Sentencia 41012 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41012

Acta 31

SL 694 - 2013

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Fue interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se confirme la decisión emitida en la primera instancia, con la adición de que la demandante sea condenada al pago de las costas del proceso, en un equivalente al 25% de la cuantía de la demanda.

Con tal propósito, formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, que no fue replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.

Cargo único

Acusa la sentencia del tribunal de haber infringido indirectamente, por aplicación indebida, “... los artículos 60 y 61 del Código Procesal Laboral y 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil de aplicación analógica conforme al artículo 145 del Código Procesal Laboral lo que condujo a que se trasgrediera por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 1602, 2142, 2143 y 2150 del Código Civil, violación que se produjo debido a errores ostensibles y evidentes de hecho, que aparecen de manifiesto en la providencia recurrida en esta vía por falta de apreciación sensorial de unas pruebas que resultan esenciales en la resolución del debate jurídico”.

Precisa que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

“Dar por demostrado, sin estarlo, que las partes no concretaron acuerdo sobre el valor de los honorarios profesionales.

Dar por demostrado, sin estarlo, que las partes no suscribieron contratos de prestación de servicios.

No dar por demostrado estándolo que en el proceso existía prueba de la existencia de los contratos de mandato suscritos por las partes”.

A su vez, señala que los mencionados yerros se produjeron como consecuencia de la falta de apreciación del certificado de existencia y representación legal de Coovolquet Ltda. (fls. 51-54), los contratos de mandato de representación de folios 55 a 62, los poderes obrantes a folios 63 a 68, el oficio del 16 de julio de 2007, mediante el cual se cumplió la orden impartida por el juzgador de primer grado y se aportaron 13 folios, el comprobante de egreso de folio 185, el certificado de existencia y representación obrante a folio 186 a 189 y los contratos de mandato de representación obrantes a folios 190 a 197.

En el desarrollo del cargo, el censor recuerda que, como soporte de su decisión, el tribunal estimó que no había prueba de los contratos de mandato suscritos entre las partes, en los que constara el valor de los honorarios cobrados por el demandado, por lo que le resultó necesario regularlos, de acuerdo con las tarifas prescritas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Explica que en dicha consideración existe un error monumental, puesto que “... en el plenario existen los contratos en copia simple y en originales suscritos por las partes, obrantes a los folios descritos e identificados minuciosa y detalladamente antes, que prueban lo contrario de lo sostenido por el juez ad quem en la providencia que por este medio se impugna, es decir, que no existían contratos de mandato, cuando estos obran en el plenario, y que según la norma señalada como trasgredida, le compelía u obligaba a tenerlos en cuenta al momento de proferir sentencia y al desconocerlos, incumplió obviamente, con los deberes que el cargo le imponía, y, con el mandato intrínseco contenido en la disposición legal”.

Recalca que las pruebas que denuncia como ignoradas obran en el proceso en originales y copias, fueron legal y oportunamente aportadas, no fueron tachadas de falsas ni controvertidas, además de que tienen una incidencia significativa, pues de haber sido tenidas en cuenta, hubieran determinado una decisión diferente. Destaca, en ese sentido, que dichos documentos demuestran que los honorarios cobrados fueron debidamente acordados entre las partes, de forma tal que no era necesario regularlos judicialmente.

Aduce también que los contratos de mandato de representación suscritos entre las partes, muestran que “... se había llegado a un acuerdo de voluntades respecto de los honorarios por los servicios prestados, documentos a los cuales los cobija una presunción de legalidad, lo que nos lleva a concluir que pretender desconocerlos, resulta abierta y ostensiblemente contrario a nuestro orden jurídico, pues desde ningún punto de vista resulta lícito desconocer una obligación contenida en contratos eficaces, libres de vicios, que no pueden ser invalidados, sino por acuerdo entre las partes o decisión judicial, en el evento, de que se pruebe que estos están aquejados por alguno de los vicios que afectan el consentimiento (el error, la culpa, la fuerza y el dolo), sin obviar que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1602 del Código Civil el contrato legalmente celebrado crea una ley que se impone a las partes contratantes en armonía con la oración del artículo 2143 del Código Civil, que nos ilustra que la obligación puede ser determinada por convención de las partes, anterior o posterior a la celebración del mandato”.

