Sentencia 41045 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Segunda Instancia 41045

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 131

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, regulatoria del asunto, la Corte examinará la sentencia, guiada por los aspectos propuestos en el recurso y los asuntos inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

Al efecto, es necesario partir por precisar que de ninguna manera la manifestación del apelante referida de forma genérica e imprecisa a supuestas incongruencias en la resolución de acusación o el fallo de primer grado, en lo concerniente a la tipificación de los hechos a él atribuidos, puede ser objeto de consideración de la Corte, por la sencilla razón que jamás se determina sobre qué aspectos específicos pudo obrar esa irregularidad o cómo operó la misma.

Y, si se tratase de adelantar esa revisión que obliga la protección de garantías fundamentales, tampoco en la verificación de lo ocurrido durante el trámite procesal o consignado en las providencias enunciadas por el acusado, se observa que de verdad haya afectación al debido proceso por la vía de establecerse una denominación típica ambigua, confusa, oscura o contradictoria, o que se pudiera haber variado en etapas trascendentes.

Siempre, desde que se le vinculó a través de indagatoria, fue resuelta su situación jurídica, se calificó el mérito del sumario y fue emitido el fallo de primer grado, el delito atribuido al procesado ha sido el de prevaricato por acción, determinándose de manera expresa que ello obedece a proferir resolución manifiestamente contraria a la ley, que se hizo radicar, en un principio, en dos conductas homogéneas: realizar la audiencia de conciliación respecto de delitos que no la admiten y ordenar el archivo de las diligencias por consecuencia de ese acuerdo inválido.

Así expresamente se consignó en la resolución de acusación, luego confirmada por la fiscalía delegada ante la Corte, precisamente significando, por consecuencia de la controversia planteada por el Ministerio Público, que se trata de dos delitos, en concurso homogéneo sucesivo.

Empero, el fallador de primer grado estimó que sólo se materializó una de las conductas objeto de acusación, precisamente la que dice relación con la realización por fuera de la ley de la audiencia de conciliación —ya que para los delitos atribuidos al alcalde ella no era permitida—, y en consecuencia de ello únicamente condenó por un delito.

Entonces, si alguna disquisición en punto de congruencia pudiera darse, ella dice relación exclusivamente con la decisión del tribunal de considerar lícita una de las conductas, asunto que, huelga referir, lejos de afectar al procesado lo beneficia enormemente y jamás puede asumirse propio de irregularidad que afecte el debido proceso u obligue considerar nulidades.

Por lo demás, sobra recalcar, así pudiera la Corte verificar que el tribunal erró al desestimar contraria a la ley una de las conductas, ya no es posible proceder a enmendar el yerro condenando por ella, so pena de que se vulnere el principio de no reformatio in pejus, atendido que el único apelante lo es el acusado.

Por este mismo camino, la postulación del recurrente referida a que el delito cometido por él, que acepta, es del de abuso de función pública, asoma completamente inane, como quiera que no pasa del mero enunciado, omitiendo el censor detallar cómo o por qué este se tipifica, o mejor, cuál es la razón para que, frente a lo sucedido, deba preferirse al prevaricato por acción, conducta estimada por la Fiscalía y la judicatura como propia de los hechos despejados.

Por evidente sustracción de materia, la Sala se releva de estudiar el punto.

Ahora bien, precisados los alcances del escrito impugnatorio, para la Corte es claro que el único tópico a tratar en la segunda instancia refiere a la manifestación del procesado atinente a la inexistencia de antijuridicidad material en su actuar, sostenida en el argumento que finalmente la realización de la diligencia conciliatoria ilegal no aparejó daño patrimonial concreto al municipio de el banco.

Y, si se sabe que sobre ese tema específico existe variada, amplia, reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte, no es necesario desgastarse en inútiles controversias, cuando claro se halla que el delito de prevaricato por acción no demanda, para la determinación del elemento valorativo, de específico o concreto daño a un bien diferente al de la administración pública.

En cuanto delito consignado en el título XV del C.P., que guarda como bien a tutelar el de la administración pública, de la conducta, para estimarse antijurídica en el plano material, no se exige definir un específico perjuicio, mucho menos patrimonial, a persona o entidad en particular.

Si en determinados eventos ese daño particular se presenta, pues, habrá que decir que la ilicitud se reportó pluriofensiva.

