervo probatorio debidamente valorado por el juez.

Asimismo, cuando el demandante no es una persona natural o jurídica de derecho privado, sino una entidad pública, el mencionado incentivo debe destinarse al fondo de defensa de los intereses colectivos.

Bajo este esquema conceptual las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos.

(...).

El incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción”.

“...” (Resalta la Sala).

6. En el anterior contexto, es claro la Sala que el numeral 4º del fallo apelado debe ser revocado, puesto que el presente proceso concluyó con una sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante en cuanto que se ampararon los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas cuya protección se solicitó con la demanda.

Además, según se advierte de la actuación, la protección de tales derechos se obtuvo gracias a la intervención del demandante, pues no está acreditado por ningún medio de prueba idóneo y válido que con anterioridad a la presentación de la demanda Empresas Públicas de Neiva ESP hubiera adelantado actuaciones eficaces para solucionar la situación de contaminación al medio ambiente y de insalubridad en la Urbanización Portales de Varantá del municipio de Neiva generada por el vertimiento de aguas negras en el alcantarillado contiguo a ese barrio, al punto que en el desarrollo del proceso esas condiciones aún subsistían, según da cuenta el informe de visita y el concepto técnico emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM el 1º de marzo de 2004 obrante a folios 74 y 75 del expediente.

De otro lado, el hecho de que el cumplimiento de la orden impuesta por el tribunal a la demandada imponga para esta la realización de unos gastos, no es razón que justifique el no reconocimiento del incentivo económico al acto popular, ya que el mismo obedece a un claro mandato legal que indica que cuando la sentencia, como en este asunto, es estimatoria de las pretensiones de la demanda, el accionante tiene derecho a recibir ese incentivo, pues de aceptarse el criterio del a quo el incentivo solo sería procedente en los eventos en que la medida de protección no suponga ninguna erogación para la entidad o persona demandada, distinción esta que no está consagrada en modo alguno en la Ley 472 de 1998.

Así mismo, es relevante destacar que si bien el actor no asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento, lo mismo no es suficiente para concluir que aquel mostró desinterés en el trámite de la actuación y que por ello no tendría derecho al reconocimiento del incentivo a su favor, pues la mayor o menor diligencia desplegada por el actor durante todo el proceso es un criterio que debe tenerse en cuenta al momento de fijar el monto del incentivo pero no propiamente para su reconocimiento.

Por otro lado, no se observa que la comunidad de la Urbanización Portales de Varantá, directa y principal afectada con la situación denunciada en la demanda, sea precisamente la causante de la misma por su falta de conciencia ambiental; lo que se advierte en la actuación es que los representantes de esa comunidad desde el año 1999 acudieron a la empresa demandada con el fin de obtener una respuesta al problema presentado.

7. En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza e importancia de los derechos e intereses colectivos amparados en la sentencia apelada, así como la actuación del demandante en el curso del proceso, la Sala revocará el numeral 4º de la parte resolutiva de esa providencia, para en su lugar reconocer al demandante como incentivo la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, el cual estará a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 4º de la sentencia apelada en cuanto negó a la parte actora el incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y, en su lugar, RECONÓCESE al demandante el valor equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de dicho incentivo, el cual deberá ser pagado por Empresas Públicas de Neiva - ESP.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el diecisiete (17) de noviembre de 2005».

(1) Entre otras ver la sentencia de 9 de agosto de 2001, radicación 2000-0295-01, Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.

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