Consideraciones de la Corte

El soporte esencial de la decisión del tribunal estuvo dado en que los “contratos de mandato de representación”, obrantes a folios 13 a 15, 18 a 21, 28 y 32, no habían sido suscritos por el demandado y, por lo mismo, carecían del consentimiento de una de las partes, establecido como un requisito de validez del negocio jurídico, por lo que se debía concluir que no había existido un acuerdo entre las partes, respecto al monto de los honorarios. Por lo mismo, dicha corporación estimó indispensable regularlos, de acuerdo con las tarifas decretadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para la fijación de agencias en derecho.

Con ello, dicha corporación indudablemente incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura, pues desconoció sin razón alguna los documentos obrantes a folios 55 a 62 y 190 a 197, que reflejan los mismos “contratos de mandato de representación”, en originales y copias, esta vez debidamente suscritos por cada una de las partes, como “mandante - contratante” Douglas Trigos Torres, en su condición de Gerente (E) Coovolquet, y como “contratista - mandatario” el demandado Henry Pacheco Casadiego.

Dichos documentos fueron oportunamente aportados al proceso, contienen una nota de reconocimiento de la firma de Douglas Trigos Torres, así como de su contenido, ante la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña, además de que nunca fueron tachados de falsos o controvertida su legalidad durante el trámite de la primera instancia. Tampoco se discutió la existencia de vicios en el consentimiento de los contratantes y, por el contrario, la propia demandante reconoció su autenticidad en el hecho primero de la demanda, así como en el recurso de apelación (fl. 256).

Por otra parte, en el texto de cada uno de los mencionados contratos, se incluyó una cláusula del siguiente tenor:

“Segunda: Valor: El valor de los servicios prestados por el mandatario a los mandantes serán iguales al treinta y cinco por ciento de la suma total que eventualmente pueda percibirse por concepto de liquidación y pago de las obligaciones con sus rendimientos; decretadas, bien por autoridad administrativa o judicial, sin incluir las agencias en derecho, que como es obvio, corresponden a nuestro apoderado, indistintamente sea, cual fuere el desenlace, comoquiera, que la responsabilidad en este negocio es de medio y no de resultado. Igualmente se comprometen a esperar el tiempo que dure el proceso el cual puedo (sic) oscilar entre tres y cuatro años dependiendo de la actividad de las partes y de los jueces administrativos, y en caso de decidir cambiar de apoderado de todas maneras se obliga el mandante a cubrir los valores pactados en este contrato”.

Aunado a lo anterior, en las resoluciones 1427, 1428, 1429, 1430 y 1431, proferidas por el municipio de Ocaña el 23 de julio de 2004 (fls. 126-130), se reconocen los pagos a la sociedad demandante, luego de las gestiones de cobro adelantadas por el doctor Henry Pacheco Casadiego.

Por todo lo dicho, en el proceso existía prueba de los “contratos de mandato de representación”, de la gestión adelantada por el doctor Henry Pacheco Casadiego y del acuerdo entre las partes sobre el monto de los honorarios, en un equivalente al 35% de “... la suma total que eventualmente pueda percibirse por concepto de liquidación y pago de las obligaciones con sus rendimientos...”, además de (...) las agencias en derecho, que como es obvio, corresponden a nuestro apoderado...” En ese sentido, el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto, al considerar que no existió “... acuerdo entre las partes respecto de los honorarios”.

Cabe decir que el error del tribunal fue protuberante, pues las pruebas que dejó de observar, como ya se dijo, habían sido aportadas oportuna y legalmente al proceso, además de que contenían un acuerdo claro y expreso sobre los honorarios.