Pero, en contrario, si claro se tiene que el bien jurídico a proteger no lo es el patrimonio, público o privado, ni otro diferente a la administración pública, el que se eche de menos afectación real o potencial a uno de esos otros valores, en nada incide respecto a la efectiva materialización del daño, desde luego, siempre que se advierta que la probidad y rectitud del servicio público se mancillaron con el acto manifiestamente contrario a la ley.

En el caso concreto, de ninguna manera es posible señalar que lo realizado por el acusado emerge neutro o carente de afectación en punto del bien jurídico de la administración pública, cuando se ha verificado que respecto de la denuncia penal adelantó un trámite por completo ajeno al que la ley permite, al punto de terminar el proceso desde sus inicios a través de una diligencia conciliatoria prohibida.

Sobra decir que ello atenta de manera directa, en punto de garantías, contra el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia, el principio de legalidad y, finalmente, las norma legales establecidas, para ese momento, en el Decreto 2700 de 1991.

Una tan crasa incursión en la ilegalidad, como lo sostuvo la primera instancia, genera desdoro en la administración de justicia y pone en entredicho su finalidad, para no hablar del descrédito público, la falta de confianza en la intervención judicial como mecanismo pacífico de resolución de controversias y el equivocado mensaje que surge de advertir destinada la función oficial a satisfacer intereses personales, producto de saber que una de las beneficiadas con la decisión contraria a la ley es precisamente la sobrina del acusado.

Ello, se reitera expresamente, es suficiente para delimitar cubierto a satisfacción el elemento de antijuridicidad, en punto del bien jurídico tutelado con la consagración de la conducta como punible.

Para redondear el debate, acorde con las manifestaciones de inconformidad del apelante, dirigidas a entronizar que el delito examinado debe causar un daño específico a bien distinto de la administración pública, basta traer a colación reciente jurisprudencia de la Sala, que reitera y condensa lo que desde antaño se ha dicho(1):

“En cuanto a la falta de antijuridicidad material que pregona el defensor, contrario a su parecer, al haber proferido el acusado la decisión manifiestamente contraria a la ley de precluir la instrucción, puso en riesgo la recta impartición de justicia, pues con ello generó desconfianza e inseguridad, no solamente en las partes que intervenían en el proceso, sino en general en la comunidad, al poner en tela de juicio la credibilidad, transparencia, rectitud y probidad, de quienes como él han sido encargados de la noble tarea de administrar justicia”.

Nada más ha de decirse, cabe relevar, no solo en atención a la poca dificultad que encierra el tema, sino porque el acusado tampoco ofreció mayores fundamentaciones que obliguen un análisis más profundo del mismo.

Apenas anotar, para concluir, que al haber limitado el procesado su impugnación al tópico de la antijuridicidad, tácitamente acepta la tipicidad objetiva del delito por el cual se le condenó y la ejecución dolosa de la conducta, sin que insista en ofrecer argumentos que tiendan a estimar posible alguna circunstancia de justificación del hecho.

Por lo demás, sobre esas circunstancias discurrió ampliamente la primera instancia, demostrando fehacientemente que los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato, en los cuales pudo incurrir el burgomaestre de El Banco al incumplir las órdenes de tutela, no podían ser objeto de audiencia de conciliación, dado que esta diligencia sólo operaba, en sede del Decreto 2700 de 1991, para los ilícitos que admitían desistimiento, en cuyo listado no se hallaban aquellos.

El a quo demostró, a su vez, que en razón a la ostensible impropiedad de la diligencia, la amplia experiencia del acusado en los trámites penales y el evidente deseo de favorecer a su sobrina, no es posible pregonar desconocimiento o ignorancia de lo que la ley consagraba al respecto, asumiéndose eminentemente doloso el actuar contrario a derecho y carente de circunstancias de exculpación.

Esa fundamentación del tribunal, soportada en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al plenario, y la verificación de que lo adelantado operó dentro de senderos de respeto a derechos y garantías fundamentales, obliga significar inexistente alguna circunstancia que demande la intervención oficiosa de la Corte.

Entonces, desestimados los argumentos que soportan la apelación, apenas cabe sostener que la decisión de primer grado será confirmada en su integridad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia del 29 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta, por medio de la cual condenó al doctor Oreste María Sangregorio Gutiérrez, por el delito de prevaricato por acción.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de segunda instancia del 2 de mayo de 2012, Radicado 37518.