Además de ello, tal yerro tuvo una incidencia definitiva dentro de la confección de la sentencia gravada, pues conllevó a la conclusión equivocada de que faltaba un pacto sobre los honorarios del mandatario, con base en la cual, a su vez, se justificó su regulación judicial, teniendo en cuenta otros parámetros, como las tarifas de agencias en derecho decretadas por el Consejo Superior de la Judicatura, que vale la pena destacar, nunca hicieron parte de las pretensiones de la demanda, en las que lo que se pidió fue la regulación de la remuneración del abogado demandado, teniendo en cuenta un acuerdo entre las partes del 30%, sin agencias en derecho, mas no de un 35%. Esto es, la regulación de los honorarios profesionales, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo 1887 de 2003, nunca formó parte de las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, el fallo del tribunal, además de estar determinado por errores de hecho, resulta totalmente incongruente con la causa petendi.

En los términos expuestos, el cargo es fundado y habrá de casarse la sentencia recurrida.

Consideraciones de instancia

En sede de instancia, con fundamento en las mismas disquisiciones expuestas en sede de casación, se debe reiterar que las partes habían suscrito “contratos de mandato de representación”, en los que acordaron que el demandado adelantaría gestiones de cobro ante el municipio de Ocaña y que recibiría, como retribución, el equivalente al 35% de las sumas que se lograran recaudar, junto con el valor de las agencias en derecho decretadas en cada proceso.

En el proceso obra prueba de los poderes conferidos al doctor Henry Pacheco Casadiego, para que adelantara su gestión profesional (fls. 63-68), así como del ejercicio efectivo de la misma ante el municipio de Ocaña, que dio como resultado la expedición de las resoluciones 1427, 1428, 1429, 1430 y 1431 del 23 de julio de 2004 (fls. 126-130).

La parte demandante aceptó la realización del anterior negocio jurídico, así como la fijación del monto de los honorarios, en la forma allí plasmada. Y aunque opuso la celebración de otros contratos, en los que presuntamente se pactaron otros honorarios, diferentes a los finalmente cobrados, dicha afirmación fue desconocida por el demandado y no encuentra respaldo en alguna otra de las pruebas practicadas en el curso del proceso.

En efecto, en primer lugar, el texto de los referidos contratos, en los que se apoya la sociedad demandante, nunca fue aportado al expediente. Tampoco existe prueba de que los contratos escritos, que sí fueron aportados al expediente, hubieran sido terminados o saldados, por un acuerdo entre las partes, o para darle paso a la realización de un nuevo negocio jurídico.

En segundo término, los testimonios de los señores Evelio Rangel Rojas (fls. 206-207), Ramón Antonio Rincón Barbosa (fls. 207-208) y Jairo Santiago Noriega (fls. 208 y 209), cuya falta de valoración es atacada en el recurso de apelación, provienen todos de socios de la demandante y, por lo mismo, no son imparciales en sus afirmaciones, de manera que resultaba dable que el a quo prefiriera las estipulaciones de los contratos escritos, sobre esas declaraciones, por virtud del principio de libre formación del convencimiento en el que se encuentra amparado.

Además de lo anterior, lo cierto es que los declarantes reconocen la celebración de los contratos aportados al expediente, a la vez que no son claros en señalar los términos en los que se habrían suscrito unos nuevos convenios. Igualmente, coinciden en afirmar que los socios solo habían aprobado un 30%, como monto de los honorarios, pero no desconocen que Douglas Trigos Torres suscribió los contratos allegados al plenario, en los que se condensa un 35%, además de que tenía la capacidad de obligarlos, por su condición de gerente de la sociedad.

En cuanto a la prueba de confesión ficta, que según la demandante se deriva de la inasistencia del demandado a rendir interrogatorio de parte, se debe tener en cuenta que el juzgador de primera instancia nunca tuvo por configurada esa confesión, ni dejó constancia de los supuestos de hecho sobre los cuales recaía la medida, pues tan sólo sentó el registro de la inasistencia del demandado en el auto del 8 de noviembre de 2007 (fls. 232).

De todo lo dicho, la Sala debe ratificar que las partes acordaron que el demandado habría de recibir como honorarios el 35% de “... la suma total que eventualmente pueda percibirse por concepto de liquidación y pago de las obligaciones con sus rendimientos...”, además de (...) las agencias en derecho, que como es obvio, corresponden a nuestro apoderado...”.

Asimismo, al estar definidos por acuerdo entre las partes, resultaba improcedente la regulación judicial de los honorarios, tal y como lo dedujo el juzgador de primer grado, pues el precio del mandato puede ser libremente fijado entre los contratantes, por virtud de los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad. Así lo ha determinado esta Sala de la Corte en decisiones como la del 22 de enero de 2013, Radicado 36606, en la que se dijo:

“Y por otra, que la tasación de honorarios del mandato conforme a lo ‘usual’ de esta clase de prestación de servicios personales (art. 2184-3 ibíd.), solo procede a falta de su expresa estipulación por las partes contratantes, por manera que, el hecho de que el mandante no pague al mandatario lo acordado, no legitima a este para que variando la contraprestación de su contratante, reclame judicialmente a aquel un valor distinto al expresamente estipulado, sino apenas, para que haga efectivo su pago en los términos que rigen en esta materia los artículos 1617 y 1627 ibídem.

Así lo ha asentado constantemente la jurisprudencia, como en el fallo atacado atinadamente lo indicó el tribunal”.

Por la misma razón no eran atendibles las conclusiones del dictamen pericial practicado en el curso del proceso (fls. 135-140), pues, se insiste, respecto de los honorarios, primaba la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, ya que, como lo ha reiterado esta Sala de la Corte, “... en esta clase de contratos, es obligación ineludible escudriñar cuál fue el querer primigenio acordado, tanto por el poderdante, como por aquel que aceptó el poder; observar a qué se comprometió cada uno de ellos, y el monto a recibir por el mandatario (...)” (ver sentencia de mar. 15/2011, Rad. 40039).

Cabe decir también que las pruebas relacionadas con la existencia y validez del título de especialista del demandado resultaban absolutamente irrelevantes, en el propósito de definir el valor de sus honorarios, además de que el delito de fraude procesal debe ser investigado por las autoridades competentes.

Finalmente, es cierto que las agencias en derecho le corresponden a la parte del respectivo proceso y no a su apoderado. No obstante, también es cierto que no existe impedimento legal alguno para que las partes, en el ejercicio de su autonomía, acuerden el pago de dicha erogación al abogado, como parte de sus honorarios. Y, como ya se advirtió, en este asunto, ese acuerdo está validamente[sic] condensado en los contratos de mandato de representación, en los que se anotó que el valor del contrato incluía (...) las agencias en derecho, que como es obvio, corresponden a nuestro apoderado...”.

Así las cosas, le asistió plena razón al juzgador de primer grado al concluir que la “... remuneración está determinada por la convención de las partes y el mandante está obligado a pagarle al mandatario lo estipulado. Además no se encuentra del 30% que aducen los demandantes, pactaron con el nuevo gerente y el demandado y era a ellos a quien les tocaba probar ese supuesto de hecho para probar tal derecho”.

Por lo expuesto, en lo que tiene que ver con el recurso de apelación de la parte demandante, la sentencia emitida en primera instancia deberá ser confirmada.

En cuanto al recurso de apelación del demandado, el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil estatuye, entre otras, que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.” También preceptúa que “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En el presente asunto, el juzgador de primer grado resolvió “no hacer condenas en costas”, sin exponer siquiera sumariamente las razones de su decisión. Adicional a ello, la parte demandante resultó vencida dentro del trámite del proceso y era razonable pensar que las costas se causaron, en tanto el demandado tuvo que contestar la demanda, concurrir a las audiencias y asumir todas las actuaciones propias del proceso. La Corte ha explicado a este respecto que “... la condena en costas contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir...” (ver auto de sep. 13/2011, Rad. 38216).

Sin costas en el recurso de casación. Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de febrero de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la Cooperativa de Volqueteros de Ocaña “Coovolquet Ltda.” contra el doctor Henry Pacheco Casadiego, en cuanto revocó la decisión emitida en la primera instancia y condenó al demandado a reintegrar las sumas cobradas por honorarios, que excedieran de $ 33.889.812.10.

En sede de instancia, confirma la sentencia emitida por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña el 2 de mayo de 2008.

Sin costas en el recurso de casación.

Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».